¿Nuevos Juzgados de Distrito?
El Gobierno dejará en manos de los ayuntamientos la elección de los jueces para los pleitos comunes
La reforma judicial prevé la creación de Juzgados de Proximidad y limita el recurso de casación «esencialmente» a unificar doctrina
Modificación del recurso de casación, doble instancia penal, creación de la Justicia de Proximidad y la posibilidad de que las autonomías puedan constituir Consejos de Justicia Autonómicos del Poder Judicial son puntos claves de la reforma judicial.
F. Velasco
Madrid- El Ministerio de Justicia tiene fijados los aspectos esenciales que constituirán la próxima reforma judicial, que afectará al recurso de casación y a las competencias de los tribunales superiores de Justicia y dará cumplimiento al mandato de la ONU de que el Tribunal Supremo cuente con una doble instancia penal. Junto a ello, es relevante la pretensión de crear la Justicia de Proximidad, que se convertirá en «el primer escalón de la organización judicial en las ciudades donde se implanten». También se prevé la posibilidad de que en las distintas comunidades autónomas existan Consejos de Justicia Autonómicos del Poder Judicial, que, en todo caso, estarán subordinados al CGPJ.
En lo que se refiere a la Justicia de Proximidad, el borrador del Ministerio de Justicia –que no es definitivo y, por tanto, puede sufrir modificaciones–, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, establece que sus titulares serán licenciados en Derecho, y aunque no pertenezcan al Cuerpo de jueces y magistrados de carrera sí tendrán el mismo estatuto que éstos.
Mérito para ser juez. Los ayuntamientos en cuyo municipio se vayan a instalar estos juzgados tendrán un papel decisivo en la designación de estos jueces. El texto recoge que el nombramiento de los Jueces de Proximidad corresponderá al Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente, «de entre una terna aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en cuyo municipio se haya implantado la Justicia de Proximidad».
La selección de esta terna se hará – según se recoge en el borrador del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de Organización Territorial de la Administración de Justicia– «mediante un sistema mixto que conjuga un régimen reglado de valoración de méritos por baremo y una evaluación de aptitud en la entrevista posterior». Estos nombramientos se realizarán por un período de seis años, renovable por una sola vez por acuerdo de la Sala de Gobierno. El tiempo que ocupen estos juzgados se contabilizará «como mérito para el ingreso en la Carrera Judicial por el turno de juristas» y, además, «se hace una reserva de plazas para los que, procedentes de dichos juzgados, pretendan acceder a la Carrera Judicial, aprovechándose de este modo la experiencia la experincia adquirida durante los años desempeñados como juez de proximidad».
Competencias y objetivos. En cuanto a las competencias de los Juzgados de Proximidad, se establece el conocimiento de determinados juicios verbales y del proceso monitorio, cuando la deuda dineraria vencida y exigible no exceda de tres mil euros. Además, conocerán de las demandas de desahucio de fincas urbanas por falta de pago de la rentas o cantidades debidas por el arrendatario. En el orden penal, tendrán la competencia en primera instancia del conocimiento, fallo y ejecución de los juicios de faltas, «con exclusión de aquellas que corresponden a los Juzgados de Violencia contra la Mujer».
Con estos juzgados se pretende aliviar la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, que dejará de conocer de asuntos menores «que por su volumen distrae y retrasa la resolución de otros que no lo son».
Los Juzgados de Proximidad, que serán «el primer escalón de la organización judicial en las ciudades donde se implanten», paliarán el «creciente aumento de la litigiosidad y la demora en la respuesta judicial que se produce en algunos grandes núcleos urbanos, al tiempo que involucra a las comunidades autónomas y ayuntamientos, en el nacimiento y desarrollo de la justicia de proximidad».
De hecho, serán las comunidades autónomas las que tengan que instar la creación de esos juzgados, en aquellos municipios donde existan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y tengan un régimen municipal especial o se cumplan determinadas exigencias de la Ley de Bases de Régimen Local.
