Programa de UPD : Justicia
Publicado: Dom 30 Oct 2011 10:34 pm
7 - JUSTICIA
299 - Recuperación por el Estado de la competencia exclusiva en materia de Justicia a fin de facilitar la homogeneidad de la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales españoles, y reducir el enorme gasto que ha producido la transferencia a las Comunidades Autónomas, once en la actualidad, de la gestión de parte de los medios materiales y humanos de la administración al servicio de la Justicia.
300 - Realizar un análisis riguroso de la situación y necesidades de la Administración de Justicia para determinar las reformas estructurales necesarias, la revisión de los sistemas
retributivos y de inspección, así como la inversión precisa a fin de aproximarnos a la media europea tanto en presupuesto como en el número de jueces por habitantes y conseguir reducir los dilatados plazos de resolución de asuntos.
301 –Supresión de los juzgados especializados en violencia de género como tales, devolviendo al ámbito de la jurisdicción civil y penal estos asuntos y aprovechando la existencia de dichos juzgados y los medios personales y materiales con que cuentan para reforzar las necesidades de la planta judicial.
302 - Reforzar los medios para la efectiva ejecución de resoluciones judiciales a fin de lograr la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Para ello es necesario optimizar los recursos existentes de averiguación patrimonial y establecer mecanismos de supervisión de los trámites efectuados por el personal responsable de la ejecución.
303 - Modificación del Código Penal para poder inhabilitar, o suspender automáticamente, a los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan
deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o que, mediante cualquier publicación o declaración pública, se opongan a la observancia de las Leyes y resoluciones judiciales o inciten a su incumplimiento.
304 - Derogar la normativa procesal que, bajo términos como “agilización” o “modernización”, suponga una restricción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al suprimir
o reducir la posibilidad de recurrir en apelación o casación, con la consiguiente inseguridad jurídica derivada de disparidad de criterios, incluso en la misma provincia, y el consiguiente incremento de la litigiosidad.
305 - Medidas para reducir la litigiosidad:
306 - Promover el uso de un lenguaje más claro y sencillo en el ámbito judicial en su relación con los ciudadanos, de modo que los procedimientos judiciales sean fácilmente comprensibles sin necesidad de asesoría profesional, y facilitar mecanismos
de información sobre el desarrollo de los procedimientos.
307 - Acabar con la proliferación normativa injustificada y con las reformas efímeras de leyes que precisan estabilidad para potenciar la seguridad jurídica y consolidar criterios jurisprudenciales. En definitiva: “pocas leyes, claras y que se cumplan”.
308 - Fomentar el derecho preventivo o asesoramiento previo a la asunción de derechos y obligaciones, particularmente por parte de los consumidores, reforzando el papel asesor del notario en aquellos negocios jurídicos que requieran su intervención.
309 - Fomentar los pactos reguladores de las consecuencias de las rupturas de pareja a fin de reducir la conflictividad y los problemas derivados de la coexistencia de diferentes sistemas de derecho civil en nuestro país, que en muchos casos exceden
claramente las facultades constitucionales de las Comunidades Autónomas.
310 - Promulgar una Ley de Mediación introduciendo los incentivos necesarios para fomentar su uso, siempre voluntario, adaptado a los distintos ámbitos: familiar, civil, mercantil y penal.
311 - Modificar la Ley de Arbitraje para limitar el control judicial de la cláusula arbitral a las nulidades patentes, con una tasa específica para el caso de que se pretenda acudir a la jurisdicción ordinaria.
312 - Promulgar una Ley de Jurisdicción Voluntaria que atribuya competencias no inherentes a la función jurisdiccional a Notarios y Registradores.
313 - Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para fortalecer los títulos ejecutivos como medio de aligerar los procedimientos y evitar la fase declarativa en muchos supuestos no justificados, extendiendo el carácter ejecutivo de la escritura pública
en la línea seguida por los países de nuestro entorno.
314 - Incrementar las multas en casos de actuaciones judiciales realizadas con mala fe procesal o ánimo dilatorio, o que impliquen una indebida utilización de recursos de la Administración de Justicia.
315 – Penalización del negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista, tal y como ocurre en nuestro país con aquellos partidos políticos o asociaciones afines a la banda terrorista ETA que continuamente utilizan expresiones como presos “políticos”
o violencia “política” para referirse a los miembros o a la actividad de la citada banda terrorista, como si sus crímenes no hubieran existido.
316 – Estudiar la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos que, en el ejercicio de sus funciones públicas, causen, por acción u omisión, al Estado o a los ciudadanos que representan un perjuicio económicamente evaluable, bien por la infracción de las normas que regulan el ejercicio de su actividad, bien por la adopción de decisiones susceptibles de haberse evitado con
la diligencia mínima exigible a su cargo, materializadas en actos, gastos o inversiones manifiestamente innecesarios o desproporcionados o motivados por espurias razones
ajenas a la rentabilidad económica, al servicio público o el bienestar de los ciudadanos.
