Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales

Una vez más los Jueces, al margen de asociaciones y colores, empiezan a mover ficha para quejarse. La última vez fueron 1400 los adheridos al manifiesto, y no les hicieron caso. A ver ahora que están cabreados por el recorte y la instruccioncita de marras lo que pasa. Os pego el texto del manifiesto que se ha circularizado entre ellos para que comiencen las adhesiones:


PROPUESTA FRENTE COMUN JUECES-ASOCIACIONES
1.- Situación actual de los Jueces tras el Manifiesto.-
Compañeros/as: Cuando en febrero del presente año sometimos a vuestra
adhesión el MANIFIESTO POR LA DESPOLITIZACION Y LA
INDEPENDENCIA JUDICIAL asumimos el compromiso de impulsar ese
movimiento activo y abierto a todos los sectores sociales, políticos e intelectuales del
país cuya última finalidad era la de promover y conseguir un GRAN PACTO DE
ESTADO en el que se plasmara el firme compromiso de restituir al Poder Judicial la
independencia y la dignidad constitucionalmente exigibles y avalada por resoluciones
internacionales. Un compromiso para cuya efectividad resultaba imprescindible se diera
plena satisfacción a los SIETE OBJETIVOS BASICOS siguientes: 1).-Elección
democrática de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial, incluidas Salas
de Gobierno y Presidencias de Audiencias y TSJ. 2).-Mantenimiento en poder de los
jueces de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, incluida la instrucción, en tanto
el M. Fiscal siga dependiendo del Ejecutivo . 3).- Elaboración de una nueva planta
judicial conforme a la media europea de 20 jueces/100.000 habitantes. 4).- Inversión en
justicia conforme a la media europea del 3,5% del presupuesto. 5).-Inmediata
consecución para los jueces de una carga de trabajo asumible que permita resolver los
asuntos con la prontitud y calidad que los ciudadanos merecen. 6).-Aprobación de un
nuevo estatuto judicial acompañado de una reforma de su régimen disciplinario que
termine con su inseguridad jurídica y con su régimen de responsabilidad prácticamente
objetiva y 7).-Establecimiento por ley de un sistema que garantice de manera definitiva
y estable su independencia económica para que no quede sujeta al arbitrio de cada
gobierno de turno.
Pues bien, los escasos meses transcurridos desde entonces han bastado para
evidenciar no sólo la total insensibilidad del Gobierno de la Nación y del CGPJ con
las inquietudes y reivindicaciones planteadas en el Manifiesto sino, peor aún, la
tenaz persistencia de ambos en continuar por esa misma senda expresamente
reprobada por más de 1400 jueces del país. Una senda que por parte del Gobierno
se ha materializado, entre otros aspectos en agudizar su actitud de mas absoluto desdén
hacia todas las asociaciones judiciales, hasta el punto de ni tan siquiera oírlas (tampoco
al Consejo) antes de aprobar mediante Decreto-Ley una reducción drástica y sin
precedentes de nuestros salarios que ha supuesto el mayor ataque perpetrado en nuestro
pais contra la independencia económica de los jueces, y en imprimir mayor celeridad
aún a su proceso de fragmentación y politización del Poder Judicial mediante la
articulación de proyectos legislativos específicamente encaminados a dar carta de
legalidad a la creación de 17 Consejos judiciales autonómicos y a atribuir la instrucción
penal a un M. Fiscal absolutamente dependiente del ejecutivo con paralela postergación
y restricción del democrático ejercicio de la acción popular a ámbitos meramente
residuales o testimoniales. Y todo ello con la complicidad tanto activa como pasiva
del CGPJ quien, no solo ha dejado en evidencia a tal respecto su tradicional posición
dócil al Ejecutivo sino que además ha despreciado ostensiblemente a los más de 1400
jueces firmantes del Manifiesto negándose reiteradamente a recibir a sus Impulsores. Ha
continuado impasiblemente efectuando la designación de cargos de la alta cúpula
judicial con el mismo sistema de cuotas (o reparto de cromos) reprobado en su día por
el TC. Ha incumplido notoriamente su solemne promesa de abanderar las
reivindicaciones de los más de 2100 jueces que siguieron la huelga del 18-2-2009 (en
especial, la del incremento del número de jueces y de la inversión en Justicia) pues
luego de mostrar tras esa huelga y la de octubre ciertos destellos de aparente
