O los "progresistas" están muy seguros de ganar o no han medido las consecuencias de su crítica:
Jueces para la Democracia califica la gestión de Méndez de Lugo de "presidencialista"
El responsable del TSJA y los magistrados Molina y Montero forman la terna del CGPJ
Un modelo "presidencialista, burocrático y distanciado de los jueces de base". Ése es el balance que Jueces para la Democracia hace de los 10 años que Augusto Méndez de Lugo ha permanecido como presidente del TSJA. El CGPJ anunció ayer la terna de candidatos que optarán al puesto el próximo 22 de abril. La forman el actual presidente, la magistrada de la Audiencia de Jaén Lourdes Molina y el magistrado de lo contencioso del TSJA en Sevilla José Antonio Montero.
Las críticas a la gestión de Augusto Méndez de Lugo se recogen en un documento de trabajo aprobado por las secciones territoriales de Jueces para la Democracia (JpD) en Andalucía el pasado 24 de mayo. La asociación progresista la califica de "fuertemente presidencialista" y asegura que su estilo al frente del TSJA ha creado entre los jueces -sobre todo en los de base- "una visión autoritaria de la presidencia, desmotivadora e inhibidora de la comunicación, hasta tal punto que muchos de ellos prefieren no trasladar al presidente las dificultades que encuentran en el desarrollo de su trabajo".
JpD afirma que, con su modo de actuar al frente del tribunal, el actual presidente ha alejado la Justicia de los ciudadanos. Lo acusa de no potenciar la Carta de Derechos de los Ciudadanos frente a la Justicia o los servicios de información, quejas y reclamaciones. Méndez de Lugo, según el documento, no ha sabido prevenir "quiebras del Estado de Derecho en zonas como la costa del Sol" y pone como ejemplo "la corrupción judicial en Marbella" siendo alcalde Jesús Gil, las limitaciones materiales y personales de algunos juzgados y "la inoperancia de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga para el control del urbanismo ilegal".
Para los jueces y magistrados progresistas, la relación de la presidencia del TSJA con los órganos judiciales andaluces "se ha caracterizado por una absoluta carencia de lo que los especialistas en gestión de organizaciones denominan 'liderazgo democrático". Sus dos mandatos no han servido para garantizar la transparencia de la Justicia ni para establecer sistemas que sirvan para detectar problemas de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y posibles soluciones, "a no ser la consabida inspección inquisitiva a posteriori". La organización judicial considera insólito que Méndez de Lugo se presente por tercera vez rompiendo con la norma tácita de permanecer al frente del tribunal durante sólo dos mandatos.
El documento se da a conocer a escasos días de la elección del nuevo presidente, en la próxima reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial que se celebrará el 22 de junio. La comisión de calificación de ese órgano dio ayer a conocer la terna de candidatos al puesto en la que, además del actual presidente, se encuentran la magistrada de la Audiencia de Jaén, Lourdes Molina (miembro de JpD) y el magistrado de la sala de lo contencioso del TSJA en Sevilla, José Antonio Montero (perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura). Méndez de Lugo, que no pertenece a ninguna asociación, es el mejor situado para obtener los tres quintos de los votos (13 de 21) necesarios para volver a ser elegido.
¿ESA "APUESTA" FUE ANTES O DESPUÉS DEL CONGRESO EN EL QUE EL CRITICADO TUVO SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL?
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Agusto Méndez de Lugo tiene todas las papeletas para repetir durante cinco años más como presidente del TSJA. A diez días del nombramiento, el presidente saliente es el único de la terna de candidatos propuesta el viernes capaz de alcanzar los 13 votos necesarios en el próximo pleno del Consejo General del Poder Judicial. Le sigue Lourdes Molina, propuesta por Jueces para la Democracia, que, sin embargo, no acapara todos los votos de la minoría progresista.
Los cuatro candidatos iniciales se quedaron al final en tres. La comisión de calificación del CGPJ dejó fuera de la terna el pasado viernes al magistrado madrileño Ramón Ruiz Jiménez, miembro de Jueces para la Democracia que también hizo pública su candidatura. Los tres finalistas, Méndez de Lugo, Molina y Montero, se dieron a conocer por ese orden, que, según el CGPJ se estableció alfabéticamente y no por criterios de mérito y capacidad, lo que, según se interpreta en medios judiciales, acentúa el carácter político de la elección del presidente.