317 – Derogación de la LO 12/2011 que modifica la LOPJ para que los jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino.
299 - Recuperación por el Estado de la competencia exclusiva en materia de Justicia a fin de facilitar la homogeneidad de la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales españoles, y reducir el enorme gasto que ha producido la transferencia a las Comunidades Autónomas, once en la actualidad, de la gestión de parte de los medios materiales y humanos de la administración al servicio de la Justicia.
300 - Realizar un análisis riguroso de la situación y necesidades de la Administración de Justicia para determinar las reformas estructurales necesarias, la revisión de los sistemas
retributivos y de inspección, así como la inversión precisa a fin de aproximarnos a la media europea tanto en presupuesto como en el número de jueces por habitantes y conseguir reducir los dilatados plazos de resolución de asuntos.
301 –Supresión de los juzgados especializados en violencia de género como tales, devolviendo al ámbito de la jurisdicción civil y penal estos asuntos y aprovechando la existencia de dichos juzgados y los medios personales y materiales con que cuentan para reforzar las necesidades de la planta judicial.
302 - Reforzar los medios para la efectiva ejecución de resoluciones judiciales a fin de lograr la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Para ello es necesario optimizar los recursos existentes de averiguación patrimonial y establecer mecanismos de supervisión de los trámites efectuados por el personal responsable de la ejecución.
303 - Modificación del Código Penal para poder inhabilitar, o suspender automáticamente, a los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan
deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o que, mediante cualquier publicación o declaración pública, se opongan a la observancia de las Leyes y resoluciones judiciales o inciten a su incumplimiento.
304 - Derogar la normativa procesal que, bajo términos como “agilización” o “modernización”, suponga una restricción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al suprimir
o reducir la posibilidad de recurrir en apelación o casación, con la consiguiente inseguridad jurídica derivada de disparidad de criterios, incluso en la misma provincia, y el consiguiente incremento de la litigiosidad.
305 - Medidas para reducir la litigiosidad:
306 - Promover el uso de un lenguaje más claro y sencillo en el ámbito judicial en su relación con los ciudadanos, de modo que los procedimientos judiciales sean fácilmente comprensibles sin necesidad de asesoría profesional, y facilitar mecanismos
de información sobre el desarrollo de los procedimientos.
307 - Acabar con la proliferación normativa injustificada y con las reformas efímeras de leyes que precisan estabilidad para potenciar la seguridad jurídica y consolidar criterios jurisprudenciales. En definitiva: “pocas leyes, claras y que se cumplan”.
308 - Fomentar el derecho preventivo o asesoramiento previo a la asunción de derechos y obligaciones, particularmente por parte de los consumidores, reforzando el papel asesor del notario en aquellos negocios jurídicos que requieran su intervención.
309 - Fomentar los pactos reguladores de las consecuencias de las rupturas de pareja a fin de reducir la conflictividad y los problemas derivados de la coexistencia de diferentes sistemas de derecho civil en nuestro país, que en muchos casos exceden
claramente las facultades constitucionales de las Comunidades Autónomas.
310 - Promulgar una Ley de Mediación introduciendo los incentivos necesarios para fomentar su uso, siempre voluntario, adaptado a los distintos ámbitos: familiar, civil, mercantil y penal.
311 - Modificar la Ley de Arbitraje para limitar el control judicial de la cláusula arbitral a las nulidades patentes, con una tasa específica para el caso de que se pretenda acudir a la jurisdicción ordinaria.
312 - Promulgar una Ley de Jurisdicción Voluntaria que atribuya competencias no inherentes a la función jurisdiccional a Notarios y Registradores.
313 - Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para fortalecer los títulos ejecutivos como medio de aligerar los procedimientos y evitar la fase declarativa en muchos supuestos no justificados, extendiendo el carácter ejecutivo de la escritura pública
en la línea seguida por los países de nuestro entorno.
314 - Incrementar las multas en casos de actuaciones judiciales realizadas con mala fe procesal o ánimo dilatorio, o que impliquen una indebida utilización de recursos de la Administración de Justicia.
315 – Penalización del negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista, tal y como ocurre en nuestro país con aquellos partidos políticos o asociaciones afines a la banda terrorista ETA que continuamente utilizan expresiones como presos “políticos”
o violencia “política” para referirse a los miembros o a la actividad de la citada banda terrorista, como si sus crímenes no hubieran existido.
316 – Estudiar la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos que, en el ejercicio de sus funciones públicas, causen, por acción u omisión, al Estado o a los ciudadanos que representan un perjuicio económicamente evaluable, bien por la infracción de las normas que regulan el ejercicio de su actividad, bien por la adopción de decisiones susceptibles de haberse evitado con
la diligencia mínima exigible a su cargo, materializadas en actos, gastos o inversiones manifiestamente innecesarios o desproporcionados o motivados por espurias razones
ajenas a la rentabilidad económica, al servicio público o el bienestar de los ciudadanos.
317 – Derogación de la LO 12/2011 que modifica la LOPJ para que los jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino.