Propuesta de Comunicado del Foro a la Sociedad.
Publicado: Dom 30 Oct 2016 10:08 pm
Tras todo el finde currando, he redactado una nueva versión del comunicado, elevando a 40 los problemas que hay que resolver, agrupándolos en bloques lógicos de sentido y buscando un estilo más técnico y preciso.
Os dejo el texto:
COMUNICADO DEL FORO DE UNIDAD DE ACCION DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES, SOBRE LOS MALES PROFUNDOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SU SOLUCION.
Esta es la voz de la gente de base, de los profesionales de a pie, no de los que ostentan cargos, ni de las organizaciones y asociaciones que solo sirven a sus propios intereses o a los de la Administración, ni de los políticos que buscan un interés electoral.
Es sencillamente la verdad, una verdad que se oculta a la opinión pública, y que hartos ya de tanta mentira y engaño ponemos sobre la mesa, para que quien quiera oír oiga y quien venga con otra mentira en los labios, se vea desenmascarado.
Los 40 problemas que aquí se enumeran, hay que solucionarlos todos y todos a la vez, no a la carta o a lo barato, si de verdad se quiere que esto funcione, cosa que también se le oculta al ciudadano.
Helos aquí:
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA LEGISLACION VIGENTE:
1 Los Juzgados trabajan con las leyes y la legislación actual es un desastre.
Se ha arrinconado y devaluado a la Comisión General de Codificación, (donde antes los más expertos preparaban durante años los proyectos de nuevas leyes) y se han desmantelado los equipos que redactaban los proyectos en el Ministerio de Justicia, y por lo tanto, se legisla deprisa, por personas con poco conocimiento o incluso externas a la propia administración, para que luego el Parlamento agrave el problema, modificando esos proyectos a golpe de “grupo de presión” o del interés corporativo del más fuerte y por si ella fuera poco, las modificaciones legales son tan continuas y numerosas que es imposible conocer el derecho: Se multiplican los casos en que se aplica simultáneamente lo nuevo y lo derogado, incluso se cambian normas ya promulgadas, pero aún no vigentes, antes de que lleguen a entrar en vigor y la cada vez mayor incidencia de la normativa comunitaria y de las sentencias que la desarrollan, con más las leyes autonómicas y la lluvia continua de regulaciones reglamentarias, generan un escenario de trabajo imposible de abarcar.
SOLUCION: Adscripción de la Comisión General de Codificación al Consejo General del Poder Judicial, (C.G.P.J.) otorgándole facultades exclusivas para la elaboración de proyectos de ley en las materias directamente relacionadas con la justicia y garantizándose la completa independencia de sus miembros.
2 Las leyes de procedimiento están diseñadas a la mayor gloria de los Jueces y Fiscales.
Todo, hasta lo más repetitivo y banal, ha de llevar la firma del Juez o del Fiscal, (recientemente también del Secretario), aunque la mayor parte del trabajo burocrático lo realicen los Funcionarios, con lo cual se impide a estos asumir responsabilidades, no apreciándoseles en su justa valía y dando lugar a un continuo e improductivo trasiego de expedientes para “conseguir” la firma y a una gran desmotivación del personal Funcionario.
SOLUCION: Atribución a los Funcionarios de firma propia, con un posterior régimen de recursos ante el Juez.
3 Las leyes penales están pensadas para sacar dinero para el estado o para no gastar dinero en presos.
Donde antiguamente las conductas menos graves se sancionaban con penas cortas de prisión, que permitían terminar pronto con las ejecutorias, y las conductas que no eran penales se sancionaban en el ámbito administrativo, en la actualidad se han penalizado múltiples conductas administrativas imponiéndoles penas de multa y además se ha creado una maraña de posibilidades para evitar la pena de prisión, bien mediante el abono de multas, bien sustituyendo la prisión por inoperantes y aparentes “trabajos en beneficio de la comunidad”, alternativas estas que ralentizan enormemente la finalización de los procedimientos, anulando además buena parte del efecto disuasorio de las sentencias penales, y generando la natural alarma social.
SOLUCION: Revisión profunda del Código Penal, limitándolo a lo estrictamente necesario y volviendo a apostar por el sistema de penas de prisión cortas y de inmediato cumplimiento para los delitos menos graves.
4 Las leyes de procedimiento dejan la ejecución de las sentencias contenciosas poco menos que al criterio de las administraciones públicas:
Las administraciones públicas condenadas, no colaboran, desatienden los requerimientos judiciales y atascan completamente los juzgados contenciosos.
SOLUCION: Imposición de multas directas y progresivas, con embargo de las cuentas de dichas administraciones en entidades bancarias, para la mejora del Poder Judicial.
PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INSEGURIDAD JURIDICA:
5 Se ha recortado el derecho a los recursos de apelación, suplicación y casación rompiendo la unificación de doctrina.
En muchos casos se priva a los ciudadanos del derecho que antes tenían a los recursos, y si el Juez es poco competente, o simplemente se ha equivocado, se genera una injusticia de imposible corrección.
SOLUCION: Devolución a los ciudadanos del derecho a los recursos indebidamente recortados, también en el ámbito del recurso de amparo.
6 Las dudas jurídicas se resuelven de modo diferente según el juzgado que corresponda:
La maraña de leyes, reglamentos, prácticas, competencias, y jurisprudencias (europea, del Tribunal, Constitucional, del Supremo, de los TSJ, de las Audiencias) ha generado una enorme inseguridad jurídica, pudiendo caer la cuestión de un lado u otro o de varios, con grave perjuicio para el ciudadano, amén de la pérdida de miles de horas de esfuerzo, tratando de resolver las mismas cuestiones en cientos y cientos de partidos judiciales.
SOLUCION: Creación de una amplia base de consultas jurídicas, como la que tiene el Ministerio de Hacienda, con soluciones avaladas por el propio C.G.P.J., a la vista de la jurisprudencia, sin carácter vinculante, pero sí con el recomendación de autoridad, de modo que invocadas por los Abogados, para apartarse de ellas el Juez deba informar al C.G.P.J. sobre sus motivos y se pueda controlar la contumacia en separarse de los criterios sentados por el Consejo o aprovechar ese informe para mejorar la base de consultas.
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:
7 La dotación presupuestaria de la administración de justicia en España es ridícula.
Faltan Jueces, faltan Secretarios, faltan Funcionarios y faltan Juzgados.
SOLUCION: Asignar a ese C.G.P.J. global, una partida presupuestaria equivalente a la que se destina a la administración de justicia en los países más avanzados de nuestro entorno.
8 Los cuerpos de la administración de justicia están diseñados para otra época.
Por diversas inercias históricas, y por intereses corporativos de las cúpulas de estos cuerpos, interesadas en seguir al frente de los mismos, se continúa con el mismo modelo organizativo del siglo XIX, que no se corresponde ya con un escenario diferente, y en vez de redefinir el número y clase de cuerpos existentes, se intentan reorganizar “sus funciones”, y se pretende camuflar el despropósito con meros “cambios de denominación”, cuando en realidad se están desaprovechando cuerpos enteros como el de Secretarios Judiciales (ahora Letrados de la Administración de Justicia) y buena parte de las potencialidades de los de Gestores y Tramitadores, (antiguos Oficiales y Auxiliares).
SOLUCION: Reconversión de los Secretarios en Jueces, de los Gestores en Jefes de Servicio con firma propia y de los Tramitadores en Gestores con igual firma, lo que posibilita tener dos Jueces en cada Juzgado, permite apelaciones de uno a otro descargando a los órganos Colegiados, retira al Juez principal de los asuntos menores y repetitivos, dobla la ratio de Juez por habitante hoy insuficiente, aumenta la calidad de las resoluciones, saca partido a las posibilidades del cuerpo de Secretarios hoy desaprovechadas, desatasca juzgados donde el colapso está en la mesa del Juez, y permite que los Jefes de Servicio organicen el trabajo, resuelvan cuestiones de más enjundia y conozcan en primera instancia de los recursos contra las decisiones de los Gestores, descargando a los Jueces del grueso de lo meramente procedimental.
9 Los recursos humanos están pésimamente distribuidos.
Fruto de las carencias heredadas, de las taifas autonómicas, de la falta de método, del abuso de órganos colegiados y capitales de provincia, etc., décadas de desgobierno y desconcierto han conducido a una situación donde los españoles no son iguales ante la justicia, un mismo asunto puede tramitarse en meses o en años dependiendo de la comunidad, de la localidad, de la jurisdicción, o del pasillo en que caiga un pleito.
SOLUCION: Elaboración de un algoritmo que evalúe anualmente las cargas de trabajo, ponderando no solo el número de entrada de asuntos, sino también los factores “velados” que añaden más dificultad al trabajo de los juzgados, -dispersión de edificios, mayor o menor movilidad y experiencia del personal, cuantía y tipología de los asuntos, complejidad derivada del tamaño del partido judicial, de las cargas adicionales (decanato, registro civil..) que soporte el juzgado, de la naturaleza del partido (agrícola, industrial, turístico) etc. etc. que permita ir ajustando periódicamente las plantillas de los diferentes tipos de órganos y el número, clase y ubicación de estos, así como para establecer cual es la carga razonable de trabajo por Juzgado.