La reforma judicial prevista por el Ejecutivo tiene entre sus puntos esenciales los siguientes:
q Doble Instancia Penal: La Sala Penal del Tribunal Supremo contará con una Sección de Apelaciones para dar cumplimiento a lo ordenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Hasta ahora, los aforados enjuiciados en primera instancia por el Supremo, los aforados, no tienen posibilidad de recurrir la sentencia, en contra de lo que ocurre en el resto de tribunales. En los tribunales superiores de Justicia, «y también para garantizar la segunda instancia penal de los aforados», se creará también una sala de apelaciones. La Audiencia Nacional tendrá también una sala de esas características.
q Recurso de casación: «Pasa a ser, esencialmente, un recurso para la unificación de doctrina, limitando su ámbito a las infracciones que se hayan producido en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal con motivo de pronunciamientos discrepantes de los órganos judiciales inferiores». Esta nueva configuración de los recursos de casación «impone una mayor vinculación de todos los órganos judiciales a los pronunciamientos del Alto Tribunal».
q Tribunales Superiores de Justicia: Serán «la culminación de la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma». Las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ conocerán de los recursos de casación contra las sentencias de segunda instancia, que produjeran efectos de cosa juzgada y hayan sido dictadas por las audiencias provinciales, aunque tengan sede fuera del territorio de la comunidad autónoma, «siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto con otros motivos, en la infracción de las normas del Derecho Civil, foral o especial, o Derecho propio de la Comunidad Autónoma en la que tiene su sede el TSJ, y cuando el correspondiente estatuto de autonomía haya previsto esta atribución».
q Consejos de Justicia Autonómicos del Poder Judicial: Se prevé su creación, siempre que los respectivos estatutos de autonomía lo hayan previsto. Podrán asumir funciones «sobre nombramientos de cargos judiciales discrecionales de su territorio y otras que les delegue el CGPJ, que pasará a conocer de las mismas en vía de recurso».
Justicia de proximidad.
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Carlos Valiña
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Aqui hay mucho tomate.
1) Justicia de proximidad, por fin se dan cuenta y han pasado casi treinta años del dislate que fue suprimir la justicia de distrito. Se necesitan sentencias de calidad y eso no se puede hacer con el ritmo actual de los Juzgados.
2) Eso de que los Ayuntamientos intervengan es una catastrofe. En un pais no serio, lo siento pero insisto, de ahi no saldra nada bueno, y no hay que ser muy despierto para verlo, seria mucho mejor que los nombraran en Moscu, en Pekin, o por sorteo.
3) La reserva de plazas para acceder a Jueces es una desgracia para la carrera judicial que la devaluara aun mas, eso si prospera, porque a los Jueces no les importa que nadie haga su trabajo con tal que no pueda acceder a su carrera. Ahi la oposicion sera frontal y a muerte. Considero una nueva muestra de pais bananero, el pretender convertir a estos "jueces" en jueces de carrera.
4) Lo de los aforados es casi una anectoda pero es una prueba mas de como la falta de rigor de nuestro sistema hipergarantista, luego sobrecargado y finalmente obligado a amputaciones de cosas importantes para sobrevivir, (quitar el juez de carrera del desahucio, quitar la segunda instancia al aforado, etc) es tan evidente que hasta nos condenan por ahi.
5) Lo de la casacion se me escapa seguramente, me parece bueno que se potencia un poco la seguridad juridica, aunque no me lo creo, pero me parece raro que le quiten al Supremo capacidad decisoria, vamos a tener a los mejores predicando en el desierto.. no se hay puede haber algo mas.
6) Casacion para los Tribunales de Justicia Autonomicos, si ya me cuadra la cosa un poco mas, se trata de una suerte de transferencia encubierta del supremo y la España cantonal avanza.
7) Consejos de Justicia autonomicos, idem eadem idem, pero respecto del Consejo.
Y nosotros tirandonos los trastos a la cabeza.. que cosas hay que ver en estas profesiones nuestras...
1) Justicia de proximidad, por fin se dan cuenta y han pasado casi treinta años del dislate que fue suprimir la justicia de distrito. Se necesitan sentencias de calidad y eso no se puede hacer con el ritmo actual de los Juzgados.
