CREO QUE ES MUY INTERESANTE EL CONTENIDO DE ESTE BLOG RESPECTO AL RECORTE SUFRIDO:
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de Junio de 2011 (rec.459/2010) desestima el recurso de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria frente al recorte retributivo aplicado a jueces y magistrados a golpe de Decreto-Ley.
http://contencioso.es/2011/07/07/la-aud ... ment-14470
AÑADO UN COMENTARIO DE DICHO BLOG CON EL QUE ESTOY PLENAMENTE DE ACUERDO:
"Contencioso
Publicado: julio 12, 2011 a las 10:15 am | Permalink
Ítem más: Se vulnera el principio de igualdad no sólo en cuanto a los empleados de empresas públicas, sino en cuanto a cualquiera que tenga un puesto de trabajo. Es decir ¿Por qué a un señor que cobra 50.000 Euros en una empresa privada no se le obliga a hacer un esfuerzo adicional para sostener el gasto público como exige el 31CE (“Todos contribuirán al sostenimiento del gasto público …”) y en cambio a un señor que es Juez, o Fiscal, o Abogado del Estado o Catedrático y gana esos mismos 50.000 Euros, se le atiza un 10% de confiscación? ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Qué circunstancia cualifica especialmente a un funcionario para que se le deba imponer una confiscación de haberes, cuando a quien gana lo mismo o incluso más en la empresa privada no se le hace? A lo mejor hay quien dice que es por la estabilidad en el empleo, argumento muy discutible, pero que en todo caso puede ser igualmente refutado ¿Y qué pasa con quienes obtienen esos mismos 50.000 Euros -y mucho más- de un elevado patrimonio, como por ejemplo la Duquesa de Alba o D. Emilio Botín, que al margen de su sueldo cobra sus buenos dividendos como accionista e inversor? Porque estabilidad desde luego no les falta, con ese patrimonio.
Vivimos en un país ciertamente sorprendente, donde a quienes trabajan como burros y han accedido a su puesto por excelencia académica se les obliga a contribuir más al sostenimiento del gasto público que a los nobles de cuna o banqueros con un patrimonio heredado … y encima eso lo ha hecho un gobierno que se autodenomina socialista!!!
Y no se vayan todavía, que aún hay mas: Si este recorte es legal y está justificado ¿Dónde queda la seguridad jurídica del 9.3 CE? ¿Qué impide mañana al Gobierno poner a los funcionarios, Jueces incluídos, a trabajar por el salario mínimo interprofesional? Respuesta: Nada. ¿Qué le impide bajar ese salario por decreto para aumentar la “competitividad de nuestra economía” y poner a todos los funcionarios a trabajar por 100 Euros al mes? Respuesta: Nada. Sencillamente, no hay límite inferior alguno, porque no está definido en ningún lado con rango constitucional (Sí con rango legal, pero eso ya vemos que se puede modificar por Decreto Ley), ni tan siquiera mediante un humilde y discutible concepto jurídico indeterminado. Mañana puede decidirse que a todos nos cueste dinero trabajar, y tras estas Sentencias resulta que no hay ya nada que lo impida.
Para salir corriendo y no parar hasta la frontera …"