10 Los incentivos económicos están mal asignados.
Se priman con mayor sueldo destinos cómodos como Fiscalías y órganos Colegiados, que drenan de los Juzgados a los Funcionarios más veteranos y expertos y lo propio sucede con las capitales cuando muchas veces los juzgados más atascados y con menos recursos son los de tercera.
SOLUCION: Revisión profunda de todo el sistema retributivo, distribuyendo la masa salarial de manera más racional, incentivando los destinos más complicados por todos los conceptos: lejanía, movilidad, dificultad, etc.
11 Los sueldos están mal asignados.
Dentro de cada cuerpo existen grandes diferencias de sueldos interterritoriales, especialmente significativas en los órganos centrales, y también en el caso de los cargos jerárquicos, con discriminaciones sangrantes entre los sueldos de los que organizan, y los de los que sacan el trabajo. Por su parte, las diferencias de sueldos entre los distintos cuerpos no hacen honor al esfuerzo y calidad del trabajo que unos y otros realizan, generado un profundo malestar.
SOLUCION: Elevación del rango de las tareas y responsabilidades de todos los cuerpos de la administración de justicia, igualando sueldos interterritorialmente y con disminución de las actuales diferencias de sueldo entre los cuerpos, y entre los cargos y los integrantes de cada cuerpo, que no se compadecen con lo que cada uno merece.
12 Se tarda demasiado en incapacitar a los enfermos mentales o no se hace:
Hay Jueces, Secretarios y Funcionarios afectados por algún problema mental, que lastran de manera significativa el trabajo de los juzgados, tanto más cuanto mayores son sus responsabilidades, lo que es especialmente grave en el caso de los Jueces.
SOLUCION: Arbitrar un procedimiento urgente ante el Consejo para solucionar los problemas derivados de la enfermedad mental.
13 Parte de los integrantes de los Juzgados no tienen la cualificación suficiente:
Bien porque algunas personas logran pasar el exigente filtro de las oposiciones sin las necesarias capacidades, bien por la progresiva complejificación del trabajo, bien por los abundantes excesos cometidos con la promoción interna, (que reduce temarios y permite ascender con muy poca experiencia), etc., en todos los colectivos de la justicia hay un porcentaje de personas con mayores o menores dificultades para asumir las labores propias del cargo, cuando no incapaces de asumirlas, obligando a sus compañeros a suplir sus carencias y perjudicando a todos.
SOLUCION: Regulación estricta de la promoción interna y reevaluación de la competencia de los Jueces, Fiscales y Funcionarios que no alcancen (en cantidad o calidad) el nivel mínimo exigido para su actual nivel de desempeño, y comprobada su incapacidad manifiesta, sometimiento a una promoción interna “a la inversa”, hasta un puesto más sencillo de otro cuerpo, que puedan desempeñar con acierto.
14 No hay un control real y eficaz de la falta de rendimiento en el trabajo:
Las inspecciones de los Juzgados se anuncian con meses de adelanto y piden al Juzgado que les hagan casi todo el trabajo, paralizándolo varias semanas para nada, y sin embargo la maquinaria disciplinaria no se pone en marcha si no hay una previa denuncia, (que casi siempre esconde una venganza) y las mas veces sirve de arma arrojadiza para acosar al inocente, antes que de herramienta eficaz para depurar responsabilidades, en especial en una situación de desbordamiento donde es casi imposible cumplir con todos los deberes del cargo y donde todo el mundo está expuesto.
SOLUCION: Equipos de Inspección móviles independientes con un integrante de cada cuerpo, que realicen sus propias comprobaciones sobre el terreno sin interferir con el normal funcionamiento del órgano, con arreglo a un protocolo preestablecido, comparezcan con periodicidad trimestral y eleven noticia de las disfunciones que detecten al órgano competente para sancionar en el C.G.P.J., teniendo en cuenta si las cargas de trabajo del órgano son razonables con arreglo al algoritmo descrito, y con especial atención a eliminar las prácticas al uso para inflar las cifras, tales como suspender vistas cuando no corresponde, no acumular asuntos cuando la ley lo impone, registrar como asunto o ejecución lo que no lo es, etc.
15 Faltan edificios adecuados e instalaciones básicas:
En un escenario de completa improvisación, no hay diseños comunes para los edificios judiciales, ni previsiones generales de espacios necesarios, ni relación de dotaciones mínimas, ni se contempla la posibilidad de que haya que crear nuevos Juzgados cuando se diseñan los edificios, etc.
SOLUCION: Elaboración por el C.G.P.J. de planos-modelo para la construcción de nuevos edificios judiciales, redacción de un protocolo que recoja las dotaciones que debe tener todo órgano judicial, evitando disparates al uso, como edificios nuevos sin archivos, sin salas de vistas suficientes, o con la forensía para los lesionados y el registro civil para los jubilados en la quinta planta, inspección de todos los órganos judiciales del estado para realizar una evaluación de su estado con fijación de prioridades y acción decidida para emprender las obras necesarias para mejorar las dotaciones de los ya existentes.
16 Faltan medios materiales imprescindibles:
Fotocopiadoras que se desarman, armarios desvencijados, fax anticuados, ordenadores que no aguantan las nuevas aplicaciones, racaneo en “el ancho de banda” informático, que colapsa los registros informáticos, falta de vehículos oficiales para realizar las notificaciones que obligan a apelar a las alpargatas o los autobuses con ralentización del servicio, falta de equipos de videoconferencias, de material de oficina, de signos representación como banderas y cuadros del Jefe del Estado, etc.
SOLUCION: Elección de un mobiliario único para todos los Juzgados, evaluación del preexistente y sustitución progresiva del mismo, comenzando por el más deteriorado, con elaboración de un protocolo por el C.G.P.J. que defina las dotaciones mínimas de todo órgano y partido judicial en este ámbito, así como acción decidida para realizar desembolsos que subvengan a las necesidades existentes, fijando un orden de prioridades de rango nacional.
PROBLEMAS ORGANIZATIVOS:
17 La organización administrativa de los Juzgados es completamente esquizofrénica.
El Juez depende del C.G.P.J., el Secretario del Ministerio de Justicia y los Funcionarios de las Comunidades Autónomas, cuando anteriormente todos dependían del Ministerio. Por eso, en cada Juzgado, una plantilla de 9-11 personas viene a depender de dos poderes del estado y de tres administraciones diferentes y a su vez los Fiscales dependen de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, Consejo, Ministerio, Comunidades Autónomas y Fiscalías tienen potestad reglamentaria y crean normas de funcionamiento que son contradictorias entre sí, cuando no chocan directamente con la ley, o dan lugar a que en cada comunidad Autónoma sean diferentes los modelos procesales, las aplicaciones informáticas, las condiciones laborales, etc. etc.
SOLUCION: Asignar al C.G.P.J. todas las competencias hoy atribuidas, en este ámbito, al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas.
18 El C.G.P.J. solo piensa en los Jueces:
Aunque el Consejo dicta Reglamentos importantes que afectan a todos, e informa los proyectos de ley, lo hace siempre desde una perspectiva exclusivamente judicial, puesto que ni Secretarios, ni Funcionarios, ni Fiscales depende de él, de manera que sus decisiones no solo no se enriquecen con la perspectiva de los demás cuerpos o de Abogados y Procuradores, sino que resultan las más veces sesgadas en favor de los intereses corporativos de los Jueces, actuando el Consejo como órgano reivindicativo de estos.
SOLUCION: Modificación del sistema de elección de los vocales del C.G.P.J., de manera que de los doce vocales de procedencia judicial, seis lo sean de los que hayan entrado directamente en la carrera judicial, cuatro lo sean de entre los que con anterioridad hayan sido Secretarios, y dos de los que previamente hayan sido Funcionarios (con el tiempo serán 6 que hayan sido Funcionarios), al objeto de garantizar que todas las perspectivas tienen peso en el Consejo, reservando los ocho puestos restantes a 2 Procuradores, 2 Abogados, 2 Fiscales, 1 Graduado Social y 1 Médico Forense. Todos los vocales serán elegidos por sus respectivos colectivos.
19 El caos organizativo es terreno abonado para los conflictos y los abusos de poder:
Semejante escenario de múltiples poderes, administraciones y cargos incidiendo sobre un terreno de juego muy pequeño, o donde diferentes órganos administrativos velan más por la suerte de “los suyos” que por el interés general, (Consejo defendiendo a Jueces, Ministerio a Fiscales, Comunidades Autónomas a Funcionarios, y, excepcionalmente, Secretarios de Gobierno a Secretarios) da lugar a un sinfín de conflictos y abusos sobre propios y extraños, tanto a la hora de adoptarse decisiones organizativas, cuanto a la de resolver los cientos y cientos de disputas organizativas que se generan a diario y cuya solución suelen inclinarse en favor del más fuerte y no en favor de lo más beneficioso para el servicio, con grave daño para la causa publica y desmoralización de los afectados.
SOLUCION: Creación en el C.G.P.J. de un órgano conjunto integrado por un representante de cada cuerpo, que resuelva todos los conflictos entre integrantes de diferentes cuerpos y que, por unanimidad, decida remitir un informe a la Comisión Disciplinaria del C.G.P.J. para apertura de expediente disciplinario, cuando a su juicio se hubiera producido algún abuso de poder.