2) Eso de que los Ayuntamientos intervengan es una catastrofe. En un pais no serio, lo siento pero insisto, de ahi no saldra nada bueno, y no hay que ser muy despierto para verlo, seria mucho mejor que los nombraran en Moscu, en Pekin, o por sorteo.
3) La reserva de plazas para acceder a Jueces es una desgracia para la carrera judicial que la devaluara aun mas, eso si prospera, porque a los Jueces no les importa que nadie haga su trabajo con tal que no pueda acceder a su carrera. Ahi la oposicion sera frontal y a muerte. Considero una nueva muestra de pais bananero, el pretender convertir a estos "jueces" en jueces de carrera.
4) Lo de los aforados es casi una anectoda pero es una prueba mas de como la falta de rigor de nuestro sistema hipergarantista, luego sobrecargado y finalmente obligado a amputaciones de cosas importantes para sobrevivir, (quitar el juez de carrera del desahucio, quitar la segunda instancia al aforado, etc) es tan evidente que hasta nos condenan por ahi.
5) Lo de la casacion se me escapa seguramente, me parece bueno que se potencia un poco la seguridad juridica, aunque no me lo creo, pero me parece raro que le quiten al Supremo capacidad decisoria, vamos a tener a los mejores predicando en el desierto.. no se hay puede haber algo mas.
6) Casacion para los Tribunales de Justicia Autonomicos, si ya me cuadra la cosa un poco mas, se trata de una suerte de transferencia encubierta del supremo y la España cantonal avanza.
7) Consejos de Justicia autonomicos, idem eadem idem, pero respecto del Consejo.
Y nosotros tirandonos los trastos a la cabeza.. que cosas hay que ver en estas profesiones nuestras...
Carlos Valiña. Juzgado de Menores de Santander. 942-248111
Si necesitas ayuda llámame.
metodoprofesional@gmail.com
JJ. Rousseau: UNA INJUSTICIA HECHA A UNO ES UNA AMENAZA HECHA A TODOS.
Rosa Luxemburgo: QUIEN NO SE MUEVE NO SIENTE SUS CADENAS
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tocawebs
En realidad más que cumplir un mandato de la ONU, se trata de convertirnos en la ONU: un desastre en el que se mezclan jueces de carrera con aficionados, Secretarios Judiciales que no pintan nada, reformas sin estrenar que se quedan en nada (¿los juicios rápidos civiles en que se quedan con este sistema?), desaparición de la casación por tribunal único y superior en todos los órdenes...
En fin, aquí no hay mucho tomate, en realidad no hay ningún tomate.
Si con la LOPJ del 85 se intentaba meter un poco la mano en la justicia entendida como poder, en 2003 aumentan sobremanera la injerencia del ejecutivo (léase la reforma del cuerpo de secretarios y la oficina judicial nueva en la que quien manda realmente no es ni juez ni secretario, sino la Administración). Finalmente ya no queda en 2005 más que gritar ¡viva Cartagena! y empezar con el desmembramiento del poder judicial por su base, nombrando jueces a quienes no lo son, y en virtud de la filiación política del sujeto y del ayuntamiento.
Seguiremos mirando. Queda poco.
En fin, aquí no hay mucho tomate, en realidad no hay ningún tomate.
Si con la LOPJ del 85 se intentaba meter un poco la mano en la justicia entendida como poder, en 2003 aumentan sobremanera la injerencia del ejecutivo (léase la reforma del cuerpo de secretarios y la oficina judicial nueva en la que quien manda realmente no es ni juez ni secretario, sino la Administración). Finalmente ya no queda en 2005 más que gritar ¡viva Cartagena! y empezar con el desmembramiento del poder judicial por su base, nombrando jueces a quienes no lo son, y en virtud de la filiación política del sujeto y del ayuntamiento.
Seguiremos mirando. Queda poco.