acercamiento a sus gobernados (plasmados en algunas flexibles interpretaciones de
nuestro rígido sistema de permisos), ha vuelto nuevamente a la senda dura iniciando,
por ejemplo, el trámite de aprobación de un proyecto de Reglamento de la carrera
judicial que recorta contra legem nuestro ya limitado y discriminatorio estatuto legal
en materia libertad de expresión, de permisos e incluso de nuestra misma libertad
deambulatoria, al tiempo que acentúa aún mas, en muy diferentes aspectos, nuestro
incomprensible status de responsabilidad objetiva por el funcionamiento de una oficina
judicial que nos es legalmente ajena. Proyecto que, en esa misma línea, ha sido seguido
de la más reciente aprobación de una Instrucción en la que, obviando el más elemental
principio de jerarquía normativa, efectúa un ilegal desarrollo de las residuales y
antinómicas facultades de inspección y dirección que anómalamente quedaron en el art.
165 de la reformada LOPJ y que, por su estrecha ligazón con nuestro catálogo legal de
infracciones disciplinarias, va a comportar de facto la definitiva consagración de nuestra
más absoluta responsabilidad objetiva por cualquier mínima irregularidad que suceda
en esa oficina judicial cuyo jefe es otro que, además, no depende legalmente de nosotros
sino del ejecutivo. Y todo ello mientras que, sin el mas leve destello de sensibilización
por parte de ambas instituciones gubernamentales, seguimos teniendo la mitad de jueces
que la media europea y hemos descendido en materia de independencia judicial según el
Word Economic Forum on Judicial Independence al “honorable” puesto numero 57,
detrás de Nigeria.
2.- Propuesta a todas las asociaciones y a los no asociados.-
Pero los Impulsores del Manifiesto, fieles al compromiso contraído con los
centenares de firmantes del mismo no estamos dispuestos a consentir por más tiempo
que esta situación de galopante politización y degradación de la carrera judicial
siga avanzando impunemente y de forma irreversible. Es por ello que, desde nuestra
condición de movimiento transasociativo y de base compuesto de asociados y no
asociados de todas las tendencias en pro de esos siete objetivos básicos de la carrera,
consideramos que ha llegado el momento de dar un firme y unitario PASO
ADELANTE que podrá cambiar sustancialmente la situación si contamos con los
apoyos individuales y asociativos en los términos que a continuación exponemos.
La petición de apoyo individual la dirigimos de manera especial a TODOS
LOS COMPAÑEROS NO ASOCIADOS para que, desde el máximo respeto a las
razones que les hayan podido llevar a no afiliarse a ninguna de las asociaciones
existentes hagan por primera vez un PARENTESIS EXCEPCIONAL Y MERAMENTE
TEMPORAL a su actual status pasando a engrosar de manera masiva e inmediata,
aunque limitada al tiempo máximo de UN AÑO, las filas de afiliados de
CUALQUIERA DE LAS ASOCIACIONES que en el plazo prudencial de 20 DIAS
manifiesten expresamente su COMPROMISO (mediante comunicado oficial dirigido
a esta misma red telemática) de llevar prioritaria y firmemente a cabo todas las
actuaciones que a continuación paralelamente les solicitamos.
Y la petición de apoyo asociativo la dirigimos a TODAS LAS ASOCIACIONES
JUDICIALES con el fin de que se comprometan con la consecución de los 7 objetivos
básicos del Manifiesto, en estrecha y coordinada colaboración con sus Impulsores, y
pongan en marcha a la mayor brevedad las actuaciones siguientes:
1).-Exigencia de Alta Mesa Negociadora.- Las asociaciones dispuestas a
aceptar esta propuesta se comprometen a exigir del Presidente del Gobierno de la
nación y del Presidente del CGPJ la constitución de una MESA NEGOCIADORA
AL MAS ALTO NIVEL (nunca a nivel meramente ministerial o del Consejo) en la
que se aborden como verdadero problema de Estado todas las cuestiones y objetivos
básicos planteados en el Manifiesto. Porque los jueces no somos meros funcionarios
sino un poder del Estado.
2).-Medidas contundentes de presión.- Las asociaciones aceptantes asumen
adoptar cuantas medidas constitucionales de presión progresivas y contundentes
fuesen necesarias, incluida una HUELGA GENERAL indefinida y discontinua de
jueces y magistrados, si en el plazo prudencial que la asociación o asociaciones
