HABLA EL LÓPEZ PARTICULAR NO EL LÓPEZ PORTAVOZ

[Invitado]

El López portavoz del CGPJ no pudo despacharse a gusto -no hubo guerra en el comunicado ad hoc- pero el López particular si habla:

""Bermejo no ha dicho ni una palabra sobre sus planes para la Justicia



SERIA DENUNCIA

"Hay más intentos de politización de la Justicia que hace tres años", asegura el portavoz del CGPJ.









El portavoz del Consejo General del Poder Judicial mantiene que el comienzo del mandato del nuevo ministro de Justicia no ha sido el más adecuado para lograr el consenso en plena crispación.

3 de marzo de 2007. Mide las palabras. Enrique López es rápido en las respuestas, pero se nota que las piensa y las calcula. No quiere meter la pata. El horno no está para bollos. Al portavoz del Consejo General del Poder Judicial le analizan con lupa hasta los monosílabos que salen de su boca. No obstante, se ve que disfruta con esta labor que le encomendaron y que le ha traído en el tiempo que la ha ejercido más de un quebradero de cabeza y de una riña. Qué duda cabe de que la apariencia personal de Enrique López proyecta una imagen de la Justicia más fresca y moderna de la que estamos acostumbrados. Su despacho es cada día más provisional porque algún día los partidos llegarán a un acuerdo para renovar el Consejo tal y como manda la Constitución y, por tanto, volverá a su puesto de juez.

¿Qué le llevó, junto con otros tres compañeros, a impulsar la reprobación del nuevo ministro de Justicia?

No era una reprobación a ningún ministro porque, desde luego, no estaba en el ánimo de los vocales que suscribieron esa propuesta de declaración institucional crear ningún tipo de conflicto, sino todo lo contrario. Se trataba de salir al paso de unas manifestaciones que realizó el nuevo titular de Justicia cuestionando la legitimidad de la composición del actual Consejo General del Poder Judicial. El objetivo era poner de manifiesto que este órgano es legal en tanto cuanto está trabajando en funciones porque así lo obliga la Ley mientras no haya un nuevo Consejo. Todas sus decisiones son legítimas puesto que están tomadas de acuerdo con este precepto legal. En tercer lugar, este Consejo ha puesto en marcha todos los mecanismo que la norma establece para proceder a su propia sustitución. Y, en última instancia, la actual composición se debe a una decisión de un Parlamento democrático que no se ve afectada en absoluto por un cambio de mayorías en el Parlamento. El CGPJ no sólo es legal y legítimo, sino también necesario, puesto que el Poder Judicial no puede quedar sin gobierno que garantice su independencia.

¿Cuándo estima que habrá, por fin, renovación del CGPJ?

Depende obviamente de la voluntad política de los grupos parlamentarios. La Constitución estableció un plazo máximo de cinco años de mandato del CGPJ, pero también unas mayorías cualificadas para la elección de los miembros por parte del Congreso y del Senado. Esas mayorías cualificadas requieren un consenso básico y, por tanto, un acercamiento de posturas, que en muchas ocasiones no resulta fácil. Por eso, la norma establece la posibilidad de que el Consejo quede en funciones. El Consejo de 2001 estuvo casi seis meses en funciones y el de 1995 casi 10.

La llamada minoría progresista les acusa frecuentemente a ustedes, los de "la mayoría conservadora", de utilizar su puesto para hacer oposición al Gobierno socialista.

Este argumento es tan cierto o falso como decir que esos vocales están haciendo seguidismo al Gobierno y una política contra la oposición. Es un juicio de intenciones que se ha producido desde el primer momento. No estoy dispuesto a hacer ese tipo de juicios de intenciones. Yo valoro decisión por decisión, y, desde luego, las que he contribuido a tomar en cada momento las justifico por vocación y necesidad.

Lo que se está poniendo de manifiesto una vez más es que esta fórmula política de elegir el Consejo no es la más adecuada.

Muchos somos los que defendemos volver al sistema primitivo de los vocales judiciales por sus propios compañeros, que sin duda ayudaría a evitar esta imagen de politización. En cualquier caso, esa imagen de politización está alentada muchas veces desde fuera, es decir por los propios partidos políticos, para sacar ventaja de las decisiones que aquí se adoptan. Y, concretamente, desde el partido que en las dos ocasiones que ha llegado al poder -1982 y 2004- ha emprendido grandes reformas en el CGPJ que han supuesto un cambio de las reglas de juego. Quizá el problema no sea tanto el modelo de elección, que lo es, sino el interés que le suscita diariamente a los políticos los acuerdo de este órgano.

¿Cómo interpreta la designación de Fernández Bermejo como nuevo titular de Justicia?

A mí me importa más lo que haga ahora como ministro que lo que ha hecho antes como fiscal. Espero que las polémicas declaraciones que le han precedido no sean su guía de trabajo. Pero, desde luego, las que ha hecho nada más tomar posesión respecto al Consejo me parecen impropias y muy desafortunadas. La búsqueda del necesario consenso para renovarlo no se consigue con descalificaciones.

