Por otro lado, aunque puede que ya hayáis leído la noticia en la página web, se ha celebrado una reunión en el Ministerio de Justicia con representantes de las distintas asociaciones. Os adjunto la información de dicha reunión, que, como podréis ver, no invita precisamente al optimismo:
En la mañana de hoy (16 de julio) ha tenido lugar en el Ministerio de Justicia, la reunión que os anunciamos entre la recientemente nombrada para el cargo de Secretario General de la Administración de Justicia, Dª Pilar Rodríguez, y las organizaciones de Secretarios Judiciales. A la misma han acudido representantes del CNSJ, (el Presidente y un miembro de la Ejecutiva), y de UPSJ, SISEJ.
En la referida reunión se han confirmado nuestras peores expectativas al darnos a conocer las primeras actuaciones que va a realizar el MJ, pues no sólo se pretende eliminar la presencia efectiva de la fe pública en las vistas y comparecencias, sino que tampoco se nos otorgarán competencias procesales de calado.
Es decir, lo más dramático es el planteamiento serio y consciente por parte del Ministerio, de eliminar la presencia efectiva del Secretario Judicial, y por ende, la eliminación de la intervención directa de la fe pública, en los actos, vistas y comparecencias en las que esté presente el juez, (lo que concuerda con la manifestación que hace tiempo hizo la portavoz del SISEJ en una reunión en el Ministerio de que estando el juez, no hacía falta que estuviera presente el secretario judicial) sustituyéndose por firma electrónica. Para ello anuncian un inminente proyecto de ley de modificación exclusiva de las leyes procesales, y principalmente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en artículos como el 146 y 147, nos han dicho, en este mismo mes de julio, del que una vez pasado por Consejo de Ministros se nos dará conocimiento.
Esta modificación comportará que no sean precisos muchos de los actuales puestos de Secretario Judicial, (por eso calculamos que con un secretario cada ocho o diez juzgados será suficiente) lo que conllevará que exista excedente de secretarios, y como se nos ha dicho expresamente por el Ministerio, se va a modificar también la OM que determinó la dotación básica de las upad en la oficina judicial parea reducir el número de secretarios judiciales necesarios.
La razón última de todo esto vuelve a ser económica, y el Ministerio de Justicia para ello, vuelve a confundir consciente o inconscientemente, la Fe pública con la mera documentación de las actuaciones. Y es que se nos ha dicho que en el s XXI no es compaginable que un Cuerpo del grupo A esté presente en los actos que sean objeto de grabación ante un juez.
En el desarrollo de la reunión, se han producido, además, una serie de manifestaciones, de las que, algunas, por su impropiedad y trascendencia, nos vemos obligados tristemente a contaros. Y es que dicha propuesta relativa a la fe pública, ha contado con el beneplácito y aplauso claro del SISEJ, el cual ha llegado a relativizarnos al manifestar, que la figura del Secretario Judicial no es garantizadora de los derechos ciudadanos por la subjetividad de las actas que levantamos, y las corruptelas que dicen cometemos, y que más propiamente venimos a vulnerar esos derechos con una clara perversión del sistema. Estas manifestaciones, ya no solo por la mínima representación que dicho sindicato ostenta dentro del colectivo de titulares, sino por la insultante argumentación que realizan para la inmensidad de nuestro Cuerpo, entendemos les han descalificado ya plenamente.
Nuestra oposición ha sido clara y radical ante la pretensión de eliminación de la presencia efectiva de la garantizadora fe pública en vistas y comparecencias que se plantea por el Ministerio, pues nos llevaría a un insostenible escenario de falta de garantías para el ciudadano y del sistema judicial, y una clara y evidente inseguridad jurídica, además de que fragmentaría y desvalorizaría la propia esencia y peso de nuestro Cuerpo.
Esta intención del Ministerio vamos a pugnar por pararla, y, como se manifestó con la recogida masiva y mayoritaria de firmas de todos vosotros en contra de esta pretensión, como oposición mayoritaria del Cuerpo de Secretarios Judiciales a la misma, frente a la aquiescencia de unos pocos, estamos seguros de poder defenderlo, continuando con vuestro apoyo, y contando también con la grata actitud que en defensa de la fe pública realizó en la reunión de hoy la representación de UPS. Y es que más que nunca, se precisa ahora la unión de todos.
No se ha hablado de la productividad, dado que se ha dicho es asunto de la reunión del viernes. Si se han planteado a vuela pluma otras cuestiones, que resultan además del todo punto insuficientes para el colectivo, y así hemos de decirlo. En resumen, se ha marcado una línea de actuación por el Ministerio que pasa por quitarnos competencias en lugar de dárnoslas, cercenando muchas de nuestras expectativas.
Se nos ha dicho que tienen la intención de elaborar una nueva Ley de Procedimientos sin contienda, en sustitución de la de Jurisdicción Voluntaria, en la que parece ser la intención es la de diferenciar las competencias entre los Secretarios Judiciales y los Notarios y Registradores, en exclusividad para cada uno, pero no hay nada concretado ni proyectado al respecto. Son meras intencionalidades.
Lo que sí tiene muy claro el Ministerio es que se van a presentar nuevamente las reformas procesales aparcadas la legislatura anterior, pero ante las preguntas que se les hizo, dejaron muy claro que no se va a profundizar en las competencias procesales para el secretario judicial, pues de ninguna manera se nos encomendará trámites como la admisión de demandas y peticiones.
Igualmente se nos ha comunicado que se va a modificar el Reglamento Orgánico para que asumamos nuevamente competencias de jefatura de personal, frente a la situación actual fruto de la LOPJ. Mucho nos tememos que será esta una atribución como tantas otras, burocráticas, y para suplir las carencias de personal administrativo, que viene a romper la distribución de tareas y competencias que se realizó en el Pacto de Estado que todos firmaron, y que en definitiva conllevarán que asumamos la posición de las unidades administrativas, suponemos para solventar los problemas del despliegue de las mismas.
RESUMIDO POR EL CNSJ
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