Rebelión frente al acabose del chollo
Publicado: Mar 03 Ene 2006 7:05 pm
El portavoz de la APM afirma que el proyecto de Ley de reforma de la Justicia "resulta tributario" del Estatut
Dice que, con la Justicia de proximidad, se pretende crear "un cuerpo judicial paralelo de base autonómica" y de "clara factura política"
BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, afirma que el modelo de la Administración de Justicia que establece el proyecto de Ley del Gobierno "resulta tributario del proceso de reforma estatutario protagonizado por Cataluña".
En un artículo publicado en la revista jurídica "Réplica y Dúplica", recogido por Europa Press, García duda de la "constitucionalidad del juez de proximidad" y considera que se pretende "constituir un cuerpo judicial paralelo de base autonómica" y de "clara factura política".
Además, manifiesta que la Justicia de proximidad, que prevé la iniciativa del Ejecutivo, "oculta, bajo una denominación atractiva y en gran medida demagógica, una Justicia sin garantía de independencia, con jueces indirectamente designados por los ayuntamientos, sin garantías de inamovilidad, al estar contratados por plazos y sin preparación técnica".
El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) recuerda de los jueces de proximidad "no son más que licenciados en derecho con seis años de experiencia como juristas, ahora ni siquiera de reconocido prestigio".
Asimismo, critica que el modelo previsto en el proyecto de Ley "resulta manifiestamente desigual por asimétrico y no aproxima la Justicia al ciudadano ni mejora la protección de sus derechos y libertades".
A su juicio, ello no contribuirá a la proximidad al ciudadano de la Justicia porque "el Poder Judicial es el más descentralizado y cercano al ciudadano de los tres poderes del Estado". "En cada partido judicial hay un juez independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la Ley", añade.
Antonio García señala que tampoco mejora la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ni contribuye a la mayor eficacia de la Justicia porque "se limita a sustituir, por razones netamente políticas, jueces técnicos por jueces de extracción municipal".
En este sentido, reprocha "el olvido" que supone "de los principios de mérito y capacidad, y de igualdad de todos ante la Ley, provocando la discriminación entre los ciudadanos y volviendo la espalda a lo que son condiciones indispensables de un juez en una sociedad moderna: independencia, formación técnica y cualificación jurídica objetivamente contrastadas".
LLAMAMIENTO A "LA SENSATEZ"
"Esperamos que la sensatez prevalezca y se imponga finalmente el sentido común. Aún queda tiempo para abandonar definitivamente un modelo que en nada contribuye a la mejora de la Justicia, en el que los jueces no pasan de ser funcionarios municipales con toga y cuya finalidad es constituir un cuerpo paralelo de base autonómica y local, y lo que aún resulta más reprobable, de clara factura política", apunta.
Para el portavoz de la APM, esta reforma "ni sirve ni responde a los intereses generales, no comportará mejora significativa alguna, ni redundará en una Justicia más próxima al ciudadano, de más calidad y mayor rapidez".
Asimismo, advierte de que tampoco servirá para garantizar "mejor y en mayor medida la igualdad y seguridad jurídica en la aplicación de la Ley". "Lo que no dudo ni por un momento es que acentuará la politización de la Justicia, poniendo, al mismo tiempo, la primera piedra de cara a la creación de un cuerpo judicial paralelo de base autonómica y local, que es la realidad que se esconde", concluye.
Dice que, con la Justicia de proximidad, se pretende crear "un cuerpo judicial paralelo de base autonómica" y de "clara factura política"
BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, afirma que el modelo de la Administración de Justicia que establece el proyecto de Ley del Gobierno "resulta tributario del proceso de reforma estatutario protagonizado por Cataluña".
En un artículo publicado en la revista jurídica "Réplica y Dúplica", recogido por Europa Press, García duda de la "constitucionalidad del juez de proximidad" y considera que se pretende "constituir un cuerpo judicial paralelo de base autonómica" y de "clara factura política".
Además, manifiesta que la Justicia de proximidad, que prevé la iniciativa del Ejecutivo, "oculta, bajo una denominación atractiva y en gran medida demagógica, una Justicia sin garantía de independencia, con jueces indirectamente designados por los ayuntamientos, sin garantías de inamovilidad, al estar contratados por plazos y sin preparación técnica".
El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) recuerda de los jueces de proximidad "no son más que licenciados en derecho con seis años de experiencia como juristas, ahora ni siquiera de reconocido prestigio".
Asimismo, critica que el modelo previsto en el proyecto de Ley "resulta manifiestamente desigual por asimétrico y no aproxima la Justicia al ciudadano ni mejora la protección de sus derechos y libertades".
A su juicio, ello no contribuirá a la proximidad al ciudadano de la Justicia porque "el Poder Judicial es el más descentralizado y cercano al ciudadano de los tres poderes del Estado". "En cada partido judicial hay un juez independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la Ley", añade.
Antonio García señala que tampoco mejora la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ni contribuye a la mayor eficacia de la Justicia porque "se limita a sustituir, por razones netamente políticas, jueces técnicos por jueces de extracción municipal".
En este sentido, reprocha "el olvido" que supone "de los principios de mérito y capacidad, y de igualdad de todos ante la Ley, provocando la discriminación entre los ciudadanos y volviendo la espalda a lo que son condiciones indispensables de un juez en una sociedad moderna: independencia, formación técnica y cualificación jurídica objetivamente contrastadas".
LLAMAMIENTO A "LA SENSATEZ"
"Esperamos que la sensatez prevalezca y se imponga finalmente el sentido común. Aún queda tiempo para abandonar definitivamente un modelo que en nada contribuye a la mejora de la Justicia, en el que los jueces no pasan de ser funcionarios municipales con toga y cuya finalidad es constituir un cuerpo paralelo de base autonómica y local, y lo que aún resulta más reprobable, de clara factura política", apunta.
Para el portavoz de la APM, esta reforma "ni sirve ni responde a los intereses generales, no comportará mejora significativa alguna, ni redundará en una Justicia más próxima al ciudadano, de más calidad y mayor rapidez".
Asimismo, advierte de que tampoco servirá para garantizar "mejor y en mayor medida la igualdad y seguridad jurídica en la aplicación de la Ley". "Lo que no dudo ni por un momento es que acentuará la politización de la Justicia, poniendo, al mismo tiempo, la primera piedra de cara a la creación de un cuerpo judicial paralelo de base autonómica y local, que es la realidad que se esconde", concluye.