CARTA remitida AL MINISTRO 3-11-08
Publicado: Lun 03 Nov 2008 7:08 pm
AL EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA:
CARLOS JUAN VALIÑA REGUERA CON DNI 08818826-M, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL 4 DE SANTANDER, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACION PROFESIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES,
COMPARECE Y EXPONE:
Que teniendo noticia de que se va a celebrar una reunión en el Ministerio con los representantes del Cuerpo de Secretarios, a la que al parecer no ha sido invitada la Asociación que presido, considerando que tenemos sugerencias importantes que aportar, dada la grave situación que atraviesa la Administración de Justicia, y el Cuerpo de Secretarios en particular, a medio del presente le remito el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección de nuestra Asociación, en el particular relativo a nuestras propuestas para resolver el problema, en la confianza de que puedan ser tenidas en cuenta en la citada reunión.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
1) Es preciso una reforma global de la administración de justicia, pero no haciendo tabla rasa, sino aprovechando lo que funciona bien y lo que ha funcionado en el pasado, cuando no había un desbordamiento del trabajo.
2) La coyuntura económica es mala y hay que dar ejemplo de austeridad. Es preciso limitarse a reorganizar lo que tenemos. No se puede invertir más dinero en justicia hasta que se supere una crisis económica que aún no ha mostrado todo su alcance y consecuencias.
3) La reforma procesal de 2003 nunca contó con los recursos económicos para afrontarla, ni con el apoyo de las Comunidades Autónomas, ni con el apoyo de los cuerpos de la Administración de Justicia y, en estos momentos, es completamente impracticable.
4) Hace falta doblar el número de Jueces y hacen falta Funcionarios.
5) Las Comunidades Autónomas pagan y tienen que poder gestionar lo que pagan. Si gestionan, se corresponsabilizarán más, y pagarán más.
6) Los Secretarios están infrautilizados.
SOLUCIONES QUE SE PROPONEN:
1.-PERSONALES
a) Doblar el número de Jueces, redefiniendo el perfil del actual Cuerpo de Secretarios, que pasaría a recibir la denominación de Secretario-Juez, (Juez de Primer Enjuiciamiento, Juez de asuntos menores, u otro similar). Los Secretarios se incorporarían al actual cuerpo de Jueces en una escala independiente, pasarían a depender del Consejo, y tendrían una asignación de Vocales en el C.G.P.J. y de miembros de Sala de Gobierno proporcional al número de sus integrantes en el total de cuerpo de Jueces + Secretarios-Juez. Estos Secretarios-Juez, resolverían los asuntos sencillos, como antes hacían los Jueces de Distrito, en todas las jurisdicciones y las apelaciones de estos.
-Ventajas: Aprovechamos la formación jurídica de los Secretarios en algo realmente jurídico. Doblamos la plantilla de Jueces resolviendo cuestiones jurídicas, quitando a los actuales Jueces los asuntos pequeños, y permitiendo que los asuntos difíciles estén mejor estudiados, y se responda a los argumentos de los abogados, lo que redundará en muchas menos apelaciones y en descarga de los órganos superiores.
La medida favorece a los Jueces, hoy a los pies de la opinión publica y con su imagen destrozada y a los actuales Secretarios que recuperan su lugar natural en el C.G.P.J.
b) Modificación de las competencias de los Cuerpos de Funcionarios, introduciendo en cada Juzgado un Funcionario de Gestión que centralice todo lo administrativo: registros, material, oficios, estadísticas, distribución del trabajo, etc. y otorgando a los Gestores y Tramitadores la ordenación del trámite bajo su firma, con revisión de oficio (o a instancia de parte) por el Juez, o el Secretario-Juez, según sea el caso.
-Ventajas: La medida favorecería a los Funcionarios que verían reconocido lo que ya hacen, lo que es de justicia y evitaría la pérdida de tiempo de la firma. Muchas personas resolviendo, porque mucho es lo que hay que resolver.
Las Comunidades Autónomas apostarían por este plan, porque gestionan lo que pagan y se comprometerían más, entre otras cuestiones, reafirmando el principio de Autoridad, hoy deteriorado por la confusión competencial heredada de la reforma de 2003.
c) Reordenación de plantillas, moviendo dentro de la misma población Funcionarios de los órganos mas sobrecargados a los menos sobrecargados. Se podría abonar de una sola vez, un incentivo económico importante a los Funcionarios que estuvieran dispuestos a renunciar a su actual destino y a efectuar el movimiento a un juzgado sobrecargado. La plaza se amortizaría en el juzgado de origen y se crearía en el de destino, resguardando un mínimo de plazas en el primero.
