PAIS VASCO:JUECES Y POLÍTICOS Y JUECES-POLÍTICOS

[Invitado]

Cree que el artículo de 10 jueces supone "un ataque a las posiciones" de partidos con procedimientos abiertos por reunirse con Batasuna


BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y miembro del Pleno del órgano de Gobierno del alto Tribunal vasco, Manuel Díaz de Rábago, lamenta que miembros de la Judicatura --entre los que se encuentra el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro- atribuyan a las críticas políticas a las resoluciones judiciales "un papel destructivo" y deslegitimador del sistema de la Administración de Justicia.

Díaz de Rábago se refirió, de esta forma, al artículo de opinión hecho público la pasada semana por un total de 10 magistrados en los que expresaron su parecer "sobre las reacciones provocadas en nuestra sociedad por las decisiones de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV de encausar a nuestro lehendakari y a otros dirigentes políticos en procedimientos penales" con motivo de reuniones con representantes de Batasuna.

Además, el magistrado considera que el texto supone "un ataque a las posiciones" de los partidos que tienen abiertos procedimientos judiciales por reunirse con la formación abertzale en el marco de los contactos que se mantienen para "encauzar" el conflicto político.

Tras destacar que los encuentros se mantuvieron en "el marco de las conversaciones que se tienen para lograr encauzar el conflicto existente sobre el modo de organizarnos políticamente", recuerda que estos miembros de la Judicatura escribieron el artículo "en su condición de ciudadanos, pero invocando los cargos judiciales que ocupan" y subraya que se ha publicado en los medios de comunicación "como la opinión de la cúpula de los jueces vascos".

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Manuel Díaz de Rábago recuerda que él forma parte de esa cúpula judicial al estar al frente de la Sala de lo Social del TSJPV, y desea mostrar su discrepancia con "el punto de vista" de estos magistrados, con la pretensión de que la sociedad conozca "un parecer distinto expresado por otro ciudadano-juez".

En esta línea, considera que, "que bajo la defensa de valores" por parte de estos jueces que él mismo asume, "como son la legitimidad" del alto Tribunal vasco "para adoptar las referidas decisiones judiciales, la defensa de la estructura institucional de un Estado de Derecho o del sistema de la Administración de Justicia, se esconde un ataque a las posiciones de las fuerzas políticas que han llevado a tener las reuniones desencadenantes de esas decisiones judiciales, en la lógica reacción que les provoca esa intervención judicial en el ámbito de la actividad política".

A su juicio, esto lo demuestra, por una parte, "que salgan a la opinión pública en esta ocasión y no lo hayan hecho cuando la propia Sala ha adoptado otras decisiones judiciales relativas a otros dirigentes políticos que provocaron reacciones igualmente desmedidas, que, en ese caso, resultaban favorables a fuerzas políticas de distinto signo".

También cree que, en este contexto, "se atribuye a las críticas de esas decisiones judiciales, basadas en el posicionamiento político de unos jueces, un papel destructivo de nuestro sistema de Administración de Justicia, deslegitimándolo, cuando únicamente constituyen la opinión que merece a sus autores unas concretas resoluciones judiciales, que, precisamente, se tiene y defiende porque se parte del respeto y consideración que el sistema merece como tal".

Según asegura esa "opinión" de los dirigentes políticos "responde, en realidad, a una línea de defensa en el ámbito de la actividad política e, incluso, del propio proceso en ciernes".

DECISIONES JUDICIALES

Díaz de Rábago cree, además, conveniente realizar "una reflexión sobre las decisiones judiciales que interfieren en la vida política de un país, dada su frecuencia cada vez mayor", en unos casos, "porque afectan a políticos" y, en otros, "porque inciden en cuestiones objeto del debate político".

"Cabe, incluso, que dictada en tema inicialmente ajeno al debate político y a los propios políticos, éstos acaben valiéndose de ellas para usarlas como arma arrojadiza en su singular confrontación. En muchos de esos casos, además, han sido los propios políticos los que han promovido esas decisiones judiciales", apunta.

A su juicio, "en unos y otros, en la defensa de la propia posición política, se instrumentaliza la decisión judicial al servicio de aquélla, tanto si ello ocurre invocándola en términos defensores de la misma como cuando se hace en forma denigratoria".
"Resulta habitual, en este campo, que, quien no hace mucho vituperaba al adversario político por no ser respetuoso con las decisiones judiciales, criticándole por poner en juego los fundamentos del Estado de Derecho, los valores constitucionales, la legitimidad del poder judicial o su afán de patrimonializar a la Justicia, acabe incurriendo en críticas similares a las que poco antes denostaba cuando una posterior decisión judicial resulta contraria a su interés político", señala.

El presidente de la Sala de lo Social cree que "la coherencia, en este terreno, no parece actitud que florezca en el mundo de los políticos, pero ello es propio de la confrontación política en los términos en que, desgraciadamente, suele producirse en nuestro país".

"Al final, los ciudadanos, con sus votos, expresarán sus preferencias sobre las posiciones de unos y otros, así como sobre el modo de defenderlas", indica.

LOS JUECES EN EL DEBATE POLITICO

En este sentido, considera que "los órganos de gobierno del poder judicial y los jueces cuando, como en el caso de estas recientes decisiones judiciales ocurre, emitimos nuestra opinión como ciudadanos, entramos de lleno en ese debate político que la concreta decisión judicial ha provocado, posicionándonos en el mismo a favor de una u otra postura, aunque ello se haga bajo la aparente defensa del propio poder judicial o de los valores constitucionales".

"De ahí que me parezca más adecuado que no intervengamos en esos debates y es la razón por la que no expreso mi opinión sobre esas concretas decisiones judiciales ni, con la salvedad expuesta -exigida por la necesidad de fundar mi valoración y limitada a lo estrictamente indispensable al efecto-, sobre las reacciones que ha generado", agrega.

No obstante, precisa que no permanecerá "callado cuando se emiten pareceres que se presentan a nuestra sociedad queriendo transmitir, en el debate político existente, que los jueces que trabajamos en el País Vasco nos decantamos por unas determinadas posiciones". "Como en botica, hay de todo", concluye.