¿Ganamos o perdemos?

[ave fénix]

El recorte de gastos del Gobierno no sólo afectará a los funcionarios en activo, como ya anunció en mayo, sino también a los que integran el régimen de clases pasivas. Según ha anunciado el presidente del Ejecutivo, igualará a todos los nuevos empleados públicos, puesto que el de clases pasivas se extinguirá.

Hasta ahora, había una dualidad en la consideración de los empleados públicos. En primer lugar, están los encuadrados en el régimen general, es decir, los de la administración local, organismos autónomos y comunidades autónomas, que acceden a la jubilación en las mismas condiciones que el resto de asalariados.

El segundo marco legal engloba a los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, la justicia, las Cortes Generales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de otros colectivos, como los ex presidentes de Gobierno, ex ministros y otros anitugos altos cargos del Estado.

En su caso, el Estado les garantiza la protección frente a los riesgos de la vejez, incapacidad y muerte y supervivencia y, además, se les reconocen determinadas prestaciones cuando fallecen o cuando, ya alejados del servicio activo, alcanzan la edad de jubilación de los funcionarios.

En 2009, últimos datos disponibles, se pagaban 591.000 pensiones con cargo a las clases pasivas. Estas prestaciones suponen un desembolso para el Estado que ronda los 10.000 millones al año, que se financian con cargo a los presupuestos y no con las cotizaciones de los trabajadores en activo. El próximo año el desembolso será de 10.147 millones de euros, el 2,4 por 100 más que este año, a pesar de que, como la mayoría de las pensiones, no experimentarán revalorización monetaria. Esto supone más del 30 por 100 del gasto de personal total del Estado.