-Ventajas: Sin forzar a nadie, recuperamos centenares de Funcionarios extraordinarios que desde hace años, (ante los bajos sueldos) han preferido optar por destinos destinos más cómodos.
d) Supresión gradual de las interinidades, convocando procesos de oposición para todas las vacantes existentes en Jueces, Secretarios y Funcionarios, más un excedente, en expectativa de destino.
2.-MATERIALES:
a) Salas de Vistas: Al haber más personas resolviendo, ya como Jueces, ya como Jueces-Secretarios habría que incrementar el número de Salas de Vistas, probablemente dividiendo algunas de las existentes.
-Ventajas: La obra que hay que hacer es mínima.
b) Juzgados: No sería preciso modificar los actuales, puesto que el Juez y el Secretario-Juez, continuarían ejerciendo su labor desde sus actuales despachos. Simplemente cambiaría el color de las carpetas de los procedimientos, siendo de un color los de uno y de otro color los de otro.
-Ventajas: No hay que hacer obras, ni buscar nuevos edificios.
3-FORMALES:
a) Fe Pública: Se sustituiría por capacidad certificadora o “autodocumentación” que se reparte entre todos y cada uno de los operadores que firman resoluciones o actos: Juez, Secretario-Juez, Gestor, Tramitador y Auxiliador.
-Ventaja: Otra buena cantidad de tiempo que se gana, acabando con buena parte del actual trasiego de firmas y logrando una agilización de todos los procedimientos.
b) Protocolos de actuación: El Ministerio crearía una comisión integrada por siete personas: un Juez, un Fiscal, un Secretario-Juez, un Funcionario, un Abogado, un Procurador y un Técnico del Ministerio, para que elabore protocolos de actuación de cumplimiento recomendado para todos los procedimientos y una base de consultas como la de Hacienda, para resolver dudas jurídicas de poderes, costas, citaciones, días hábiles, etc, etc. siguiendo el ejemplo de la Comisión de Tasas Judiciales que ya ejerció esta labor a finales de los 60, o de la D.G.R.N.
-Ventaja: Ahorramos la miles de horas que se pierden todos los días estudiando en Albacete lo que ayer se estudio y decidió en Ferrol.
c) Cursos: Se sustituyen en su totalidad los actuales cursos presenciales, por cursos "on line", fuera de horas de trabajo.
-Ventaja: Ahorramos miles de horas de trabajo efectivo que se pierden, además de parte del dinero público que se pierde en dietas y ganamos en imagen ante la Sociedad.
d) Leyes: El Ministerio crea una Comisión con siete personas: un Juez, un Fiscal, un Secretario-Juez, un Funcionario, un Abogado, un Procurador y un Técnico del Ministerio que presenten proyectos de reforma de las leyes procesales y penales. Cada uno de los seis primeros aporta las líneas generales del proyecto con el aporte que les facilite su colectivo, luego todos hacen una puesta en común, redactan un proyecto final por unanimidad y lo pasan al Ministerio quien se comprometería a presentarlo a las Cortes.
-Ventajas: Un proyecto sensato, hecho por los operadores jurídicos que lidian día a día con los problemas y un técnico del Ministerio, para no perder la perspectiva administrativa, va a resolver muchos mejor los problemas existentes.
e) Conflictos: Se crearía una Comisión Nacional integrada por un Juez, un Fiscal, un Secretario Juez, un Funcionario de cada cuerpo y un Técnico del Ministerio para resolver los conflictos internos en los Juzgados, con decisiones por unanimidad.
-Ventaja: evitamos la pérdida de miles de horas de trabajo, como consecuencia de la tensión de los problemas y conflictos, o por las bajas derivadas de estos.
4-RETRIBUCIONES:
Creación de una Comisión Nacional integrada por las mismas personas descritas en el caso anterior, que presente un estudio serio de la actual situación real de los salarios en relación con la evolución real del coste de la vida y que proponga por unanimidad una subida de sueldo, que por el momento se limite a la recuperación del poder adquisitivo perdido en el caso de los Jueces, Secretarios-Juez y Funcionarios no transferidos y que sirva de referencia para los Funcionarios que sí han sido transferidos, si estuvieren percibiendo un salario menor. El Ministerio se comprometería ante la sociedad, a que finalizada la crisis económica, si el atraso de la justicia se ha resuelto, o minorado notablemente, se realizarán subidas de sueldo que reconozcan a todos la especial responsabilidad de la Función, el enorme esfuerzo realizado durante años y en particular el haber ofrecido su apoyo incondicional para mejorar esta administración y el haberlo logrado.