De los tres candidatos, dos pertenecen a las asociaciones de jueces más importantes. Lourdes Molina, magistrada de la Audiencia de Jaén, se presenta con el programa de Jueces para la Democracia (la asociación judicial progresista), recogido en un documento de trabajo aprobado por todas las secciones territoriales andaluzas de la organización el pasado 24 de mayo y que califica los diez años de gestión de Méndez de Lugo de presidencialistas, burocráticos, autoritarios y alejados de la judicatura andaluza.
Sin embargo, según fuentes de su propia asociación, Molina no recabaría en principio los nueve votos de los vocales del CGPJ integrantes de la llamada minoría progresista, capaz de bloquear los 11 de la mayoría conservadora obligando al pleno a debatir y negociar entre ambos sectores para alcanzar la mayoría de tres quintos (13 sufragios) necesaria para el nombramiento. Molina cuenta por el momento con el voto "de cuatro o cinco vocales" de esa minoría, según fuentes de Jueces para la Democracia.
Mucho más incierto es el apoyo de José Antonio Montero, magistrado de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla. A pesar de su pertenencia a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la asociación conservadora con seis consejeros en el pleno) parece el candidato con menos consenso. "Hemos trasladado a nuestros consejeros que apoyamos totalmente a Montero porque Andalucía es el territorio donde más asociados tenemos", explica el portavoz de la APM, José Manuel Suárez Robledano. "Pero una cosa es lo que piense la asociación y otra las negociaciones en el seno del Consejo. No se puede imponer un candidato", asegura.
Tanto Suárez Robledano como Jueces para la Democracia, consideran que Méndez de Lugo parte como el candidato mejor situado, a pesar de las críticas de ambas asociaciones a su forma de gobernar la Justicia andaluza. El presidente saliente cuenta con el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía. "De Méndez de Lugo valoro sobre todo su colaboración con la Junta, su rigor y que es muy trabajador", explica la consejera de Justicia, María José López. "Es un presidente equilibrado y eso es una garantía", añade.
El vocal del CGPJ Juan Carlos Campo -antiguo director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta y miembro de la minoría progresista- ya ha anunciado que le dará su voto y cree que algunos de sus compañeros de sector y los vocales conservadores lo seguirán "por su gran prestigio en toda España, donde muchos TSJ han copiado su gestión y porque ha sabido lidiar con una Sala de Gobierno muy conservadora". Méndez de Lugo, es según Campo, el principal modernizador de la Justicia andaluza y debe culminar su trabajo con el futuro aumento de competencias de los TSJ y la puesta en marcha de la Oficina Judicial, principal reforma administrativa que, en los juzgados andaluces, se culminará en 2008.
Los cuatro candidatos iniciales se quedaron al final en tres. La comisión de calificación del CGPJ dejó fuera de la terna el pasado viernes al magistrado madrileño Ramón Ruiz Jiménez, miembro de Jueces para la Democracia que también hizo pública su candidatura. Los tres finalistas, Méndez de Lugo, Molina y Montero, se dieron a conocer por ese orden, que, según el CGPJ se estableció alfabéticamente y no por criterios de mérito y capacidad, lo que, según se interpreta en medios judiciales, acentúa el carácter político de la elección del presidente.
De los tres candidatos, dos pertenecen a las asociaciones de jueces más importantes. Lourdes Molina, magistrada de la Audiencia de Jaén, se presenta con el programa de Jueces para la Democracia (la asociación judicial progresista), recogido en un documento de trabajo aprobado por todas las secciones territoriales andaluzas de la organización el pasado 24 de mayo y que califica los diez años de gestión de Méndez de Lugo de presidencialistas, burocráticos, autoritarios y alejados de la judicatura andaluza.
Sin embargo, según fuentes de su propia asociación, Molina no recabaría en principio los nueve votos de los vocales del CGPJ integrantes de la llamada minoría progresista, capaz de bloquear los 11 de la mayoría conservadora obligando al pleno a debatir y negociar entre ambos sectores para alcanzar la mayoría de tres quintos (13 sufragios) necesaria para el nombramiento. Molina cuenta por el momento con el voto "de cuatro o cinco vocales" de esa minoría, según fuentes de Jueces para la Democracia.
