Publicado: Vie 27 Mar 2009 11:30 am
por Carlos Valiña
Desde la Secretaria General de Modernizacion y Relaciones con la Administracion de Justicia nos remiten el texto integro de la comparecencia del Ministro.
Es de agradecer y evitara que tengamos que juzgarla por los ojos de terceros.
Espero que quepa integramente en este mensaje.
Saludos.
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INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA EN LA COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EXPONER LA LÍNEAS GENERALES DE SU DEPARTAMENTO
26 de marzo de 2009
Señor Presidente.
Señorías, es para mí un honor comparecer ante esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponerles cuáles serán los principales objetivos de mi Departamento para los próximos tres años de Legislatura, cuáles las razones que han sustentado su selección y cuál el método de trabajo elegido para traducir los compromisos en realidad tangible y la voluntad política en verdadera acción de gobierno al servicio de la ciudadanía.
Soy plenamente consciente de la confianza que en mí ha depositado el Presidente del Gobierno y de la responsabilidad que he asumido al aceptar el cargo de Ministro de Justicia. Parte de esa responsabilidad es la que tengo ante esta Comisión parlamentaria que, a partir de hoy, se convertirá en un lugar privilegiado de trabajo y de encuentro con quienes representan la soberanía del pueblo.
Y el pueblo español, Señorías, no está especialmente satisfecho con el funcionamiento del servicio público de la Justicia. No lo está hoy, ni probablemente lo ha estado nunca.
Cuentan que el filósofo inglés Francis Bacon, conocedor de la proverbial lentitud de nuestra justicia, dijo que si la muerte le tenía que llegar, ojalá le llegase en España porque, así, le llegaría mucho más tarde.
De poco o nada sirve constatar las raíces históricas de la cuestión que nos ocupa, o comprobar que también en otros países democráticos “la justicia” es factor de crítico recelo en sus respectivas opiniones públicas.
Lejos de buscar factores exógenos y falsos consuelos, los demócratas españoles debemos sentirnos profundamente preocupados. Preocupados, porque las insuficiencias estructurales de nuestra Administración de Justicia, comprensibles en períodos de atraso económico o de privación de derechos y libertades, son difícilmente justificables una vez transcurridos treinta años de progreso, de modernización y de vigencia de un Estado social y democrático de Derecho, en los que los españoles han mejorado notablemente su nivel y calidad de vida.
Existen motivos para pensar que, en relación con la Justicia, hay cosas que no hemos sabido hacer bien, pues, con independencia del signo político de los gobiernos habidos durante ese tiempo, es lo cierto que los españoles no han mejorado su valoración de la justicia, ni han apreciado, en términos generales, una mayor fiabilidad y eficacia en la prestación de ese servicio público esencial.
Algo no ha ido bien a pesar del notorio esfuerzo y del impulso transformador de todos esos gobiernos. Se han acometido múltiples reformas procesales, se han incrementado de forma sistemática y progresiva los recursos presupuestarios dedicados a la Administración de Justicia, tanto por el Estado, como por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en esta materia.
Se han creado un gran número de nuevos juzgados y tribunales, con el consiguiente aumento de las plazas de fiscales, jueces, magistrados, secretarios y, en general, del personal al servicio de esa Administración. Se ha reformado los edificios y mejorado las instalaciones; se han perfeccionado registros y se ha invertido de manera muy significativa en la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación a la gestión y tramitación de los asuntos.
Han sido treinta años de un importantísimo esfuerzo colectivo de reforma y modernización de la Justicia, que se ha intensificado de manera muy especial en los últimos años. Más concretamente, en los últimos cinco, el incremento medio del presupuesto de justicia ha sido del 10,4% respecto del año anterior, esto es, cada año se han aumentado los recursos en aproximadamente 200 millones de euros más de media. Y se han creado más de 1000 nuevas plazas de jueces.
Con todo, Señorías, la litigiosidad ha crecido muchísimo en los últimos años. Hoy tenemos cerca de 9 millones de asuntos en nuestros juzgados y tribunales, cuando en 1996 teníamos 6 millones. Esto es, en 12 años la carga de trabajo se ha incrementado un 50%.
Asimismo, para hacer frente al ensanchamiento de los contextos jurídicos nacionales e internacionales en los que se despliega y desenvuelve la vida social y económica de nuestra población, hemos creado juzgados especializados, como los de menores, los de violencia de género o los de lo mercantil y, a pesar de ello, los tiempos de tramitación y respuesta siguen siendo demasiado largos.
En efecto, hemos hecho un gran esfuerzo colectivo y buscado soluciones para atender a necesidades perentorias vinculadas a la evolución de nuestra sociedad. Pero parece como si el alcance y la eficacia inicial de esas medidas pronto se viesen sobrepasados por la fuerza de la atracción de una inercia más profunda, cuyo arrastre hemos circunstancialmente contenido, pero a la que todavía no hemos sido capaces de embridar para que cambie, paulatinamente, su lógica de situación y comience a trabajar en la dirección deseada.
Les propongo, sin ánimo de exhaustividad, un pequeño viaje a través de ese tiempo, porque para construir el futuro siempre es conveniente aprender del pasado.
Los españoles podemos estar satisfechos de lo pronto que adaptamos nuestra legislación a las exigencias derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, suprimiendo los obstáculos que impedían a los ciudadanos acceder al juez.