5-DISCIPLINARIO:
Modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial rebajando la responsabilidad disciplinaria de los Funcionarios al nivel de la que tienen los Jueces y tendrían los Secretarios-Juez, por entender que en las actuales condiciones de sobrecarga de trabajo, y dada la responsabilidad que se maneja en estos juzgados, más la que asumirían los Funcionarios, no es lógico aplicar el mismo régimen disciplinario que en las demás administraciones públicas o, alternativamente, que se establezca una cláusula legal, por virtud de la cual, tanto la Administración como los Tribunales podrán rebajar en toda la extensión que estimen pertinente las sanciones impuestas, si en la comisión de la falta, o la producción del resultado, (cuando la falta lo contemple como agravante) concurrieran razones o causas que coadyuvaron a la producción de aquellos.
CONCLUSION:
Una reforma como esta puede hacerse y supondría atacar las causas del problema y no sólo las consecuencias, lo que desde hace 25 años se ha demostrado que es un remedio que nunca acierta a curar la enfermedad.
No se nos oculta que importantes Tribunales Extranjeros, aún contando con muchos recursos, tienen una situación de retraso, señal de que hay también un problema estructural subyacente y de que la Administración de Justicia, de alguna manera, es proclive al retraso, pero, por este mismo motivo, la solución que se adopte debe profundizar en las verdaderas causas del problema, porque éste siempre ha sido mayor de lo que aparentaba ser y eso explica porqué muchas de las soluciones empleadas desde 1988 hasta la actualidad, no han conseguido otra cosa que paliar la situación.
Una reforma así, audaz, y al mismo tiempo simple y que no precisaría de grandes recursos económicos, es quizás la única que puede poner a nuestra justicia a la altura del resto de nuestro sistema democrático, pero necesita de un abanderado firme.
Nos gustaría que V.E. tomara esta bandera.
En Santander a 3-11-08
Carlos Valiña. (Tf. 654398754)
CARLOS JUAN VALIÑA REGUERA CON DNI 08818826-M, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL 4 DE SANTANDER, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACION PROFESIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES,
COMPARECE Y EXPONE:
Que teniendo noticia de que se va a celebrar una reunión en el Ministerio con los representantes del Cuerpo de Secretarios, a la que al parecer no ha sido invitada la Asociación que presido, considerando que tenemos sugerencias importantes que aportar, dada la grave situación que atraviesa la Administración de Justicia, y el Cuerpo de Secretarios en particular, a medio del presente le remito el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección de nuestra Asociación, en el particular relativo a nuestras propuestas para resolver el problema, en la confianza de que puedan ser tenidas en cuenta en la citada reunión.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
1) Es preciso una reforma global de la administración de justicia, pero no haciendo tabla rasa, sino aprovechando lo que funciona bien y lo que ha funcionado en el pasado, cuando no había un desbordamiento del trabajo.
2) La coyuntura económica es mala y hay que dar ejemplo de austeridad. Es preciso limitarse a reorganizar lo que tenemos. No se puede invertir más dinero en justicia hasta que se supere una crisis económica que aún no ha mostrado todo su alcance y consecuencias.
3) La reforma procesal de 2003 nunca contó con los recursos económicos para afrontarla, ni con el apoyo de las Comunidades Autónomas, ni con el apoyo de los cuerpos de la Administración de Justicia y, en estos momentos, es completamente impracticable.
4) Hace falta doblar el número de Jueces y hacen falta Funcionarios.
5) Las Comunidades Autónomas pagan y tienen que poder gestionar lo que pagan. Si gestionan, se corresponsabilizarán más, y pagarán más.
6) Los Secretarios están infrautilizados.
SOLUCIONES QUE SE PROPONEN:
1.-PERSONALES
a) Doblar el número de Jueces, redefiniendo el perfil del actual Cuerpo de Secretarios, que pasaría a recibir la denominación de Secretario-Juez, (Juez de Primer Enjuiciamiento, Juez de asuntos menores, u otro similar). Los Secretarios se incorporarían al actual cuerpo de Jueces en una escala independiente, pasarían a depender del Consejo, y tendrían una asignación de Vocales en el C.G.P.J. y de miembros de Sala de Gobierno proporcional al número de sus integrantes en el total de cuerpo de Jueces + Secretarios-Juez. Estos Secretarios-Juez, resolverían los asuntos sencillos, como antes hacían los Jueces de Distrito, en todas las jurisdicciones y las apelaciones de estos.