protagonistas de este proceso les fije (que sugerimos no supere los 15 DIAS) esas altas
Autoridades no hubieran dado respuesta afirmativa a aquella petición o, celebrado el
primer encuentro personal, no se hubiesen alcanzado acuerdos firmes en cuanto a la
constitución, objetivos y desarrollo de la Alta Mesa Negociadora. Reacción
movilizadora colectiva que igualmente debería adoptarse en cualquier momento en que,
pese a cumplirse esos primeros presupuestos, las negociaciones emprendidas no
hubieren alcanzado resultados satisfactorios relevantes y tangibles en el prudencial
plazo de UN MES. Porque los jueces estamos hartos de promesas volátiles.
3).-Convención Nacional de Jueces.-Paralelamente a todo lo anterior la
asociación o asociaciones aceptantes se comprometen a organizar y convocar una
CONVENCIÓN NACIONAL DE JUECES en el plazo máximo de DOCE MESES
con un doble objetivo: de un lado, para debatir de manera abierta y plural sobre todos
los graves problemas que afectan a la independencia del Poder Judicial en España y a
sus titulares, y de otro, para que todos los jueces y magistrados del país en servicio
activo a ella convocados procedan a elegir democráticamente (con las representaciones
tasadas que procedan) una Junta Nacional Jueces permanente y plenamente
representativa de todos los jueces y magistrados de España. Junta que una vez
constituida, se convertiría en la voz permanente de todos los jueces del país y, al propio
tiempo, en la única fórmula realista y plausible de unidad judicial con la que hoy por
hoy es posible responder a la todavía quimérica unidad asociativa. Porque los jueces no
podemos seguir mas tiempo sin una representación democrática a nivel nacional.
3.-Aclaración final.-
Con esta concreta propuesta los Impulsores del Manifiesto no pretendemos
vincular nuestra organización a asociación alguna ni delegar en ella la lucha por los
principios y objetivos a la que nos comprometimos al participar ese documento a toda la
carrera, como tampoco, por supuesto, está en nuestro ánimo generar ningún tipo de
división entre asociaciones o entre afiliados o no afiliados a las mismas, pues nada más
lejos quedaría del contundente mensaje de unidad que inspira y late intensamente en
todo el texto del Manifiesto. Lo que únicamente perseguimos con este doble envite a
todas las asociaciones y a todos los jueces no asociados (o incluso a aquellos otros
que, aun estándolo, quieran discrecionalmente mostrar de este modo su disconformidad
con la posición que adopte la cúpula de su asociación) es poner en marcha un sólido
FRENTE COMUN para cuyo éxito resulta indispensable engrosar
TEMPORALMENTE (y por muy breve plazo) las filas de cualquiera de las
asociaciones que se comprometan a llevar a efecto esta propuesta Porque sólo una
organización que disponga de una estructura asociativa integrada de una ingente base de
afiliados altamente reivindicativa podrá tener la fuerza y medios suficientes para llevar
fructuosamente a cabo esos objetivos.
Desde el Manifiesto nunca pediríamos ni pediremos a nadie la afiliación en
firme a alguna asociación concreta pues seria tanto como atentar contra la misma
esencia transasociativa de nuestro movimiento. Lo que aquí simple y llanamente
estamos pidiendo a los COMPAÑEROS NO ASOCIADOS es que, dada la situación
limite y extremadamente grave a que ha llegado ya la carrera se hace necesario un
extraordinario esfuerzo de unión solidaria por parte de todos que en el caso de los no
asociados pasa ineludiblemente por la toma de una decisión que sabemos les va a ser
muy difícil y dura: la de, en aras del bien de todo el colectivo judicial, ser capaces, por
una sola vez y de forma absolutamente excepcional, de dejar a un lado sus
arraigados recelos o profundas convicciones antiasociativas procediendo a
integrarse por muy limitado tiempo (máximo un año, o menos incluso) en
cualquiera de las asociaciones que decidan aceptar esta propuesta. Se trataría de un
gesto tan admirable y solidario, pero a su vez tan natural y coherente, como el que
hicieron tantos centenares de asociados y no asociados yendo a la dos huelgas de 2009
pese a no pertenecer o simpatizar con la asociación convocante.
Somos muchísimos los descontentos, usemos inteligentemente nuestra
fuerza.
A 10 de Noviembre de 2010
Los Impulsores del Manifiesto