Hemos sido tan combativos en la defensa de esa causa que, en ocasiones, hemos llegado a identificar indebidamente el Estado de Derecho con pretendido Estado jurisdiccional, lo que, además de confundir peligrosamente los planos de la responsabilidad política y la jurídica, consustanciales a toda democracia, ha ensombrecido y arrinconado la preocupación por regular y potenciar fórmulas alternativas de resolución de los conflictos que, como el arbitraje y la mediación, pueden servir para aliviar la carga de trabajo de nuestros juzgados y tribunales.
Nuestro afán porque todo asunto sea conocido por el juez nos ha hecho olvidar que existen excepciones constitucionalmente legítimas a esa regla y, sobre todo, que el legislador democrático puede, en ciertos casos, modularla de forma razonable y proporcionada con el fin de que, como dice la Constitución, esa tutela judicial sea efectiva.
En conexión con este mismo tema, hemos de reconocer que tampoco hemos clarificado normativamente la necesaria diferenciación que ha de existir entre el derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho a los recursos.
Aunque sabemos que únicamente existe un derecho fundamental a la doble instancia en materia penal, movidos probablemente por nuestra tradición y por un falso sentido garantista hemos conservado y establecido un complejo y nutrido sistema de recursos judiciales que permiten impugnar la práctica totalidad de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales, ocasionando con ello efectos no deseados: bien de carácter estructural, pues la cadena de recursos hace que los tribunales superiores pasen más horas revisando lo decidido por otro tribunal o juez inferior que abordando asuntos cuya competencia corresponde de modo directo; bien de naturaleza temporal y dilatoria, pues, la sucesión de recursos impide que exista en breve tiempo una resolución firme y definitiva, retrasando, a su vez, la eficacia del derecho también fundamental a la ejecución de lo juzgado que corresponde a la contraparte en el proceso.
Señorías, o nos tomamos en serio que el derecho de acceso al juez no significa acceder a todas las instancias, o estaremos abocados a una organización de la Administración de justicia en la que, desde el punto de vista del número de asuntos que entraran en el sistema, sólo la primera instancia opera como una verdadera unidad productiva, dedicándose las instancias superiores a revisar lo resuelto por la primera, en lugar de ocuparse de aquellos otros asuntos que, por su mayor entidad, requieren de la experiencia profesional y del carácter colegiado que les es propio.
Salvando, pues, la doble instancia penal y la función casacional que para garantizar la unificación de doctrina corresponde al Tribunal Supremo a través del recurso de casación, deberíamos reflexionar muy seriamente sobre la posibilidad de reducir el número de recursos a los estrictamente necesarios y consensuar las bases para que el derecho de acceso al juez nunca se pueda convertir en un pretexto para prolongar injustificadamente un litigio.
Una segunda estación de este viaje la representa la implantación del Estado de las Autonomía. El debate acerca de las competencias que en materia de Justicia corresponden a las Comunidades Autónomas fue progresivamente encauzándose a lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado, gracias a la tarea del legislador y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que fue marcando el camino a seguir.
Se crearon los Tribunales Superiores de Justicia en las Comunidades Autónomas y éstas asumieron la competencia sobre lo que se denominó la “administración” de la Administración de Justicia. Se habría un nuevo período de obligada cooperación institucional y también de desarrollos diferenciados tanto en el tiempo como en algunos contenidos.
Como saben, ese proceso de transición y aproximación de la Administración de Justicia a la nueva realidad de la España de las Autonomías todavía no ha concluido y, al día de hoy, contamos con seis Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en la materia.
Independientemente de la conveniencia de cerrar el proceso y consolidar un modelo estable de distribución de competencias, es evidente que, como en otros ámbitos competenciales que también han sido objeto de transferencia, la temporalidad y los distintos ritmos que han marcado la necesaria adaptación de la Administración de Justicia al Estado de las Autonomías han conllevado algunas disfunciones a las que urge poner remedio.
Así, y aunque es este un tema sobre el que después volveré, a modo de ejemplo visible, cabe reseñar que las Comunidades Autónomas en el ejercicio legítimo de sus competencias están desarrollando sistemas de informatización de la oficina judicial. Sin duda, esa es una muy buena noticia y prueba del compromiso de las Comunidades Autónomas con una justicia de más calidad.
Pero, a día de hoy, carecemos de una plataforma de conversión que permita la plena y efectiva conectividad entre los diferentes sistemas, lo que en la práctica ocasiona que nuestros juzgados y tribunales no puedan trabajar en red.
Y, como tercer elemento de este repaso histórico, qué decir de la progenie legislativa derivada del artículo 121 de nuestra Constitución. Después de distintos ensayos y modelos de configuración del gobierno del poder judicial probablemente no hayamos todavía encontrado la fórmula óptima. Además, tenemos planteado el reto de articular fórmulas de cooperación entre este órgano constitucional y los nuevos Consejos de justicia autonómicos, una tarea a la que nos convocan los Estatutos. Después volveré sobre ello.
Señorías, en tres décadas de democracia, hemos dado grandes pasos, pero esos pasos se han convertido en menudos en relación con el largo camino pendiente para alcanzar el horizonte deseado y compartido de una justicia ágil y efectiva, accesible y atenta con el ciudadano, responsable y moderna.
