Nota de prensa de CSIF.

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NOTA DE PRENSA


LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL SIGLO XIX RENACE CON FUERZA DE LA MANO DE GALLARDÓN.

CSIF hace un llamamiento a la movilización contra el trato de favor a jueces y fiscales.

CSIF denuncia el trato de favor que el Ministro Gallardón dispensa a Jueces y Magistrados accediendo a que puedan disfrutar de 12 días de permiso frente a los 3 que impone como tope al resto de funcionarios de Justicia que, encima, con esta medida pierden 3 días más que el resto de funcionarios públicos. Asimismo, CSIF denuncia la inclusión en el acuerdo de oposiciones exclusivas para estos cuerpos y la articulación de sistemas de mejora retributiva por la vía de una modificación del régimen de sustituciones.

CSIF denuncia lo poco que han durado las reivindicaciones de modernización de la Administración de Justicia que se realizaban por las Asociaciones de Jueces y que sustentaban su amenaza de huelga. Según publican hoy todos los medios, tras la reunión con el Ministro del pasado martes, salieron “muy contentas”.

La Administración de Justicia va más allá de los 4500 jueces de nuestro país. Existen más de 60.000 funcionarios de Justicia en toda España que somos quienes mantenemos en pie, a pesar de la precariedad de medios, el funcionamiento de Juzgados y Tribunales.

El acuerdo alcanzado en esta materia entre el Ministro de Justicia, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de Jueces demuestra que hay margen para negociar dentro de los límites del RDL 20/2012 y debe extenderse al resto de personal de Justicia.

La supresión de los días de asuntos particulares no supone ahorro alguno para la Administración de Justicia como falazmente o por desconocimiento se sostiene por el Gobierno al no producirse nombramiento de interino en estos supuestos. Además, los días de asuntos tienen un origen retributivo por cuanto tienen su origen en el reconocimiento de la incapacidad del Gobierno de compensar el IPC galopante de los años 80.


CSIF apuesta por la modernización real de la Administración de Justicia y eso incluye el cambio en un sistema de relaciones laborales que se articula sobre la base de un corporativismo propio de una Justicia del siglo XIX.

Por este motivo, CSIF se opone a la modificación de la LOPJ tal y como se está planteando desde el Ministerio y exige que las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia, recogidas en dicha ley, se negocien en las mesas que correspondan y no sean objeto de mercadeo al servicio de otros intereses.

De no hacerse así, CSIF se verá obligada a incrementar la intensidad de las movilizaciones en defensa de la dignidad de los funcionarios de Justicia, del servicio público que prestan en favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos y contra el corporativismo.