¿Qué familia del Gobierno socialista ha ganado con este nombramiento?

Lo desconozco. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que en el tiempo que lleva ejerciendo el cargo aún no haya dicho nada sobre lo que va a hacer, ni cuáles son sus proyectos sobre la modernización la Justicia, que lleva tres años parada. Las grandes ilusiones que depositamos en la Ley Orgánica de 2003 que diseñaba la nueva Oficina Judicial y que requería un gran trabajo del Ministerio en su desarrollo, se están esfumando.

¿Le parece el hombre adecuado en un momento de crispación como el actual?

De lo que no cabe duda es de que sus declaraciones iniciales no ayudan a crear un ambiente de prudencia y sosiego necesario en la Justicia.

¿Le cree capaz de resolver los problemas que tiene planteados la Justicia?

No lo puedo valorar porque desconozco sus planes, prioridades y objetivos. Lo que sí sé es que resta muy poco tiempo de legislatura y que las grandes reformas están paradas. Y que se necesita una política clara por parte del ministro tras la aprobación del Estatuto de Cataluña que impone condiciones insoslayables al Estado.

¿Cuáles son los principales retos de la Administración judicial española?

Hay dos claros. Primero, reafirmar nuestro modelo de Estado en materia de Justicia que está muy claro en la Constitución: la existencia de un solo Poder Judicial, único e independiente con un solo órgano de gobierno. Segundo, la modernización de su gestión. Tenemos un modelo vigente que procede del siglo XIX y otro aprobado que no se ha desarrollado. Hoy por hoy, las noticias que tenemos al respecto son desgraciadamente negativas.

¿Cómo valora el mandato de Juan Fernando López Aguilar?

De claros y oscuros. Entre los primeros, destacaría su buen carácter. Un hombre con unas ideas sobre la Justicia que yo no comparto, pero muy leal a ellas. Por el contrario, su gestión ha estado muy lastrada por la polémica de quién manda en la Justicia y la tensión autonómica que le ha impedido imponer su propio modelo. Es un periodo bastante ineficaz. No ha habido más logros Al margen de los que él denominó la extensión de los derechos civiles.

¿Se encuentra la Justicia más politizada que hace tres años?

Hay más intentos de politización de la Justicia que hace tres años debido en gran medida al enconamiento entre los partidos y a la política antiterrorista.

¿Ve factible acabar con el terrorismo de ETA al margen de la lucha policial y judicial?

La única forma de acabar con cualquier tipo de terrorismo es utilizar los instrumentos que pone a nuestra disposición el Estado de Derecho. Otras fórmulas intentadas no son más que atajos que pueden alentar a otros grupos a recurrir a la violencia y al asesinato para sacar rentabilidad política.

¿Han bajado la guardia algunos jueces y fiscales en la lucha contra la banda terrorista?

No. Lo que ocurre es que en momentos de convulsión en el que todas las decisiones judiciales se analizan en términos de ventaja política. Las resoluciones, duras o benevolentes, sólo se pueden analizar desde el punto de vista de la aplicación del derecho a cada caso concreto. A pesar de esos llamamientos de algunos a tener en cuenta la nueva realidad social, que sólo algunos percibían, los jueces han respondido como tenían que hacerlo aplicando la ley hasta el punto de que alguna decisión ha sido calificada por los políticos como un obstáculo para lo que se dio en llamar "proceso de paz".

¿Existen indicios suficientes para iniciar el proceso de ilegalización del PCTV?

Creo que como mínimo debería realizarse un estudio por parte del Ministerio Fiscal y del propio Gobierno de todos esos indicios que puedan existir. El silencio y la inacción son negativos y producen desaliento en la sociedad.

¿Se está incumpliendo de hecho la Ley de Partidos?

Se están produciendo los suficientes hechos para que, como mínimo, el Ministerio Fiscal los estudiara. Hoy por tenemos a una serie de personas que se presentan como portavoces de un partido ilegalizado. Algo expresamente prohibido por la Ley. A quien le corresponde velar por el cumplimiento de la sentencia del Supremo que ilegalizaba a Batasuna es al Gobierno de la Nación y la Ministerio Fiscal.

¿Es comparable la última concentración de la AVT con la manifestación del PNV contra la declaración del lendakari ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco?

No. Una, en solidaridad con unas víctimas concretas del terrorismo, no tiene nada que ver con la otra en la que se exigía al Poder Judicial que dictara una resolución concreta al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

¿Qué consecuencias tendrá a medio y largo plazo para la Justicia la falta de un pacto entre los principales partidos?

Habrá soluciones para la Justicia que tendrán fecha de caducidad en función de las mayorías parlamentarias. La falta de un pacto conduce a que tengamos un sistema judicial pensado más en las necesidades de los políticos que en las de los ciudadanos y que esté pensando más en satisfacer demandas por ejemplo nacionalistas que no responden en absoluto a nuestro espíritu constitucional."