"“Todos quedan mal. El fiscal, el poder judicial, el Gobierno y hasta el procesado, que mete en un brete a sus ‘medio amigos’”. Quien así se expresa es un conocido jurista, uno más que asistía ayer asombrado a la creciente fractura entre magistrados y fiscales, a semejanza a la de sus partidos-referencia: PSOE y PP. Conservadores y progresistas, divididos por la decisión de la fiscalía de no acusar a Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo.
Todo es inédito en este asunto. Porque el delito por el cual se acusó durante cuatro años al líder de la ilegal Batasuna se desvaneció el miércoles. El fiscal, Fernando Burgos, consideró que la “prueba practicada en la vista oral no permitía mantener la acusación inicial", según un comunicado del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. La prueba fue el interrogatorio al acusado, donde negó que enalteciera el terrorismo durante el entierro a una terrorista.
Tampoco hay precedentes de que se haya recurrido a un avión para traer de inmediato a un reo que no se presenta a un juicio. La legislación establece que sea llevado por las Fuerzas de Seguridad. Y así se ordenó. Lo habitual es, o bien encerrarlo esa noche en el calabozo y llevarlo después al tribunal, o bien fijar otra fecha una vez localizado, según fuentes jurídicas. Pero el tribunal estaba harto de tanto enredo, de que le hubieran pedido hasta en cuatro ocasiones el aplazamiento del juicio, dos por el fiscal, dos por la defensa. Y optó por juzgarlo el mismo día.
La respuesta de Batasuna fue demoledora: denunció que el Gobierno incumple los “compromisos firmados”. Toda una advertencia, dado que ETA gusta de filtrar los documentos cuando termina con una tregua. “Sabemos quiénes fueron los agentes que firmaron ese compromiso, que acordaron esas cláusulas que hicieron posible posteriormente ese alto el fuego”, dijo Pernando Barrena mientras reclamaba a esos agentes que hicieran posible “el diálogo”. No se refirió al atentado terrorista que acabó con la vida de dos personas el 30 de diciembre. Su compañero Joseba Permach habla de utilización: primero los acusan, los llevan a un tribunal y, después, se retiran o reducen los cargos, con el consiguiente enfado de la derecha.
Fuentes socialistas reconocen su pesimismo respecto a la posibilidad de que Batasuna o sus trasuntos acepten la Ley de Partidos. “Están cerrados en banda”, añaden para asegurar que la maquinaria del Estado está preparada: “Cuando llegue el momento, se impedirá que concurran a las elecciones municipales y forales”, añaden. El momento será a finales de abril, con el fin del plazo de presentación de las listas de los candidatos.
Mientras tanto, estas fuentes opinan que José Luis Rodríguez Zapatero intenta no dar argumentos a los más radicales dentro de ETA y e impedir el victimismo que da alas a la sublimación de la violencia. Es en este contexto donde enmarcan la actuación de la fiscalía: quitar piedras en el camino, “aunque nunca un Gobierno ha tenido de la oposición tan poco margen”.
¿Decisión grave o jurídica?
Para el PP, la decisión sobre Otegi es “tan grave o peor” que la prisión atenuada –“excarcelación- concedida a De Juana. El secretario general de este partido, Ángel Acebes, opina que ambos casos consisten en el pago de un precio para “comprar un comunicado de ETA dando la impunidad". En el PP vasco creen, además, que se trata de un “indulto preventivo” para garantizar que Batasuna concurra a las elecciones.
Por su parte, el PSOE opina que la decisión del fiscal es "estrictamente jurídica", de aplicación de la ley, y adoptada de forma "autónoma e imparcial". Son palabras de su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido. El Gobierno habló de “respeto” a la decisión fiscal, eludiendo el detalle de que nombra a Conde-Pumpido y en la carrera fiscal rige el principio de jerarquía.
Como clones de esta fractura, la Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria, se mostró indignada, "perpleja" y también avergonzada de ver cómo se vinculan sus actuaciones a las del gobierno de turno. La Unión Progresista de Fiscales reclamó “respeto” a las resoluciones judiciales y fiscales, al tiempo que criticó que no se hagan valoraciones jurídicas en estos asuntos sino que se ponga “el grito en el cielo”.
