Parece que el Gobierno abandona la idea de los Consejos Autonomicos y de la Justicia de Proximidad.
Evidentemente son muchas mas cosas las que se han abandonado ya y las que se van a abandonar.
Eso si, de todo lo malo que nos ha traido la reforma de 2003 a los Secretarios, que son legion, no hay ninguna noticia de que se vaya a retirar nada.
La marcha atras en el tema de los Consejos Autonomicos si finalmente se confirma es una buena noticia, y aunque hace falta una justicia de distrito, crear en su lugar una justicia de proximidad, con jueces elegidos por alcaldes y demas, es un desatino que afortunadamente parece que tambien va a ser dejado en el olvido dando la razon a quienes hemos criticado ambas cosas en este foro.
Evidentemente todo esto pone de relieve una cosa harto evidente, hay que abrir el melon de la LOPJ y darle un repaso completo. En cada repaso de estos nos dejan temblando.
¿Cual sera el siguiente palo?
Os dejo la noticia de la prensa, que hay que tomar con las logicas cautelas al no ser un comunicado oficial:
Todo esto ademas en un contexto donde el Ministro pasa al parecer a la politica canaria (lo va a tener bastante dificil alli, por lo que yo conozco electoralmente Canarias y las tendencias subyacentes de fondo) y donde logicamente, todo debe estar mas o menos semi paralizado hasta que se nombre su sucesor, este se entere de que va la cosa, y empiece a diseñar su "modelo". Para entonces no se si no se habra acabado la legislatura.El PSOE aparca el plan para descentralizar el poder judicial en esta legislatura
Espera ganar así el apoyo del PP para abordar la modernización de la Administración de Justicia
El PSOE renunciará a la descentralización del Poder Judicial si eso sirve para sacar adelante el proyecto que más interesa al ministro Juan Fernando López Aguilar: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que busca modernizar las estructuras y recursos de la Justicia. Las discrepancias con el principal partido de la oposición sobre el papel que deberían tener los consejos autonómicos -evidentes durante el debate del Estatut- han paralizado el conjunto de reformas planteadas por el Ejecutivo para agilizar los procedimientos judiciales. La solución pasa, según fuentes del grupo parlamentario socialista, por «dejar morir» la creación de esos órganos, al menos en esta legislatura.
El Gobierno aprobó el proyecto de reforma de la LOPJ en el que se recogía esta figura en diciembre de 2005. Con ella se pretendía dar cobertura legal a los consejos autonómicos de Justicia, figura inexistente en la actualidad pero ya prevista en las dos únicas reformas estatutarias que por aquel entonces tramitaba el Congreso, la de Valencia y la de Cataluña. Una vez llegó a la Cámara baja, sin embargo, entró en vía muerta. Tras siete ampliaciones de los plazos de enmiendas, el debate de totalidad (en el que se decide si se tramita o se devuelve la ley al Ejecutivo) se celebró en abril, una vez discutido el nuevo marco de autogobierno catalán. Después, la iniciativa quedó aparcada. Ya van 22 prórrogas para la presentación de enmiendas al articulado y, según las citadas fuentes, habrá más.
La creación de los consejos autonómicos de Justicia busca delegar en esos organismos competencias hasta ahora reservadas al Consejo General del Poder Judicial, cuando se trate de asuntos que sólo afecten a una comunidad, como la dotación de medios, la habilitación de edificios o la gestión del personal.
El nacimiento de los consejos autonómicos está vinculado a otra reforma, también en tramitación, que delega en los tribunales superiores de las comunidades autónomas tareas hasta ahora reservadas al Tribunal Supremo. Ambas forman un único paquete con el que el gabinete socialista tenía intención de adecuar la Administración de Justicia al Estado de las autonomías; una tarea que, según sus argumentos, ya fue prevista por los constituyentes. El PP sostiene, en cambio, que se rompe la unidad del Poder Judicial y la Constitución.
Batalla «política»
La imposibilidad de un acercamiento en este terreno y la postura de las formaciones nacionalistas -que consideran insuficientes las competencias atribuidas en el proyecto de ley a los consejos autonómicos- han llevado al PSOE a tirar la toalla hasta que el panorama sea otro. Los populares admiten que las propuestas son dignas de consideración, pero se niegan a diversificar su postura respecto a la reforma global de la Justicia. Fuentes de la dirección del grupo socialista aseguran que el Gobierno está más interesado en sacar adelante «aquello que realmente afecta al ciudadano», una Justicia más ágil, que en ganar una batalla que, admiten, es «política».
La renuncia no sólo afecta a los consejos autonómicos, sino que también dejará en la cuneta la justicia de proximidad, muy criticada tanto por el PP como por el CGPJ y las asociaciones de jueces, porque supondría la designación de juristas por ayuntamientos para solventar juicios de faltas, desahucios y pequeñas reclamaciones.
Aún así, la decisión de aparcar 'sine die' la descentralización de Poder Judicial traerá también consecuencias. Tanto el Estatuto de Cataluña como el de la Comunidad Valenciana -además de otros pendientes de aprobación- hablan de consejos autonómicos de Justicia.
Y pensar que la reforma de 2003 se aprobo por apenas unos meses.
Saludos.
