newzel escribió:De la sentencia adjuntada me sorprenden dos datos:
1.- el nulo valor probatorio de una diligencia de constancia telefónica
2.- el hecho de que el SJ titular (actor), cuando fue llamado por teléfono, no se encontraba en su puesto de trabajo, ni la Oficina Judicial sabía nada de él, y no pasa nada
Buen mensaje Ely. La generalización abusiva conduce a la ingorante banalización.
Creo que la Sentencia explica todo eso bastante bien...
Y la verdad, de su lectura creo que se trasluce la cara más amarga de la corrupción y el nepotismo en el acceso al desempeño de los cargos de la Administración Pública.
Según se lee en aquella, el Coordinador justificó su proceder en razones de urgencia, pero dejó durante bastante tiempo sin cubrir la plaza, extremo que hace dudar de su intención.
También se dice que se siguió un expediente contra el actor por incumplir el horario, pero quedó archivado, lo que arroja muchas sombras sobre la probidad del coordinador (pues de ser cierto lo que decía, no le habría resultado difícil sancionarlo).
Además, una Sentencia es el resultado de un juicio, en el que las dos partes tienen la carga de probar los hechos que alegan, y lo cierto es que la Sala pone en duda que esa llamada realmente se hiciera, y no da por probado ese extremo (pues en caso contrario, habría desestimado la demanda).
No alcanzo a entender los motivos por los que el Ministerio no probó que se llamó al actor, a pesar de lo fácil que resulta (con la factura del teléfono, el listado de las llamadas...)
ni tampoco parece lógico que el actor llevara el caso al Juzgado, negando la llamada, si realmente la hubieran hecho (dada la facilidad de prueba de ese extremo).
Y por último, pretender presentar una Diligencia de Constancia como notificación es de traca (pues la Ley del Procedimiento Administrativo, exige que aquella sea fehaciente, y desde luego no lo es decir que se ha llamado por teléfono sin prueba alguna de la llamada).
La fe pública judicial, tiene una razón histórica y es que éramos independientes a los jueces y controlábamos formalmente su actuar, constatando, ante el pueblo, lo que aquel hacía (eso al menos en la teoría, porque todos sabemos lo que pasa en la práctica en cualquier Juzgado de Instrucción).
Esto, en un procedimiento administrativo en el que quien actúa pretende que su palabra sea prueba "iuris et de iure" de lo que hace, frente a terceros que pueden verse perjudicados por su actuar, pues no puede tener el mismo valor, dado que impediría revisar aquellos.
La Sentencia del TSJ va de suya, aunque de su lectura no puede dejar de quedarme cierta inquietud sobre lo que realmente hacía el Coordinador, pues tramitar de forma "rara" un nombramiento alegando causas falsas (urgencia, inexistente), procediendo a ejecutar actuaciones en perjuicio de uno de los interesados, sin ningún tipo de constancia (más que su palabra) a pesar de la facilidad que tenía de adverar aquellas, me parece muy raro.
Lo que ha pasado es muy grave.
No se estaba designando a un jardinero o un barrendero, sino a alguien que va a decidir sobre los derechos de los demás en procedimiento contradictorios, y si en el nombramiento de este cargo hay la más mínima sombra de duda, nos cargamos la propia apariencia de imparcialidad inherente a nuestra función.
Sinceramente, creo que la sospecha de la corrupción y favoritismo, quedará, para siempre, impregnada en este asunto.