20 Falta un mecanismo de control de los abusos administrativos de los Jueces:
La utilización de la potestad jurisdiccional de los Jueces para resolver a su favor conflictos administrativos, constituye una quiebra gravísima del sistema que no se está corrigiendo actualmente, desprestigiando gravemente a la administración de justicia y a la propia imagen de la Judicatura, al tiempo que genera notables perjuicios al Servicio.
SOLUCION: Creación de una acción de nulidad para control por el Tribunal Constitucional de las “vías de hecho” judiciales, cuando el Juez adopta resoluciones administrativas ilegales y pretende blindarlas con el formato de una resolución judicial, cual sucede en otros ordenamientos jurídicos como el de Colombia.
21 Faltan criterios comunes para la distribución del trabajo:
En cada partido judicial, las clases de reparto de asuntos, las distribuciones de salas, etc. se efectúan a criterio de los Jueces, y las sustituciones lo son a criterio de los Jueces, o de otros órganos, según el cuerpo, o incluso no se organizan, como en el caso de los Funcionarios, generándose continuos problemas y abusos, como el de apenas poner juicios los viernes, todo lo cual es preciso corregir.
SOLUCION: Unificación por el Consejo de todos los criterios que deben regular este tipo de materias, previendo todos los casos posibles y dando una solución unívoca para cada uno de ellos.
PROBLEMAS DERIVADOS DE GABELAS IMPUESTAS AL SERVICIO DE OTROS:
22 La dificultad en abandonar la defensa de la Administración, o la Acusación por el Fiscal, obliga a celebrar miles de juicios inútiles.
Para evitar que los Abogados del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y demás organismos públicos se escaqueen de su trabajo, y para que los Fiscales no eludan su trabajo de acusar, se estableció hace décadas la norma de que debían de elaborar un extenso y completo informe y elevarlo a sus superiores, con el resultado de que se facilita el trabajo de estos y se genera un trastorno enorme a la administración de justicia, y a los ciudadanos que han de acudir a los juicios, sobre todo en lo contencioso.
SOLUCION: Reformular esta obligación de informe, limitándola a los casos de más enjundia y sustituyéndola por controles internos exhaustivos y eficaces.
23 La obligación de presentar nueva demanda para ejecutar las sentencias civiles, lastra gravemente a los Juzgados.
Para que los Abogados puedan cobrar más honorarios profesionales, en lugar de que el juzgado que había dictado la sentencia, (que ya conoce el asunto, domicilios actualizados, etc.) proceda a la ejecución, como sucedía anteriormente, se obligo a presentar una nueva demanda para la ejecución, y finalmente, repartirla y adjudicarla a otro juzgado distinto, con más trabajo para el Decanato y para el Juzgado que tiene que recibirla y admitirla, hacer dos tasaciones de costas, etc.
SOLUCION: Volver a la solución tradicional de que quien sentencia ejecuta y sin nueva demanda, cual sucede en los ordenes penal, contencioso y social.
24 La hipertrofia de las Estadísticas consume una ingente cantidad de recursos de los Juzgados.
Para que el C.G.P.J. o la Fiscalía elaboren bonitos informes y memorias, con tablas y gráficos, se obliga a los Juzgados a elaborar complicadísimas estadísticas, que de año en año van aumentando, y que obligan a crear y mantener actualizados en el órgano decenas de mecanismos de control, cuya única utilidad es servir a la insaciable voracidad de datos y al capricho de quienes las diseñan, sucediendo lo propio con las Inspecciones del C.G.P.J. y demás órganos, para que luego, de cuantas recomendaciones estos hacen, no se obtenga nada, pero obligando a los Juzgados a hacer todo el trabajo, no en vano por la falta de medios en el Consejo, cada unidad Inspectora solo tiene a su disposición un auxiliar administrativo y no siempre competente, amén de haber poquísimas unidades de este tipo, con lo cual el trabajo le cae en suerte a la parte más débil, el Juzgado.
SOLUCION: Reformular completamente la estadística, limitándola a los conceptos clave, eliminando datos duplicados, (como preguntar a los Juzgados los recursos interpuestos ante la Audiencia y a esta los recibidos desde los Juzgados) y reglamentando que son el Consejo y sus unidades inspectores los que, si se desean datos adicionales, deben de ir a buscarlos.
25 Falta reciprocidad en las relaciones con otros organismos públicos.
Para mayor comodidad de muchos organismos, tales como Hacienda, INSS, Tesorería General de la Seguridad Social, INEM etc., para obtener cualquier tipo de datos es obligado que el Juzgado tenga que entrar en sus bases de datos, a veces difícilmente inteligibles, mientras que a la inversa, ningún organismo público entra en las bases de datos judiciales y si se solicita cualquier información del Juzgado, ha de enviarse caso por caso.
SOLUCIÓN: El C.G.P.J. debe elaborar un protocolo obligatorio de solicitud de datos a otras administraciones públicas, y de petición de datos de estas a los Juzgados, basado en el principio de reciprocidad y no en el de comodidad de las demás administraciones.
26 Continúa imposición de criterios informáticos por encima de los legales y procesales.
Sea por mayor comodidad de los informáticos, sea porque no comprenden los aspectos normativos, sea por torpeza, continuamente se imponen soluciones informáticas so pretexto de que “no se puede hacer de otro modo” que desbaratan pautas de trabajo establecidas, cuando no son completamente contrarias a lo que disponen las normas, por encima de las cuales pasan alegremente en aras a una supuesta mayor “eficacia” o economía.
SOLUCION: Que por el C.G.P.J., oyendo a los que realmente trabajan con las aplicaciones informáticas, se revise cualquier propuesta de innovación en este ámbito, poniéndola en servicio, únicamente, si respeta el marco normativo vigente.
27 Lluvia de nuevas aplicaciones informáticas sin haber comprobado antes su funcionalidad.
Por la prisa de los políticos en “vender” grandes “avances”, por la incompetencia de algunos informáticos a la hora de diseñar aplicaciones judiciales complejas, y por la estulticia de los que piden aplicaciones sin sentido, los Juzgados han de proceder constantemente a usar nuevas aplicaciones en las que, como auténticos “conejillos de indias”, han de contribuir durante meses a poner de relieve los problemas y fallos que se van sucediendo, hasta que a base de parche sobre parche, los informáticos concluyen por estabilizar la nueva aplicación.
SOLUCION: Que por el C.G.P.J., se prueben las nuevas aplicaciones informáticas por tiempo mínimo de seis meses, y una vez comprobada su completa operatividad, se puedan poner en servicio en todo el estado.
28 Lluvia de nuevos registros que obligan a perder miles de horas de trabajo rellenando datos de escasa utilidad.
Para su posible uso por otros organismos o instituciones, que las más veces, como sucede con la Policía y la Guardia Civil se guían por sus propios registros, al clásico y necesario registro de antecedentes penales, le ha sucedido un rosario de nuevos registros, en materia de poderes, de menores, de medidas cautelares, de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, concursal, de sentencias no firmes y así sucesivamente, por virtud de los cuales en muchos juzgados se podría poner a un Funcionario todo el día a dar “de comer” a todos esos registros y resolver las “incidencias informáticas” y no dar abasto a ello, con lo cual se pierden todos los días decenas de miles de horas de trabajo efectivo, en cuestiones de muy escasa o nula utilidad real, a lo que se añade que dichos registros cada vez exigen cumplimentar más datos y reflejar más fielmente una realidad, que luego, a nadie con capacidad de decisión interesa lo más mínimo.
SOLUCION: Revisión profunda por el C.G.P.J. de los registros vigentes, suprimiendo los innecesarios y simplificando al máximo los demás.
29 Supresión completa de las tasas judiciales.
Las tasas judiciales no tienen otros objetivos que el de utilizar a la administración de justicia para recaudar fondos y el de conseguir que los ciudadanos se retraigan en el acceso a la justicia, pero a efectos de la administración de justicia, que no percibe nada de lo que con ellas se recauda, solo sirven para incrementar el trabajo de los Juzgados, cuando lo correcto es no limitar el acceso a la justicia.
SOLUCION: Si se pretenden obtener réditos de las grandes corporaciones, por ser las que estadísticamente más litigios plantean, basta con el simple expediente de subir en una pequeña porción su tipo del impuesto de sociedades, incluso diferenciando por sectores, para así cobrar por el mayor uso del servicio de la justicia o, subsidiariamente, que el Ministerio de Hacienda “visite” las bases de datos de los Juzgados y gire las liquidaciones que procedan, sin interferir el trabajo de los Juzgados.
30 Recortes continuos en el ámbito de acción de la justicia:
Para que se pueda paliar el tremendo atasco de la justicia y se puedan cobrar aranceles por otros cuerpos, en actuaciones que el juzgado hacía gratuitamente, se apuesta por sacar de esta administración gran parte de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, por intentar llevarse el registro civil, y por “vender” algo prácticamente inútil como es la “mediación”, que obligará a contratar a mucha gente, para con menores garantías, no llegar a nada y tener que acudir finalmente a la vía judicial y así sucesivamente.
SOLUCION: Resolver los verdaderos problemas de la justicia liberando recursos que permitan afrontar estos cometidos como se ha hecho siempre, sin nueva merma de los derechos del ciudadano.
PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS SANGRÍAS A LOS RECURSOS DISPONIBLES:
31 Determinados intereses corporativos engañan a la administración absorbiendo recursos económicos imprescindibles.
Una pléyade de órganos de gobierno de diversas profesiones y cuerpos, representantes de los operadores de la justicia, políticos, etc, insisten continuamente a la administración acerca de la bondad de adoptar tales o cuales soluciones, mirando más por sus intereses que por los de la administración pública y el ciudadano, con el resultado de que la administración, carente de verdaderos expertos independientes, cuando no infiltrada por personas de aquella misma procedencia, termina aceptando la supuesta de bondad de soluciones que, en realidad, responden a los intereses de unos pocos, a la creación de puestos intermedios para colocarlos, a intereses de profesionales del derecho no funcionarios, etc.
SOLUCION: Atribuir todo el presupuesto en materia de justicia al C.G.P.J. el cual, al tener una composición mucho más variada que la actual, aparecer ante la opinión pública como único responsable del funcionamiento de la justicia y al no disparar con “pólvora ajena”, que es muy fácil, y sí con el propio presupuesto, se cuidará muy mucho de dejarse llevar por cantos de sirena, priorizando convenientemente el uso del dinero público.
32 Se sobrevalora el poder de la informática y se infravaloran sus inconvenientes:
La implantación de nuevas aplicaciones informáticas se lleva a efecto por personas que ni tienen conocimientos de informática, ni jamás han trabajado en la base, con el resultado de que lo que se imaginan está muy lejos de coincidir con lo que luego es la realidad.
SOLUCION: Dejar de “deificar” a la “informática” como la panacea de todos los problemas, determinándose por el C.G.P.J., que es lo realmente imprescindible y suprimiendo todo lo demás, evitando así que los equipos se queden continuamente obsoletos, que ello genere otra espiral sangrante de gasto, entrando en un carrusel de adquisición de equipos, programas y realización de cursos “formativos”, al que algunos dentro y fuera de la justicia sacarán “tajada”, y dando lugar a una multiplicación de “organismos modernizadores” y de mastodónticos centros de atención de “incidencias y dudas informáticas” inevitables para no perderse en el piélago de las nuevas aplicaciones, etc.
33 Determinadas administraciones públicas malgastan dinero público, comprando directa o indirectamente voluntades dentro de la justicia.
Sea para tener un trato de favor, sea por connivencias ideológicas, sea por mejor controlar el ámbito de la justicia, donde aún existen algunos reductos de independencias parcialmente inmunes a su poder, sea por otros motivos, muchas administraciones públicas se dedican a organizar cursos de toda laya, por supuesto a costa del erario público, que en no pocas ocasiones acaban adjudicándose a personas de la misma “cuerda” que la administración convocante, y lo propio sucede con los puestos en Tribunales de oposiciones, o con el hecho de subvencionar e incluso a controlar directa o indirectamente a las asociaciones mayoritarias de cada cuerpo, para apagar toda posible crítica en los colectivos e impedir que la verdad salga a la luz y llegue a la opinión pública.
SOLUCION: Elaboración por el C.G.P.J. de guías virtuales en todas las materias, con referencia a las diferentes soluciones obrantes en las bases de consultas y subsiguiente supresión de todos los cursos presenciales y días de permiso para participar en ellos, sin perjuicio de la posibilidad de organizar cursos “vía internet” en horario vespertino, y siendo de cuenta de los participantes en estos cursos la retribución del “ponente” del curso, al tiempo que se deberá regular el sorteo como fórmula para cubrir puestos en Tribunales de oposiciones y prohibir todo tipo de subvenciones a las asociaciones profesionales de Jueces.
34 Acceso a cargos políticos desde los cuerpos de la administración de justicia:
El continuo goteo de nombramientos políticos respecto de integrantes de la administración de justicia, genera una descapitalización de esta administración, que tiene que cubrir esos puestos con sustituciones o comisiones de servicio hasta el retorno de los nombrados, dándose además una pésima imagen fuera y dentro de los juzgados.
SOLUCION: Prohibición legal de que quienes integran los cuerpos de la administración de justicia puedan obtener puestos “de confianza” y nombramientos en las administraciones públicas o puedan regresar a la administración de justicia tras haberse presentado como candidatos a cualquier proceso electoral, hayan salido electos o no.
REVERSION DE LOS ERRORES COMETIDOS AL INTENTAR PARCHEAR LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR TODO LO ANTERIOR.
Si para revertir errores, como el de las transferencias en materia de justicia a las Comunidades Autónomas o el de los registros informáticos innecesarios, por no hablar de la supresión de la Justicia de Distrito, ya se han aportado soluciones en los apartados anteriores, restan por citar otros entuertos variados que hay que “desfacer”:
35 Eliminación de las facultades instructoras de la Fiscalía en los Juzgados de Menores.
Por las mismas razones de imparcialidad que no se considera razonable que quien instruye juzgue, no parece lógico que quien instruye, acuse y perfectamente puede instruir uno de los jueces del Juzgado de Menores y juzgar el otro.
SOLUCION: Retirada de la Instrucción de Menores a la Fiscalía para que pueda concentrar todo su esfuerzo en el resto de sus cometidos y se evite, como pasa ahora, el ir tramitando dos expedientes paralelos, uno en el juzgado y otro en la Fiscalía.
36 Eliminación de la “Nueva Oficina Judicial”.
Para incrementar la injerencia del poder ejecutivo en el ámbito del poder judicial, tratar de recortar el exceso de poder de los Jueces, crear una red paralela de jefaturas para los Secretarios, y vender a la ciudadanía y a las Autoridades Europeas que había una verdadera voluntad de mejora, se pretendió aplicar un modelo nuevo de organización que, tras siete años de experimentos y un enorme consumo de energías y recursos públicos, apenas sí se ha aplicado en un 15% de los juzgados, genera continuos problemas de escala, necesita de muchos más recursos humanos y materiales para conseguir los resultados que antes se lograban con los preexistentes, y que al ser plenamente conscientes de la imposibilidad de aplicarlo en las grandes capitales, se ha limitado a partidos judiciales de “medio pelo” o jurisdicciones concretas, máxime, cuando su implantación requiere de costosísimas inversiones en obras de remodelación de edificios, que ni hay dinero para asumir, ni el país se puede permitir, ni cuando se realizan alcanzan a ser útiles, pues se sobreponen, por la fuerza, en edificios originariamente pensados para otra cosa, resultando distribuciones completamente absurdas y absolutamente ineficaces, siendo de todo punto imposible continuar adelante con dos organizaciones judiciales diferentes.
SOLUCION: Desmantelamiento de la Nueva Oficina Judicial en todos los partidos judiciales o jurisdicciones concretas de estos en que se ha instalado, por inútil y porque es menos costoso que convertir a todos los demás juzgados en nuevas oficinas judiciales con vuelta al sistema tradicional, mucho más eficiente, con mantenimiento y creación de Servicios Comunes exclusivamente en aquellos ámbitos donde realmente pueden ser útiles y aportar algún valor añadido, tales como los de notificaciones, embargos y lanzamientos, o los de subastas, con una normativa estatal que defina con claridad sus competencias, y suprimiendo todos los demás.
37 Reducción de los excesos informáticos:
En esta misma línea de huida hacia adelante, el dislate final ha venido de la mano de la venta a la opinión pública de las maravillas de los avances tecnológicos, como si estos por si solos pudieran resolver todos los problemas anteriores, primero con la informatización de los Juzgados, después con el “expediente digital”, algo que no existe en ningún lugar del mundo porque no es práctico para trabajar, convierte los procedimientos en inmanejables, y al final obliga a imprimir todo para poder manejar los asuntos y a tener que “llevar el expediente” en formato virtual y real, y finalmente con las aplicaciones tipo “LEXNET” para notificar resoluciones judiciales y presentar escritos telemáticamente, que generan enormes quebraderos de cabeza a Abogados, Procuradores y Juzgados, obligan al Juzgado a imprimir todo los escritos con el gasto de papel que esto supone, y que antes asumían las partes, desaprovecha las posibilidades del Procurador para notificarse y presentar los escritos, cual se ha venido haciendo hasta ahora sin problemas, obliga a poner diligencias para acreditar cuando se han notificado las cosas en el expediente y poder así resolver, etc, o como sucede con las aplicaciones para remisión telemática de exhortos, que al carecerse de firma digital al final vienen sin firma alguna, u obligan a continuas pérdidas de tiempo con el escaneado, con el resultado final de que en lugar de ganarse tiempo y celeridad se pierde y además se genera mayor inseguridad jurídica.
SOLUCION: Abandono de la idea del expediente digital y revisión profunda de todas las aplicaciones informáticas impuestas a los Juzgados, suprimiendo todo lo que esta duplicado o es inútil y simplificando al máximo la labor de los órganos judiciales, adoptando avances informáticos solo cuando realmente generen un beneficio tangible y no sean contraproducentes por la inestabilidad que introducen en el sistema, y por su mayor complejidad, que buena parte de sus operadores llega un momento, no tienen capacidad suficiente para asumir.
APROVECHAMIENTO DE OTRAS POSIBILIDADES
38 No se está sacando todo el partido posible a la figura del Procurador.
Así como la posición del Letrado en el conjunto del sistema es clara y bien definida e incluso se ha encomendado a los Colegios de Abogados funciones públicas para organizar la justicia de oficio, en el caso de los Procuradores cuya situación resulta afectada por las nuevas tecnologías, al igual que sucede con los Secretarios, no se ha hecho un esfuerzo serio por reconsiderar esta figura y hallarle un mejor encaje en el sistema.