Al encarar la tarea pendiente no podemos caer ni en el fatalismo ni en el desánimo. Contar con una justicia que cumpla sus funciones al nivel de las expectativas ciudadanas y equiparable en su rendimiento al de los servicios públicos más avanzados tecnológicamente, es posible y factible.
Soy consciente de que tratamos con un servicio de capital importancia para los ciudadanos pero, también, con un poder que es la clave de bóveda del Estado de Derecho y en el que convergen todas las líneas de fuerza del entero edificio constitucional. Al legislar debemos tener muy presente esta especial singularidad, porque una ley en materia de justicia es la expresión normativa de un Poder del Estado regulando a otro Poder del Estado. Por ello, nuestro modo de actuar debe estar presidido por dos máximas de principio: prudencia y consenso.
Una pieza tan vital para nuestro Estado y para la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos requiere como principal método de trabajo la búsqueda de los acuerdos más amplios, que serán los más duraderos.
Exige, también, conciencia del límite, concebir metas realistas al alcance de los esfuerzos compartidos pues debemos saber que bajo la larga sombra de los grandes propósitos acecha siempre la frustración. Y exige continuidad, mantener sostenidamente esos esfuerzos dirigidos a alcanzar la común meta de una Justicia a la altura de una sociedad plenamente insertada en el siglo XXI.
Este es mi principal objetivo, Señorías, alcanzar un gran Acuerdo Social sobre la Justicia.
Un Acuerdo con todos los sectores implicados, incluida la sociedad civil.
Un Acuerdo para acometer cuantas reformas sean necesarias y posibles. Reformas con un impacto efectivo en el modo de impartir justicia en nuestro país y que sitúen al sistema en su conjunto, y a los profesionales que prestan en él sus servicios, en un nivel más alto en la estima y consideración ciudadana.
Reformas necesarias y posibles articuladas en torno a objetivos claros en el tiempo y que cuenten con el mayor consenso posible, ese es el eje central de la acción que me propongo desarrollar desde el Departamento que dirijo.
Esas áreas de atención preferente vienen definidas por cuatro ejes estratégicos:
Mejorar la calidad la Justicia adoptando medidas organizativas, equilibradas y razonables.
Incorporar plenamente nuestro sistema de Justicia en las Tecnologías de la Información y Comunicación y adecuar el Registro Civil a la realidad de una sociedad moderna, ágil y conectada como la española.
Reforzar la libertad y la seguridad de los ciudadanos actualizando nuestra legislación penal, tanto sustantiva como procesal para dar respuesta a las nuevas necesidades de protección.
Profundizar en la cooperación intergubernamental e internacional, especialmente, aprovechando al máximo las posibilidades de la Presidencia europea.
Señorías, mejorar la calidad del servicio público de justicia es una tarea prioritaria porque de ello depende tanto la satisfacción de una demanda ciudadana largamente expresada como el cumplimiento de las aspiraciones de los distintos colectivos profesionales a quienes corresponde el funcionamiento diario de nuestros juzgados y tribunales. Para ello, me propongo adoptar y plantear una serie de medidas urgentes y meditadas, diseñadas con la prudencia que debe presidir toda institución duradera, y sustentadas en la colaboración y el acuerdo de todos los actores implicados.
En primer lugar, necesitamos seguir aumentando el número de plazas de jueces con el objetivo de alcanzar la media europea. A lo largo de estos cinco años, el Gobierno ha realizado un importante esfuerzo de dotación de nuevas plazas. 1148 nuevas plazas de juez, hombres y mujeres que prestan hoy servicio en nuestro país. Es un esfuerzo que quiero continuar con la convocatoria para este año de 220 plazas de jueces y juezas, el máximo que permite la capacidad de la Escuela Judicial de Barcelona, así como la ampliación a 150 de las plazas convocadas para el Cuerpo de Fiscales. Un nivel de de convocatoria que se mantendrá en los próximos años con el fin de atender adecuadamente las correspondientes necesidades del servicio.
En segundo lugar, debemos racionalizar el trabajo de nuestras sedes judiciales para que gane en eficiencia y eficacia y para lograrlo habremos de implantar definitivamente la nueva oficina judicial.
El proceso constituye la garantía basilar del correcto ejercicio de la función jurisdiccional y, por tanto, de la efectiva realización del Derecho en el caso concreto. La gestión del proceso es, por ello, de vital importancia para que la Justicia ofrezca una respuesta acertada y en tiempo razonable a quienes acuden a ella.
Acierto y prontitud, garantía y eficacia, son el norte del desarrollo del proceso. La nueva oficina judicial pretende articular los medios personales y los recursos materiales al servicio de la administración de justicia del modo más eficiente con el fin de que ese horizonte posible de justicia en tiempo y en forma no quede velado por deficiencia de medios, debilidades organizativas o carencias de otro tipo.
Señorías, no es posible seguir gestionando las necesidades crecientes, dinámicas y complejas de nuestros juzgados y tribunales, manteniendo los esquemas heredados de las leyes procesales del siglo XIX. Una Administración plenamente situada en la modernidad precisa un cambio en los modos gestión del trabajo de la oficina judicial.
