REUNION SOBRE DESPLIEGUE DE LA OFICINA JUDICIAL (ÍNTEGRO)
Publicado: Mié 09 Nov 2005 6:55 pm
REUNION SOBRE DESPLIEGUE DE LA OFICINA JUDICIAL
Como ya informábamos en días pasados, el lunes día 7 de noviembre estábamos convocados por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia para hablar sobre el extenso documento que el Ministerio ha elaborado bajo el título de “Despliegue de la nueva oficina judicial en las once ciudades seleccionadas por el Ministerio de Justicia para la primera fase del plan de implantación”. A pesar de nuestra petición de dimisión, de la que no nos retractamos, acudió a dicha reunión todo el Secretariado, a excepción de uno de sus miembros que no pudo asistir por razones médicas, ya que no asistir suponía no poder dar nuestra opinión sobre el texto.
Por parte del Ministerio asistió el Sr. Bodas con dos de sus asesores y uno de los Subdirectores Generales. Nos expuso en primer lugar el estado en que se encuentran lo que él llamó las “herramientas legales” de la implantación: El Reglamento ha sido ya informado por el Consejo General del Poder Judicial, según dijo, y, después de los necesarios “trabajos de fontanería” para ajustar algunos temas, no dijo cuales, se remitirá al Consejo de Estado que lo va a informar por el trámite de urgencia, por lo que prevé que pueda llevarse al Consejo de Ministros para su aprobación a finales del presente mes de noviembre. En cuanto a las leyes procesales, nos informó de que el Consejo Fiscal había emitido informe favorable y que esperan llevar el Anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros que se celebre el 2 o el 9 de diciembre. También dijo que no preveían problemas en la tramitación parlamentaria. Dijo que no se iban a perder las plazas que debían haberse convocado en este año y en el pasado ya que se podrían convocar en el 2006 las correspondientes a los tres años. Respecto a las RPTs, dijo que estarían finalizadas la semana próxima, y que se habían constituido ya las comisiones mixtas con el CGPJ de cara a obtener los informes favorables de éste para la creación de los Servicios Comunes de Ordenación en las once ciudades piloto. Que no se prevé una respuesta desfavorable del Consejo. Ya tenemos un nuevo calendario, y van…
Planteó después, ante nuestra sorpresa, un problema que está surgiendo de cara a la implantación de la oficina. Dijo que las Comunidades Autónomas de País Vasco Cataluña, Andalucía y Galicia están a favor de crear el Servicio de Ordenación del Procedimiento, que las de Navarra y Canarias no se han pronunciado todavía, pero que las de Valencia y Madrid ya han anunciado que de momento no van a crear ese Servicio Común. Nos expuso que el criterio del Ministerio es que la homogeneidad que predica la LOPJ exige que no exista mas que un modelo de oficina y que el del Ministerio es el que se ha expuesto en el documento sobre el Despliegue, con Servicio de Ordenación. Que la no creación del Servicio de Ordenación obligaría a un aumento del número de Secretarios y funcionarios al que no están dispuestos y que se sigue discutiendo en la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, pero que si no se consigue un acuerdo habrá que hacer “reformas legislativas”. Textualmente dijo: “No es posible que con Cuerpos Nacionales de funcionarios coexistan dos modelos de oficina”. Se le pidió aclaración a esta frase e insistió en el concepto de homogeneidad, que al parecer entiende como uniformidad, añadiendo que la LOPJ establece que no puede haber más que un Secretario para cada dos UPAD. A pesar de recordarle que la LOPJ dice “podrá”, no conseguimos convencerle. No se nos alcanza qué tienen que ver las decisiones que en el ejercicio de las competencias que les da la LOPJ adopten las Comunidades Autónomas con las que a su vez adopte el Ministerio en el ejercicio de las suyas en las Comunidades en que no se han llevado a cabo estas transferencias. Salvando claro está la dotación necesaria de plazas de Secretarios Judiciales que ha de hacer el Ministerio mientras dependamos de él. Es decir, es un problema económico.
