A la greña por la justicia
Catedráticos de Derecho Constitucional analizan el estudio del CGPJ sobre el proyecto de Estatut P N Varios cuestionan su legitimidad para hacer el informe.
* MONTSE MARTINEZ (16/11/2005)
Llevar un trozo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Cataluña o delegar sus competencias en un órgano nuevo y diferente.
Desconcentrar --concepto exclusivo del Derecho Administrativo que no aparece en el diccionario-- da nombre a la primera posibilidad y sería lo máximo que podrían soportar los detractores de las pretensiones del Estatut en materia de justicia. "Descentralizar" es el verbo que pone los pelos de punta al grueso de la judicatura pero con el que tiene que lidiar y al que intenta conjurar con empeño. Así, la diferencia, en principio sutil, no es ni mucho menos vanal.
Sobre todo en los círculos de catedráticos de Derecho Constitucional que ayer analizaban con lupa el estudio hecho público el lunes por el Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de Estatut de Cataluña en materia de justicia. El órgano de control de los jueces halló 17 motivos de inconstitucionalidad.
El debate, denso y lleno de matices, no es ajeno a los máximos expertos. Para unos, el estudio del CGPJ es demagogo y carente de base jurídica. Para otros, los menos, se ajusta perfectamente a lo que sucedería en el caso de que el proyecto autonómico llegara a concretarse.
Pero, a modo de arranque, merece la pena recoger la opinión de la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas. "Es un estudio político", argumenta Comas para añadir: "Sin olvidar que el CGPJ ha establecido un pulso innecesario y grave con el Parlamento". "Las Cortes no sólo no han pedido el informe sino que lo han rechazado", puntualiza la vocal.
No al análisis
De ahí la única consideración del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo. "No creo que se se deba analizar el contenido del informe porque eso supondría admitir la legitimidad de su emisor", considera el experto para sentenciar: "La emisión del informe es un acto materialmente prevaricador".
Pero hay catedráticos que ayer, lejos de parapetarse en este extremo, se prestaron a analizar el contenido del estudio.
"El informe confunde la unidad con la centralización", argumentó el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona Xavier Arbós para añadir: "El proyecto de Estatut, tal y como sostiene el informe, no sienta las bases de un poder judicial catalán". "Ni tan siquiera pretende el mismo Estatut --añade-- hacer efectivas las principales reformas en este campo sino que apunta que sean realizadas por las Cortes Generales mediante la correspondiente modificación de la ley orgánica del Poder Judicial".
En la misma línea, Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), apunta que "el Consell de Justícia se configura expresamente como un órgano desconcentrado del CGPJ y, con ello, una mayor proximidad en el gobierno de la Administración de Justicia". "Se pretende adaptar la Administración de justicia a la estructura territorial de España y al Estado autonómico", matiza.
Acaba de cerrar esta postura contraria al informe del CGPJ el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra , Ferran Requejo: "Querer hacer ver que se sientan las bases de un poder judicial catalán es simplemente falso y sólo se entiende como una posición política del autor del informe cercana a la estrategia del PP en torno al Estatut". "Todo lo propuesto por el Estatut sobre el gobierno de los jueces es escrupulosamente constitucional", apunta Requejo para añadir: "En ningún lugar de la Constitución se fija lo que el autor de este informe parece dar por supuesto que es que sólo pueda darse una versión estrictamente unitaria-centralizada del CGPJ".
"Un poder judicial propio"
La catedrática acreditada de Derecho Constitucional de la Universidad Internacional de Cataluña Montserrat Nebrera, jueza suplente, es la que avaló el controvertido informe del CGPJ al partir de la base de que el proyecto de Estatut "apunta a la creación de un poder judicial propio". "Lo más criticable del proyecto --dice-- es su intención". "El principio inspirador no es la eficacia sino ampliar el autogobierno en el ámbito en que la Constitución no lo ha previsto", añade la catedrática.
Nebrera concluye que, de forma genérica, la inconstitucionalidad radica en la violación de puntos de la ley orgánica del Poder Judicial. "Considero imposible --concluyó Montserrat Nebreda-- conseguir lo reclamado".
A la greña
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Estatut.- (ampl.) El CGPJ aprueba el informe contrario al proyecto con el plante de la minoría progresista
Los dos sectores del Consejo se lanzan acusaciones mútuas de hacer seguidismo de PP y PSOE MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy, con los tres votos a favor de la mayoría conservadora, el informe redactado por el vocal José Luis Requero que denuncia la inconstitucionalidad del proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña. En la votación se negaron a participar los dos vocales de la minoría progresista, Luis Aguiar y Félix Pantoja, que se ausentaron de la Comisión argumentando que el CGPJ no tiene competencias para emitir un dictamen que el Congreso rechazó pedirle.
En declaraciones a la prensa, Aguiar y Requero se cruzaron acusaciones de ser en este asunto correas de transmisión del PSOE y del PP, respectivamente. El informe será elevado para su aprobación definitiva a un próximo del Pleno del Congreso, y estará a disposición de quien quiera consultarlo, según manifestó el portavoz del Consejo, Enrique López.