Ciertas prácticas que deterioran la imagen de nuestra Administración de justicia ante la ciudadanía y que producen insatisfacción entre quienes acuden ella, como las suspensiones injustificadas de juicios y vistas, la acumulación de señalamientos con la consiguiente espera de los usuarios o la sustanciación reiterada de diligencias, pueden remediarse con una gestión más eficaz y coherente. Ese es el objetivo del proyecto de ley de implantación de la nueva oficina judicial que el Gobierno ha presentado ante el Parlamento y que se está tramitando en esta Cámara.
Creo que ésta es una gran oportunidad para dotar a nuestra administración de justicia de una herramienta útil y necesaria para su mejor y más eficaz funcionamiento. El cambio sustancial que va a suponer la puesta en marcha de la nueva oficina judicial exige de todos la mayor disposición para que acertemos en su configuración final; de todos, de los grupos parlamentarios, pero también de las organizaciones de los profesionales de la justicia. Los ciudadanos nos exigen que aparquemos nuestros intereses sectoriales y que alcancemos acuerdos amplios, consistentes y duraderos para que esta reforma sitúe a nuestros juzgados y tribunales en el nivel de eficacia y ejemplariedad que les corresponde como pilares de nuestro Estado social y democrático de Derecho, y apelo a la voluntad de sus Señorías para que ese, precisamente, sea el horizonte del trabajo parlamentario que nos corresponde desarrollar.
El proyecto de ley es amplio y complejo y con el trabajo de todos podemos, sin duda, mejorarlo. Hay margen para ello a través del diálogo y el acuerdo. Por eso, me he comprometido públicamente a promover en esta Cámara una fórmula que concilie la facultad de señalamiento que corresponde a Jueces y Magistrados con la gestión de la agenda procesal y la dirección de la oficina judicial que compete a los secretarios judiciales.
Los secretarios judiciales están llamados a desempeñar un papel muy relevante en el funcionamiento de la oficina judicial por ello estamos, por un lado, reforzando su número con 450 nuevas plazas convocadas en 2008 y 290 más previstas para este año 2009, y, por otro lado, adoptando un conjunto de medidas para desarrollar las previsiones que sobre el cuerpo de secretarios contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Otra de las reformas necesarias que vamos a abordar desde el Departamento es mejorar el marco normativo de la conciliación de la vida familiar y laboral de quienes ejercen la función jurisdiccional. Con ese fin vamos a crear un grupo de trabajo para estudiar las distintas propuestas formuladas sobre este tema y acordar aquellas modificaciones más convenientes. En particular, se estudiarán fórmulas que permitan superar los problemas que el actual sistema de traslado por ascenso forzoso plantea desde la perspectiva de la conciliación de la vida familiar y laboral.
Nos proponemos trabajar, a lo largo de la legislatura, por una justicia titular y de calidad. El actual sistema de jueces sustitutos con el que se responde a las necesidades derivadas de la sobrecarga de trabajo o la insuficiencia de jueces titulares debe superarse en favor de un modelo en el que, junto con un incremento del número de miembros del poder judicial, sea el propio cuerpo de jueces y magistrados quien esté en disposición de absorber las incidencias en la titularidad de un juzgado derivadas de las vacantes por enfermedad, comisiones de servicios o excedencias por cuidado de hijos. Con ese objetivo nos proponemos, por un lado, instaurar la nueva figura del “juez de adscripción territorial” y, por otro lado, formular mecanismos que estimulen y favorezcan las sustituciones entre jueces, secretarios judiciales y fiscales titulares.
Señorías, si queremos mejorar la calidad de nuestro sistema de justicia debemos reparar en un hecho incontestable: en 1988, cuando se aprobó la vigente Ley de planta y demarcación, la población de España se situaba alrededor de los 39 millones, hoy superamos los 46. Resulta evidente que el mapa judicial que fijó aquella Ley ya no responde a nuestra realidad demográfica, ni a la configuración actual de nuestro sistema de justicia al que se han incorporado nuevos tipos de juzgados como los de lo contencioso-administrativo, lo mercantil, los especializados en violencia de género o los de menores que se han ido creando en estos años como consecuencia de los cambios legislativos. Por ello, resulta urgente reordenar la distribución de los órganos judiciales con el fin de ajustarse a los cambios en la distribución de la demanda de justicia en el territorio.
Dibujar un mapa judicial que se ajuste al mapa real de nuestra sociedad es una labor técnicamente compleja y sensible en la que deben tenerse en cuenta los distintos puntos de vista relevantes. Para realizar esa cartografía de vacíos y deficiencias actuales y de las nuevas realidades judiciales que vengan a cubrirlas nos proponemos constituir una comisión de expertos con el objeto de que elabore un informe que sirva de base a una nueva ley de planta para la España del siglo presente.
La nueva Ley será una buena oportunidad para plantearnos serenamente qué modelo de juez queremos. Un juez cuyo currículum profesional pueda conjugar la experiencia que aporta el contacto directo con los justiciables y la alta cualificación y especialización que exige el desempeño de la función jurisdiccional.
En este bloque de medidas para mejorar la calidad de nuestra justicia vamos a trabajar, también, en la búsqueda de fórmulas que contribuyan a reducir el número de litigios y la consiguiente carga de trabajo que soportan nuestros juzgados y tribunales.
