Torres-Dulce ningunea a SJ y Funcionarios.

[Terminatrix]

La cita : Entrevista a Eduardo Torres Dulce (sic) , fiscal general del Estado ( sic) : “Cualquier reforma debe contar con los que saben: jueces, fiscales,abogados y procuradores”. Supongo que se referirá a una reforma de la Justicia no a una chapucilla casera , luego ¿ qué pasa con el resto de los "operadores " jurídicos ?

Entrevista a Torres-Dulce en Abogados nº 73 -Abril 2012

No he encontrado la entrevista, sólo el sumario .

[tramiteitor]

Me parece a mí que este sujeto, con el tiempo, más que dulce se va a volver amargo. Crítico de cine y amigo del furtivo, mala combinación. Menos mal que no le gusta la caza ¿o sí?

[registrado]

Abajo

[registrado]

Han dicho de él que es un “fiscal
de cine” porque nunca,
hasta ahora, había dejado de
ejercer como crítico y porque
es una de las personas que más sabe de
películas, directores, actores y actrices, de
guionistas y hasta de lo que hay detrás de
una película. Pero, de momento, aunque
se resiste y trata de cumplir los compromisos
adquiridos con anterioridad, tiene
entre manos otro guión -una Fiscalía General
del Estado con plena autonomía del
Gobierno- y otros actores y actrices –los
fiscales, los jueces, los abogados, los políticos,
siempre los políticos-, pero el director
es él. En algo se parecen, sin embargo,
la Fiscalía y la Justicia al cine: el presupuesto
siempre es más bajo de lo necesario.
Cien días y pico después de su nombramiento,
el rodaje ya está en plenitud.
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del
Estado, tiene, sobre todo, un compromiso
consigo mismo y con los ciudadanos.
¿Es ahora más o menos independiente
que cuando tomó posesión? ¿Cómo
espera serlo al final de su mandato?
La verdad es que en estos meses no he sido
inquietado en ningún momento ni por los
poderes públicos ni interna ni mediáticamente.
Más que con la bandera de la
independencia, que suena más judicial, yo
he venido aquí con la autonomía del Ministerio
Fiscal en la toma de decisiones. Sigo
igual. Y espero irme de la Fiscalía cuando
termine mi mandato estatutario, y sin
posibilidad de renovación, con los mismos
sentimientos de independencia y autonomía.
Si me resultara imposible ejercer el
cargo desde esos postulados, me iría anticipadamente.
Pero estoy convencido de
que eso no va a suceder.
Ha puesto en marcha un debate “detallado,
libre, autocrítico y exhaustivo” para
elaborar el Libro Blanco del Ministerio
Fiscal. ¿Hasta dónde quiere llegar ?
Mi propósito es bastante radical: tener
una radiografía exacta de lo que significa
ser fiscal, cómo desarrollar su trabajo,
qué funciones tenemos encomendadas
constitucional, estatutaria y legalmente,
a cuáles no llegamos por falta de medios
o por otras razones, que funciones faltan
y cuáles podrían no ser convenientes...
Debe ser también una clara autocrítica
de en qué podemos estar fallando, con
un planteamiento realista sobre lo que
tenemos y lo que deberíamos tener, sobre
la organización y despliegue, sobre las
infraestructuras y los medios tecnológicos
y sobre la formación de los fiscales.
También contaremos con un estudio
sociológico, que dirigirá José Juan Toharia,
del estilo de los que ha realizado el
CGAE, es decir hacia dentro, pero también
hacia fuera para conocer mejor la
opinión de la sociedad. Estoy convencido
de que el Libro Blanco va a ser
extraordinariamente positivo y que la
sociedad, los poderes públicos y los agentes
sociales van a disponer de un valioso
elemento de juicio acerca del Ministerio
Fiscal. Desde que se elaboró el último
Libro Blanco, bastante más genérico, han
pasado entre 15 y 20 años y la situación
es completamente diferente.
¿Hasta dónde hay que “estirar” el papel
constitucional del fiscal?
La posición del Ministerio Fiscal que en
principio era de tipo jurisdiccional, casi
exclusivamente penal, se ha ido ampliando
progresivamente a menores, familia,
violencia de género, laboral, medio
ambiente, extranjería, delincuencia informática…
y con una importante acción de
cooperación penal e internacional. ¿Es
demasiado amplio el abanico de funciones
y posibilidades? Ese es uno de los
capítulos de reflexión del Libro Blanco.
Disponemos de una plantilla sólo de 2.400
fiscales, y creo que el fiscal debería estar
sólo donde no hayan operado los elementos
de control y de satisfacción de
intereses sociales. El fiscal y los tribunales
tenemos que ser la última ratio. Hay
que reflexionar sobre por qué los poderes
públicos no activan mecanismos que
permitan la defensa de esos interese sociales
por otras vías. No disponemos de
plantilla para hacer frente a todo ello.
¿Cuál es el nivel de competencia, calidad
y autonomía de los fiscales españoles?
Tenemos un nivel de competencia técnico-
jurídica muy elevado y no solamente en
el campo penal donde somos una autoridad
de referencia. Hay una extraordinaria
calidad técnica en la mayoría de los casos.
Me preocupa que tanta demanda de presencia
en los tribunales, deje cada vez
menos tiempo para el estudio reposado de
los asuntos y la necesaria formación continuada.
