Liquidación intereses tras suplicación

[mara]

hola, tengo una duda respecto a la liquidación de intereses una vez que llegan los autos de la Sala. Si la sentencia es desestimatoria, es decir, confirma la sentencia de instancia en su totalidad, los intereses del 576 van desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta que se pone la cantidad a disposición del recurrido, y ahí va la pregunta, si la cantidad ya la tengo consignada obligatorio para recurrir, la fecha ha de ser la de la sentencia de segunda instancia? porque si los autos tardan mas de un mes en devolverlos desde que se dictó la sentencia ¿ no se produce un perjuicio al recurrente? muchas gracias

[delme]

En esos casos entiendo q la fecha final o dies aquo debe ser la de firmeza de la sentencia en suplicacion, momento en q la consignacion cambia de naturaleza, de requisito de procedibilidad a cantidad a entregar al actor en cumplimiento del art 204 ljs. Tb puede defenderse q el dia final sea la sentencia de suplicacion, pero entiendo q hasta q alcanza autoridad de cosa juzgada no es correcto

[Wenceslao 2]

Creo que es del todo correcto lo que dice Delme, y apostillo, en el supuesto de que no hubiera cantidad ingresada, nunca se devengarían intereses hasta la fecha en que se pone a disposición del recurrente, sino hasta la fecha en que se ingresó la cantidad en el Juzgado para su entrega al interesado.-

[Invitado]

No estoy de acuerdo, la fecha final ha de ser el momento en que es posible disponer de la cantidad consignada para entregársela al acreedor, y ese momento no es el de la firmeza de la sentencia de suplicación, sino cuando las actuaciones se reciben en el juzgado, al que corresponde hacer la entrega. este es el dies ad quem a efectos de liquidar los intereses del 576 LEC, y así lo establece la STS de 11/7/2012 (rec. 3479/2011) (LA LEY 149213/2012), con remisión a la STS de 11 de marzo de 2009 (rec. 886/2008) (LA LEY 40571/2009)

[delme]

Adjunto el párrafo de la sentencia que comentas:

Sobre esta cuestión nada dice el art. 576 LEC (LA LEY 58/2000)por cuanto se limita a señalar el "dies a quo" como aquel en que fue dictada la sentencia de instancia, pero sin determinar el "dies ad quem" o día final para el cálculo de los intereses, que también es aquí objeto de discusión. A tal efecto, lo primero que llama la atención es esta diferencia entre el texto actual de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 (LA LEY 58/2000) y la Ley de Enjuiciamiento anterior pues mientras la nueva dispone que los mismos se calcularán "desde que fuere dictada en primera instancia,...", la Ley de 1881 en su art. 921 hacía referencia expresa tanto al día inicial como al día final del devengo de intereses en tanto en cuanto en su dicción literal disponía que "cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará a favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual...".
No obstante esta falta de referencia al día final en el nuevo texto, el criterio de atención al momento en que la sentencia "fuera totalmente ejecutada" debe mantenerse por cuanto es el más adecuado a la finalidad perseguida por la ley, y en este sentido procede seguir la interpretación que sobre el día final del devengo de intereses hizo tanto la Sala 1ª de este Tribunal en sus SSTS 27-2-1999 (LA LEY 3241/1999) (rec.- 2751/1994 ), como esta Sala en su STS 6-10-2000 (LA LEY 11320/2000) (rec.-49/2000 ), contemplando supuestos en que en ejecución de sentencia se había consignado por el deudor condenado la cantidad objeto de condena en un determinado día y en los que se discutía si los intereses procesales debían calcularse hasta ese día de la consignación para pago o, por el contrario, hasta aquél en el que se hubiera hecho efectivo pago al acreedor de la cantidad consignada, no fue la de entender que era esta última la que había que tener en cuenta, sino que situaron el día final o día en que la sentencia se entendía "totalmente ejecutada" en el día en que la consignación de la cantidad adeudada para pago tuvo lugar, de acuerdo con el sentido que el Tribunal Constitucional ha dado al mandato legal que impone el pago de intereses procesales cuando ha entendido que "el recargo o sobretasa no está pensado para beneficiar económicamente al ganador del pleito sino como acicate para que el condenado cumpla el pronunciamiento judicial lo antes posible" - STCº 206/1993, de 22 de junio -. Y esta interpretación tiene su sentido si se parte de la base de que cuando se habla de mora en cualquiera de sus acepciones se está partiendo de la existencia de un retraso en el pago imputable al acreedor, de conformidad con lo que puede deducirse de la regla general que al respecto se contiene en elart. 1101 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Ese retraso imputable al acreedor, determinante de la mora no podrá alcanzar más allá del momento en el que paga o consigna debidamente lo adeudado en la ejecutoria o desde que esa cantidad resulta disponible en la propia ejecutoria pues desde ese momento debe estimarse ejecutada la sentencia - el contenido de la sentencia - y por ello libre de responsabilidad el deudor conforme a la disposición expresa del art. 1176 del mismo Código en relación con la "mora civil". Lo contrario supondría atribuir al deudor un retraso a él no imputable, sino en su caso al Juzgado u otras circunstancias ajenas a la voluntad del condenado a pagar la deuda, incluída la posible demora del acreedor en reclamar el abono de aquellas cantidades cuando desde el momento en que el Juzgado tiene a su disposición el montante económico de lo adeudado el acreedor tiene derecho a reclamar el pago de la cantidad adeudada. Siendo esta tesis la que también ha seguido la Sala 1ª de este Tribunal - STS 12-6-2008 (LA LEY 68869/2008) (rec.- 143/2001 ) - resolviendo un supuesto semejante aunque no igual al que aquí es objeto de decisión.
La doctrina que se recoge en las sentencias citadas no es aplicable en su literalidad al supuesto que aquí nos ocupa en cuanto que en aquellos casos se contemplaba un supuesto de consignación en trámite de ejecución mientras que aquí en lo que hace referencia a la indemnización por despido se parte de la existencia de una consignación efectuada en un primer momento para enervar el pago de los salarios de tramitación, que después sirvió como consignación cautelar para poder recurrir la empresa la sentencia de instancia, y al final, una vez firme la sentencia de suplicación sirvió para efectuar el pago, hasta el punto de que la cantidad consignada le fue abonada al trabajador unos días después de recibir el Juzgado los autos (una semana). En este caso la indemnización no se consignó en trámite de ejecución sino que estamos en presencia de una consignación previa que pasó a ser ejecutiva cuando la sentencia de la Sala alcanzó firmeza. Por lo tanto, aplicada aquella doctrina a esta situación, conduce a entender que el "dies ad quem" para el cálculo de los intereses de dicha indemnización anteriormente consignada sería en este caso aquel en el que la cantidad estuvo a disposición del Juzgado para serle abonada al trabajador, y no el del efectivo pago al acreedor; pues estamos en situación semejante a aquélla contemplada por las sentencias citadas