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Invitado
El PP vaticina una «hiperpolitización» de la Justicia con la reforma del Gobierno
Llevará al Tribunal Constitucional el texto si finalmente se aprueba tal y como está redactado
C. Morodo
Madrid- El PP dio ayer la voz de alarma por las consecuencias futuras de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el Consejo de Ministros. La iniciativa se explica en la necesidad de José Luis Rodríguez Zapatero de «satisfacer las necesidades nacionalistas» de disponer de un poder judicial propio e implica una ruptura de la unidad de la Justicia y una «hiperpolitización» de ésta a través de nuevas figuras como los juzgados de proximidad, en los que, como adelantó este periódico, se deja en manos de los ayuntamientos la elección de los jueces para los pleitos comunes. El principal partido de la oposición está dispuesto a llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) esta modificación legislativa si, finalmente, no es corregida en su tramitación parlamentaria.
El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, desglosó los puntos polémicos de una iniciativa que no ha sido consultada al PP, pero tampoco a los «actores de la comunidad jurídica». Habló de un «desapoderamiento» del Tribunal Supremo (TS) para sustituirlo por 17 Tribunales Superiores de Justicia, de la apertura del camino para que haya 17 Consejos Generales del Poder Autonómico que reemplacen al CGPJ, de la confirmación de los «peores augurios» sobre la «ocupación de la Justicia» y del «atentado a la naturaleza del control parlamentario» que supone dar potestad al Congreso para controlar al CGPJ. El PP es muy crítico con los juzgados de proximidad por su naturaleza «netamente política». «Es difícil que haya una agresión mayor a los fundamentos básicos de la independencia del poder judicial. El Gobierno está dejando morir la necesaria reforma judicial», precisó Astarloa.
Llevará al Tribunal Constitucional el texto si finalmente se aprueba tal y como está redactado
C. Morodo
Madrid- El PP dio ayer la voz de alarma por las consecuencias futuras de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el Consejo de Ministros. La iniciativa se explica en la necesidad de José Luis Rodríguez Zapatero de «satisfacer las necesidades nacionalistas» de disponer de un poder judicial propio e implica una ruptura de la unidad de la Justicia y una «hiperpolitización» de ésta a través de nuevas figuras como los juzgados de proximidad, en los que, como adelantó este periódico, se deja en manos de los ayuntamientos la elección de los jueces para los pleitos comunes. El principal partido de la oposición está dispuesto a llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) esta modificación legislativa si, finalmente, no es corregida en su tramitación parlamentaria.
El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, desglosó los puntos polémicos de una iniciativa que no ha sido consultada al PP, pero tampoco a los «actores de la comunidad jurídica». Habló de un «desapoderamiento» del Tribunal Supremo (TS) para sustituirlo por 17 Tribunales Superiores de Justicia, de la apertura del camino para que haya 17 Consejos Generales del Poder Autonómico que reemplacen al CGPJ, de la confirmación de los «peores augurios» sobre la «ocupación de la Justicia» y del «atentado a la naturaleza del control parlamentario» que supone dar potestad al Congreso para controlar al CGPJ. El PP es muy crítico con los juzgados de proximidad por su naturaleza «netamente política». «Es difícil que haya una agresión mayor a los fundamentos básicos de la independencia del poder judicial. El Gobierno está dejando morir la necesaria reforma judicial», precisó Astarloa.
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Invitado
Reparos del psoe-boe:
ELPAIS.es > España
Luz verde a los consejos de justicia autonómicos y los jueces de proximidad
Una proposición de ley, tramitada de forma paralela, regulará los idiomas cooficiales
L. R. AIZPEOLEA - Madrid
EL PAÍS - España - 16-07-2005
El Consejo de Ministros aprobó ayer la tramitación del anteproyecto de ley orgánica que creará consejos de justicia en las comunidades autónomas, sin invadir las competencias del CGPJ, reforzará los tribunales superiores de justicia de las autonomías e intensificará la función unificadora del Tribunal Supremo para impartir doctrina. El uso de los idiomas cooficiales por parte de los jueces se tramitará en una proposición de ley. El Gobierno también ha aprobado el anteproyecto de ley que crea la figura del juez de proximidad en los municipios de más de 175.000 habitantes.
El anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. Ahora lo deberán informar la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que antes de fin de mes convocará a la Comisión Sectorial de Justicia -que reúne a los consejeros de todas las autonomías- para explicar el alcance de la reforma. También dijo que lo someterá a deliberación a las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales.
López Aguilar también afirmó, en la conferencia de prensa posterior al Consejo, que la reforma no está condicionada por el pacto que el Gobierno mantiene con los nacionalistas ya que, recordó, estaba recogida en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones. En esta misma línea, aseguró que la creación de los consejos de justicia de las comunidades autónomas responde a una inquietud antigua manifestada desde los distintos sectores, que se reflejó en ya en el Libro Blanco de Justicia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997.
Los consejos superiores de justicia "no van a mermar las facultades fundamentales del Consejo General del Poder Judicial", dijo, pues "no invaden, en ningún caso, las competencias exclusivas en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces que la Constitución reserva al Consejo General del Poder Judicial".
Competencias exclusivas
López Aguilar insistió en que los nuevos consejos asumirán las actuales competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las autonomías "sin afectar a su núcleo duro". Concretamente, emitirán informes sobre los nombramientos discrecionales de cargos judiciales ubicados en la comunidad autónoma, ejercerán las competencias que le delegue el Consejo General del Poder Judicial y asumirán las atribuciones en materia de justicia que le atribuyan los estatutos de autonomía.
El ministro defendió el refuerzo del papel de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas como cúspide de la organización judicial en sus territorios con el argumento de que es "totalmente necesario descargar de asuntos al Tribunal Supremo" para "dedicarle a unificar doctrina". Recordó que si el Supremo tiene ahora 18.000 casos acumulados en espera de sentencia es porque han fallado las instancias inferiores: los tribunales superiores de justicia.
El Consejo de Ministros propuso también la creación de la figura del juez de proximidad en las ciudades de más de 175.000 habitantes situadas en las comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia. Los nuevos jueces, según la reforma propuesta por el Gobierno, serán abogados con más de seis años de ejercicio de la profesión a los que nombrará el Consejo del Poder Judicial, y se ocuparán de pleitos penales y civiles de menor entidad, como desahucios o juicios de faltas y juicios verbales donde la deuda exigida no exceda de 3.000 euros.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la reforma en que "desgraciadamente la justicia es percibida como un servicio lento, lejano y, en más de las ocasiones deseadas, ineficaz".
Las reformas anunciadas ayer no regularán el uso de los idiomas cooficiales por parte de los jueces. Su uso se regulará a través de una proposición de ley, presentada por el Parlamento catalán en el Congreso, que plantea que para acceder al puesto de juez o magistrado en las comunidades autónomas será considerado un "mérito determinante" el conocimiento del euskera, catalán o gallego en el caso de empate a puntos
ELPAIS.es > España
Luz verde a los consejos de justicia autonómicos y los jueces de proximidad
Una proposición de ley, tramitada de forma paralela, regulará los idiomas cooficiales
L. R. AIZPEOLEA - Madrid
EL PAÍS - España - 16-07-2005
El Consejo de Ministros aprobó ayer la tramitación del anteproyecto de ley orgánica que creará consejos de justicia en las comunidades autónomas, sin invadir las competencias del CGPJ, reforzará los tribunales superiores de justicia de las autonomías e intensificará la función unificadora del Tribunal Supremo para impartir doctrina. El uso de los idiomas cooficiales por parte de los jueces se tramitará en una proposición de ley. El Gobierno también ha aprobado el anteproyecto de ley que crea la figura del juez de proximidad en los municipios de más de 175.000 habitantes.
El anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. Ahora lo deberán informar la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que antes de fin de mes convocará a la Comisión Sectorial de Justicia -que reúne a los consejeros de todas las autonomías- para explicar el alcance de la reforma. También dijo que lo someterá a deliberación a las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales.