Antes o después, esa será una de
las reformas a abordar.
En cuanto a la autonomía, si yo he exigido
autonomía plena a los políticos,
también me la exijo respecto de los fiscales.
Creo que el nivel de autonomía de
decisiones y de independencia de criterio
es elevadísimo y por eso rara vez interviene
el fiscal general, que, además, debe
hacerlo solo excepcionalmente
Faltan personas, pero ¿el dinero es también
un problema para tener una Fiscalía
que ejerza sus funciones adecuadamente?
Se ha hecho un extraordinario esfuerzo
por parte de los últimos Gobiernos y de
las comunidades autónomas para ampliar
plantillas y dotar a las fiscalías de medios
tecnológicos y materiales. Ahora tropezamos
con la crisis... pero hay que pedir al
Gobierno central y a las autonomías que
aunque la Justicia tenga también que sufrir
recortes, nunca se deben hacer sobre lo
que es imprescindible para que funcione.
Por ejemplo, la inexcusable inversión en
modernización tecnológica. Y tenemos que
completar las plantillas. Aunque jueces y
fiscales sustitutos estén haciendo, en
muchos casos, un trabajo muy estimable,
si se para la inversión en personal, y sobre
todo, plazas que están vacantes y presupuestadas,
se amortizan, vamos a tener un
problema serio sobre todo en Canarias o
Cataluña. Lo digo claramente: no entiendo
una política restrictiva ni en lo
tecnológico ni en la cobertura adecuada
de las plantillas judiciales y fiscales.
Hablando de modernización, de tecnología
y de dinero… ¿la Justicia tiene
arreglo?
Los que estamos a pie de obra, abogados,
procuradores, jueces, fiscales, procuradores,
secretarios, funcionarios, etc.
coincidimos en el diagnóstico y esa coincidencia
y la predisposición a ofrecer
soluciones debería convencer a los podepoderes
públicos de que hay que escuchar a
estos agentes sociales y que si se adoptan
las medidas adecuadas, a medio plazo se
obtendrán beneficios incontestables. Es
labor del Ejecutivo y del Legislativo recoger
todas esas opiniones. Nunca hemos
tenido mayor convergencia de criterios,
mayor disponibilidad a trabajar en común,
a hacer los sacrificios necesarios para tener
esa Administración de justicia que demanda
un país moderno, civilizado y que tiene
en los tribunales un referente de paz y
confianza social, pero también de prosperidad
económica.
¿Cómo valora, desde la Fiscalía General,
la aplicación e implantación de la nueva
Oficina Judicial?
Está siendo extraordinariamente complicada.
Pienso que no ha habido suficiente
consenso a la hora del diseño y, tal vez,
un diagnóstico más académico que realista
en su planteamiento. Espero que el
modelo de oficina fiscal que estamos
implantando como experiencia piloto funcione
bien. La ventaja con la Oficina
Judicial es que nosotros tenemos consenso
absoluto sobre lo que queremos,
estamos jerarquizados y funcionamos con
el principio de unidad de actuación. Si
contamos con la colaboración presupuestaria
del Gobierno y de las
autonomías, en esta legislatura la podríamos
tener implantada.
Ahora bien, tiene que haber un solo sistema
tecnológico del Ministerio Fiscal para
todo el Estado. Espero que lo comprendan
las autonomías porque es una exigencia
constitucional, no un capricho del fiscal.
Y, además, ese sistema tiene que integrarse
con el judicial, tanto a nivel nacional
como autonómico, de forma que haya una
interconexión plena, con los límites lógicos,
para que sea verdaderamente eficaz.
¿Qué cambios es partidario de introducir
el fiscal en el Estatuto Orgánico?
Hay que debatir todo lo que afecta a relaciones
del fiscal general y los fiscales con
el Gobierno Central y las comunidades
autónomas; de qué forma el poder omnímodo
del fiscal general puede ser
contrabalanceado por los organismos de
representación -el Consejo Fiscal-o de
conocimientos técnicos -la Junta de fiscales
del Supremo- ; o cómo podemos
blindar la actuación del fiscal en el despacho
de los asuntos para que se pueda
producir el disentimiento que recoge el
Estatuto Orgánico.
La futura Ley de Enjuiciamiento Criminal
incrementará el papel del fiscal en la instrucción
de los procesos, ¿qué funciones
añadidas podrían asumir los fiscales ?
La reforma procesal penal de la LECrim
debe ser integral, pero hay que acometer
con carácter urgente dos aspectos previos
o paralelos: el primero, la desjudicializaciódesjudicialización
de las faltas. No hay ningún país que
dedique tantos medios personales o materiales
a millones de juicios por infracciones
que deberían ser de respuesta ciudadana
o de policía administrativa. Las faltas deben
ser “expulsadas” del Libro Tercero del Código
Penal, salvo las que tengan entidad
delictiva, para que no vuelvan por la vía
civil o contencioso-administrativa.
En segundo lugar, hay que incrementar
la eficacia de los juicios rápidos que den
respuesta a infracciones penales que impactan
en la ciudadanía. Eso proporcionaría
un gran avance en la confianza en justicia.
Y hay que potenciar conformidades, mediaciones,
mecanismos de intermediación en
procesos en los que prácticamente la investigación
es mínima o inexistente.