A continuación abrió el debate y se aprestó a escuchar nuestra opinión sobre el documento, la misma que ahora exponemos a todos los Secretarios Judiciales. En primer lugar se planteó la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial no emitiera informe favorable para la creación de los Servicios Comunes de Ordenación en alguna o en todas las ciudades piloto, ya que el grado de informatización y de desarrollo de los actuales servicios comunes es muy diferente entre unas y otras y que esto hiciera inviable el plan del Ministerio. Tal posibilidad ni siquiera se la plantean y asegura el Sr. Bodas que el informe será favorable, pero que en caso de suceder esto, tendrían que volver a empezar con el plan. Preguntamos por el tema del Servicio de Jurisdicción Voluntaria y en qué estado se encuentra la Ley y nos dijo que hay muchos intereses en juego de Notarios y Registradores y que está complicado. Aquí no tuvimos ocasión de decirle que sería difícilmente entendible que un Gobierno de izquierdas privatizara la Jurisdicción Voluntaria. Se le dijo que el “Despliegue” es un documento carente de base real, que se limita a hacer una redistribución de funcionarios pero que no habla para nada de cuestiones básicas como el tipo de informatización que se ha previsto a la hora de elaborarlo, que no se acompaña de un informe económico del coste de las inversiones necesarias para llevarlo a cabo, que los tiempos calculados para cada trámite no sabemos con qué base se han hecho sin conocer los sistemas a través de los que se van a realizar. Que no se ha previsto la digitalización de los documentos aportados por las partes, por lo que el expediente no podrá itinerar informáticamente, sino solamente sus datos y acontecimientos. Si el expediente debe ir de unas Unidades a otras en soporte papel las labores de porteo, registros y documentación de entradas y salidas absorberán gran parte de la ventaja que supone el nuevo sistema de gestión. Además de imposibilitar que el Juez que conoce del asunto pueda tener la dirección del mismo, tal y como establece la LOPJ, al no poder acceder a su estado en cualquier momento.
Resumiendo para no cansar, la impresión del Secretariado es que este documento se ha elaborado para poder ofrecer algún resultado tangible pero que no está destinado a llevarse a la práctica. Nosotros somos los más interesados en que se lleve a cabo el desarrollo de las previsiones de la LOPJ pues confiere a los Secretarios Judiciales unas funciones y competencias por las que hemos peleado, pero precisamente por eso no podemos permitir que la implantación de la Nueva Oficina Judicial se haga de manera defectuosa y abocada al fracaso. Probablemente no tendríamos una segunda oportunidad y todos aquellos sectores que están en contra del papel que la reforma nos ha dado, exigirán una contrarreforma que vuelva a dejar las cosas como estaban antes. La Nueva Oficina exige unas muy importantes inversiones y al parecer el Ministerio no está dispuesto a hacerlas ya que se nos dijo que los mayores desembolsos de la oficina ya estaban hechos (¿).
Por supuesto, el Sr. Bodas negó todas las críticas, y puso el acento en el ingente trabajo que para el Ministerio ha supuesto la elaboración de este documento de “Despliegue”. Tachó nuestras críticas de injustas y demoledoras. Creemos que no estamos ante la evaluación de un alumno en la que, para fijar la nota, hay que valorar el esfuerzo, que no lo negamos, que ha realizado para llegar a un determinado nivel de conocimientos, estamos ante un proyecto del que depende, no solo nuestro futuro profesional, sino el funcionamiento de la Administración de Justicia en un largo periodo de tiempo y entendemos que hay que exigir un mínimo de seriedad en sus planteamientos y un estudio profesional de los medios y métodos para llevarlo a cabo. También se tocaron de refilón otros temas sobre todo en relación con la inactividad del Ministerio en lo que le compete respecto a los Secretarios Judiciales y le reprochamos su falta de iniciativa para recurrir el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial de Aspectos accesorios. Dijo que él no había dicho que no lo fueran a recurrir. Tampoco ha dicho que vaya a hacerlo. Se planteó lo de la inspección de los Servicios Comunes por el Servicio de Inspección del Consejo y contestó que la LOPJ le atribuye al CGPJ esa facultad. Es decir, ningún apoyo en nada y medias verdades en todo.
Como siempre, ofrecimos al Ministerio nuestra colaboración para analizar al detalle los errores que pusimos de manifiesto y el Director General volvió a solicitarla. Esperemos que esta vez sean tenidos en cuenta nuestros informes y trabajos, ya que, tal y como se nos ha presentado, el plan de despliegue no podrá contar con nuestro apoyo.