Las manifestaciones regresaron a la calle. Varios cientos de personas se concentraron en Madrid ante la sede de la Fiscalía General del Estado. Habían sido convocadas por el Foro de Ermua y por Nuevas Generaciones del PP. Asistió la eurodiputada socialista Rosa Díez. “Estamos en manos de un Gobierno de dementes que se dedica a escoltar y defender a terroristas sin ninguna contrapartida”, expresó el presidente de la organización cívica, Mikel Buesa.
A Conde Pumpido ya le han puesto una querella. La presentó ayer en el Tribunal Supremo el Centro Jurídico Tomás Moro. El delito: omisión del deber de perseguir delitos, castigado con la pena de inhabilitación para ejercer el cargo por tiempo de seis meses a dos años. El argumento principal es que un fiscal sólo puede cambiar su acusación cuando esté ante “hechos jurídicos (no políticos) nuevos”. Y no hubo, opinan, hechos nuevos."
LA JUSTICIA ESPECTÁCULO
Moderadores: Terminatrix, Top Secre
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Invitado
"La Justicia espectáculo
Por Pedro Cerracín*
Viernes, 23 de marzo de 2007
La absolución de Arnaldo Otegi por el delito de enaltecimiento del terrorismo, por los hechos del 31 de Julio de 2001 en el cementerio de Polloe (San Sebastián) durante el entierro de la terrorista Olaia Castresana, no es sino otro acto más de la justicia-espectáculo que se practica en la Audiencia Nacional en materia de terrorismo. Constituye un hecho notorio que la política ha traspasado los muros de la Audiencia Nacional, y los ciudadanos asistimos a una administración de justicia en la que los jueces y fiscales ejercen sus cometidos profesionales de forma muy distinta según sus posicionamientos políticos.
No parece muy serio que el Ministerio Fiscal lleve a juicio a Otegi, para retirar la acusación en la celebración del mismo. Los profesionales del derecho podemos constatar que la justicia se imparte en la Audiencia Nacional, en materia de terrorismo, de una forma diferente a la que se practica en las Audiencias Provinciales y en los Juzgados de Instrucción y Penales de la jurisdicción ordinaria. En cualquier Juzgado de España hubiese sido impensable ver cantar el cumpleaños feliz a los acusados en el banquillo, como hicieron los chicos de Jarrai en la Audiencia Nacional, en presencia de los propios jueces. Los ciudadanos tienen la impresión de que hay dos justicias: la que se practica respecto a los terroristas de ETA, y la que se imparte a los demás. Si a cualquier otro delincuente se le ocurre cantar en el banquillo, o intentar eludir la justicia con la excusa del tráfico, los jueces habrían actuado sin contemplaciones de tipo alguno, de forma muy distinta a la practicada en la Audiencia Nacional con los etarras.
La única forma que el Estado de Derecho tiene de enfrentarse al hecho del terrorismo es mediante la justicia impartida desde sus tribunales independientes del poder político. Si esto se quiebra, el edificio del Estado de Derecho se resiente en sus cimientos. Los ciudadanos queremos acabar con el terrorismo, pero no de cualquier forma. Para los asesinos el fin justifica los medios, pero el sistema democrático no puede actuar igual. Los ciudadanos queremos sentirnos orgullosos de nuestra justicia. Queremos decirles a los terroristas que podemos con ellos, pero desde la Ley votada por todos y dentro de los valores de la tolerancia.
Se tiene que acabar con estas acusaciones penales llenas de humo y de escaso valor jurídico, que suelen terminar con la mofa del terrorista frente al tribunal que le juzga. Llama poderosamente la atención que se intente juzgar a Otegi por convocar manifestaciones, o por expresiones en los funerales de los terroristas. En una democracia estas acusaciones son absolutamente gaseosas, y difícilmente defendibles en los tribunales. La libertad para expresar cualquier opinión y para convocar manifestaciones a título individual hace su trabajo, y es complicado reunir el material probatorio que lleve indefectiblemente al fallo condenatorio.
