OTRO FRENTE CONTRA EL ESTATUT

[Invitado]

La abogacía madrileña advierte de los efectos negativos del ‘Estatut’ para las profesiones jurídicas

@Borja Mec

Martes, 28 de marzo de 2006


La Junta General del Colegio de Abogados de Madrid aprobó ayer dos proposiciones sobre los efectos negativos del proyecto de Estatuto de Cataluña sobre la profesión de abogado. La moción “alerta a la sociedad y a los poderes públicos sobre el riesgo de fraccionamiento o disgregación de las profesiones jurídicas que podría resultar del texto de los artículos 125 y 6.1 del Proyecto de Estatuto para Cataluña”.

La primera de las proposiciones manifiesta la disconformidad con el contenido del artículo 125 del proyecto de Estatuto de Cataluña, en cuanto atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva “en la determinación de los requisitos y las condiciones de ejercicio de las profesiones tituladas, así como de los derechos y obligaciones de los profesionales titulados y del régimen de incompatibilidades”.

La segunda proposición, explica la preocupación por el contenido del artículo 6.1 del texto previsto en el Estatuto. En dicho artículo, se establece que “el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña”. Este artículo se relaciona con el 33 del proyecto de Estatuto, que establece la exigencia del conocimiento del catalán por los jueces para ejercer en Cataluña, contra el que se han manifestado varias asociaciones profesionales de la magistratura y el propio Consejo General del Poder Judicial.

En opinión de Foro de la Abogacía, asociación que realizó las proposiciones, el proyecto de Estatuto de Cataluña pone en riesgo “el libre ejercicio de la profesión de abogado en toda España y el derecho de defensa de los justiciables, que podrían verse obligados a renunciar a su abogado habitual de Madrid o de cualquier otro Colegio de España para acudir, obligatoriamente, a un abogado que domine la lengua catalana”.

Asimismo, Foro de la Abogacía considera que “la Unión Europea avanza hacia la libre circulación de profesionales y, en este sentido, el artículo 125 del proyecto de Estatuto de Cataluña -que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para regular el ejercicio de las profesiones liberales- es un paso atrás en el notable avance que supuso para la profesión la colegiación única para ejercer en todo el territorio nacional que se estableció en 1995. Además, esa competencia exclusiva pone en riesgo la validez del título de licenciado en Derecho para ejercer en todo el territorio nacional conforme a la legislación del Estado”.

Además, se acordó exhortar a los poderes públicos “para que se busquen formulaciones que, finalmente, eviten que se pierda la cohesión que a la sociedad civil española han dado las profesiones durante siglos”.