Primera noticia:
"La Agencia de Protección de Datos propone sancionar al Ministerio de Justicia por infracción de la Ley Orgánica de Protección Datos [23/02/07]
Madrid-La Agencia Española de Protección de Datos ha hecho una propuesta de sanción por falta leve y falta grave contra el Ministerio de Justicia por infringir varios artículos la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en los controles de acceso al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.
En la propuesta, elaborada a partir de una denuncia presentada en el año 2004 por el abogado Jose Luis Mazón, la Agencia entiende que el Ministerio de Justicia ha incurrido en una infracción leve de los artículos de la citada ley, que obligan a informar al interesado del uso y destino de los datos personales -nombre, DNI, y fotografía- que se le exigen para entrar en estas sedes judiciales.
En las inspecciones realizadas, los representantes del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han reconocido que, salvo cuando es requerido verbalmente por el visitante, no se le da esa información.
Además, durante la investigación realizada se ha comprobado que a comienzos del año 2001 se instaló en las sedes de estos tribunales un programa informático de "Control de Visitas" y se creó un fichero de datos sin autorización de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado, que es obligatoria.
Por este incumplimiento, el organismo considera que se ha cometido una infracción grave de la LOPD y da un plazo de 15 días al Ministerio de Justicia para que presente las alegaciones que considere oportunas, mientras que archiva el mismo procedimiento respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Agencia de Protección de Datos considera que el Ministerio de Justicia es el último responsable, ya que el contrato que suscribió con la empresa de vigilancia encargada de ese control especificaba que corresponde al contratista "efectuar los controles de identidad en el acceso" por encargo del Ministerio, que será, por tanto, el responsable del fichero. Informó EFE."
Segunda noticia:
" El Gobierno nombra a Artemi Rallo, nuevo Director de la Agencia de Protección de Datos [23/02/07]
Madrid.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de Artemi Rallo Lombarte como nuevo Director de la Agencia de Protección de Datos. Nacido en Castellón en 1965, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón. Fue Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Jaume I de Castellón (1993-1998). Licenciado con Premio Extraordinario (1988) y Doctor (1990) en Derecho por la Universidad de Valencia.
Su actividad investigadora se ha desarrollado en centros internacionales, como el Instituto Internacional de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, el Departamento de Teoría del Estado de la Universidad La Sapienza (Roma) y el Centre de Recherche de Droit Constitutionnel de la Universidad Paris I-Pantheòn-Sorbonne.
Ha participado en líneas y proyectos de investigación nacionales e internacionales dedicados a las transformaciones de la Administración Pública en el mundo contemporáneo (garantías electorales, amenazas al pluralismo informativo, protección de los derechos fundamentales en el proceso de integración europea, etc…)
También ha colaborado con programas europeos de apoyo institucional en América Latina destinados a promover la vigencia de los derechos humanos, la descentralización política, el fortalecimiento de las instituciones parlamentarias, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Ha impartido numerosas conferencias, cursos y seminarios en Universidades y Centros de investigación nacionales y extranjeros.
Ha publicado artículos científicos en revistas especializadas de carácter nacional e internacional. Es autor de las monografías siguientes: "La iniciativa legislativa en el Derecho Autonómico" (1993); "Garantías electorales y Constitución" (1997); "Pluralismo informativo y Constitución" (2000); y "La constitucionalidad de las Administraciones Independientes" (2002).
Hasta su actual nombramiento, desempeñó el cargo de Director General del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia (2004-2007). Durante su gestión ha dado un fuerte impulso a este centro, convirtiéndolo en un foro de reflexión jurídica sobre la agenda de prioridades legislativas del Gobierno. Además, el CEJ ha incrementado la labor formativa de fiscales, secretarios judiciales, abogados del Estado, médicos forenses y demás personal de la Administración de Justicia, duplicando el presupuesto dedicado a este fin. Por primera vez, en el año 2006 el CEJ convocó becas para opositores a la carrera fiscal y judicial.
Diputado en las Cortes Valencianas por Castellón durante la II Legislatura (1987-1991) y III Legislatura(1991-1995). Informa Ministerio de Justicia
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CURIOSO: EL MINISTERIO DE JUSTICIA SE SANCIONA A SÍ MISMO
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