SOLUCION: Es preciso proceder a una revisión legal de su posición en el sistema, analizando todas las funciones de colaboración en el ámbito de la ejecución que razonablemente pueda asumir y someterlas al colectivo para su aceptación, en particular por ejemplo, en el ámbito de atribuirles las subastas.
39 No existe un Servicio Central de Comisiones Rogatorias.
Se pierden miles y miles de horas de trabajo en los juzgados intentando efectuar notificaciones y citaciones en el extranjero, y miles y miles de euros en traducir una y otra vez a otras lenguas las mismas cosas, cuando debería bastar la sencilla remisión de un formulario al Consejo para que este se encargara de completar la Comisión y remitirla a su destino.
SOLUCION: Crear en el C.G.P.J., dicho servicio.
40 No existe un Servicio central de resolución de consultas jurídicas, en especial urgentes.
En innumerables ocasiones, un Funcionario que queda el último en el Juzgado y llaman por teléfono, un Juez en un juzgado de guardia desbordado, un Secretario en un registro complicado, se encuentran con problemas prácticos y jurídicos que se salen de lo habitual y trillado y no tienen a donde acudir, más allá de encomendarse en la red al subforo de consultas del Foro de Unidad de Acción de los Secretarios, o a algún artículo de opinión.
SOLUCION: Crear un servicio en el Consejo a este fin, con dos secciones, consultas urgentes y normales, sirviendo este último para ir completando la base de consultas resueltas, al modo como lo hacía la Comisión de Tasas en el Ministerio de Justicia a finales de los años 50.
CONCLUSION:
La puesta en marcha de todas estas reformas produciría una tal agilización de la justicia que no solo se resolverían sus actuales problemas, sino que se generaría un excedente de personal y recursos que podría encontrar mejor destino dedicado a otros fines. Esto es de sobra conocido por todos los operadores de la justicia, pero no se dice.
A sensu contrario, la realización de reformas puramente cosméticas y nominales que no vayan al fondo de las cosas y atajen todos estos problemas, solo servirá para prolongar la actual situación de inoperancia y aun aumentar el retraso existente.
Esta es la realidad del caso y lo demás es tratar de engañar a la ciudadanía y barrer para los propios intereses de unos y de otros.
Explicado queda.
Os dejo el texto:
COMUNICADO DEL FORO DE UNIDAD DE ACCION DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES, SOBRE LOS MALES PROFUNDOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SU SOLUCION.
Esta es la voz de la gente de base, de los profesionales de a pie, no de los que ostentan cargos, ni de las organizaciones y asociaciones que solo sirven a sus propios intereses o a los de la Administración, ni de los políticos que buscan un interés electoral.
Es sencillamente la verdad, una verdad que se oculta a la opinión pública, y que hartos ya de tanta mentira y engaño ponemos sobre la mesa, para que quien quiera oír oiga y quien venga con otra mentira en los labios, se vea desenmascarado.
Los 40 problemas que aquí se enumeran, hay que solucionarlos todos y todos a la vez, no a la carta o a lo barato, si de verdad se quiere que esto funcione, cosa que también se le oculta al ciudadano.
Helos aquí:
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA LEGISLACION VIGENTE:
1 Los Juzgados trabajan con las leyes y la legislación actual es un desastre.
Se ha arrinconado y devaluado a la Comisión General de Codificación, (donde antes los más expertos preparaban durante años los proyectos de nuevas leyes) y se han desmantelado los equipos que redactaban los proyectos en el Ministerio de Justicia, y por lo tanto, se legisla deprisa, por personas con poco conocimiento o incluso externas a la propia administración, para que luego el Parlamento agrave el problema, modificando esos proyectos a golpe de “grupo de presión” o del interés corporativo del más fuerte y por si ella fuera poco, las modificaciones legales son tan continuas y numerosas que es imposible conocer el derecho: Se multiplican los casos en que se aplica simultáneamente lo nuevo y lo derogado, incluso se cambian normas ya promulgadas, pero aún no vigentes, antes de que lleguen a entrar en vigor y la cada vez mayor incidencia de la normativa comunitaria y de las sentencias que la desarrollan, con más las leyes autonómicas y la lluvia continua de regulaciones reglamentarias, generan un escenario de trabajo imposible de abarcar.
SOLUCION: Adscripción de la Comisión General de Codificación al Consejo General del Poder Judicial, (C.G.P.J.) otorgándole facultades exclusivas para la elaboración de proyectos de ley en las materias directamente relacionadas con la justicia y garantizándose la completa independencia de sus miembros.
2 Las leyes de procedimiento están diseñadas a la mayor gloria de los Jueces y Fiscales.
Todo, hasta lo más repetitivo y banal, ha de llevar la firma del Juez o del Fiscal, (recientemente también del Secretario), aunque la mayor parte del trabajo burocrático lo realicen los Funcionarios, con lo cual se impide a estos asumir responsabilidades, no apreciándoseles en su justa valía y dando lugar a un continuo e improductivo trasiego de expedientes para “conseguir” la firma y a una gran desmotivación del personal Funcionario.
SOLUCION: Atribución a los Funcionarios de firma propia, con un posterior régimen de recursos ante el Juez.
3 Las leyes penales están pensadas para sacar dinero para el estado o para no gastar dinero en presos.
Donde antiguamente las conductas menos graves se sancionaban con penas cortas de prisión, que permitían terminar pronto con las ejecutorias, y las conductas que no eran penales se sancionaban en el ámbito administrativo, en la actualidad se han penalizado múltiples conductas administrativas imponiéndoles penas de multa y además se ha creado una maraña de posibilidades para evitar la pena de prisión, bien mediante el abono de multas, bien sustituyendo la prisión por inoperantes y aparentes “trabajos en beneficio de la comunidad”, alternativas estas que ralentizan enormemente la finalización de los procedimientos, anulando además buena parte del efecto disuasorio de las sentencias penales, y generando la natural alarma social.
SOLUCION: Revisión profunda del Código Penal, limitándolo a lo estrictamente necesario y volviendo a apostar por el sistema de penas de prisión cortas y de inmediato cumplimiento para los delitos menos graves.
4 Las leyes de procedimiento dejan la ejecución de las sentencias contenciosas poco menos que al criterio de las administraciones públicas:
Las administraciones públicas condenadas, no colaboran, desatienden los requerimientos judiciales y atascan completamente los juzgados contenciosos.
SOLUCION: Imposición de multas directas y progresivas, con embargo de las cuentas de dichas administraciones en entidades bancarias, para la mejora del Poder Judicial.
PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INSEGURIDAD JURIDICA:
5 Se ha recortado el derecho a los recursos de apelación, suplicación y casación rompiendo la unificación de doctrina.
En muchos casos se priva a los ciudadanos del derecho que antes tenían a los recursos, y si el Juez es poco competente, o simplemente se ha equivocado, se genera una injusticia de imposible corrección.
SOLUCION: Devolución a los ciudadanos del derecho a los recursos indebidamente recortados, también en el ámbito del recurso de amparo.
6 Las dudas jurídicas se resuelven de modo diferente según el juzgado que corresponda:
La maraña de leyes, reglamentos, prácticas, competencias, y jurisprudencias (europea, del Tribunal, Constitucional, del Supremo, de los TSJ, de las Audiencias) ha generado una enorme inseguridad jurídica, pudiendo caer la cuestión de un lado u otro o de varios, con grave perjuicio para el ciudadano, amén de la pérdida de miles de horas de esfuerzo, tratando de resolver las mismas cuestiones en cientos y cientos de partidos judiciales.
SOLUCION: Creación de una amplia base de consultas jurídicas, como la que tiene el Ministerio de Hacienda, con soluciones avaladas por el propio C.G.P.J., a la vista de la jurisprudencia, sin carácter vinculante, pero sí con el recomendación de autoridad, de modo que invocadas por los Abogados, para apartarse de ellas el Juez deba informar al C.G.P.J. sobre sus motivos y se pueda controlar la contumacia en separarse de los criterios sentados por el Consejo o aprovechar ese informe para mejorar la base de consultas.
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:
7 La dotación presupuestaria de la administración de justicia en España es ridícula.
Faltan Jueces, faltan Secretarios, faltan Funcionarios y faltan Juzgados.
SOLUCION: Asignar a ese C.G.P.J. global, una partida presupuestaria equivalente a la que se destina a la administración de justicia en los países más avanzados de nuestro entorno.
8 Los cuerpos de la administración de justicia están diseñados para otra época.
Por diversas inercias históricas, y por intereses corporativos de las cúpulas de estos cuerpos, interesadas en seguir al frente de los mismos, se continúa con el mismo modelo organizativo del siglo XIX, que no se corresponde ya con un escenario diferente, y en vez de redefinir el número y clase de cuerpos existentes, se intentan reorganizar “sus funciones”, y se pretende camuflar el despropósito con meros “cambios de denominación”, cuando en realidad se están desaprovechando cuerpos enteros como el de Secretarios Judiciales (ahora Letrados de la Administración de Justicia) y buena parte de las potencialidades de los de Gestores y Tramitadores, (antiguos Oficiales y Auxiliares).