¿Es partidario de la figura del fiscal instructor
bajo el control de un juez de
garantías?
Hay dos posibilidades y hay que meditar
cuál es la más realista. Si se nos diera un
amplísimo papel en la investigación con
fehaciencia procesal plena, de forma que
todos los actos que el fiscal realizara tuvieran
un volcado inmediato y completo
dentro del proceso, hablaría claramente de
juez o de sala de garantías, para que controlara
esas investigaciones y para que las
partes pudieran acudir a él si el fiscal vulnera
su derecho de defensa. Incluso para
que el fiscal pida la intervención en aquellos
derechos procesales a los que no tiene
acceso como intervención de comunicaciones,
prisiones, incoación de procesos,
actas de acusación, etc.
Si de alguna forma hay dificultades para
dotar al fiscal de ese carácter de control
absoluto de la investigación, quizá habría
que pensar en lo que se conoce como el juez
de la instrucción, que no sería el de instrucción
actual, sino simplemente un juez
que no tuviera ningún tipo de decisión de
impulso procesal, pero sí de colaboración
con las labores de investigación. Son dos
sistemas completamente distintos.
El papel predominante en la investigación
debe corresponder al Ministerio
Fiscal, pero no a toda costa. Si se reforma
la LECrim, hay que contar simultáneamente
con la memoria económica, los
costes en términos personales y de plantillas.
Y no es posible aceptar una reforma
de la LECrim que no atribuya en exclusividad
a la Fiscalía unidades de policía,
peritos, agentes tributarios, etc. La investigación
la debe dirigir el fiscal y no deben
promover la investigación, con todo respeto,
la policía, la agencia tributaria o
cualquier otro de los cuerpos que puedan
tener que intervenir en las investigaciones.
Además, hay que reformar el Estatuto
del Ministerio Fiscal para transmitir a la
sociedad que el fiscal que va a investigar
delitos social y políticamente sensibles,
tiene un estatus de real autonomía e imparcialidad
para borrar ese lugar común de
que los fiscales dependemos del Ejecutivo
y hacemos lo que quiere el Gobierno de
turno. Finalmente, hay que lograr el equilibrio
en cuanto a la posición predominante
del Ministerio fiscal y el resto de las partes
en el proceso penal y garantizar la igualdad
de armas.
La Abogacía defiende activa y permanentemente
la regulación específica del
Derecho de Defensa. ¿Cuál es la opinión
del fiscal general del Estado?
El Derecho de Defensa es un elemento esencial
no ya del proceso sino del Estado de
Derecho. Todos tenemos derecho a una
asistencia letrada correcta y a que no se
pongan cortapisas al ejercicio de esa defensa
letrada dentro del ejercicio del derecho.
No soy partidario de leyes especiales
que al final acaban planteando problemas.
Soy partidario de que en ley tronco, en la
LECrim, se reconozca en plenitud el Derecho
de Defensa, al igual que los avances
con respecto a las detenciones policiales o
sobre el estatuto de la imputación. Hay que
reconocer con plenitud las exigencias del
Derecho de Defensa en las leyes donde la
presencia de la defensa es absolutamente
esencial.
La carencia de ese reconocimiento provoca
daños en todo el proceso…
En momentos puntuales podríamos hablar
de carencias. Pero no puedo aceptar que
jueces, tribunales y fiscales no estemos
extraordinariamente atentos para cubrir
en los procesos y particularmente en el
penal, el Derecho de Defensa, un derecho
constitucional recogido en el artículo 24.
Lo han dicho el Tribunal Constitucional y
el de Estrasburgo de forma continua. Lo
que es Derecho Constitucional tiene aplicación
directa exista o no una organización
normativa de reconocimiento. Por tanto,
hay que reconocerlo normativamente, pero
es una exigencia para jueces y tribunales
preservar el Derecho de Defensa, aunque
específicamente no aparezca regulado. Me
niego a reconocer que porque no esté regulado
específicamente, no tengamos que
protegerlo siempre.
¿Es partidario de una formación conjunta
para fiscales, abogados y jueces?
La igualdad de armas exige que, dentro de
un proceso, su empleo este equilibrado
totalmente, aunque el Ministerio fiscal, al
ser parte institucional, alguna ventaja procesal
tendrá en el sentido del secreto de