Que envidia, por eso los jueces cobran el doble que los secretarios, porque surjen movimientos de base que impulsan y ponen contra las cuerdas a las asociaciones , y que estas se ven obligadas a sumarse a dicha corriente, y todos unidos logran cambiar las cosas. Carlos te invito a hacer un manifiesto.

El caso es que esta fue mas o menos la misma idea que planteamos en 1999 con Unidad de Accion, movilizar a los no asociados para que apoyaran a nuestros entonces "representantes" y en union de los promotores de la iniciativa, (uno de cada organizacion y otro independiente) fueramos al Ministerio a defender una plataforma de seis puntos votados mayoritariamente.

Sucedio que ninguna organizacion quiso perder su parcelita de poder, (o directamente fue utilizada por el propio Ministerio para reventar la iniciativa) y al final no pudo ser.

Si quieres puedo intentar subir al foro lo que aportamos en aquel entonces. Visto con 10 años de distancia igual tiene su interes.

Desconozco si los Jueces seran capaces de librarse de su enemigo interior, o les sucedera como a nosotros. Va a ser interesante verlo.

En todo caso creo que hay algo de estrategia en sus reivindicaciones. Lo del dinero y la ratio es para conseguir adhesiones, pero en esta crisis es indefendible, el meollo esta en otro lado.

Saludos.

Dicen textualmente:

Proyecto que, en esa misma línea, ha sido seguido
de la más reciente aprobación de una Instrucción en la que, obviando el más elemental
principio de jerarquía normativa, efectúa un ilegal desarrollo de las residuales y
antinómicas facultades de inspección y dirección que anómalamente quedaron en el art.
165 de la reformada LOPJ y que, por su estrecha ligazón con nuestro catálogo legal de
infracciones disciplinarias, va a comportar de facto la definitiva consagración de nuestra
más absoluta responsabilidad objetiva por cualquier mínima irregularidad que suceda
en esa oficina judicial cuyo jefe es otro que, además, no depende legalmente de nosotros
sino del ejecutivo.

la reforma es cierto que les ha quitado parte del poder que tenían, y más será. El ministerio nos usa para ese fin, pero lo cierto es que nos deberíamos de aprovechar tal circunstancia. Yo suelo pecar de optimista, pero creo que en unos años el cuerpo habrá cambiado para mejor, y la clave está en este párrafo de su manifiesto.

No malinterpretéis a los jueces. No les duele perder esa parcela de poder, la mayoría lo estaba deseando, pero en estos términos: menos trabajo, igual sueldo, cero responsabilidades. Y ahora sale el CGPJ y les dice: menos trabajo, sueldo inferior (esto no es cosa del CGPJ pero está ahí) y responsabilidad por lo que hagan otros. Me consta que estaban, muy mayoritariamente, encantados de que nosotros fuérmos los jefes absolutos de los servicios comunes, para quitarse el muerto procesal de encima, pero contaban con olvidarse de la responsabilidad disciplinaria en ese ámbito. Sobre el futuro de este segundo manifiesto yo lo tengo claro: el mismo que el primero, que con rueda de prensa y todo no sirvió de nada. Una tomadura de pelo. A ellos su CGPJ y, por la parte que le toca, el MJU, les toma el pelo casi tanto como a nosotros.

El manifiesto de los Jueces, en mi opinión, es en parte novedoso. No estoy de acuerdo con quienes sostienen que los Jueces mayoritariamente estaban deseando perder por completo cualquier poder sobre los SSCC. En realidad, corporativamente, los Jueces lo que siempre han defendido ha sido que deberían volver a colocarse en la cúspide del sistema (controlando, inspeccionando, dando órdenes..) y que los Secretarios nos comiéramos toda responsabilidad en caso de que algo no fuera bien. Y aquí está lo novedoso de este manifiesto: que por primera vez no cuestionan el papel del Secretario y, coherentemente, solicitan ser liberados de cualquier responsabilidad de lo que pudiera ocurrir en la gestión de los SSCC. Es lógico y razonable.