-Ventajas: Aprovechamos la formación jurídica de los Secretarios en algo realmente jurídico. Doblamos la plantilla de Jueces resolviendo cuestiones jurídicas, quitando a los actuales Jueces los asuntos pequeños, y permitiendo que los asuntos difíciles estén mejor estudiados, y se responda a los argumentos de los abogados, lo que redundará en muchas menos apelaciones y en descarga de los órganos superiores.
La medida favorece a los Jueces, hoy a los pies de la opinión publica y con su imagen destrozada y a los actuales Secretarios que recuperan su lugar natural en el C.G.P.J.
b) Modificación de las competencias de los Cuerpos de Funcionarios, introduciendo en cada Juzgado un Funcionario de Gestión que centralice todo lo administrativo: registros, material, oficios, estadísticas, distribución del trabajo, etc. y otorgando a los Gestores y Tramitadores la ordenación del trámite bajo su firma, con revisión de oficio (o a instancia de parte) por el Juez, o el Secretario-Juez, según sea el caso.
-Ventajas: La medida favorecería a los Funcionarios que verían reconocido lo que ya hacen, lo que es de justicia y evitaría la pérdida de tiempo de la firma. Muchas personas resolviendo, porque mucho es lo que hay que resolver.
Las Comunidades Autónomas apostarían por este plan, porque gestionan lo que pagan y se comprometerían más, entre otras cuestiones, reafirmando el principio de Autoridad, hoy deteriorado por la confusión competencial heredada de la reforma de 2003.
c) Reordenación de plantillas, moviendo dentro de la misma población Funcionarios de los órganos mas sobrecargados a los menos sobrecargados. Se podría abonar de una sola vez, un incentivo económico importante a los Funcionarios que estuvieran dispuestos a renunciar a su actual destino y a efectuar el movimiento a un juzgado sobrecargado. La plaza se amortizaría en el juzgado de origen y se crearía en el de destino, resguardando un mínimo de plazas en el primero.
-Ventajas: Sin forzar a nadie, recuperamos centenares de Funcionarios extraordinarios que desde hace años, (ante los bajos sueldos) han preferido optar por destinos destinos más cómodos.
d) Supresión gradual de las interinidades, convocando procesos de oposición para todas las vacantes existentes en Jueces, Secretarios y Funcionarios, más un excedente, en expectativa de destino.
2.-MATERIALES:
a) Salas de Vistas: Al haber más personas resolviendo, ya como Jueces, ya como Jueces-Secretarios habría que incrementar el número de Salas de Vistas, probablemente dividiendo algunas de las existentes.
-Ventajas: La obra que hay que hacer es mínima.
b) Juzgados: No sería preciso modificar los actuales, puesto que el Juez y el Secretario-Juez, continuarían ejerciendo su labor desde sus actuales despachos. Simplemente cambiaría el color de las carpetas de los procedimientos, siendo de un color los de uno y de otro color los de otro.
-Ventajas: No hay que hacer obras, ni buscar nuevos edificios.
3-FORMALES:
a) Fe Pública: Se sustituiría por capacidad certificadora o “autodocumentación” que se reparte entre todos y cada uno de los operadores que firman resoluciones o actos: Juez, Secretario-Juez, Gestor, Tramitador y Auxiliador.
-Ventaja: Otra buena cantidad de tiempo que se gana, acabando con buena parte del actual trasiego de firmas y logrando una agilización de todos los procedimientos.
b) Protocolos de actuación: El Ministerio crearía una comisión integrada por siete personas: un Juez, un Fiscal, un Secretario-Juez, un Funcionario, un Abogado, un Procurador y un Técnico del Ministerio, para que elabore protocolos de actuación de cumplimiento recomendado para todos los procedimientos y una base de consultas como la de Hacienda, para resolver dudas jurídicas de poderes, costas, citaciones, días hábiles, etc, etc. siguiendo el ejemplo de la Comisión de Tasas Judiciales que ya ejerció esta labor a finales de los 60, o de la D.G.R.N.