EL SECRETARIADO
Como ya informábamos en días pasados, el lunes día 7 de noviembre estábamos convocados por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia para hablar sobre el extenso documento que el Ministerio ha elaborado bajo el título de “Despliegue de la nueva oficina judicial en las once ciudades seleccionadas por el Ministerio de Justicia para la primera fase del plan de implantación”. A pesar de nuestra petición de dimisión, de la que no nos retractamos, acudió a dicha reunión todo el Secretariado, a excepción de uno de sus miembros que no pudo asistir por razones médicas, ya que no asistir suponía no poder dar nuestra opinión sobre el texto.
Por parte del Ministerio asistió el Sr. Bodas con dos de sus asesores y uno de los Subdirectores Generales. Nos expuso en primer lugar el estado en que se encuentran lo que él llamó las “herramientas legales” de la implantación: El Reglamento ha sido ya informado por el Consejo General del Poder Judicial, según dijo, y, después de los necesarios “trabajos de fontanería” para ajustar algunos temas, no dijo cuales, se remitirá al Consejo de Estado que lo va a informar por el trámite de urgencia, por lo que prevé que pueda llevarse al Consejo de Ministros para su aprobación a finales del presente mes de noviembre. En cuanto a las leyes procesales, nos informó de que el Consejo Fiscal había emitido informe favorable y que esperan llevar el Anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros que se celebre el 2 o el 9 de diciembre. También dijo que no preveían problemas en la tramitación parlamentaria. Dijo que no se iban a perder las plazas que debían haberse convocado en este año y en el pasado ya que se podrían convocar en el 2006 las correspondientes a los tres años. Respecto a las RPTs, dijo que estarían finalizadas la semana próxima, y que se habían constituido ya las comisiones mixtas con el CGPJ de cara a obtener los informes favorables de éste para la creación de los Servicios Comunes de Ordenación en las once ciudades piloto. Que no se prevé una respuesta desfavorable del Consejo. Ya tenemos un nuevo calendario, y van…
Planteó después, ante nuestra sorpresa, un problema que está surgiendo de cara a la implantación de la oficina. Dijo que las Comunidades Autónomas de País Vasco Cataluña, Andalucía y Galicia están a favor de crear el Servicio de Ordenación del Procedimiento, que las de Navarra y Canarias no se han pronunciado todavía, pero que las de Valencia y Madrid ya han anunciado que de momento no van a crear ese Servicio Común. Nos expuso que el criterio del Ministerio es que la homogeneidad que predica la LOPJ exige que no exista mas que un modelo de oficina y que el del Ministerio es el que se ha expuesto en el documento sobre el Despliegue, con Servicio de Ordenación. Que la no creación del Servicio de Ordenación obligaría a un aumento del número de Secretarios y funcionarios al que no están dispuestos y que se sigue discutiendo en la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, pero que si no se consigue un acuerdo habrá que hacer “reformas legislativas”. Textualmente dijo: “No es posible que con Cuerpos Nacionales de funcionarios coexistan dos modelos de oficina”. Se le pidió aclaración a esta frase e insistió en el concepto de homogeneidad, que al parecer entiende como uniformidad, añadiendo que la LOPJ establece que no puede haber más que un Secretario para cada dos UPAD. A pesar de recordarle que la LOPJ dice “podrá”, no conseguimos convencerle. No se nos alcanza qué tienen que ver las decisiones que en el ejercicio de las competencias que les da la LOPJ adopten las Comunidades Autónomas con las que a su vez adopte el Ministerio en el ejercicio de las suyas en las Comunidades en que no se han llevado a cabo estas transferencias. Salvando claro está la dotación necesaria de plazas de Secretarios Judiciales que ha de hacer el Ministerio mientras dependamos de él. Es decir, es un problema económico.