Mucho más incierto es el apoyo de José Antonio Montero, magistrado de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla. A pesar de su pertenencia a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la asociación conservadora con seis consejeros en el pleno) parece el candidato con menos consenso. "Hemos trasladado a nuestros consejeros que apoyamos totalmente a Montero porque Andalucía es el territorio donde más asociados tenemos", explica el portavoz de la APM, José Manuel Suárez Robledano. "Pero una cosa es lo que piense la asociación y otra las negociaciones en el seno del Consejo. No se puede imponer un candidato", asegura.
Tanto Suárez Robledano como Jueces para la Democracia, consideran que Méndez de Lugo parte como el candidato mejor situado, a pesar de las críticas de ambas asociaciones a su forma de gobernar la Justicia andaluza. El presidente saliente cuenta con el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía. "De Méndez de Lugo valoro sobre todo su colaboración con la Junta, su rigor y que es muy trabajador", explica la consejera de Justicia, María José López. "Es un presidente equilibrado y eso es una garantía", añade.
El vocal del CGPJ Juan Carlos Campo -antiguo director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta y miembro de la minoría progresista- ya ha anunciado que le dará su voto y cree que algunos de sus compañeros de sector y los vocales conservadores lo seguirán "por su gran prestigio en toda España, donde muchos TSJ han copiado su gestión y porque ha sabido lidiar con una Sala de Gobierno muy conservadora". Méndez de Lugo, es según Campo, el principal modernizador de la Justicia andaluza y debe culminar su trabajo con el futuro aumento de competencias de los TSJ y la puesta en marcha de la Oficina Judicial, principal reforma administrativa que, en los juzgados andaluces, se culminará en 2008.
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Lourdes Molina (Beas de Segura, 1958), magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén, considera "inevitable" que a su candidatura se le ponga la etiqueta de "progresista". Viene avalada por Jueces para la Democracia. "Es un reto personal que las mujeres estén en los puestos de decisión, pues en los órganos judiciales de libre designación hay mayoría aplastante de hombres", señala esta juez, que preside el Foro por la Justicia en Jaén.
Con 33 años, Molina fue la primera mujer titular de un juzgado de Jaén y, dos años más tarde, fue la primera en vestir la toga de magistrada de la Audiencia. Ahora pretende llegar a la cúspide del TSJA con un programa basado en la modernización de los órganos judiciales, la transparencia y la cercanía a la sociedad. "Prestamos un servicio público y, si llego a la presidencia, quiero potenciar esa idea, con más acercamiento a los ciudadanos, a los jueces, una comunicación más fluida con todas las instituciones", asegura. En su programa, parte de la idea de que el presidente del TSJA no sea una persona "presidencialista, lejana y absorta, sin proximidad con la realidad social". Para ello apuesta por "el funcionamiento democrático" de su sala de gobierno. Aboga al mismo tiempo por una mayor fluidez en la comunicación con todos los sectores sociales, y con Junta, pero "con un discurso propio y autónomo".
Con 33 años, Molina fue la primera mujer titular de un juzgado de Jaén y, dos años más tarde, fue la primera en vestir la toga de magistrada de la Audiencia. Ahora pretende llegar a la cúspide del TSJA con un programa basado en la modernización de los órganos judiciales, la transparencia y la cercanía a la sociedad. "Prestamos un servicio público y, si llego a la presidencia, quiero potenciar esa idea, con más acercamiento a los ciudadanos, a los jueces, una comunicación más fluida con todas las instituciones", asegura. En su programa, parte de la idea de que el presidente del TSJA no sea una persona "presidencialista, lejana y absorta, sin proximidad con la realidad social". Para ello apuesta por "el funcionamiento democrático" de su sala de gobierno. Aboga al mismo tiempo por una mayor fluidez en la comunicación con todos los sectores sociales, y con Junta, pero "con un discurso propio y autónomo".
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Invitado
José Antonio Montero (Sevilla, 47 años) asegura que su carrera en la judicatura le ha dado un buen conocimiento de la realidad de la Justicia andaluza. Desde su llegada a la profesión, ha ocupado plaza en los juzgados de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y Pozoblanco (Córdoba). De allí dio el salto a la sala de lo Contencioso de la sede sevillana del TSJA, donde ha permanecido durante los últimos 17 años.
