JUECES DE DISTRITO,PERO SIN OPOSICION, QUÉ GÜAY
Publicado: Sab 24 Dic 2005 8:51 pm
Los nuevos jueces de proximidad se integrarán en la carrera sin ser profesionales
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial estarán obligados a comparecer ante el Parlamento para informar sobre asuntos de su competencia
Los nuevos jueces de proximidad se integrarán en la carrera sin ser profesionales
La vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros EFE
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Crítica unánime de las asociaciones de jueces y magistrados a la reforma
Título especial para abogados y procuradores
MADRID. El Gobierno completó ayer su reforma de la Justicia con la remisión al Parlamento de un proyecto -cuya redacción se seguía ultimando ayer por la tarde- que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para crear la llamada Justicia de Proximidad y los Consejos autonómicos de Justicia. El nuevo texto contiene varias modificaciones pero, a juicio de las asociaciones judiciales, sigue sin resolver el mayor problema de la Justicia de Proximidad: la falta de profesionalidad. Los nuevos jueces seguirán sin ser jueces de carrera, aunque se les integrará en la misma de forma automática. De otro lado, el proyecto mantiene apenas sin cambios el modelo y competencias de los consejos autonómicos, sobre cuya constitucionalidad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteó serias dudas.
La gran apuesta del Gobierno en materia de Justicia se presentó en dos reuniones consecutivas del Consejo de Ministros -las de los días 16 y 23 de diciembre-, pero con un sorprendente perfil bajo y sin la presencia del ministro del ramo, Juan Fernando López Aguilar, en la rueda de prensa, para explicar la reforma a los medios de comunicación. El Ejecutivo también sacó ayer adelante otro proyecto de ley para regular el acceso de los licenciados en Derecho a la abogacía y a la procura.
Justicia de Proximidad
La creación de la Justicia de Proximidad consiguió desde su anuncio, el pasado verano, unir en una sola y crítica voz a todos los profesionales del sector. Dos eran los aspectos que resultaban inaceptables: que los titulares de esos nuevos juzgados no fueran jueces profesionales y la intervención de los ayuntamientos en la selección de los candidatos.
El proyecto aprobado ayer por el Gobierno deja fuera de ese proceso de selección a las Corporaciones locales, pero no resuelve el problema de la desprofesionalización de los jueces de proximidad, que sigue suscitando críticas unánimes dentro del colectivo de jueces. De hecho, se ha optado por crear en la base de la carrera judicial una subcategoría en la que se integrarán automáticamente los jueces de proximidad.
Los candidatos a formar parte de este nuevo estrato no serán jueces sino licenciados en Derecho con seis años de ejercicio profesional. Tras superar pruebas selectivas y un curso en la Escuela Judicial, serán evaluados por un tribunal que, a propuesta de los Consejos autonómicos, nombrará el Consejo General del Poder Judicial. Su designación corresponderá finalmente al CGPJ, que tendrá que valorar como «mérito» el conocimiento de la lengua y derecho propios de la Comunidad Autónoma. Transcurridos nueve años, podrán ascender a la categoría de juez.
Este modelo, según el portavoz del CGPJ, Enrique López, «es contrario al que España está exportando a otros países». Las asociaciones judiciales han advertido, además, de que la independencia de estos jueces sigue estando «en riesgo».
La implantación de los Juzgados de Proximidad no será igual en toda España. Este hecho, a juicio de todas las asociaciones profesionales, será causa de «discriminación» entre los ciudadanos, que tendrán acceso a una justicia de «primera o de segunda división» en función de la localidad en la que vivan. Al ser su finalidad -en palabras del Gobierno- la descongestión de la Administración de Justicia en los núcleos urbanos, podrán crearse en municipios de más de 250.000 habitantes y en capitales de provincia de más de 175.000 cuando así lo proponga la asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma y lo aprueben las Cortes.