López Aguilar también afirmó, en la conferencia de prensa posterior al Consejo, que la reforma no está condicionada por el pacto que el Gobierno mantiene con los nacionalistas ya que, recordó, estaba recogida en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones. En esta misma línea, aseguró que la creación de los consejos de justicia de las comunidades autónomas responde a una inquietud antigua manifestada desde los distintos sectores, que se reflejó en ya en el Libro Blanco de Justicia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997.
Los consejos superiores de justicia "no van a mermar las facultades fundamentales del Consejo General del Poder Judicial", dijo, pues "no invaden, en ningún caso, las competencias exclusivas en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces que la Constitución reserva al Consejo General del Poder Judicial".
Competencias exclusivas
López Aguilar insistió en que los nuevos consejos asumirán las actuales competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las autonomías "sin afectar a su núcleo duro". Concretamente, emitirán informes sobre los nombramientos discrecionales de cargos judiciales ubicados en la comunidad autónoma, ejercerán las competencias que le delegue el Consejo General del Poder Judicial y asumirán las atribuciones en materia de justicia que le atribuyan los estatutos de autonomía.
El ministro defendió el refuerzo del papel de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas como cúspide de la organización judicial en sus territorios con el argumento de que es "totalmente necesario descargar de asuntos al Tribunal Supremo" para "dedicarle a unificar doctrina". Recordó que si el Supremo tiene ahora 18.000 casos acumulados en espera de sentencia es porque han fallado las instancias inferiores: los tribunales superiores de justicia.
El Consejo de Ministros propuso también la creación de la figura del juez de proximidad en las ciudades de más de 175.000 habitantes situadas en las comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia. Los nuevos jueces, según la reforma propuesta por el Gobierno, serán abogados con más de seis años de ejercicio de la profesión a los que nombrará el Consejo del Poder Judicial, y se ocuparán de pleitos penales y civiles de menor entidad, como desahucios o juicios de faltas y juicios verbales donde la deuda exigida no exceda de 3.000 euros.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la reforma en que "desgraciadamente la justicia es percibida como un servicio lento, lejano y, en más de las ocasiones deseadas, ineficaz".
Las reformas anunciadas ayer no regularán el uso de los idiomas cooficiales por parte de los jueces. Su uso se regulará a través de una proposición de ley, presentada por el Parlamento catalán en el Congreso, que plantea que para acceder al puesto de juez o magistrado en las comunidades autónomas será considerado un "mérito determinante" el conocimiento del euskera, catalán o gallego en el caso de empate a puntos
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Invitado
Lo anterior era in formación.
Estos son los reparos (opinión) del boe-psoe:
"El Gobierno dio luz verde ayer a una serie de reformas judiciales de innegable importancia que merecen ser discutidas pero no utilizadas, como ha hecho el Partido Popular, como arma arrojadiza y elemento de confrontación política. El tono empleado por este partido, hablando de "destrucción de la justicia", "golpe de gracia" a la independencia judicial y "gravísimo desapoderamiento del Tribunal Supremo", es totalmente desproporcionado e irreal, y tiene que ver con todo un estilo de oposición, pero no con la realización de una crítica racional y fundada.
Acercar la justicia al ciudadano, aproximando los órganos jurisdiccionales al lugar de los hechos y territorializando en lo posible su función, debería ser en principio bien visto. Es lo que parece proponerse el Gobierno con la implantación de la llamada "justicia de proximidad", el aumento de competencias de los tribunales superiores de justicia e incluso la creación de consejos de justicia en los ámbitos de las comunidades autónomas. Habrá que esperar a ver con más detalle cómo se articulan esas reformas, pero parece exagerado ponerse la venda antes que la herida.
El poder judicial es único e indivisible, pero ello no quiere decir que tenga que ser central y centralizado. No se ve en qué ataca a la "unidad judicial" que los tribunales superiores de Justicia se constituyan en las instancias que, sin perjuicio de la jurisdicción
que corresponde al Supremo, "culminen la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma", como estipula el artículo 152 de la Constitución. Esa reforma puede satisfacer a los nacionalistas, pero es ante todo una previsión constitucional que se adapta a la estructura autonómica del Estado.