Esta iniciativa judicial cuenta con dos grandes ventajas sobre la que los Secretarios pudiéramos en su caso llevar a cabo: 1) Que, como Jueces al tener más relevancia social cualquier conflicto que planteen cuenta con publicidad gratuita asegurada, lo cual permite que todos ellos se enteren y puedan sentirse identificados. 2) Que una huelga, dure lo que dure, no les cuesta ni un euro a ninguno de ellos.

Salu2

Pego a continuación las conclusiones del FJI de su web. Pego un extracto del anterior post para que lo interpreteis conjuntamente con lo que resalto en negrita y el refrán "No hay peor desprecio que no hacer aprecio"

en esa oficina judicial cuyo jefe es otro que, además, no depende legalmente de nosotros sino del ejecutivo

¿Les cuesta mucho usar nuestro nombre? Nos llamamos Secretarios Judiciales, si nos vemos todos los días...

CONCLUSIONES VII CONGRESO.

REIVINDICACIONES PENDIENTES


El año judicial 2009-2010 puede calificarse como uno de los peores para la carrera judicial. Los jueces llevamos luchando desde el año 2.002 por recuperar el nivel adquisitivo que teníamos en el año 1.988 y que no se recuperó con la Ley de Retribuciones. Ocho años después no sólo no lo hemos recuperado, sino que se nos ha impuesto una severa rebaja salarial, muy superior incluso a la sufrida por el resto del sector público y de la que difícilmente nos recuperaremos en los próximos veinte años. El Ministerio se niega ni siquiera a hablar de una nueva Ley de Retribuciones.

No se ha definido la planta judicial que se necesita para el siglo XXI, no se ha puesto, en consecuencia, medida alguna para paliar la falta de jueces que reiteradamente venimos denunciando.

Hemos sido expulsados de la mutualidad judicial, en cuya asamblea de compromisarios, a pesar del nombre de la entidad, ya no hay ningún juez.

Todavía no se ha creado una normativa de prevención de riesgos laborales, a pesar de que es cada vez son más evidentes las enfermedades profesionales que afectan a los jueces, provocadas por el estrés y las condiciones indignas en las que, en la mayoría de los casos, han de llevar a cabo su trabajo.

So pretexto de implantar una nueva oficina judicial (lo que dudosamente se conseguirá con las partidas presupuestarias consignadas al efecto) se han pasado competencias claramente jurisdiccionales a funcionarios jerárquicamente dependientes del Ministerio de Justicia y se ha privado a los Jueces de cualquier autoridad sobre las personas que han de auxiliarle, los edificios en los que ha de trabajar o lo medios materiales que precisa para su trabajo. A pesar de ello se nos sigue haciendo responsables de todo lo que funciona mal en la oficina judicial.
El CGPJ sigue muy influenciado por los intereses de los partidos políticos, muestra un compromiso muy escaso con la defensa de la independencia judicial y utiliza sus funciones disciplinarias de forma, como mínimo, inadecuada.


Frente a estos problemas Foro Judicial Independiente quiere hacer las siguientes propuestas:



1.- Hacer un llamamiento a la unidad de acción de las cuatro asociaciones judiciales y a los no asociados para que se integren en el movimiento asociativo. Es indudable que existen diversas formar de ver y enfocar nuestra profesión y sus problemas, pero todas esas formas pueden convivir porque son complementarias. Debemos retomar el camino de la unión entre asociaciones, pues sólo cuando ha habido unión se ha conseguido avanzar significativamente. Y los Jueces no asociados deben reconsiderar su postura y comprender que sin una lucha activa y organizada es imposible acabar con esta situación. Es inevitable que haya tensiones y diferencias, pero debemos aprender a superarlas y a encontrar un marco común en el que podamos caber todos.


