Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante Vicente Magro publicó el dia 12/03/09 en el Diario la Ley un artículo en el que defiende que se encomienden a los jueces, en general, y presidentes de audiencias provincials, en particular, "funciones gestoras" criterio que según el sería la gran panacea para la admnistración de justicia.
Se ve que el movimiento endogamico-judicial lejos de amainar está dispuesto a lograr nuestra destrucción, ya no solo quieren lo jurisdiccional en un interpretacion lata sino controlar hasta el ultimo resquicio de la admnistración de justicia.
Solo he podido consultarso en resumen y por referncias así que si alguien lo tiene sería interesante que lo colgara.
"Quo usque tandem abutere patienta nostra" que diría el clásico, urge retomar las movilizaciones y convocar huelga, si las asociaciones no se mueven habrá que organizar algo por nuestra cuenta así que dejaros de soplagaiteces y a ver que se os ocurre.
Saludos gestorizados.

el tema de la dirección técnico-procesal y de la gestión ( como técnica de dirección de los recursos humanos y materiales ) tiene " escandilado " a más de un juez. Cuanto más se habla con seriedad y se avanza en este tema más deseos tienen de poder " asumir " estas cuestiones. Hemos sido algunos secretarios, a raíz de la reforma del 2003, los que hemos tomado con fuerza estas cuestiones, y somos los que lideramos ( porque debemos ) esta materia.
Olvidan los jueces que el estado actual de la justicia se debe en parte a SU NO SABER DIRIGIR LOS JUZGADOS; a que durante decadas no han dirigido ni han dejado dirigir, como el perro del hortelano.
En aquellos juzgados en los que se dirige bien por el secretario,en los que de alguna forma se protocoliza el trabajo, pese a las actuales circunstancias, a sus señorias se les corre la gaña y ven un campo nuevo que les seduce.
Y nosotros sin movilizarnos

Un problema muy serio, y que no conviene perder de vista es el de la atomización.

Lo vemos cuando hablamos de las aplicaciones de comunidades autónomas y su incompatibilidad entre sí, pero hay que extenderlo a todo.

El ciudadano tiene derecho a la misma justicia de calidad en todo el Estado, en cualquier punto de España.

Eso incluye, no sólo la frontera autonómica, sino la de cada juzgado. No hay derecho a que, en una localidad con dos o tres juzgados, existan las diferencias de tramitación y de señalamiento que existen.

La culpa no creo que sea de los jueces: bastante trabajo tienen con la justicia de fondo, las sentencias.

Es más bien del sistema que les carga o les faculta con un poder de dirección que no están capacitados para compatibilizar con su función constitucional.

El detrimento es de lo que consideran ( y es ) secundario, el proceso, frente a las cuestiones de fondo.