Más discutibles son los consejos de justicia autonómicos. Y ello porque el gobierno de la judicatura no es sólo único, sino que está residenciado en un solo órgano -el Consejo General del Poder Judicial- elegido por el Parlamento. Esos consejos sólo serían admisibles como órganos delegados, pero en ningún caso pueden tener competencias propias, disciplinarias o de otro tipo, sobre los jueces del territorio.
El fenecido pacto sobre la justicia, suscrito por el PP y el PSOE en la anterior legislatura, definió al Tribunal Supremo como "órgano jurisdiccional superior y garante de la unidad de doctrina", y atribuyó a los tribunales superiores no sólo el carácter de segunda instancia penal -una reforma llevada a cabo por el Gobierno del PP-, sino "una función casacional en todas las ramas del derecho autonómico". Las reformas del Gobierno no se salen de este modelo. La unidad del poder judicial sufriría si lo jueces dejaran de estar sometidos al mismo estatuto y sus decisiones, cualquiera que fuera el territorio, no pudieran ser revisadas doctrinalmente por una instancia superior y última que es el Supremo. Pero no es el caso, aunque el PP insista en ignorarlo."
Estos son los reparos (opinión) del boe-psoe:
"El Gobierno dio luz verde ayer a una serie de reformas judiciales de innegable importancia que merecen ser discutidas pero no utilizadas, como ha hecho el Partido Popular, como arma arrojadiza y elemento de confrontación política. El tono empleado por este partido, hablando de "destrucción de la justicia", "golpe de gracia" a la independencia judicial y "gravísimo desapoderamiento del Tribunal Supremo", es totalmente desproporcionado e irreal, y tiene que ver con todo un estilo de oposición, pero no con la realización de una crítica racional y fundada.
Acercar la justicia al ciudadano, aproximando los órganos jurisdiccionales al lugar de los hechos y territorializando en lo posible su función, debería ser en principio bien visto. Es lo que parece proponerse el Gobierno con la implantación de la llamada "justicia de proximidad", el aumento de competencias de los tribunales superiores de justicia e incluso la creación de consejos de justicia en los ámbitos de las comunidades autónomas. Habrá que esperar a ver con más detalle cómo se articulan esas reformas, pero parece exagerado ponerse la venda antes que la herida.
El poder judicial es único e indivisible, pero ello no quiere decir que tenga que ser central y centralizado. No se ve en qué ataca a la "unidad judicial" que los tribunales superiores de Justicia se constituyan en las instancias que, sin perjuicio de la jurisdicción
que corresponde al Supremo, "culminen la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma", como estipula el artículo 152 de la Constitución. Esa reforma puede satisfacer a los nacionalistas, pero es ante todo una previsión constitucional que se adapta a la estructura autonómica del Estado.
Más discutibles son los consejos de justicia autonómicos. Y ello porque el gobierno de la judicatura no es sólo único, sino que está residenciado en un solo órgano -el Consejo General del Poder Judicial- elegido por el Parlamento. Esos consejos sólo serían admisibles como órganos delegados, pero en ningún caso pueden tener competencias propias, disciplinarias o de otro tipo, sobre los jueces del territorio.
El fenecido pacto sobre la justicia, suscrito por el PP y el PSOE en la anterior legislatura, definió al Tribunal Supremo como "órgano jurisdiccional superior y garante de la unidad de doctrina", y atribuyó a los tribunales superiores no sólo el carácter de segunda instancia penal -una reforma llevada a cabo por el Gobierno del PP-, sino "una función casacional en todas las ramas del derecho autonómico". Las reformas del Gobierno no se salen de este modelo. La unidad del poder judicial sufriría si lo jueces dejaran de estar sometidos al mismo estatuto y sus decisiones, cualquiera que fuera el territorio, no pudieran ser revisadas doctrinalmente por una instancia superior y última que es el Supremo. Pero no es el caso, aunque el PP insista en ignorarlo."