Hay que tener en cuenta que Batasuna está ilegalizada en vía administrativa por la aplicación de la Ley de Partidos, pero no penalmente. La causa penal contra los miembros de Batasuna esta sub iudice y no hay sentencia firme que determine que Batasuna es ETA y, en consecuencia su criminalización. Por esto precisamente es condenable la justicia-espectáculo contra Batasuna y Otegi.
Es necesaria una línea de investigación basada en las finanzas del terrorismo y concretamente en las finanzas de ETA y Batasuna. La Audiencia Nacional debería centrarse más en quien paga a Otegi, que no es portavoz de organización legal alguna, que de lo que dice en sus actos públicos. Sería más interesante investigar quien paga los alquileres de los hoteles desde los que hacen las ruedas de prensa, que las opiniones que viertan en las mismas. Es más sustancioso saber quien paga los locales donde organizan sus actos y sus reuniones, que criminalizar sus ideas o sus expresiones. La vía del dinero lleva a probar la pertenencia a banda armada, lo demás es pura ficción.
* Pedro Cerracín es abogado-experto en terrorismo.
3 - No es necesario ser abogado, experto o no en terrorismo, para detectar la impudicia de lo cometido el miércoles 21 por el fiscal ¿Cuenca?, sin duda siguiendo órdenes ignominiosas de Conde Pumpido, quien a su vez interpretaba los deseos y conveniencias de su "Señorito" ZP. Los tres en clara prevaricación que ningún tribunal, excepto el popular de hoy y el definitivo de la Historia, juzgará. Privar a un Tribunal su derecho y obligación a juzgar los hechos que en su momento fueron estimados como punibles mediante la argucia de ordenar al fiscal retirar la acusación, es de Estado "bananero" derivando a una aún peor categaría de Estado: Estado/régimen de Partido.
2 - ¿Dé qué vive Otegi? No trabaja más allá que para Batasuna. ¿Acaso recibe un salario de alguna institución? Ánimo, fiscal Burgos, aplique su fina capacidad interrogatoria con el señor Otegi. En tono amable, le pide el micrófono, reclina el cuerpo como a él le gusta es bueno imitarle para lograr su colaboración , imposte la voz, póngala de timbre caribeño, cálida y acogedora, y pregunte: "Arnaldo, ¿no viniste porque no tenías para pagar la autopista?" En serio, el fiscal tendría que dedicar sus esfuerzos a conocer la trama económica de ETA y Batasuna, como muy bien dice el artículo, en vez de montar este espectáculo tan vergonzoso. Oigan, yo no he arriesgado mi vida para que al final de la historia de ETA venga la Justicia a avergonzarnos. Un poco de seriedad."
Por Pedro Cerracín*
Viernes, 23 de marzo de 2007
La absolución de Arnaldo Otegi por el delito de enaltecimiento del terrorismo, por los hechos del 31 de Julio de 2001 en el cementerio de Polloe (San Sebastián) durante el entierro de la terrorista Olaia Castresana, no es sino otro acto más de la justicia-espectáculo que se practica en la Audiencia Nacional en materia de terrorismo. Constituye un hecho notorio que la política ha traspasado los muros de la Audiencia Nacional, y los ciudadanos asistimos a una administración de justicia en la que los jueces y fiscales ejercen sus cometidos profesionales de forma muy distinta según sus posicionamientos políticos.
No parece muy serio que el Ministerio Fiscal lleve a juicio a Otegi, para retirar la acusación en la celebración del mismo. Los profesionales del derecho podemos constatar que la justicia se imparte en la Audiencia Nacional, en materia de terrorismo, de una forma diferente a la que se practica en las Audiencias Provinciales y en los Juzgados de Instrucción y Penales de la jurisdicción ordinaria. En cualquier Juzgado de España hubiese sido impensable ver cantar el cumpleaños feliz a los acusados en el banquillo, como hicieron los chicos de Jarrai en la Audiencia Nacional, en presencia de los propios jueces. Los ciudadanos tienen la impresión de que hay dos justicias: la que se practica respecto a los terroristas de ETA, y la que se imparte a los demás. Si a cualquier otro delincuente se le ocurre cantar en el banquillo, o intentar eludir la justicia con la excusa del tráfico, los jueces habrían actuado sin contemplaciones de tipo alguno, de forma muy distinta a la practicada en la Audiencia Nacional con los etarras.