SOLUCION: Reconversión de los Secretarios en Jueces, de los Gestores en Jefes de Servicio con firma propia y de los Tramitadores en Gestores con igual firma, lo que posibilita tener dos Jueces en cada Juzgado, permite apelaciones de uno a otro descargando a los órganos Colegiados, retira al Juez principal de los asuntos menores y repetitivos, dobla la ratio de Juez por habitante hoy insuficiente, aumenta la calidad de las resoluciones, saca partido a las posibilidades del cuerpo de Secretarios hoy desaprovechadas, desatasca juzgados donde el colapso está en la mesa del Juez, y permite que los Jefes de Servicio organicen el trabajo, resuelvan cuestiones de más enjundia y conozcan en primera instancia de los recursos contra las decisiones de los Gestores, descargando a los Jueces del grueso de lo meramente procedimental.
9 Los recursos humanos están pésimamente distribuidos.
Fruto de las carencias heredadas, de las taifas autonómicas, de la falta de método, del abuso de órganos colegiados y capitales de provincia, etc., décadas de desgobierno y desconcierto han conducido a una situación donde los españoles no son iguales ante la justicia, un mismo asunto puede tramitarse en meses o en años dependiendo de la comunidad, de la localidad, de la jurisdicción, o del pasillo en que caiga un pleito.
SOLUCION: Elaboración de un algoritmo que evalúe anualmente las cargas de trabajo, ponderando no solo el número de entrada de asuntos, sino también los factores “velados” que añaden más dificultad al trabajo de los juzgados, -dispersión de edificios, mayor o menor movilidad y experiencia del personal, cuantía y tipología de los asuntos, complejidad derivada del tamaño del partido judicial, de las cargas adicionales (decanato, registro civil..) que soporte el juzgado, de la naturaleza del partido (agrícola, industrial, turístico) etc. etc. que permita ir ajustando periódicamente las plantillas de los diferentes tipos de órganos y el número, clase y ubicación de estos, así como para establecer cual es la carga razonable de trabajo por Juzgado.
10 Los incentivos económicos están mal asignados.
Se priman con mayor sueldo destinos cómodos como Fiscalías y órganos Colegiados, que drenan de los Juzgados a los Funcionarios más veteranos y expertos y lo propio sucede con las capitales cuando muchas veces los juzgados más atascados y con menos recursos son los de tercera.
SOLUCION: Revisión profunda de todo el sistema retributivo, distribuyendo la masa salarial de manera más racional, incentivando los destinos más complicados por todos los conceptos: lejanía, movilidad, dificultad, etc.
11 Los sueldos están mal asignados.
Dentro de cada cuerpo existen grandes diferencias de sueldos interterritoriales, especialmente significativas en los órganos centrales, y también en el caso de los cargos jerárquicos, con discriminaciones sangrantes entre los sueldos de los que organizan, y los de los que sacan el trabajo. Por su parte, las diferencias de sueldos entre los distintos cuerpos no hacen honor al esfuerzo y calidad del trabajo que unos y otros realizan, generado un profundo malestar.
SOLUCION: Elevación del rango de las tareas y responsabilidades de todos los cuerpos de la administración de justicia, igualando sueldos interterritorialmente y con disminución de las actuales diferencias de sueldo entre los cuerpos, y entre los cargos y los integrantes de cada cuerpo, que no se compadecen con lo que cada uno merece.
12 Se tarda demasiado en incapacitar a los enfermos mentales o no se hace:
Hay Jueces, Secretarios y Funcionarios afectados por algún problema mental, que lastran de manera significativa el trabajo de los juzgados, tanto más cuanto mayores son sus responsabilidades, lo que es especialmente grave en el caso de los Jueces.
SOLUCION: Arbitrar un procedimiento urgente ante el Consejo para solucionar los problemas derivados de la enfermedad mental.
13 Parte de los integrantes de los Juzgados no tienen la cualificación suficiente:
Bien porque algunas personas logran pasar el exigente filtro de las oposiciones sin las necesarias capacidades, bien por la progresiva complejificación del trabajo, bien por los abundantes excesos cometidos con la promoción interna, (que reduce temarios y permite ascender con muy poca experiencia), etc., en todos los colectivos de la justicia hay un porcentaje de personas con mayores o menores dificultades para asumir las labores propias del cargo, cuando no incapaces de asumirlas, obligando a sus compañeros a suplir sus carencias y perjudicando a todos.
SOLUCION: Regulación estricta de la promoción interna y reevaluación de la competencia de los Jueces, Fiscales y Funcionarios que no alcancen (en cantidad o calidad) el nivel mínimo exigido para su actual nivel de desempeño, y comprobada su incapacidad manifiesta, sometimiento a una promoción interna “a la inversa”, hasta un puesto más sencillo de otro cuerpo, que puedan desempeñar con acierto.
14 No hay un control real y eficaz de la falta de rendimiento en el trabajo:
Las inspecciones de los Juzgados se anuncian con meses de adelanto y piden al Juzgado que les hagan casi todo el trabajo, paralizándolo varias semanas para nada, y sin embargo la maquinaria disciplinaria no se pone en marcha si no hay una previa denuncia, (que casi siempre esconde una venganza) y las mas veces sirve de arma arrojadiza para acosar al inocente, antes que de herramienta eficaz para depurar responsabilidades, en especial en una situación de desbordamiento donde es casi imposible cumplir con todos los deberes del cargo y donde todo el mundo está expuesto.
SOLUCION: Equipos de Inspección móviles independientes con un integrante de cada cuerpo, que realicen sus propias comprobaciones sobre el terreno sin interferir con el normal funcionamiento del órgano, con arreglo a un protocolo preestablecido, comparezcan con periodicidad trimestral y eleven noticia de las disfunciones que detecten al órgano competente para sancionar en el C.G.P.J., teniendo en cuenta si las cargas de trabajo del órgano son razonables con arreglo al algoritmo descrito, y con especial atención a eliminar las prácticas al uso para inflar las cifras, tales como suspender vistas cuando no corresponde, no acumular asuntos cuando la ley lo impone, registrar como asunto o ejecución lo que no lo es, etc.
15 Faltan edificios adecuados e instalaciones básicas:
En un escenario de completa improvisación, no hay diseños comunes para los edificios judiciales, ni previsiones generales de espacios necesarios, ni relación de dotaciones mínimas, ni se contempla la posibilidad de que haya que crear nuevos Juzgados cuando se diseñan los edificios, etc.
SOLUCION: Elaboración por el C.G.P.J. de planos-modelo para la construcción de nuevos edificios judiciales, redacción de un protocolo que recoja las dotaciones que debe tener todo órgano judicial, evitando disparates al uso, como edificios nuevos sin archivos, sin salas de vistas suficientes, o con la forensía para los lesionados y el registro civil para los jubilados en la quinta planta, inspección de todos los órganos judiciales del estado para realizar una evaluación de su estado con fijación de prioridades y acción decidida para emprender las obras necesarias para mejorar las dotaciones de los ya existentes.
16 Faltan medios materiales imprescindibles:
Fotocopiadoras que se desarman, armarios desvencijados, fax anticuados, ordenadores que no aguantan las nuevas aplicaciones, racaneo en “el ancho de banda” informático, que colapsa los registros informáticos, falta de vehículos oficiales para realizar las notificaciones que obligan a apelar a las alpargatas o los autobuses con ralentización del servicio, falta de equipos de videoconferencias, de material de oficina, de signos representación como banderas y cuadros del Jefe del Estado, etc.
SOLUCION: Elección de un mobiliario único para todos los Juzgados, evaluación del preexistente y sustitución progresiva del mismo, comenzando por el más deteriorado, con elaboración de un protocolo por el C.G.P.J. que defina las dotaciones mínimas de todo órgano y partido judicial en este ámbito, así como acción decidida para realizar desembolsos que subvengan a las necesidades existentes, fijando un orden de prioridades de rango nacional.
PROBLEMAS ORGANIZATIVOS:
17 La organización administrativa de los Juzgados es completamente esquizofrénica.
El Juez depende del C.G.P.J., el Secretario del Ministerio de Justicia y los Funcionarios de las Comunidades Autónomas, cuando anteriormente todos dependían del Ministerio. Por eso, en cada Juzgado, una plantilla de 9-11 personas viene a depender de dos poderes del estado y de tres administraciones diferentes y a su vez los Fiscales dependen de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, Consejo, Ministerio, Comunidades Autónomas y Fiscalías tienen potestad reglamentaria y crean normas de funcionamiento que son contradictorias entre sí, cuando no chocan directamente con la ley, o dan lugar a que en cada comunidad Autónoma sean diferentes los modelos procesales, las aplicaciones informáticas, las condiciones laborales, etc. etc.
SOLUCION: Asignar al C.G.P.J. todas las competencias hoy atribuidas, en este ámbito, al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas.
18 El C.G.P.J. solo piensa en los Jueces:
Aunque el Consejo dicta Reglamentos importantes que afectan a todos, e informa los proyectos de ley, lo hace siempre desde una perspectiva exclusivamente judicial, puesto que ni Secretarios, ni Funcionarios, ni Fiscales depende de él, de manera que sus decisiones no solo no se enriquecen con la perspectiva de los demás cuerpos o de Abogados y Procuradores, sino que resultan las más veces sesgadas en favor de los intereses corporativos de los Jueces, actuando el Consejo como órgano reivindicativo de estos.
SOLUCION: Modificación del sistema de elección de los vocales del C.G.P.J., de manera que de los doce vocales de procedencia judicial, seis lo sean de los que hayan entrado directamente en la carrera judicial, cuatro lo sean de entre los que con anterioridad hayan sido Secretarios, y dos de los que previamente hayan sido Funcionarios (con el tiempo serán 6 que hayan sido Funcionarios), al objeto de garantizar que todas las perspectivas tienen peso en el Consejo, reservando los ocho puestos restantes a 2 Procuradores, 2 Abogados, 2 Fiscales, 1 Graduado Social y 1 Médico Forense. Todos los vocales serán elegidos por sus respectivos colectivos.
19 El caos organizativo es terreno abonado para los conflictos y los abusos de poder:
Semejante escenario de múltiples poderes, administraciones y cargos incidiendo sobre un terreno de juego muy pequeño, o donde diferentes órganos administrativos velan más por la suerte de “los suyos” que por el interés general, (Consejo defendiendo a Jueces, Ministerio a Fiscales, Comunidades Autónomas a Funcionarios, y, excepcionalmente, Secretarios de Gobierno a Secretarios) da lugar a un sinfín de conflictos y abusos sobre propios y extraños, tanto a la hora de adoptarse decisiones organizativas, cuanto a la de resolver los cientos y cientos de disputas organizativas que se generan a diario y cuya solución suelen inclinarse en favor del más fuerte y no en favor de lo más beneficioso para el servicio, con grave daño para la causa publica y desmoralización de los afectados.
SOLUCION: Creación en el C.G.P.J. de un órgano conjunto integrado por un representante de cada cuerpo, que resuelva todos los conflictos entre integrantes de diferentes cuerpos y que, por unanimidad, decida remitir un informe a la Comisión Disciplinaria del C.G.P.J. para apertura de expediente disciplinario, cuando a su juicio se hubiera producido algún abuso de poder.
20 Falta un mecanismo de control de los abusos administrativos de los Jueces:
La utilización de la potestad jurisdiccional de los Jueces para resolver a su favor conflictos administrativos, constituye una quiebra gravísima del sistema que no se está corrigiendo actualmente, desprestigiando gravemente a la administración de justicia y a la propia imagen de la Judicatura, al tiempo que genera notables perjuicios al Servicio.
SOLUCION: Creación de una acción de nulidad para control por el Tribunal Constitucional de las “vías de hecho” judiciales, cuando el Juez adopta resoluciones administrativas ilegales y pretende blindarlas con el formato de una resolución judicial, cual sucede en otros ordenamientos jurídicos como el de Colombia.
21 Faltan criterios comunes para la distribución del trabajo:
En cada partido judicial, las clases de reparto de asuntos, las distribuciones de salas, etc. se efectúan a criterio de los Jueces, y las sustituciones lo son a criterio de los Jueces, o de otros órganos, según el cuerpo, o incluso no se organizan, como en el caso de los Funcionarios, generándose continuos problemas y abusos, como el de apenas poner juicios los viernes, todo lo cual es preciso corregir.
SOLUCION: Unificación por el Consejo de todos los criterios que deben regular este tipo de materias, previendo todos los casos posibles y dando una solución unívoca para cada uno de ellos.
PROBLEMAS DERIVADOS DE GABELAS IMPUESTAS AL SERVICIO DE OTROS:
22 La dificultad en abandonar la defensa de la Administración, o la Acusación por el Fiscal, obliga a celebrar miles de juicios inútiles.
Para evitar que los Abogados del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y demás organismos públicos se escaqueen de su trabajo, y para que los Fiscales no eludan su trabajo de acusar, se estableció hace décadas la norma de que debían de elaborar un extenso y completo informe y elevarlo a sus superiores, con el resultado de que se facilita el trabajo de estos y se genera un trastorno enorme a la administración de justicia, y a los ciudadanos que han de acudir a los juicios, sobre todo en lo contencioso.
SOLUCION: Reformular esta obligación de informe, limitándola a los casos de más enjundia y sustituyéndola por controles internos exhaustivos y eficaces.
23 La obligación de presentar nueva demanda para ejecutar las sentencias civiles, lastra gravemente a los Juzgados.
Para que los Abogados puedan cobrar más honorarios profesionales, en lugar de que el juzgado que había dictado la sentencia, (que ya conoce el asunto, domicilios actualizados, etc.) proceda a la ejecución, como sucedía anteriormente, se obligo a presentar una nueva demanda para la ejecución, y finalmente, repartirla y adjudicarla a otro juzgado distinto, con más trabajo para el Decanato y para el Juzgado que tiene que recibirla y admitirla, hacer dos tasaciones de costas, etc.
SOLUCION: Volver a la solución tradicional de que quien sentencia ejecuta y sin nueva demanda, cual sucede en los ordenes penal, contencioso y social.
24 La hipertrofia de las Estadísticas consume una ingente cantidad de recursos de los Juzgados.
Para que el C.G.P.J. o la Fiscalía elaboren bonitos informes y memorias, con tablas y gráficos, se obliga a los Juzgados a elaborar complicadísimas estadísticas, que de año en año van aumentando, y que obligan a crear y mantener actualizados en el órgano decenas de mecanismos de control, cuya única utilidad es servir a la insaciable voracidad de datos y al capricho de quienes las diseñan, sucediendo lo propio con las Inspecciones del C.G.P.J. y demás órganos, para que luego, de cuantas recomendaciones estos hacen, no se obtenga nada, pero obligando a los Juzgados a hacer todo el trabajo, no en vano por la falta de medios en el Consejo, cada unidad Inspectora solo tiene a su disposición un auxiliar administrativo y no siempre competente, amén de haber poquísimas unidades de este tipo, con lo cual el trabajo le cae en suerte a la parte más débil, el Juzgado.
SOLUCION: Reformular completamente la estadística, limitándola a los conceptos clave, eliminando datos duplicados, (como preguntar a los Juzgados los recursos interpuestos ante la Audiencia y a esta los recibidos desde los Juzgados) y reglamentando que son el Consejo y sus unidades inspectores los que, si se desean datos adicionales, deben de ir a buscarlos.
25 Falta reciprocidad en las relaciones con otros organismos públicos.
Para mayor comodidad de muchos organismos, tales como Hacienda, INSS, Tesorería General de la Seguridad Social, INEM etc., para obtener cualquier tipo de datos es obligado que el Juzgado tenga que entrar en sus bases de datos, a veces difícilmente inteligibles, mientras que a la inversa, ningún organismo público entra en las bases de datos judiciales y si se solicita cualquier información del Juzgado, ha de enviarse caso por caso.
SOLUCIÓN: El C.G.P.J. debe elaborar un protocolo obligatorio de solicitud de datos a otras administraciones públicas, y de petición de datos de estas a los Juzgados, basado en el principio de reciprocidad y no en el de comodidad de las demás administraciones.
26 Continúa imposición de criterios informáticos por encima de los legales y procesales.
Sea por mayor comodidad de los informáticos, sea porque no comprenden los aspectos normativos, sea por torpeza, continuamente se imponen soluciones informáticas so pretexto de que “no se puede hacer de otro modo” que desbaratan pautas de trabajo establecidas, cuando no son completamente contrarias a lo que disponen las normas, por encima de las cuales pasan alegremente en aras a una supuesta mayor “eficacia” o economía.
SOLUCION: Que por el C.G.P.J., oyendo a los que realmente trabajan con las aplicaciones informáticas, se revise cualquier propuesta de innovación en este ámbito, poniéndola en servicio, únicamente, si respeta el marco normativo vigente.
27 Lluvia de nuevas aplicaciones informáticas sin haber comprobado antes su funcionalidad.
Por la prisa de los políticos en “vender” grandes “avances”, por la incompetencia de algunos informáticos a la hora de diseñar aplicaciones judiciales complejas, y por la estulticia de los que piden aplicaciones sin sentido, los Juzgados han de proceder constantemente a usar nuevas aplicaciones en las que, como auténticos “conejillos de indias”, han de contribuir durante meses a poner de relieve los problemas y fallos que se van sucediendo, hasta que a base de parche sobre parche, los informáticos concluyen por estabilizar la nueva aplicación.
SOLUCION: Que por el C.G.P.J., se prueben las nuevas aplicaciones informáticas por tiempo mínimo de seis meses, y una vez comprobada su completa operatividad, se puedan poner en servicio en todo el estado.
28 Lluvia de nuevos registros que obligan a perder miles de horas de trabajo rellenando datos de escasa utilidad.
Para su posible uso por otros organismos o instituciones, que las más veces, como sucede con la Policía y la Guardia Civil se guían por sus propios registros, al clásico y necesario registro de antecedentes penales, le ha sucedido un rosario de nuevos registros, en materia de poderes, de menores, de medidas cautelares, de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, concursal, de sentencias no firmes y así sucesivamente, por virtud de los cuales en muchos juzgados se podría poner a un Funcionario todo el día a dar “de comer” a todos esos registros y resolver las “incidencias informáticas” y no dar abasto a ello, con lo cual se pierden todos los días decenas de miles de horas de trabajo efectivo, en cuestiones de muy escasa o nula utilidad real, a lo que se añade que dichos registros cada vez exigen cumplimentar más datos y reflejar más fielmente una realidad, que luego, a nadie con capacidad de decisión interesa lo más mínimo.