Los asuntos asignados a estos nuevos juzgados serán de «escasa complejidad». Así, en el orden civil, las reclamaciones por cantidades inferiores a los 3.000 euros, desahucios por falta de pago y conciliaciones, entre otros. En el orden penal, los hechos constitutivos de falta, a excepción de las que sean competencia de los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Y, en el orden contencioso-administrativo, los recursos interpuestos contra sanciones administrativas inferiores a 1.000 euros.
Consejos de Justicia
El segundo gran bloque de la reforma de la LOPJ que el Ejecutivo sacó ayer adelante son los Consejos de justicia autonómicos, órganos de nuevo cuño que sustituirán a las actuales Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas, aunque con un número mayor de miembros. Un tercio de ellos no serán jueces sino «juristas de reconocido prestigio» elegidos por las cámaras autonómicas por mayoría de tres quintos.
Sin apenas modificaciones con respecto al anteproyecto, esta modificación de la LOPJ es, según aseguró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, «la configuración de un modelo autonomista» del Poder Judicial mediante una descentralización de las competencias del CGPJ «muy grande, pero dentro de un límite razonable» y dentro también, añadió, del «modelo constitucional».
La creación de estos órganos autonómicos está íntimamente relacionada con el proceso de reforma del Estatuto catalán, pues la regulación que de ellos se haga en la LOPJ habrá de servir como base -y al mismo tiempo como límite- de las aspiraciones de los partidos nacionalistas. La clave estará, por lo tanto, en su tramitación parlamentaria, que podría dejar el texto aprobado ayer por el Gobierno en un «proyecto de mínimos».
Otra de las novedades de la reforma es la obligación de los vocales del CGPJ de comparecer en el Parlamento cuando sean llamados para informar sobre asuntos de su competencia. Una forma «inaceptable» de «control» del Poder Judicial por el Poder Legislativo, según fuentes judiciales; una garantía de «transparencia», en opinión de Fernández de la Vega. La vicepresidenta del Gobierno negó que se pretenda controlar a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, algo que la Constitución prohibe, sino de que los ciudadanos, a través del Parlamento, sepan «lo que hace el órgano de gobierno de los jueces, que es político, y cuyo nombramiento corresponde al Parlamento».
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial estarán obligados a comparecer ante el Parlamento para informar sobre asuntos de su competencia
Los nuevos jueces de proximidad se integrarán en la carrera sin ser profesionales
La vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros EFE
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Crítica unánime de las asociaciones de jueces y magistrados a la reforma
Título especial para abogados y procuradores
MADRID. El Gobierno completó ayer su reforma de la Justicia con la remisión al Parlamento de un proyecto -cuya redacción se seguía ultimando ayer por la tarde- que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para crear la llamada Justicia de Proximidad y los Consejos autonómicos de Justicia. El nuevo texto contiene varias modificaciones pero, a juicio de las asociaciones judiciales, sigue sin resolver el mayor problema de la Justicia de Proximidad: la falta de profesionalidad. Los nuevos jueces seguirán sin ser jueces de carrera, aunque se les integrará en la misma de forma automática. De otro lado, el proyecto mantiene apenas sin cambios el modelo y competencias de los consejos autonómicos, sobre cuya constitucionalidad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteó serias dudas.
La gran apuesta del Gobierno en materia de Justicia se presentó en dos reuniones consecutivas del Consejo de Ministros -las de los días 16 y 23 de diciembre-, pero con un sorprendente perfil bajo y sin la presencia del ministro del ramo, Juan Fernando López Aguilar, en la rueda de prensa, para explicar la reforma a los medios de comunicación. El Ejecutivo también sacó ayer adelante otro proyecto de ley para regular el acceso de los licenciados en Derecho a la abogacía y a la procura.
Justicia de Proximidad
La creación de la Justicia de Proximidad consiguió desde su anuncio, el pasado verano, unir en una sola y crítica voz a todos los profesionales del sector. Dos eran los aspectos que resultaban inaceptables: que los titulares de esos nuevos juzgados no fueran jueces profesionales y la intervención de los ayuntamientos en la selección de los candidatos.