Si volvemos la mirada atrás y repasamos los programas de acción que desde el Ministerio de Justicia se proponían hace ya más de setenta y cinco años, comprobaremos que ciertas cosas siguen en la agenda de lo querido pero no logrado. Fernando de Los Ríos allá por 1931 se lamentaba, como ministro de Justicia, de la carga de tareas que correspondían al juez más allá del núcleo de su función jurisdiccional por lo que se proponía, según sus palabras, “descargar a los Juzgados de lo que no tiene substantividad jurídica en un sentido ideológico ni en un sentido técnico”, y citaba entre otras tareas las relativas a la jurisdicción voluntaria.
Aquella necesidad sentida entonces sigue vigente hoy. Hay que trabajar para evitar que se judicialicen conflictos que pueden encontrar una solución menos costosa fuera del sistema. Con ese fin vamos a promover la regulación de mecanismos de mediación y conciliación mediante los que se puedan resolver controversias con el consiguiente ahorro de costes para la Administración de justicia en términos de carga de trabajo y congestión. En este sentido mi Departamento cumplirá el mandato establecido por las Cortes Generales mediante la Ley 15/2005, de 8 de julio, y remitirá a esta Cámara un proyecto de ley de mediación que incorpore la normativa de la Unión Europea sobre la materia.
Como he señalado en el inicio de mi intervención, creo que también deberíamos trabajar en reducir la duración de los procesos reduciendo las oportunidades para que los litigantes puedan alargarlos en su beneficio y con un coste para todos. El acceso a la justicia que nuestra Constitución consagra como derecho fundamental se satisface primariamente con el acceso a la instancia y la obtención de una sentencia sobre el fondo. Es un derecho que se impone al legislador, que debe mantener abiertos y sin obstáculos irrazonables o carentes de justificación los cauces de acceso a la jurisdicción.
El derecho al recurso nace, sin embargo, de la ley, y salvo en aquellos casos en que la Constitución consagra el derecho a la segunda instancia como en el ámbito penal, no cabe derivar de nuestra norma fundamental una exigencia explícita para el legislador a la hora de configurar el esquema de recursos. Por otro lado, la tasa de confirmación de las sentencias de instancias se sitúa en los distintos órdenes jurisdiccionales en niveles apreciablemente altos, entre el 75% y el 85%, lo cual representa un relevante indicio de calidad de las sentencias que dictan nuestros jueces en primera instancia.
Si partimos de estas consideraciones, creo que no resulta inapropiado sino, por el contrario, muy conveniente repensar el equilibrio razonable entre la garantía del control de lo resuelto en primera instancia con las necesidades de operatividad del sistema.
Señorías, el segundo eje estratégico de la actuación de mi Departamento será la puesta en marcha de un Plan de informatización e infraestructuras de equipamiento de la Administración de Justicia. La meta que me propongo es, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, lograr que nuestros juzgados y tribunales puedan trabajar en red, conectados entre sí, con acceso telemático al sistema de Registros y accesibles por vía electrónica para los usuarios de la Justicia.
En esta labor de modernización tecnológica ya hemos recorrido camino con la implantación del sistema Lexnet que permite la realización telemática de los distintos actos de comunicación procesal así como con el desarrollo del sistema Minerva NOJ que hará posible la intercomunicación de todos los juzgados y tribunales situados en los territorios cuya gestión depende del Ministerio.
De lo que se trata ahora es que esas poderosas herramientas informáticas se conviertan en la realidad del nuevo entorno de trabajo de todas las oficinas judiciales. Y esa extensión precisa de un impulso presupuestario sostenido en infraestructuras y en tecnología. Para conseguirlo, mi Departamento va a realizar una inversión en los próximos tres años de 600 millones de euros.
Es un esfuerzo presupuestario importante, solidario y realista, que no desconoce las circunstancias económicas por las que atravesamos y que, además, se proyecta sobre el período de tiempo al que me puedo comprometer como Ministro de Justicia, ante este Parlamento y ante todos los españoles. Para generar ilusiones y voluntad de cambio hay también que generar certeza.
Señorías, 600 millones de euros, casi 100.000 millones de las antiguas pesetas, suponen un incremento del 48 % sobre lo presupuestado en años atrás y representa, sin duda, una importante inyección de recursos económicos que dará un impulso decisivo a nuestra Administración de Justicia.
Quiero para España una justicia mejor y, precisamente, por ello, soy plenamente consciente de su realidad y de las necesidades colectivas. Invertiremos ese dinero con inteligencia, rigor y austeridad, procurando que cada euro se destine a ese objetivo.
Porque invertir en una justicia más ágil, más transparente y más previsible, es una forma de generar confianza en la ciudadanía, de dar seguridad al tráfico jurídico y económico y, por tanto, también a los mercados. Invertir en Justicia es, por estas razones, una palanca para ayudar al crecimiento sostenido de nuestra economía.
Esa inversión irá dirigida, asimismo, a conseguir que cada uno de los juzgados y tribunales de España, sea cual sea el lugar en que radique, pueda conectarse con cualquier otro de nuestro país. Para ello es necesario trabajar en la construcción de una plataforma informática que asegure la compatibilidad del sistema Minerva NOJ, desarrollado por el Ministerio, con los distintos sistemas implantados por las Comunidades Autónomas con competencia en justicia.
