"De juez a "fabricante" de sentencias
Los expertos se echan las manos a la cabeza. El proyecto de oficina judicial que diseña el Ministerio de Juan Fernando López Aguilar puede llevar a la Administración de Justicia al abismo. Según el mismo, Jueces y Magistrados se convierten en meros productores de sentencias.
El ministerio guarda un sospechoso silencio sobre esta cuestión. No la ha tratado con sindicatos ni asociaciones profesionales. "Bueno" -matiza un alto funcionario de este departamento- "con Jueces para la Democracia si, pero por el sencillo motivo de que ellos son el ministerio e intervienen en casi todo, al igual que la Unión Progresista de Fiscales, que tiene a uno de sus miembros elaborando el proyecto de nuevo Estatuto del Ministerio Público. Cada vez que los representantes de esas organizaciones se han interesado ante los responsables políticos por esta cuestión consiguen como respuesta el mutismo o, como mucho, la escueta frase de "está en estudio". Una máxima que se ha hecho muy habitual en el ministerio de la calle San Bernardo, donde se acumulan los asuntos y los problemas, y donde las soluciones escasean.
Ciertamente , el titular de derecho del ministerio, Juan Fernando López Aguilar, ha hablado muy poco, por no decir nada, de la nueva Oficina Judicial. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar su programa de legislatura se refirió escuetamente a su implantación, como consecuencia de la nueva LOPJ, y a su modernización mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Precisamente, esa intervención, no exenta de polémica y repleta de buenas intenciones, recogía los principios básicos que debían regir la Administración de Justicia.
"Vamos a devolver a la sociedad la confianza en la Justicia", aseguró. "Alcanzar este fin pasa por aproximarla a los ciudadanos y agilizar su funcionamiento, enfrentándose con la ineficacia que muchas veces rodea al sistema judicial. Todo el trabajo que ahora se va a acometer irá encaminado a lograr convertir la Justicia en un servicio público de calidad y en un instrumento útil en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada".
Tanto especialistas en la judicatura como representantes de sindicatos y asociaciones profesionales coinciden en señalar que, desde luego, este modelo de oficina judicial "no contribuiría precisamente a ese acercamiento de la Justicia a los ciudadanos, ni tampoco a su calidad, ya que no prevé las dotaciones de medios humanos y materiales necesarias para ponerlas en funcionamiento". Pero lo que más preocupa, en general, son sus efectos negativos indirectos. Aleja a jueces y magistrados de las partes, cuyo contacto queda reducido a la mínima, por lo que prácticamente sólo tendrían como fuentes de información para conocer los casos y hacer una idea de lo que pasa realmente los expedientes elaborados por los servicios comunes. "De esta manera, estaríamos haciendo una justicia industrial, en la que las sentencias estarían sometidas a un proceso febril, en el que se correría el grave riesgo de desaparición del principio de inmediación procesal, como consecuencia del alejamiento de los jueces en la tramitación de las causas judiciales".
El equipo de López Aguilar entregó un borrador del mencionado proyecto a los consejeros de Justicia autonómicos en la última reunión de la Conferencia Sectorial. Esta propuesta que, según las fuentes consultadas, cuenta con el copyright de la polémica juez Manuela Carmen, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, tiene como principal objetivo el de optimizar los recursos. "Se trata" - se puede leer en el prólogo- "de combatir la atomización de la Oficina Judicial y tender a concentrar recursos en servicios comunes con el consiguiente ahorro en recursos humanos". Algunos expertos consultados por esta revista hacen hincapié en que el partido gobernante -que en la legislatura anterior no se cansó de reprochar a los populares los escasos fondos destinados a la Administración de Justicia y que incluso rompió el Pacto de Estado alegando falta de presupuesto- "no sólo no ha aumentado considerablemente la partida presupuestaria -apenas un 2%- , sino que ahora trata de ahorrar en lo fundamental ante la imposibilidad de conseguir más dinero".