El estudio fue aprobado con los votos del presidente de la Comisión, Adolfo Prego, y de los vocales Requero y Javier Laorden, los tres propuestos en su día para el puesto por el PP. Por su parte, Aguiar fue propuesto por el PSOE, y Pantoja, por IU.
REQUERO: QUIEREN "ENSUCIAR"
En comparecencia ante los periodistas, Requero acusó a la minoría progresista de querer "ensuciar" la imagen del CGPJ denunciando irregularidades en la gestación del dictamen, para eludir entrar en el debate de fondo, que es la inconstitucionalidad del poder judicial que engendra el nuevo Estatut catalán.
Añadió que Luis Aguiar ha coincidido en sus críticas a la elaboración del estudio con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, o con dirigentes del PSOE como Alfonso Perales.
El vocal Luis Aguiar, por su parte, puso de manifiesto la "coincidencia" de la mayoría conservadora del CGPJ con "las tesis sostenidas por el Partido Popular". Opina que el estudio ha sido irregularmente gestado, con carencia manifiesta de competencias para hacerlo, invadiendo competencias del Parlamento, e instrumentalizando al CGPJ, por lo que constituye una manifiesta ilegalidad.
AGUIAR IMPUGNA EL ACTA
Un capítulo aparte de la bronca entre los dos sectores del Consejo por este tema fue la discusión sobre si Requero fue formalmente designado ponente o no del estudio, es decir, encargado de redactarlo, en la anterior reunión de la Comisión.
En la reunión de hoy, Aguiar impugnó el acta de la anterior Comisión, por reflejar que Requero fue nombrado ponente. Según Aguiar, la letrada jefe del Servicio de la Comisión de Estudios admitió ayer, miércoles, ante él y ante el secretario general del Consejo (fedatario de la institución), que en dicha reunión no se designó ponente del estudio ni a Requero ni a ningún otro vocal.
Sin embargo, en la reunión de hoy, la letrada señaló que, aunque no había escuchado esa designación de Requero, había entendido que sí se había producido. El presidente de la Comisión, Adolfo Prego, y Aguiar, entablaron una discusión al respecto, ya que el primero sostuvo que fue él personalmente quien encargó la ponencia a Requero. Para resolver el incidente, se votó el contenido del acta, que fue aprobada por 3 votos a 1.
El voto en contra fue de Aguiar, que impugnó el documento al insistir en que Requero no fue nombrado Ponente, lo que constituye una irregularidad más, en su opinión, en relación a este estudio.
Por su parte, Requero defendió que sí le fue encargada la ponencia, y apoyó también la competencia del CGPJ para realizar un estudio de este tipo, como recordó que se ha hecho en ocasiones anteriores respecto de la Constitución Europea o el Libro Blanco de la Justicia. Añadió que han hecho el estudio por respeto a los jueces, y que se trata de un análisis jurídico y no político del Estatut.
De la misma opinión fue el portavoz del Consejo, Enrique López, quien echó de menos que en la Comisión no se hubiese producido un debate de fondo sobre el Estatut debido a la ausencia de los vocales de la minoría, y se quejó de las descalificaciones que ha recibido el CGPJ desde el Gobierno por hacer este informe. Manifestó que éste no es un tema de partidos políticos sino de defensa de la Constitución.
MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
El informe aprobado hoy por la Comisión de Estudios advierte 17 tachas de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatuto catalán que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.
El documento concluye que el proyecto de Estatut "es inconstitucional porque asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal", que "tendría su propio órgano de gobierno, crearía sus propios tribunales, determinaría la demarcación judicial, seleccionaría a sus propios jueces y contaría con su propio tribunal de casación para toda jurisdicción y cualquiera que sea la norma aplicada, estatal o autonómica".
Según Requero, la propuesta de crear un Consejo de Justicia de Cataluña "es inconstitucional desde el momento en que un Estatuto de Autonomía regula el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único, de ámbito nacional y exclusiva titularidad estatal. Propicia un régimen gubernativo judicial sólo para una parte de España, rompiendo su unidad", añade.
También destaca que es inconstitucional porque desborda el marco para el que nacieron las autonomías, que fue la gestión de sus respectivos intereses, "para decirle al Estado cómo quiere que se regule el gobierno del Poder Judicial en Cataluña".
ESTATUTO VALENCIANO
Además, el informe señala dos aspectos inconstitucionales del proyecto de Estatuto valenciano, en concreto el hecho de que permita que la Comunidad valenciana convoque sus propias oposiciones y concursos para ingresar en la carrera judicial, y porque crea un órgano de garantías estatutarias.
Los dos sectores del Consejo se lanzan acusaciones mútuas de hacer seguidismo de PP y PSOE MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy, con los tres votos a favor de la mayoría conservadora, el informe redactado por el vocal José Luis Requero que denuncia la inconstitucionalidad del proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña. En la votación se negaron a participar los dos vocales de la minoría progresista, Luis Aguiar y Félix Pantoja, que se ausentaron de la Comisión argumentando que el CGPJ no tiene competencias para emitir un dictamen que el Congreso rechazó pedirle.