Con ese fin, propondré al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a las autoridades autonómicas, la constitución de un consorcio para articular en él la cooperación técnica necesaria para lograr que, lo antes posible, todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan, obtengan un servicio plenamente adecuado a los estándares de la sociedad de la información que son ya moneda corriente en tantos otros ámbitos de la vida social. Es éste un reto inaplazable de país, por eso creo no equivocarme al presumir que esta iniciativa contará con el apoyo de todas las instituciones implicadas.
También dentro de esta área de actuación, otra medida importante será la reforma del Registro Civil. El Registro acompaña a todos los ciudadanos desde su nacimiento hasta su defunción, y constan en él todos los hechos que determinan su status. Un compañero de viaje tan apegado a nosotros debería facilitarnos las cosas en la vida, y lo cierto es que la realidad dista de cumplir ese deseo.
El Registro Civil de la España de hoy está constituido por cerca de 8.000 islas de diversa naturaleza que, si bien desde la pasada Legislatura han dejado de compartir el olvido, todavía comparten la soledad.
Si leemos las estadísticas judiciales, comprobamos que más del 40% de las quejas formuladas se refieren a incidencias y trámites registrales. Vamos a trabajar para que superar ese estado de cosas y lo haremos mediante la presentación de una Ley del Registro Civil de España.
Una Ley con la que queremos conseguir dos objetivos principales.
El primero, desjudicializar en todo lo posible la función del registro, en sintonía con los procesos modernizadores que se han emprendido en otros países de nuestro entorno.
El segundo objetivo de la ley será la constitución de un Registro Civil único para toda España y en línea, accesible para todos los ciudadanos, aunque con unidades de información y atención a los ciudadanos en los municipios.
En esta misma línea de modernización y reforzamiento de la función registral, trabajaremos en favor de la mejora de la seguridad jurídica preventiva por la que velan Notarios y Registradores, simplificando trámites y facilitando el acceso de los ciudadanos a un servicio básico para el ordenado desarrollo de la vida jurídica.
Señorías, otra de los áreas prioritarias de la acción de mi Departamento será el fortalecimiento de las garantías de los derechos de los ciudadanos. Una de las señas de la acción de gobierno de los últimos cinco años ha sido el desarrollo de una ambiciosa política de derechos, una política de ampliación de los espacios de libertad e igualdad de los ciudadanos en los distintos ámbitos de la vida social. Nosotros nos proponemos proyectar esa política general sobre el espacio que representa la Justicia.
Mejorar la atención a los ciudadanos, hacer más comprensible el funcionamiento de juzgados y tribunales, auspiciar que los usuarios se sientan informados y cómodos son metas inexcusables.
Por eso estamos trabajando ya en el fortalecimiento de los servicios de las Oficinas de Atención al Ciudadano, a través de las que se permitirá, en otros aspectos, conocer de forma telemática el estado del procedimiento correspondiente.
Señorías, en el convencimiento de que no hay ciudadanos libres si no se saben y se sienten seguros y protegidos, abordaremos la actualización de nuestra legislación penal, tanto sustantiva como procesal, para desarrollar el derecho fundamental que proclama el artículo 17 de nuestra Constitución a la libertad y la seguridad personal.
El Gobierno ha impulsado una reforma importante del Código Penal para atender nuevas necesidades de protección como, entre otras, la lucha contra la corrupción pública y privada, la salvaguardia de la indemnidad sexual de los menores o el combate de la delincuencia practicada bajo el velo de las personas jurídicas. El anteproyecto, que está en fase de informe, será objeto de un trabajo detenido a la luz de las propuestas y consideraciones de los órganos consultados con el fin de que el texto final que se remita a esta Cámara sea lo más perfecto posible en su vertiente técnica y refleje el sentir y las demandas de los ciudadanos.
Transcurridas ocho legislaturas desde la aprobación de nuestra Constitución, tenemos como gran tarea pendiente elaborar un nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La vieja ley de 1882 tantas veces reformada y parcheada ha devenido un cuerpo normativo de difícil manejo y con algunos desfases e incoherencias que ya no corresponde con la belleza y claridad sistemática de su siempre elogiada Exposición de Motivos.
Se ha dicho con acierto que el derecho procesal penal es derecho constitucional concretizado. La ley procesal penal es la imagen del equilibrio proclamado por una sociedad entre la garantía de las libertades individuales y la procura de los bienes colectivos. Y la imagen que ofrece hoy nuestra vigente ley de enjuiciamiento criminal dista de ser nítida y precisa. Debemos abordar la tarea de actualizar ese equilibrio, llevando a la ley la experiencia vivida en nuestros juzgados y tribunales y la doctrina jurisprudencial emanada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Muy lejos queda ya la España decimonónica que vio nacer la ley en vigor.
Necesitamos configurar un proceso penal que deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras y en el que esté garantizada plenamente la segunda instancia; debemos diseñar un proceso en el que se prevean mecanismos tempranos para impedir que se produzca la denominada “pena de banquillo”; y debemos articular, en fin, un entramado normativo que garantice plenamente los derechos fundamentales de las partes.
Pero, Señorías, al elaborar el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal debemos ser conscientes que los sistemas punitivos de nuestras democracias no siempre le ha hecho fácil la vida a las víctimas. Su dolor no termina inmediatamente después de que se comete el delito y sus efectos perduran en el tiempo. La víctima es mucho más que una prueba. Es una persona herida en su dignidad. Por ello deben sentirse protegidas y amparadas, deben saber que el desarrollo del proceso vela, también, por sus derechos y por su seguridad.