Leyéndola con atención y, en mi modesto punto de vista, sigo manteniendo que debe fijarse como fecha final la de firmeza de la sentencia de suplicación, toda vez que el Juzgado tiene a su disposición de la cantidad para serle abonada al trabajador (en su cuenta de consignaciones) ipso facto, de hecho si los autos bajasen ese mismo día podría acordarlo ese mismo día. Entiendo injusto a todas luces hacer responsable al deudor del retraso burocrático que supone en la práctica la devolución de autos desde el TSJ, cuestión totalmente ajena a su voluntad y de la que no se le puede hacer responsable.

Gracias por el apunte invitado y un saludo

[ELY]

Hola,
respecto a este tema os voy a dar mi opinión y el proceder en nuestro juzgado.

En primer lugar cuando vuelven los autos del TSJ, y hay dinero consignado, nos limitamos a poner en conocimiento de las partes que han vuelto los autos y que habiendo dinero consignado, se requiere a la demandada para que manifieste que hacer con el; es decir si se entrega al actor todo, parte, o si ya ella ha ingresado por la empresa directamente al actor(no sería la primera vez que nos pasa). Nosotros consideramos que el dinero en su día depositado por le empresa lo es en garantía y aseguramiento, pero que no trasmuta su naturaleza por el depago con la sentencia de suplicación, sino que requiere una manifestación de voluntad de la parte.

Dicho esto, si la parte dice que se entregue el dinero, entregamos y ya esta. No hacemos nada más, se archivan actuaciones y punto. En nuestro juzgado no hacemos ningún tramite intermedio, o esta pendiente de sentencia o esta en ejecución.

Si la parte solicita los intereses del artículo 576 LEC, en mi modesta opinión, yo no procedo a liquidarlos, ya que considero que el artículo 269 LRJS esta en sede de ejecución, y si no hay auto que la despache, yo no liquido. Las partes realizan la liquidación vía 712 y ss LEC, es decir liquidación civil de intereses. Luego se lo pagan voluntariamente o piden ejecución.

En todo caso cuando se impugnan o discrepan en la misma, en este juzgado se considera como día de finalización del devengo de intereses aquel en que contesto la empresa diciendo que se entregara la cantidad, o si se la entregó ella el día que lo hizo.

[Wenceslao 2]

Es muy interesante lo que dice Delme sobre el cambio de naturaleza en virtud de la sentencia firme, pues si os fijáis en las propia sentencias del de los TSJ , nos indican que se haga entrega de las cantidades consignadas, y ello a pesar de que inicialmente la mismas estaban consignadas como requisito de procedibilidad del recurso.

Lo de hacer solo liquidación de intereses solo en fase de ejecución además de que así debe ser, nos quita mucho trabajo.

[delme]

Totalmente de acuerdo en cuanto a lo expuesto sobre la liquidacion de intereses, debe hacerse, en mi opinión en ejecución y en los terminos acertadamente expuestos. Buen debate

[Invitado]

"Leyéndola con atención y, en mi modesto punto de vista, sigo manteniendo que debe fijarse como fecha final la de firmeza de la sentencia de suplicación, toda vez que el Juzgado tiene a su disposición de la cantidad para serle abonada al trabajador (en su cuenta de consignaciones) ipso facto, de hecho si los autos bajasen ese mismo día podría acordarlo ese mismo día. Entiendo injusto a todas luces hacer responsable al deudor del retraso burocrático que supone en la práctica la devolución de autos desde el TSJ, cuestión totalmente ajena a su voluntad y de la que no se le puede hacer responsable. "

Delme, es obvio que la decisión que adoptes va a beneficiar, y correlativamente a perjudicar, a alguna de las partes. Pero si fijas el día final en la firmeza y no en la efeciva posibilidad de la entrega, quien sale perdiendo es el acreedor, quien tampoco merece sufrir ese "retraso burocrático" y que además ha visto dilatarse la satisfacción de su crédito por la interposición por el deudor de un recurso que, al final, ha sido desestimado.
(A lo que se añade el problema práctico de que al juzgado no le consta la fecha de firmeza de la sentencia de suplicación, por lo que habría que oficiar a la sala...)

[delme]

Desde luego tu posición invitado es claramente defendible, en mi caso a través del sistema de gestión procesal podemos verificar la firmeza de la sala con lo que no tengo ese problema. La verdad es que tampoco me han recurrido nunca el tema con lo que insisto en que es un criterio personal. Enriquecedor debate en todo caso, y desde luego una decisión u otra tiene sus consecuencias. Un saludo