-Ventaja: Ahorramos la miles de horas que se pierden todos los días estudiando en Albacete lo que ayer se estudio y decidió en Ferrol.
c) Cursos: Se sustituyen en su totalidad los actuales cursos presenciales, por cursos "on line", fuera de horas de trabajo.
-Ventaja: Ahorramos miles de horas de trabajo efectivo que se pierden, además de parte del dinero público que se pierde en dietas y ganamos en imagen ante la Sociedad.
d) Leyes: El Ministerio crea una Comisión con siete personas: un Juez, un Fiscal, un Secretario-Juez, un Funcionario, un Abogado, un Procurador y un Técnico del Ministerio que presenten proyectos de reforma de las leyes procesales y penales. Cada uno de los seis primeros aporta las líneas generales del proyecto con el aporte que les facilite su colectivo, luego todos hacen una puesta en común, redactan un proyecto final por unanimidad y lo pasan al Ministerio quien se comprometería a presentarlo a las Cortes.
-Ventajas: Un proyecto sensato, hecho por los operadores jurídicos que lidian día a día con los problemas y un técnico del Ministerio, para no perder la perspectiva administrativa, va a resolver muchos mejor los problemas existentes.
e) Conflictos: Se crearía una Comisión Nacional integrada por un Juez, un Fiscal, un Secretario Juez, un Funcionario de cada cuerpo y un Técnico del Ministerio para resolver los conflictos internos en los Juzgados, con decisiones por unanimidad.
-Ventaja: evitamos la pérdida de miles de horas de trabajo, como consecuencia de la tensión de los problemas y conflictos, o por las bajas derivadas de estos.
4-RETRIBUCIONES:
Creación de una Comisión Nacional integrada por las mismas personas descritas en el caso anterior, que presente un estudio serio de la actual situación real de los salarios en relación con la evolución real del coste de la vida y que proponga por unanimidad una subida de sueldo, que por el momento se limite a la recuperación del poder adquisitivo perdido en el caso de los Jueces, Secretarios-Juez y Funcionarios no transferidos y que sirva de referencia para los Funcionarios que sí han sido transferidos, si estuvieren percibiendo un salario menor. El Ministerio se comprometería ante la sociedad, a que finalizada la crisis económica, si el atraso de la justicia se ha resuelto, o minorado notablemente, se realizarán subidas de sueldo que reconozcan a todos la especial responsabilidad de la Función, el enorme esfuerzo realizado durante años y en particular el haber ofrecido su apoyo incondicional para mejorar esta administración y el haberlo logrado.
5-DISCIPLINARIO:
Modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial rebajando la responsabilidad disciplinaria de los Funcionarios al nivel de la que tienen los Jueces y tendrían los Secretarios-Juez, por entender que en las actuales condiciones de sobrecarga de trabajo, y dada la responsabilidad que se maneja en estos juzgados, más la que asumirían los Funcionarios, no es lógico aplicar el mismo régimen disciplinario que en las demás administraciones públicas o, alternativamente, que se establezca una cláusula legal, por virtud de la cual, tanto la Administración como los Tribunales podrán rebajar en toda la extensión que estimen pertinente las sanciones impuestas, si en la comisión de la falta, o la producción del resultado, (cuando la falta lo contemple como agravante) concurrieran razones o causas que coadyuvaron a la producción de aquellos.
CONCLUSION:
Una reforma como esta puede hacerse y supondría atacar las causas del problema y no sólo las consecuencias, lo que desde hace 25 años se ha demostrado que es un remedio que nunca acierta a curar la enfermedad.
No se nos oculta que importantes Tribunales Extranjeros, aún contando con muchos recursos, tienen una situación de retraso, señal de que hay también un problema estructural subyacente y de que la Administración de Justicia, de alguna manera, es proclive al retraso, pero, por este mismo motivo, la solución que se adopte debe profundizar en las verdaderas causas del problema, porque éste siempre ha sido mayor de lo que aparentaba ser y eso explica porqué muchas de las soluciones empleadas desde 1988 hasta la actualidad, no han conseguido otra cosa que paliar la situación.
Una reforma así, audaz, y al mismo tiempo simple y que no precisaría de grandes recursos económicos, es quizás la única que puede poner a nuestra justicia a la altura del resto de nuestro sistema democrático, pero necesita de un abanderado firme.
Nos gustaría que V.E. tomara esta bandera.
En Santander a 3-11-08
Carlos Valiña. (Tf. 654398754)