Montero cree que Méndez de Lugo ha sido un buen presidente y le reconoce el mérito de haber puesto en marcha el TSJA. Pero critica su seguidismo con la Junta. "Va a todas partes con la consejera, sin darse cuenta de que la independencia respecto a las instituciones debe ser efectiva", asegura. Debido a esa estrecha relación, el actual presidente "no ha dado a los jueces el protagonismo que tendrían que tener en las grandes reformas que se aproximan", es decir, la conversión de los TSJ en las últimas instancias de comunidad autónoma y la creación de la Oficina Judicial, que descargará al juez del trabajo burocrático del juzgado para centrarlo en sus resoluciones. Para el juez, en un territorio tan amplio como Andalucía, "el material humano es fundamental". "Los funcionarios no pueden afrontar el enorme aumento de competencias sin contrapartidas como se ha demostrado en su última huelga". Montero promete "trabajo, trabajo y trabajo" y una mayor atención a la opinión de la judicatura sobre las futuras reformas.
Montero cree que Méndez de Lugo ha sido un buen presidente y le reconoce el mérito de haber puesto en marcha el TSJA. Pero critica su seguidismo con la Junta. "Va a todas partes con la consejera, sin darse cuenta de que la independencia respecto a las instituciones debe ser efectiva", asegura. Debido a esa estrecha relación, el actual presidente "no ha dado a los jueces el protagonismo que tendrían que tener en las grandes reformas que se aproximan", es decir, la conversión de los TSJ en las últimas instancias de comunidad autónoma y la creación de la Oficina Judicial, que descargará al juez del trabajo burocrático del juzgado para centrarlo en sus resoluciones. Para el juez, en un territorio tan amplio como Andalucía, "el material humano es fundamental". "Los funcionarios no pueden afrontar el enorme aumento de competencias sin contrapartidas como se ha demostrado en su última huelga". Montero promete "trabajo, trabajo y trabajo" y una mayor atención a la opinión de la judicatura sobre las futuras reformas.
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Invitado
"Montero cree que Méndez de Lugo ha sido un buen presidente y le reconoce el mérito de haber puesto en marcha el TSJA"
1).- "Montero cree que Méndez de Lugo ha sido un buen presidente "
A eso se llama nadar y guardar la ropa.
2).-"... y le reconoce el mérito de haber puesto en marcha el TSJA"
Totalmente falso, a no ser que lo que hicieron sus antecesores no cuente para nada, en cuyo caso estaría mal expresado.
1).- "Montero cree que Méndez de Lugo ha sido un buen presidente "
A eso se llama nadar y guardar la ropa.
2).-"... y le reconoce el mérito de haber puesto en marcha el TSJA"
Totalmente falso, a no ser que lo que hicieron sus antecesores no cuente para nada, en cuyo caso estaría mal expresado.
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Invitado
JpD acusa a la Junta de Andalucía de seguir acrítica y puntualmente la agenda de Méndez de Lugo y sus posiciones en política judicial [15/06/05]
Sevilla.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó hoy la posición de la Junta de Andalucía de cara a las elecciones a la residencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), opinando que "se ha limitado a seguir acrítica y puntualmente tanto su agenda como sus posiciones en materia de política judicial", en referencia al actual máximo dirigente del alto tribunal andaluz, Augusto Méndez de Lugo.
Las secciones de Andalucía de JpD han elaborado un comunicado, facilitado a Europa Press, en el que señalan que "sólo desde un pragmatismo exacerbado pueden entenderse las manifestaciones más recientes del vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Carlos Campos y la consejera de Justicia y Administración Pública María José López, en relación con el proceso en curso de designación de presidente del TSJA, puesto al que aspira la magistrada de Jaén Lourdes Molina, de JpD.
"Sin duda es más cómodo para la Junta apostar por la continuidad de quien ha ocupado durante diez años la cabeza de otro de los poderes del Estado, el judicial, en el nivel autonómico", apuntan en el escrito, preguntándose al tiempo que "desde la perspectiva del funcionamiento democrático del Estado, ¿no es más saludable una sana y razonable tensión entre los distintos poderes, consecuente con la diferente función de los mismos?".
"Tan poco conveniente nos parece una situación de enfrentamiento constante, de obstruccionismo estéril a través de la instrumentalización de la Justicia, que sólo persigue el debilitamiento del partido contrario, como el seguidismo autómata y hasta entusiasta de la dirección marcada por otro poder", argumentan.