En declaraciones a la prensa, Aguiar y Requero se cruzaron acusaciones de ser en este asunto correas de transmisión del PSOE y del PP, respectivamente. El informe será elevado para su aprobación definitiva a un próximo del Pleno del Congreso, y estará a disposición de quien quiera consultarlo, según manifestó el portavoz del Consejo, Enrique López.
El estudio fue aprobado con los votos del presidente de la Comisión, Adolfo Prego, y de los vocales Requero y Javier Laorden, los tres propuestos en su día para el puesto por el PP. Por su parte, Aguiar fue propuesto por el PSOE, y Pantoja, por IU.
REQUERO: QUIEREN "ENSUCIAR"
En comparecencia ante los periodistas, Requero acusó a la minoría progresista de querer "ensuciar" la imagen del CGPJ denunciando irregularidades en la gestación del dictamen, para eludir entrar en el debate de fondo, que es la inconstitucionalidad del poder judicial que engendra el nuevo Estatut catalán.
Añadió que Luis Aguiar ha coincidido en sus críticas a la elaboración del estudio con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, o con dirigentes del PSOE como Alfonso Perales.
El vocal Luis Aguiar, por su parte, puso de manifiesto la "coincidencia" de la mayoría conservadora del CGPJ con "las tesis sostenidas por el Partido Popular". Opina que el estudio ha sido irregularmente gestado, con carencia manifiesta de competencias para hacerlo, invadiendo competencias del Parlamento, e instrumentalizando al CGPJ, por lo que constituye una manifiesta ilegalidad.
AGUIAR IMPUGNA EL ACTA
Un capítulo aparte de la bronca entre los dos sectores del Consejo por este tema fue la discusión sobre si Requero fue formalmente designado ponente o no del estudio, es decir, encargado de redactarlo, en la anterior reunión de la Comisión.
En la reunión de hoy, Aguiar impugnó el acta de la anterior Comisión, por reflejar que Requero fue nombrado ponente. Según Aguiar, la letrada jefe del Servicio de la Comisión de Estudios admitió ayer, miércoles, ante él y ante el secretario general del Consejo (fedatario de la institución), que en dicha reunión no se designó ponente del estudio ni a Requero ni a ningún otro vocal.
Sin embargo, en la reunión de hoy, la letrada señaló que, aunque no había escuchado esa designación de Requero, había entendido que sí se había producido. El presidente de la Comisión, Adolfo Prego, y Aguiar, entablaron una discusión al respecto, ya que el primero sostuvo que fue él personalmente quien encargó la ponencia a Requero. Para resolver el incidente, se votó el contenido del acta, que fue aprobada por 3 votos a 1.
El voto en contra fue de Aguiar, que impugnó el documento al insistir en que Requero no fue nombrado Ponente, lo que constituye una irregularidad más, en su opinión, en relación a este estudio.
Por su parte, Requero defendió que sí le fue encargada la ponencia, y apoyó también la competencia del CGPJ para realizar un estudio de este tipo, como recordó que se ha hecho en ocasiones anteriores respecto de la Constitución Europea o el Libro Blanco de la Justicia. Añadió que han hecho el estudio por respeto a los jueces, y que se trata de un análisis jurídico y no político del Estatut.
De la misma opinión fue el portavoz del Consejo, Enrique López, quien echó de menos que en la Comisión no se hubiese producido un debate de fondo sobre el Estatut debido a la ausencia de los vocales de la minoría, y se quejó de las descalificaciones que ha recibido el CGPJ desde el Gobierno por hacer este informe. Manifestó que éste no es un tema de partidos políticos sino de defensa de la Constitución.
MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
El informe aprobado hoy por la Comisión de Estudios advierte 17 tachas de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatuto catalán que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.
El documento concluye que el proyecto de Estatut "es inconstitucional porque asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal", que "tendría su propio órgano de gobierno, crearía sus propios tribunales, determinaría la demarcación judicial, seleccionaría a sus propios jueces y contaría con su propio tribunal de casación para toda jurisdicción y cualquiera que sea la norma aplicada, estatal o autonómica".
Según Requero, la propuesta de crear un Consejo de Justicia de Cataluña "es inconstitucional desde el momento en que un Estatuto de Autonomía regula el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único, de ámbito nacional y exclusiva titularidad estatal. Propicia un régimen gubernativo judicial sólo para una parte de España, rompiendo su unidad", añade.
También destaca que es inconstitucional porque desborda el marco para el que nacieron las autonomías, que fue la gestión de sus respectivos intereses, "para decirle al Estado cómo quiere que se regule el gobierno del Poder Judicial en Cataluña".
ESTATUTO VALENCIANO
Además, el informe señala dos aspectos inconstitucionales del proyecto de Estatuto valenciano, en concreto el hecho de que permita que la Comunidad valenciana convoque sus propias oposiciones y concursos para ingresar en la carrera judicial, y porque crea un órgano de garantías estatutarias.