2.- Reiteramos una vez más que es una exigencia del Estado Democrático de Derecho que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los Jueces. Esta es una reivindicación que sostiene FJI desde su fundación y que no se cansará de repetir. Mientras esto no sea así no habrá una justicia verdaderamente independiente que pueda decidir sin presiones y con imparcialidad.

Es preciso además que se establezcan garantías y cautelas para que los vocales no judiciales reúnan condiciones de imparcialidad y competencia para la función que se les encomienda, y no sean meros instrumentos de control y manipulación de los partidos políticos.

Finalmente hay que aumentar paulatinamente las competencias del CGPJ sobre todo lo que pueda afectar a la independencia y al funcionamiento de la Justicia, reformando su estructura y forma de funcionamiento para que pueda gestionarlas con la eficacia necesaria. El objetivo final debe ser la autonomía presupuestaria del CGPJ sobre las partidas correspondientes a la Justicia, de modo que sería el CGPJ el que elaboraría este presupuesto y lo presentaría al Parlamento para su aprobación. Debe haber un diálogo directo CGPJ-Parlamento no mediatizado por el Poder Ejecutivo. No es concecible un Poder Judicial independiente cuyo gobierno no pueda hacer nada para resolver los problemas de medios personales y materiales que padecen los Jueces. Esto se puede hacer poco a poco, pero es urgente la asunción de la competencia sobre las retribuciones de los Jueces. Mientras permanezcan en manos del Ministerio, la independencia en materia económica es una quimera.

Tal exigencia de participación democrática de los Jueces en su conformación deberá aplicarse también, por similares razones, a cualquier otro órgano de gobierno de los mismos, entendido que también es una exigencia del Estado Democrático de Derecho mantener que, como ocurre ahora, al menos la mitad de los miembros de los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia sean elegidos directamente por los Jueces, debiendo realizarse las reformas precisas para reforzar el carácter democrático del proceso de elección y garantizar una representación plurar y amplia de todos los Jueces y Magistrados de la Comunidad correspondiente.


3.- Para garantizar un ejercicio razonable, seguro y eficiente de la profesión es imprescindible que exista un número adecuado de órganos judiciales, que se reforme la estructura judicial que responde actualmente a un modelo decimonónico. y que se organice racionalmente la oficina judicial, delimitándose con precisión la responsabilidad de los jueces, secretarios y funcionarios, sobre la base de mantener un mínimo control sobre todos los recursos, personales y materiales, que deben auxiliarle en su trabajo. No cabe una oficina judicial desvinculada del juez y en la que éste carezca de autoridad, por cuanto ello implica que tampoco tiene el control de los asuntos que son de su responsabilidad.


4.- Revisión de la carga de trabajo. El Consejo debe hacer un estudio riguroso que determine el número de asuntos que, como máximo, puede registrar un órgano judicial. El actual sistema de módulos se ha demostrado irreal e irracional. No se entiende que no se haya sustituido por el realizado por la empresa privada por encargo del Consejo.


5.- Creación de órganos judiciales. Una vez determinada la estructura que deben tener los órganos judiciales, debe hacerse un estudio serio de cuantos jueces son necesarios y poner de inmediato los medios para alcanzar esa cifra en el menor tiempo posible, planificando adecuadamente y calculando siempre un 10% de planta para cubrir bajas estructuralres. Mientras que se consigue ese obejtivo final debe existir un compromiso del MJU, CCAA y Consejo de crear plazas cuando se supere el máximo volumen de asuntos admisibles.



6.- Selección, formación, destinos, nombramientos, basados en criteros de mérito y capacidad, estableciendo criterios objetivos que permitan aplicarlos basados en el desempeño previo de funciones judiciales y gubernativas de forma satisfactoria, y estableciendo para los tribunales la elección de los presidentes por sus miembros.

Eliminación del actual sistema de provisión de destinos, que solo tiene en cuenta los puestos desempeñados en los últimos años, está provocando enormes disfunciones ya que ni siquiera se verifica si se han desempeñado correctamente. Debe tenerse en cuenta toda la carrera y el correcto desempeño que se haya hecho a lo largo de la misma de sus funciones.