Con ese fin incorporaremos normativamente a las leyes las correspondientes garantías pero también queremos hacer presente y tangible esa ayuda fortaleciendo los servicios de las Oficinas de Atención a las Víctimas que asegurarán su protección integral.
En este apartado, quiero hacer mención a la relevante función que desempeña el Ministerio Fiscal en la tutela de los derechos de los ciudadanos. Continuaremos el desarrollo de su Estatuto orgánico y, en particular, constituiremos un grupo de trabajo para preparar la elaboración del Reglamento del Estatuto Personal de los Fiscales. También, y en relación con los Médicos forenses, estamos trabajando en la modernización del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El cuarto eje de actuación que cité al inicio de mi intervención será el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de justicia.
Asumo mi responsabilidad como Ministro de Justicia, coincidiendo con la segunda presidencia española del Comité de Ministros del Consejo de Europa, y a punto de iniciarse la Presidencia de la Unión Europea por cuarta vez.
Coincide esta segunda presidencia con el 60 aniversario del Consejo de Europa y con los 50 años de la creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa nos ha servido de acicate para impulsar la firma y la ratificación de varios instrumentos de especial relevancia emanados del Consejo de Europa como el Protocolo Adicional al Convenio penal sobre corrupción, el Convenio sobre protección de datos, Convenio penal sobre la corrupción o el relativo a la ciberdelincuencia. Todo ello es muestra inequívoca del firme compromiso de España, de su Gobierno y de estas Cortes, con los principios y objetivos del Consejo de Europa.
Señorías, con la presidencia española de la Unión Europea, me propongo desde enero de 2010 dar un impulso decisivo al desarrollo del espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. Desde que España ingresó en la Unión Europea ha apostado resueltamente por desarrollar un proyecto político de integración al servicio de los ciudadanos. Con este mismo espíritu, me propongo asumir la responsabilidad de dirigir los esfuerzos del Ministerio de Justicia ante el desafío de la Presidencia española de la Unión y me gustaría contar para ello, como en otros ámbitos, con la colaboración de las fuerzas políticas que ustedes representan.
Estamos avanzando en la elaboración del programa semestral de nuestra Presidencia, al tiempo que trabajamos conjuntamente con nuestros socios belgas y húngaros –que junto con España forman el próximo Trío de Presidencias- en la redacción de un programa conjunto que abarcará 18 meses a partir del 1 de enero de 2010.
Nuestro programa girará en torno a las siguientes prioridades:
- contribuir a que los ciudadanos europeos puedan ejercer sus derechos sin las trabas derivadas de la diversidad de ordenamientos y prácticas nacionales;
- progresar en mejorar la prestación de los servicios de la Administración de Justicia a escala europea;
- perfeccionar los instrumentos para combatir eficazmente la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado sin menoscabo las debidas garantías jurídicas;
- promover la creación de la Fiscalía Europea para hacer frente al delito en todo el territorio de la Unión.
- por último, avanzar en la cooperación judicial con países terceros, en particular, con socios estratégicos como Estados Unidos y Rusia.
Seguiremos estrechando nuestras relaciones con los países iberoamericanos, tanto a través de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos e Iberred, como a nivel bilateral. En este sentido, impulsaremos la mejora de los mecanismos de extradición, junto a Argentina, Brasil y Portugal, procurando de este modo un rápido avance en la lucha contra el crimen organizado, que podamos más adelante ir extendiendo a más países de la región.
Señorías, he expuesto las cuatro grandes áreas de atención en las que se va desarrollar el trabajo de mi Departamento. Pero junto a ellas quiero, también, hacer mención de otras iniciativas que impulsaremos y sobre las que trabajaremos para que puedan tener el mayor apoyo posible.
Tenemos pendiente la labor de articular un Poder Judicial acorde con el Estado de las Autonomías. Las recientes reformas estatutarias han previsto la figura de los consejos autonómicos de justicia como técnica para engastar la lógica del Título VI de la Constitución con su Título VIII y nos corresponde ahora concretar esa opción estatutaria mediante un proceso de reflexión en el que entre todos, Consejo General del Poder Judicial, Comunidades Autónomas y fuerzas políticas, consigamos definir una fórmula de éxito.
No es éste el único punto en el que debemos conjugar mandatos constitucionales insertados en cada uno de los citados Títulos. También, hay que cohonestar la prescripción del artículo 152 de la Constitución que determina que los Tribunales Superiores de Justicia culminen la organización judicial en el correspondiente ámbito territorial con lo que preceptúa el artículo 123 de la Norma fundamental que atribuye al Tribunal Supremo la condición de superior órgano jurisdiccional en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
La institución de la casación que nace con el Estado constitucional conserva plenamente su razón de ser. Sigue, si me permiten la expresión, siendo moderna y, especialmente, en un Estado descentralizado como el nuestro. Preservar la igualdad de todos los españoles ante la ley frente a la disparidad de criterios interpretativos es la función que define a nuestro Tribunal Supremo. A este cometido sirve el denominado recurso de casación para la unificación de doctrina. Ahora bien, el interés casacional subyacente, es decir la igualdad en la aplicación judicial de la ley, no siempre queda cubierto mediante ese remedio procesal. Por lo que debemos encontrar fórmulas técnicas que conjuguen la casación para la unificación de doctrina a la que se refieren los nuevos Estatutos de Autonomía con la obligación del Tribunal Supremo de atender a ese específico interés casacional.
