EL PSOE APARCA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL POR FALTA DE APOYOS
El PSOE renunciará a la descentralización del Poder Judicial si eso sirve para sacar adelante el proyecto que más interesa al Ministro Juan Fernando López Aguilar: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que busca modernizar las estructuras y recursos de la administración de Justicia.
Las discrepancias con el PP sobre el papel que deberían tener los Consejos Autonómicos -evidentes durante el debate del Estatuto de Cataluña- han paralizado el conjunto de reformas planteadas por el Ejecutivo para agilizar los procedimientos judiciales. La solución prevista pasa, según fuentes del grupo parlamentario socialista, por «dejar morir» la controvertida creación de esos órganos, al menos en esta legislatura.
El Gobierno aprobó el proyecto de reforma de la LOPJ en el que se recogía esta figura en diciembre de 2005. Con ella se pretendía dar cobertura legal a los Consejos Autonómicos de justicia, una figura inexistente en la actualidad, pero ya prevista en las dos únicas reformas estatutarias que por aquel entonces tramitaba el Congreso, la de la Comunidad Valenciana y la de Cataluña. Una vez llegó a la cámara baja, sin embargo, entró en vía muerta. Tras siete ampliaciones de los plazos de enmiendas, el debate de totalidad (en el que se decide si se tramita o se devuelve la ley al Ejecutivo) se celebró en abril, una vez discutido el nuevo marco de autogobierno catalán. Después, la iniciativa quedó aparcada. Ya van 22 prórrogas para la presentación de enmiendas al articulado y, según las citadas fuentes, habrá más.
Consejos Autonómicos
La creación de los consejos autonómicos de justicia busca delegar en esos organismos competencias hasta ahora reservadas al Consejo General del Poder Judicial, cuando se trate de asuntos -dotación de medios, habilitación de edificios, gestión del personal de los juzgados- que sólo afecten a una comunidad.
El nacimiento de los consejos autonómicos está vinculado a otra reforma, también en tramitación, que delega en los tribunales superiores de las comunidades autónomas tareas hasta ahora reservadas al Supremo. Ambas forman un único paquete con las que el gabinete socialista tenía intención de adecuar la Administración de Justicia al Estado de las autonomías; una tarea que, según sus argumentos, ya fue prevista por los constituyentes. El PP sostiene, en cambio que, tal y como están planteadas las modificaciones legales, se rompe la unidad del Poder Judicial y por tanto se quebranta la Constitución.
La imposibilidad de un acercamiento en este terreno y la postura de las formaciones nacionalistas -que consideran insuficientes las competencias atribuidas en el proyecto de ley a los consejos autonómicos- han llevado al PSOE a tirar la toalla hasta que el panorama sea otro. A lo largo de estos meses, el PP se ha negado a apoyar al Gobierno en la modificación de 21 leyes para crear la nueva Oficina Judicial, reforma que busca dotar a los juzgados de más medios y liberar a los jueces de tareas burocráticas que recaerían en los secretarios judiciales.
AHÍ VA ESO
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