7.- Recuperación de la capacidad adquisitiva perdida desde 2003. El IPC desde enero de 2004 ha subido el 17,3% y la carrera judicial ha tenido un aumento de 10%, por lo tanto es exigible un aumento lineal para toda la carrera del 7,3% de las retribuciones fijas, excluidas las retribuciones variables, más la previsión de la subida del IPC de 2008, que rondará el 4%; en total sería sobre entre el 10 y el 11%. A todo ello habría que sumar, superada la crisis, medidas para la total recuperación de la bajada de sueldo sufrida en el año 2.010.

Para evitar estas situaciones en el futuro debe procederse a la introducción de una cláusula de revisión automática que de alguna manera evite que por esta vía se menoscabe la independencia económica.


8.- Derogación de la actual Ley 15/20031, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal (BOE 27 de mayo) y su sustitución por una nueva que realmente garantice la independencia en el plano económico de los jueces, atribuyendo la competencia en esta materia al CGPJ.


9.- Sin perjuicio de ello, eliminación de las retribuciones variables basadas en la productividad y el trabajo a destajo con carácter urgente, repartiendo el dinero destinado a tal efecto de forma lineal y para satisfacer las especiales y graves incompatibilidades que afectan a Jueces y Magistrados, muy superiores a las de cualquier otro cuerpo del Estado.


10.- Restringir la responsabilidad del juez a los supuestos de delito doloso, eliminando la prevaricación culposa, que no rige para ningún funcionario o autoridad.

Establecimiento de filtros para evitar que las querellas puedan utilizarse con fines vejatorios (limitar las posibilidades de acusación al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a petición de parte interesada, comprobación previa de la seriedad de la denuncia antes de admitirla a trámite u otras similares).


11.- Reforma de los artículos 411, 412 y 413 LOPJ sobre los siguientes parámetros:

Eliminación de la acción directa para exigir responsabilidad civil al Juez, salvo la derivada de delito que se exija en procedimiento penal. El ciudadano sólo puede exigir indemnización al Estado. Esto no solo está establecido en general para la función pública, sino que está expresamente recomendado por el Consejo de Europa para los jueces.

Cuando se ejercite la acción civil contra el Estado, en caso de resultar condenado éste podrá dirigirse en vía de regreso contra el Juez, previa autorización del CGPJ, y sólo sin el acto causante del daño es de naturaleza deliberada.

Competencia para el conocimiento de la acción contra el Estado: Salas de lo contencioso de los TSJ o Sala 3ª TS, con intervención del Ministerio Fiscal, posibilidad de que intervenga el Magistrado afectado como coadyuvante del Estado y, en todo caso, con recurso de casación.

Competencia para el conocimiento de la vía de regreso: Salas de lo Civil de los TSJ o Sala 1ª del TS, con intervención del Ministerio Fiscal y, en todo caso, posibilidad de recurso de casación.


12.- Revisión y fijación de los tipos de las infracciones disciplinarias y concreción de las sanciones aplicables a cada uno (excesiva indefinición y discrecionalidad del modelo actual).

Eliminación del cualquier residuo de responsabilidad en función del resultado. Sanción sólo por la gravedad de la infracción.

Establecimiento de un sistema objetivo en la designación de instructores.

Regulación de la intervención de las asociaciones, si el afectado lo solicita o no se opone, en el procedimiento disciplinario desde el principio. Particularmente posibilidad de que un representante de la asociación asista al interesado.


13.- Reivindicaciones de naturaleza laboral pendientes y urgentes:


1.- Creación de una normativa sobre prevención de riesgos laborales que recoja las enfermedades profesionales que afectan a los Jueces y que garantice que desarrollen su trabajo en unas instalaciones y con medios adecuados que garanticen su salud.


2.- Jubilación parcial (nuevo párrafo artículo 386 LOPJ).


3.- Indemnización por jubilación.


4.- Seguro de vida.


5.- Petición condicionada de traslado.


6.- Creación de guarderías.


7.- Limitación de horas hábiles hasta 18,00 horas de lunes a jueves y 15,30 los viernes de acuerdo con resolución de 20-12-05 del Mº de Administraciones públicas.


14.- Una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que recoja todas estas reformas y reivindicaciones, sin perjuicio de las reformas urgentes que se propugnan, que se ajuste realmente al espíritu de la Constitución, dada la interpretación restrictiva, limitada y anticuada que hace la actual del concepto Poder Judicial y de la independencia de Jueces y Magistrados que recoge nuestra Constitución.