Como saben, Señorías, al Departamento que dirijo le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo de los derechos y libertades religiosas y de culto. En esta materia, tal y como anunció en su día en esta Cámara la Vicepresidenta Primera del Gobierno, vamos a profundizar en el ejercicio real y efectivo del derecho de libertad religiosa y de conciencia mediante la reforma de la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
La sociedad española ha cambiado tanto cualitativa como cuantitativamente por lo que respecta al pluralismo religioso y es necesario acomodar normativamente esa realidad. A este respecto, el Gobierno promoverá una reflexión serena y pausada con las distintas confesiones y fuerzas políticas y sociales, con el fin de alcanzar el mayor consenso posible, tal y como exige una Ley Orgánica de desarrollo constitucional.
Continuaremos, asimismo, el proceso de implementación de los Acuerdos suscritos por el Estado español con las distintas confesiones religiosas. Y, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que me honro en presidir, mantendremos el apoyo a la integración social y cultural de las confesiones minoritarias y la contribución a la apertura de espacios de convivencia activa, de alejamiento de los perjuicios y del diálogo.
En el ámbito organizativo del Ministerio, desde la Dirección del Servicio Jurídico del Estado se seguirá adelante el proceso de modernización de la organización de los recursos humanos y materiales de la Abogacía del Estado con el fin, entre otros aspectos, de favorecer la especialización y la flexibilización que redunden en una mayor eficacia y eficiencia de la alta labor que desempeña el Cuerpo de Abogados del Estado.
Finalmente, como consecuencia de los mandatos normativos contenidos en algunas leyes aprobadas la pasada legislatura, el Ministerio seguirá trabajando para darles el debido cumplimiento y desarrollo. Así, se está preparando el Real Decreto de desarrollo de la ley de acceso a la Abogacía, manteniendo un fluido dialogo con las instituciones colegial y universitaria, así como el desarrollo de lo relativo a la modernización del ejercicio de la Procura en el contexto de la informatización de las actuaciones judiciales.
Asimismo, se están tramitando las distintas actuaciones que prevé la ley de reconocimiento y ampliación de derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, a través de la Oficina para las Víctimas, y, en particular, puedo adelantarles que ya se ha puesta en marcha el procedimiento para la obtención de la Declaración de reparación y reconocimiento personal y que próximamente se expedirán las primeras Declaraciones.
Señoras y señores diputados,
Mi trabajo y el de todo mi equipo en el Ministerio de Justicia se orientará en la consecución del objetivo marcado por el Presidente del Gobierno en la sesión de investidura. Un objetivo que calificó como “crucial e inaplazable”: lograr una justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales, una justicia a la altura de las necesidades de nuestros ciudadanos y en sintonía con las exigencias del siglo XXI.
Les he expuesto las grandes líneas que me propongo seguir. Y lo he hecho con la clara conciencia de que ese programa de reformas necesarias y posibles requiere para su éxito sumar voluntades y complicidades. La Justicia, Señorías, exige Acuerdos.
En esta comparecencia he apelado constantemente a la necesidad del trabajar de manera prudente con un horizonte de objetivos claros y compartidos. Reitero ese compromiso.
Con ese objetivo, Señorías, quiero ofrecer a todas las fuerzas políticas, a las Comunidades Autónomas y a los profesionales de la Administración de Justicia y los demás actores sociales un Acuerdo Social sobre el que cimentar una política consensuada y de largo alcance para conseguir que nuestro sistema judicial cambie su inercia y se instale definitivamente en el siglo XXI.
Señorías, propongo un Acuerdo Social sobre la Justicia para:
Implantar con éxito la nueva Oficina Judicial y modernizar definitivamente la gestión procesal de nuestros juzgados y tribunales.
Un Acuerdo para:
Informatizar íntegramente nuestro sistema de justicia y lograr que Juzgados y Tribunales trabajen con métodos del siglo XXI, que trabajen en red.
Un Acuerdo para:
Trazar el nuevo mapa judicial que necesita la realidad demográfica de España.
Un Acuerdo para:
Impulsar fórmulas de conciliación y mediación y reducir la litigiosidad.
Un Acuerdo para:
Crear el Registro Civil de España, un Registro único, moderno y plenamente accesible en línea.
Un Acuerdo Social, señoras y señores Diputados, para:
Situar al ciudadano en el centro del sistema de justicia.
No olvidemos nunca lo dispuesto en el artículo 117 de nuestra Norma fundamental: La Justicia emana del Pueblo.
Ese es el lema que debe movernos.
Los ciudadanos son la fuente de legitimación de la justicia y ésta debe servirles con cercanía, agilidad, diligencia y acierto.
Este Acuerdo Social sobre la Justicia que les acabo de proponer es una iniciativa y una encomienda de trabajo.
Lo sé.
Pero recuerden. Hoy, entre todos podemos dejar de mirar al ayer y empezar a escribir una nueva historia de la justicia en España.
Hoy, si nos lo proponemos, puede ser ese día.
Muchas gracias.