A continuación abrió el debate y se aprestó a escuchar nuestra opinión sobre el documento, la misma que ahora exponemos a todos los Secretarios Judiciales. En primer lugar se planteó la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial no emitiera informe favorable para la creación de los Servicios Comunes de Ordenación en alguna o en todas las ciudades piloto, ya que el grado de informatización y de desarrollo de los actuales servicios comunes es muy diferente entre unas y otras y que esto hiciera inviable el plan del Ministerio. Tal posibilidad ni siquiera se la plantean y asegura el Sr. Bodas que el informe será favorable, pero que en caso de suceder esto, tendrían que volver a empezar con el plan. Preguntamos por el tema del Servicio de Jurisdicción Voluntaria y en qué estado se encuentra la Ley y nos dijo que hay muchos intereses en juego de Notarios y Registradores y que está complicado. Aquí no tuvimos ocasión de decirle que sería difícilmente entendible que un Gobierno de izquierdas privatizara la Jurisdicción Voluntaria. Se le dijo que el “Despliegue” es un documento carente de base real, que se limita a hacer una redistribución de funcionarios pero que no habla para nada de cuestiones básicas como el tipo de informatización que se ha previsto a la hora de elaborarlo, que no se acompaña de un informe económico del coste de las inversiones necesarias para llevarlo a cabo, que los tiempos calculados para cada trámite no sabemos con qué base se han hecho sin conocer los sistemas a través de los que se van a realizar. Que no se ha previsto la digitalización de los documentos aportados por las partes, por lo que el expediente no podrá itinerar informáticamente, sino solamente sus datos y acontecimientos. Si el expediente debe ir de unas Unidades a otras en soporte papel las labores de porteo, registros y documentación de entradas y salidas absorberán gran parte de la ventaja que supone el nuevo sistema de gestión. Además de imposibilitar que el Juez que conoce del asunto pueda tener la dirección del mismo, tal y como establece la LOPJ, al no poder acceder a su estado en cualquier momento.
Resumiendo para no cansar, la impresión del Secretariado es que este documento se ha elaborado para poder ofrecer algún resultado tangible pero que no está destinado a llevarse a la práctica. Nosotros somos los más interesados en que se lleve a cabo el desarrollo de las previsiones de la LOPJ pues confiere a los Secretarios Judiciales unas funciones y competencias por las que hemos peleado, pero precisamente por eso no podemos permitir que la implantación de la Nueva Oficina Judicial se haga de manera defectuosa y abocada al fracaso. Probablemente no tendríamos una segunda oportunidad y todos aquellos sectores que están en contra del papel que la reforma nos ha dado, exigirán una contrarreforma que vuelva a dejar las cosas como estaban antes. La Nueva Oficina exige unas muy importantes inversiones y al parecer el Ministerio no está dispuesto a hacerlas ya que se nos dijo que los mayores desembolsos de la oficina ya estaban hechos (¿).
Por supuesto, el Sr. Bodas negó todas las críticas, y puso el acento en el ingente trabajo que para el Ministerio ha supuesto la elaboración de este documento de “Despliegue”. Tachó nuestras críticas de injustas y demoledoras. Creemos que no estamos ante la evaluación de un alumno en la que, para fijar la nota, hay que valorar el esfuerzo, que no lo negamos, que ha realizado para llegar a un determinado nivel de conocimientos, estamos ante un proyecto del que depende, no solo nuestro futuro profesional, sino el funcionamiento de la Administración de Justicia en un largo periodo de tiempo y entendemos que hay que exigir un mínimo de seriedad en sus planteamientos y un estudio profesional de los medios y métodos para llevarlo a cabo. También se tocaron de refilón otros temas sobre todo en relación con la inactividad del Ministerio en lo que le compete respecto a los Secretarios Judiciales y le reprochamos su falta de iniciativa para recurrir el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial de Aspectos accesorios. Dijo que él no había dicho que no lo fueran a recurrir. Tampoco ha dicho que vaya a hacerlo. Se planteó lo de la inspección de los Servicios Comunes por el Servicio de Inspección del Consejo y contestó que la LOPJ le atribuye al CGPJ esa facultad. Es decir, ningún apoyo en nada y medias verdades en todo.
Como siempre, ofrecimos al Ministerio nuestra colaboración para analizar al detalle los errores que pusimos de manifiesto y el Director General volvió a solicitarla. Esperemos que esta vez sean tenidos en cuenta nuestros informes y trabajos, ya que, tal y como se nos ha presentado, el plan de despliegue no podrá contar con nuestro apoyo.
EL SECRETARIADO