PARA CONSEGUIR TODAS ESTAS REIVINDICACIONES LOS JUECES TENEMOS QUE SER CONSCIENTES DE QUE TENDREMOS QUE EMPLEAR MEDIOS DE PRESIÓN Y ESPECIALMENTE LA HUELGA.


En La Coruña, a 23 de octubre de 2.010.

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Esta actitud nos hace mucho daño, y no me cabe la menor duda que es una de las causas por las que no se produjo en su momento nuestro merecido aumento retributivo. El Ministerio consideró que ya era bastante premio la reforma procesal, y la actitud de catedráticos y jueces les dió la coartada perfecta. Que no cuenten los "integrantes del Poder judicial" con la simpatía y la comprensión de éste siervo del ejecutivo (más bien todo lo contrario).
Por otro lado, si pretenden "conversaciones al más alto nivel", tutearse con el Presidente del Gobierno, lo tienen claro. Espero que hagan una huelga indefinida y se hundan todavía más en el fango.[/quote]

La justicia se hunde como un bote salvavidas, de ese barco que es el estado que tambien se hunde.

Ahora mismo creo que ni los Jueces ni los Secretarios pueden ya salvarse solos y menos combatiendo entre ellos y ni siquiera estoy seguro de que juntos y sin los Funcionarios, o aun con estos, pudieran conseguirlo.

Vienen a por nosotros sin cuartel y nos han cogido jugado a los galgos y los podencos. Nos tienen comidos por dentro con quintas columnas y somos incapaces de apostar por los pocos elementos que realmente tienen la suficiente claridad de ideas como para ver, que es momento de establecer alianzas y no disputar por migajas, como si cien pudieran salvarse con un unico salvavidas.

Esto solo puede arreglarse de un modo:

a) Anulacion de la quinta columna.

b) Alianza de los cuerpos afectados frente a la administracion.

c) Cambio de gobierno con cambios legislativos y procesales sensatos que consigan que la justicia funcione y que se pueda disminuir el numero de juzgados, destinando una parte del ahorro a sanear el pais y otra a compensaciones de perdidas de poder adquisitivo.

Lo demas me temo que es remar en circulos con el iceberg cada vez mas cerca.

Saludos.

Compañero Neo, pienso igualito que tu.
Muchas veces pienso que la juez de mi juzgado no me tiene ningún aprecio. Hago todo mi trabajo -el viernes me dejé la mesa prácticamente limpia con todo lo que nos ha caido en la reforma, y si vierais la suya...- y noto lo mucho que ella quisiera colocarme sus cosas. Me voy del juzgado con una íntima sensación de trabajo satisfactoriamente realizado, y con eso me basta, pues no espero aprecio de nadie -de nadie que no sepa apreciar esas cosas-. Con el reconocimiento de mis compañeros me sobra y me contento, aunque deseara más, naturalmente.
En ese contexto y viendo algunos detalles sucios de la inquilina del despacho de al lado -una vez espabilado ya y sabiendo lo que puedo esperar de ella- me siento incapaz de tenerle simpatía. Es así.
Me pregunto de quien es la culpa, si es de alguien.
De su personalidad egotista; del aleccionamiento -si es que lo hay- en la escuela judicial; de la pleitesía vacua de que es objeto; de las asociaciones y sus manifiestos corporativistas.
Reciban un saludo cordial compañeros.

Ultimanente y con la reforma, es totalmente incompatible estar los dos en el mismo sitio de trabajo.
En las nuevas oficinas judiciales, cuando la sepracion fisica sea una realidad, estos problemas de covivencia dejaran de ser el eterno problema.
Hay que tener en cuenta, que han perdido una parte importante de un poder, que realmente no ejercian, y que ahora, a todos aquellos que se excusaban echando las culpas a los demas, no les valdra de nada.
Deberan centrarse en sus sentencias y juicios, que para eso les pagan, y no en guerras tontas de patio de colegio.
Por mi experiencia, donde el juez esta en otro lado, distinto de la oficina, o spuedo decir que la cosa funciona y mucho mejor. Nada que ver con los juzgados tradicionales.