La única forma que el Estado de Derecho tiene de enfrentarse al hecho del terrorismo es mediante la justicia impartida desde sus tribunales independientes del poder político. Si esto se quiebra, el edificio del Estado de Derecho se resiente en sus cimientos. Los ciudadanos queremos acabar con el terrorismo, pero no de cualquier forma. Para los asesinos el fin justifica los medios, pero el sistema democrático no puede actuar igual. Los ciudadanos queremos sentirnos orgullosos de nuestra justicia. Queremos decirles a los terroristas que podemos con ellos, pero desde la Ley votada por todos y dentro de los valores de la tolerancia.
Se tiene que acabar con estas acusaciones penales llenas de humo y de escaso valor jurídico, que suelen terminar con la mofa del terrorista frente al tribunal que le juzga. Llama poderosamente la atención que se intente juzgar a Otegi por convocar manifestaciones, o por expresiones en los funerales de los terroristas. En una democracia estas acusaciones son absolutamente gaseosas, y difícilmente defendibles en los tribunales. La libertad para expresar cualquier opinión y para convocar manifestaciones a título individual hace su trabajo, y es complicado reunir el material probatorio que lleve indefectiblemente al fallo condenatorio.
Hay que tener en cuenta que Batasuna está ilegalizada en vía administrativa por la aplicación de la Ley de Partidos, pero no penalmente. La causa penal contra los miembros de Batasuna esta sub iudice y no hay sentencia firme que determine que Batasuna es ETA y, en consecuencia su criminalización. Por esto precisamente es condenable la justicia-espectáculo contra Batasuna y Otegi.
Es necesaria una línea de investigación basada en las finanzas del terrorismo y concretamente en las finanzas de ETA y Batasuna. La Audiencia Nacional debería centrarse más en quien paga a Otegi, que no es portavoz de organización legal alguna, que de lo que dice en sus actos públicos. Sería más interesante investigar quien paga los alquileres de los hoteles desde los que hacen las ruedas de prensa, que las opiniones que viertan en las mismas. Es más sustancioso saber quien paga los locales donde organizan sus actos y sus reuniones, que criminalizar sus ideas o sus expresiones. La vía del dinero lleva a probar la pertenencia a banda armada, lo demás es pura ficción.
* Pedro Cerracín es abogado-experto en terrorismo.
3 - No es necesario ser abogado, experto o no en terrorismo, para detectar la impudicia de lo cometido el miércoles 21 por el fiscal ¿Cuenca?, sin duda siguiendo órdenes ignominiosas de Conde Pumpido, quien a su vez interpretaba los deseos y conveniencias de su "Señorito" ZP. Los tres en clara prevaricación que ningún tribunal, excepto el popular de hoy y el definitivo de la Historia, juzgará. Privar a un Tribunal su derecho y obligación a juzgar los hechos que en su momento fueron estimados como punibles mediante la argucia de ordenar al fiscal retirar la acusación, es de Estado "bananero" derivando a una aún peor categaría de Estado: Estado/régimen de Partido.
2 - ¿Dé qué vive Otegi? No trabaja más allá que para Batasuna. ¿Acaso recibe un salario de alguna institución? Ánimo, fiscal Burgos, aplique su fina capacidad interrogatoria con el señor Otegi. En tono amable, le pide el micrófono, reclina el cuerpo como a él le gusta es bueno imitarle para lograr su colaboración , imposte la voz, póngala de timbre caribeño, cálida y acogedora, y pregunte: "Arnaldo, ¿no viniste porque no tenías para pagar la autopista?" En serio, el fiscal tendría que dedicar sus esfuerzos a conocer la trama económica de ETA y Batasuna, como muy bien dice el artículo, en vez de montar este espectáculo tan vergonzoso. Oigan, yo no he arriesgado mi vida para que al final de la historia de ETA venga la Justicia a avergonzarnos. Un poco de seriedad."