sumario. Lo que rechazo totalmente es el
ventajismo procesal. En cuanto a las condiciones
de acceso a la carrera judicial y
fiscal, soy partidario de las oposiciones.
Pasa como con la democracia, no será el
sistema perfecto pero es el mejor que existe,
corrigiendo los excesos y controlando
la calidad y exigencia de las enseñanzas
universitarias del Derecho. Soy también
partidario de una Ley de Acceso a la Abogacía
sensata y equilibrada, proporcional,
una exigencia europea e internacional. Con
esa exigencia, no es lo mismo los años de
preparación de oposición y la exigencia de
unos exámenes de acceso, pero la existencia
de una Ley de Acceso situará el nivel
de conocimientos posteriores a la Universidad
más cerca del sistema de
oposiciones.
¿Qué opina sobre la propuesta del ministro
Gallardón de unificar la investigación
y enjuiciamiento en los delitos graves en
los que estén implicados mayores y
menores de edad?
Es una propuesta compleja que hay que
estudiar cuidadosamente. España ha firmado
tratados internacionales que obligan
a una diferenciación tajante entre los hechos
delictivos atribuidos a menores los de los
mayores. Hay que estudiar nuestra sujeción
a las reglas internacionales y la finalidad prevista que es recuperar como
sea al menor delincuente. Socialmente
puede tener una acogida mayoritaria, pero
desde el punto de vista de la técnica legal
plantea dificultades que pasarían por una
excepcionalidad motivada.
La imposición de tasas judiciales puede
reducir la litigiosidad pero afectará al
derecho a la tutela judicial efectiva.
Depende de cómo, cuándo, para quién y
de qué manera se fijen. Hay que procurar
que todo el mundo tenga acceso a la
jurisdicción, y que los menos favorecidos
accedan en igualdad y de forma gratuita.
La gratuidad es para quien no tiene
medios–en ese sentido creo que hay que
ser autocríticos y examinar los casos concretos
porque probablemente se hayan
producido excesos- y fijar unas tasas para
la fase de apelación es una medida que
hay que contemplar siempre que se conjuguen
todos esos elementos. Creo que
quien tiene medios debe de pagar un servicio
que no debe ser gratuito para todos
Por otra parte, en la Fiscalía queremos
reflexionar acerca de la posibilidad de lo
que se conoce como Oficina de Recuperación
de Activos de delitos contra la
corrupción, patrimonial, decomisos, etc.
Sería bueno recuperar para la sociedad esos
activos delictivos y probablemente
podrían servir para mejorar los presupuestos
de la Administración de Justicia.
Es una propuesta, creo que de enorme interés,
que estamos estudiando y que voy a
hacer llegar al Gobierno y al Ministerio de
Justicia.
El CGAE y la Fiscalía General del Estado
suscribieron en 2009 un Protocolo de
conformidades para agilizar los procesos,
¿cuál es su nivel de satisfacción ?
He tenido una entrevista con el CGAE, con
su presidente, Carlos Carnicer, un magnífico
jurista, y le he manifestado que estamos
muy satisfechos con ese convenio y abiertos
a nuevas colaboraciones con el CGAE,
y he pedido un examen del comportamiento
de los protocolos de conformidad, tanto
estadística como cualitativa, por parte de
las Fiscalías para que antes de terminar
2012 sepamos cómo están funcionando y
qué podemos mejorar. El Consejo de la
Abogacía también loCreo
que funciona bien y que es un instrumento
muy importante de colaboración.
También estamos abiertos a hacer un
convenio para la formación común, como
el que ya tiene la Abogacía con el CGPJ. Es
bueno este intercambio de formación.
Finalmente, le he pedido al presidente
la colaboración de la Abogacía Española
en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal.
Su opinión resultará extraordinariamente
valiosa. No es que estemos “condenados
a entendernos”, es que estamos encantados
en trabajar juntos, porque lo hacemos
día a día. Jueces, fiscales, abogados y procuradores
somos los que podemos decir
lo qué funciona bien o mal y lo que no funciona
en la Justicia y qué remedios hay.
Con nuestras “peleas” y con nuestras discrepancias,
somos los elementos sobre los
que debe operar cualquier reforma que se
haga en la Administración de Justicia. ●

[Terminatrix]

La entrevista en pdf. Gracias, Pena

http://www.unidad-de-accion.com/doc/ENT ... ESTADO.pdf