Conflicto en Justicia
Así, según ejemplifican, en un conflicto como el que actualmente enfrenta a los sindicatos mayoritarios de Justicia con la Junta, se preguntan si Méndez de Lugo no tiene nada que decir "si no con respecto a la cuestión de fondo, si al menos respecto a las consecuencias que dicho conflicto está teniendo en la prestación del servicio público".
En cuanto al debate fundamental acerca de la reforma estatutaria en materia de organización del Poder Judicial en el nivel autonómico, “no hay nada que decir desde la Jurisdicción, esto es, de las consecuencias que puede tener para la Jurisdicción la opción por uno u otro modelo”.
Piden a la Junta que, "como mínimo, se mantenga al margen del proceso de designación, que respete el papel que constitucionalmente corresponde a los consejeros del Poder Judicial, que deje a estos hacer su trabajo, sin intromisiones ni interferencias", opinando que "están fuera de lugar manifestaciones de apoyo expreso a un candidato, en algún caso incluso antes de que se hubiera cerrado el plazo de presentación de solicitudes".
Respecto a los consejeros del CGPJ, dice JpD que "sea cual sea el respaldo partidista o asociativo que les permitió llegar al cargo, tenemos derecho a esperar que hagan no lo que los partidos, sino la Constitución y la ciudadanía, esperan de ellos, que en el proceso de designación atiendan exclusivamente a los principios de transparencia, objetividad, promoción de la igualdad de género, mérito y capacidad de los aspirantes".
Sevilla.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó hoy la posición de la Junta de Andalucía de cara a las elecciones a la residencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), opinando que "se ha limitado a seguir acrítica y puntualmente tanto su agenda como sus posiciones en materia de política judicial", en referencia al actual máximo dirigente del alto tribunal andaluz, Augusto Méndez de Lugo.
Las secciones de Andalucía de JpD han elaborado un comunicado, facilitado a Europa Press, en el que señalan que "sólo desde un pragmatismo exacerbado pueden entenderse las manifestaciones más recientes del vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Carlos Campos y la consejera de Justicia y Administración Pública María José López, en relación con el proceso en curso de designación de presidente del TSJA, puesto al que aspira la magistrada de Jaén Lourdes Molina, de JpD.
"Sin duda es más cómodo para la Junta apostar por la continuidad de quien ha ocupado durante diez años la cabeza de otro de los poderes del Estado, el judicial, en el nivel autonómico", apuntan en el escrito, preguntándose al tiempo que "desde la perspectiva del funcionamiento democrático del Estado, ¿no es más saludable una sana y razonable tensión entre los distintos poderes, consecuente con la diferente función de los mismos?".
"Tan poco conveniente nos parece una situación de enfrentamiento constante, de obstruccionismo estéril a través de la instrumentalización de la Justicia, que sólo persigue el debilitamiento del partido contrario, como el seguidismo autómata y hasta entusiasta de la dirección marcada por otro poder", argumentan.
Conflicto en Justicia
Así, según ejemplifican, en un conflicto como el que actualmente enfrenta a los sindicatos mayoritarios de Justicia con la Junta, se preguntan si Méndez de Lugo no tiene nada que decir "si no con respecto a la cuestión de fondo, si al menos respecto a las consecuencias que dicho conflicto está teniendo en la prestación del servicio público".
En cuanto al debate fundamental acerca de la reforma estatutaria en materia de organización del Poder Judicial en el nivel autonómico, “no hay nada que decir desde la Jurisdicción, esto es, de las consecuencias que puede tener para la Jurisdicción la opción por uno u otro modelo”.
Piden a la Junta que, "como mínimo, se mantenga al margen del proceso de designación, que respete el papel que constitucionalmente corresponde a los consejeros del Poder Judicial, que deje a estos hacer su trabajo, sin intromisiones ni interferencias", opinando que "están fuera de lugar manifestaciones de apoyo expreso a un candidato, en algún caso incluso antes de que se hubiera cerrado el plazo de presentación de solicitudes".
Respecto a los consejeros del CGPJ, dice JpD que "sea cual sea el respaldo partidista o asociativo que les permitió llegar al cargo, tenemos derecho a esperar que hagan no lo que los partidos, sino la Constitución y la ciudadanía, esperan de ellos, que en el proceso de designación atiendan exclusivamente a los principios de transparencia, objetividad, promoción de la igualdad de género, mérito y capacidad de los aspirantes".