"La política que están llevando a cabo desde el ministerio" -apuntan fuentes del Consejo General del Poder Judicial. "pone de manifiesto que el Pacto no se rompió por las causas esgrimidas, sino por la estrategia frentista de quine entonces capitaneaba a los vocales del PSOE, José Antonio Alonso, frente a la más colaboracionista de López Aguilar, con quien mantenía unas malísimas relaciones. Hasta el punto de que trató de persuadir a Zapatero para que le quitara la portavocía de Justicia".
Pues bien, la nueva oficina judicial esbozada es consecuencia de la reforma aprobada en 2003, fruto a su vez del acuerdo entre los dos principales partidos políticos. Su estructura estaría integrada básicamente por las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales.
Este borrador, que aún no se ha convertido ni siquiera en proyecto, pese a que de acuerdo con lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Judicial debería entrar en funcionamiento este mismo año -algo que los expertos consideran a estas alturas absolutamente "quimérico"-, presenta dos novedades relevantes. La primera, la recomendación de que los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal que trabajen en las unidades de apoyo del Tribunal Supremo sena licenciados en Derecho. Y la segunda, la conversión de los secretarios judiciales en la pieza clave de este tipo de oficina judicial, tanto en el ámbito de la gestión como en el técnico-procesal.
Los servicios comunes procesales, al frente de los cuales habría un secretario judicial, estarían compuestos por un servicio común de ordenación del procedimiento, que ya cuenta con un informe positivo del Consejo General, y otro que se denominará servicio común de ejecución.
El primero estaría formado, asimismo, por cuatro grandes secciones. Su creación busca obviamente una mejora del aprovechamiento de los medios personales, la especialización de los profesionales encargados de este trabajo, así como la supervisión dirigida por los secretarios judiciales de toda la tramitación de los procesos. Con la legislación actual, este servicio no podría realizar las funciones que se le encomiendan esta propuesta, ya que exige un nuevo reparto de las funciones entre jueces y secretarios judiciales. Concretamente, habría que introducir cambios en leyes como la de enjuiciamiento civil, enjuiciamiento criminal, la de la jurisdicción contencioso-administrativa, la de procedimiento laboral y la concursal.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, decidió en la última reunión de su comité ejecutivo, celebrada a finales de febrero, promover una plataforma conjunta con los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia, así como adoptar las medidas precisas con el fin de estar presentes tanto en el desarrollo reglamentario como en la implantación de la nueva oficina.
La sección de Justicia de la Confederación Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) se muestra sumamente crítica con este proyecto. Su presidenta, Julia Jiménez Salgado, considera que "lo que hasta ahora conocemos nos hace pensar que vamos hacia una situación de caos en los juzgados y tribunales, si se desarrolla esa propuesta". En su opinión, "se produce una reducción de personal en determinadas dependencias, lo que hoy son los juzgados, que no compartimos por creerlas totalmente insuficientes para garantizar el servicio". Agrega que "además, no hay que olvidar que las nuevas dependencias físicas en las que tendrían que ubicarse esas oficinas no existen al día de hoy y las actuales instalaciones no se adecuan a las necesidades futuras. su coste económico sería colosal".
Me permito resultar el siguiente párrafo:
Con la legislación actual, este servicio no podría realizar las funciones que se le encomiendan esta propuesta, ya que exige un nuevo reparto de las funciones entre jueces y secretarios judiciales. Concretamente, habría que introducir cambios en leyes como la de enjuiciamiento civil, enjuiciamiento criminal, la de la jurisdicción contencioso-administrativa, la de procedimiento laboral y la concursal
¿Hay algún proyecto de modificación de las leyes procesales?
Hay algunos que dicen que la nueva oficina comenzará el 1 de Septiembre de 2005.
Parece que no será posible y que los nuevos aires se inclinan más por una contrareforma, sobre todo para no perder P O D E R
No hay nada como pasar a la oposición para renovar ideas y conceptos 