El proyecto aprobado ayer por el Gobierno deja fuera de ese proceso de selección a las Corporaciones locales, pero no resuelve el problema de la desprofesionalización de los jueces de proximidad, que sigue suscitando críticas unánimes dentro del colectivo de jueces. De hecho, se ha optado por crear en la base de la carrera judicial una subcategoría en la que se integrarán automáticamente los jueces de proximidad.
Los candidatos a formar parte de este nuevo estrato no serán jueces sino licenciados en Derecho con seis años de ejercicio profesional. Tras superar pruebas selectivas y un curso en la Escuela Judicial, serán evaluados por un tribunal que, a propuesta de los Consejos autonómicos, nombrará el Consejo General del Poder Judicial. Su designación corresponderá finalmente al CGPJ, que tendrá que valorar como «mérito» el conocimiento de la lengua y derecho propios de la Comunidad Autónoma. Transcurridos nueve años, podrán ascender a la categoría de juez.
Este modelo, según el portavoz del CGPJ, Enrique López, «es contrario al que España está exportando a otros países». Las asociaciones judiciales han advertido, además, de que la independencia de estos jueces sigue estando «en riesgo».
La implantación de los Juzgados de Proximidad no será igual en toda España. Este hecho, a juicio de todas las asociaciones profesionales, será causa de «discriminación» entre los ciudadanos, que tendrán acceso a una justicia de «primera o de segunda división» en función de la localidad en la que vivan. Al ser su finalidad -en palabras del Gobierno- la descongestión de la Administración de Justicia en los núcleos urbanos, podrán crearse en municipios de más de 250.000 habitantes y en capitales de provincia de más de 175.000 cuando así lo proponga la asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma y lo aprueben las Cortes.
Los asuntos asignados a estos nuevos juzgados serán de «escasa complejidad». Así, en el orden civil, las reclamaciones por cantidades inferiores a los 3.000 euros, desahucios por falta de pago y conciliaciones, entre otros. En el orden penal, los hechos constitutivos de falta, a excepción de las que sean competencia de los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Y, en el orden contencioso-administrativo, los recursos interpuestos contra sanciones administrativas inferiores a 1.000 euros.
Consejos de Justicia
El segundo gran bloque de la reforma de la LOPJ que el Ejecutivo sacó ayer adelante son los Consejos de justicia autonómicos, órganos de nuevo cuño que sustituirán a las actuales Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas, aunque con un número mayor de miembros. Un tercio de ellos no serán jueces sino «juristas de reconocido prestigio» elegidos por las cámaras autonómicas por mayoría de tres quintos.
Sin apenas modificaciones con respecto al anteproyecto, esta modificación de la LOPJ es, según aseguró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, «la configuración de un modelo autonomista» del Poder Judicial mediante una descentralización de las competencias del CGPJ «muy grande, pero dentro de un límite razonable» y dentro también, añadió, del «modelo constitucional».
La creación de estos órganos autonómicos está íntimamente relacionada con el proceso de reforma del Estatuto catalán, pues la regulación que de ellos se haga en la LOPJ habrá de servir como base -y al mismo tiempo como límite- de las aspiraciones de los partidos nacionalistas. La clave estará, por lo tanto, en su tramitación parlamentaria, que podría dejar el texto aprobado ayer por el Gobierno en un «proyecto de mínimos».
Otra de las novedades de la reforma es la obligación de los vocales del CGPJ de comparecer en el Parlamento cuando sean llamados para informar sobre asuntos de su competencia. Una forma «inaceptable» de «control» del Poder Judicial por el Poder Legislativo, según fuentes judiciales; una garantía de «transparencia», en opinión de Fernández de la Vega. La vicepresidenta del Gobierno negó que se pretenda controlar a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, algo que la Constitución prohibe, sino de que los ciudadanos, a través del Parlamento, sepan «lo que hace el órgano de gobierno de los jueces, que es político, y cuyo nombramiento corresponde al Parlamento».