SOLUCION: Revisión profunda por el C.G.P.J. de los registros vigentes, suprimiendo los innecesarios y simplificando al máximo los demás.
29 Supresión completa de las tasas judiciales.
Las tasas judiciales no tienen otros objetivos que el de utilizar a la administración de justicia para recaudar fondos y el de conseguir que los ciudadanos se retraigan en el acceso a la justicia, pero a efectos de la administración de justicia, que no percibe nada de lo que con ellas se recauda, solo sirven para incrementar el trabajo de los Juzgados, cuando lo correcto es no limitar el acceso a la justicia.
SOLUCION: Si se pretenden obtener réditos de las grandes corporaciones, por ser las que estadísticamente más litigios plantean, basta con el simple expediente de subir en una pequeña porción su tipo del impuesto de sociedades, incluso diferenciando por sectores, para así cobrar por el mayor uso del servicio de la justicia o, subsidiariamente, que el Ministerio de Hacienda “visite” las bases de datos de los Juzgados y gire las liquidaciones que procedan, sin interferir el trabajo de los Juzgados.
30 Recortes continuos en el ámbito de acción de la justicia:
Para que se pueda paliar el tremendo atasco de la justicia y se puedan cobrar aranceles por otros cuerpos, en actuaciones que el juzgado hacía gratuitamente, se apuesta por sacar de esta administración gran parte de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, por intentar llevarse el registro civil, y por “vender” algo prácticamente inútil como es la “mediación”, que obligará a contratar a mucha gente, para con menores garantías, no llegar a nada y tener que acudir finalmente a la vía judicial y así sucesivamente.
SOLUCION: Resolver los verdaderos problemas de la justicia liberando recursos que permitan afrontar estos cometidos como se ha hecho siempre, sin nueva merma de los derechos del ciudadano.
PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS SANGRÍAS A LOS RECURSOS DISPONIBLES:
31 Determinados intereses corporativos engañan a la administración absorbiendo recursos económicos imprescindibles.
Una pléyade de órganos de gobierno de diversas profesiones y cuerpos, representantes de los operadores de la justicia, políticos, etc, insisten continuamente a la administración acerca de la bondad de adoptar tales o cuales soluciones, mirando más por sus intereses que por los de la administración pública y el ciudadano, con el resultado de que la administración, carente de verdaderos expertos independientes, cuando no infiltrada por personas de aquella misma procedencia, termina aceptando la supuesta de bondad de soluciones que, en realidad, responden a los intereses de unos pocos, a la creación de puestos intermedios para colocarlos, a intereses de profesionales del derecho no funcionarios, etc.
SOLUCION: Atribuir todo el presupuesto en materia de justicia al C.G.P.J. el cual, al tener una composición mucho más variada que la actual, aparecer ante la opinión pública como único responsable del funcionamiento de la justicia y al no disparar con “pólvora ajena”, que es muy fácil, y sí con el propio presupuesto, se cuidará muy mucho de dejarse llevar por cantos de sirena, priorizando convenientemente el uso del dinero público.
32 Se sobrevalora el poder de la informática y se infravaloran sus inconvenientes:
La implantación de nuevas aplicaciones informáticas se lleva a efecto por personas que ni tienen conocimientos de informática, ni jamás han trabajado en la base, con el resultado de que lo que se imaginan está muy lejos de coincidir con lo que luego es la realidad.
SOLUCION: Dejar de “deificar” a la “informática” como la panacea de todos los problemas, determinándose por el C.G.P.J., que es lo realmente imprescindible y suprimiendo todo lo demás, evitando así que los equipos se queden continuamente obsoletos, que ello genere otra espiral sangrante de gasto, entrando en un carrusel de adquisición de equipos, programas y realización de cursos “formativos”, al que algunos dentro y fuera de la justicia sacarán “tajada”, y dando lugar a una multiplicación de “organismos modernizadores” y de mastodónticos centros de atención de “incidencias y dudas informáticas” inevitables para no perderse en el piélago de las nuevas aplicaciones, etc.
33 Determinadas administraciones públicas malgastan dinero público, comprando directa o indirectamente voluntades dentro de la justicia.
Sea para tener un trato de favor, sea por connivencias ideológicas, sea por mejor controlar el ámbito de la justicia, donde aún existen algunos reductos de independencias parcialmente inmunes a su poder, sea por otros motivos, muchas administraciones públicas se dedican a organizar cursos de toda laya, por supuesto a costa del erario público, que en no pocas ocasiones acaban adjudicándose a personas de la misma “cuerda” que la administración convocante, y lo propio sucede con los puestos en Tribunales de oposiciones, o con el hecho de subvencionar e incluso a controlar directa o indirectamente a las asociaciones mayoritarias de cada cuerpo, para apagar toda posible crítica en los colectivos e impedir que la verdad salga a la luz y llegue a la opinión pública.
SOLUCION: Elaboración por el C.G.P.J. de guías virtuales en todas las materias, con referencia a las diferentes soluciones obrantes en las bases de consultas y subsiguiente supresión de todos los cursos presenciales y días de permiso para participar en ellos, sin perjuicio de la posibilidad de organizar cursos “vía internet” en horario vespertino, y siendo de cuenta de los participantes en estos cursos la retribución del “ponente” del curso, al tiempo que se deberá regular el sorteo como fórmula para cubrir puestos en Tribunales de oposiciones y prohibir todo tipo de subvenciones a las asociaciones profesionales de Jueces.
34 Acceso a cargos políticos desde los cuerpos de la administración de justicia:
El continuo goteo de nombramientos políticos respecto de integrantes de la administración de justicia, genera una descapitalización de esta administración, que tiene que cubrir esos puestos con sustituciones o comisiones de servicio hasta el retorno de los nombrados, dándose además una pésima imagen fuera y dentro de los juzgados.
SOLUCION: Prohibición legal de que quienes integran los cuerpos de la administración de justicia puedan obtener puestos “de confianza” y nombramientos en las administraciones públicas o puedan regresar a la administración de justicia tras haberse presentado como candidatos a cualquier proceso electoral, hayan salido electos o no.
REVERSION DE LOS ERRORES COMETIDOS AL INTENTAR PARCHEAR LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR TODO LO ANTERIOR.
Si para revertir errores, como el de las transferencias en materia de justicia a las Comunidades Autónomas o el de los registros informáticos innecesarios, por no hablar de la supresión de la Justicia de Distrito, ya se han aportado soluciones en los apartados anteriores, restan por citar otros entuertos variados que hay que “desfacer”:
35 Eliminación de las facultades instructoras de la Fiscalía en los Juzgados de Menores.
Por las mismas razones de imparcialidad que no se considera razonable que quien instruye juzgue, no parece lógico que quien instruye, acuse y perfectamente puede instruir uno de los jueces del Juzgado de Menores y juzgar el otro.
SOLUCION: Retirada de la Instrucción de Menores a la Fiscalía para que pueda concentrar todo su esfuerzo en el resto de sus cometidos y se evite, como pasa ahora, el ir tramitando dos expedientes paralelos, uno en el juzgado y otro en la Fiscalía.
36 Eliminación de la “Nueva Oficina Judicial”.
Para incrementar la injerencia del poder ejecutivo en el ámbito del poder judicial, tratar de recortar el exceso de poder de los Jueces, crear una red paralela de jefaturas para los Secretarios, y vender a la ciudadanía y a las Autoridades Europeas que había una verdadera voluntad de mejora, se pretendió aplicar un modelo nuevo de organización que, tras siete años de experimentos y un enorme consumo de energías y recursos públicos, apenas sí se ha aplicado en un 15% de los juzgados, genera continuos problemas de escala, necesita de muchos más recursos humanos y materiales para conseguir los resultados que antes se lograban con los preexistentes, y que al ser plenamente conscientes de la imposibilidad de aplicarlo en las grandes capitales, se ha limitado a partidos judiciales de “medio pelo” o jurisdicciones concretas, máxime, cuando su implantación requiere de costosísimas inversiones en obras de remodelación de edificios, que ni hay dinero para asumir, ni el país se puede permitir, ni cuando se realizan alcanzan a ser útiles, pues se sobreponen, por la fuerza, en edificios originariamente pensados para otra cosa, resultando distribuciones completamente absurdas y absolutamente ineficaces, siendo de todo punto imposible continuar adelante con dos organizaciones judiciales diferentes.
SOLUCION: Desmantelamiento de la Nueva Oficina Judicial en todos los partidos judiciales o jurisdicciones concretas de estos en que se ha instalado, por inútil y porque es menos costoso que convertir a todos los demás juzgados en nuevas oficinas judiciales con vuelta al sistema tradicional, mucho más eficiente, con mantenimiento y creación de Servicios Comunes exclusivamente en aquellos ámbitos donde realmente pueden ser útiles y aportar algún valor añadido, tales como los de notificaciones, embargos y lanzamientos, o los de subastas, con una normativa estatal que defina con claridad sus competencias, y suprimiendo todos los demás.
37 Reducción de los excesos informáticos:
En esta misma línea de huida hacia adelante, el dislate final ha venido de la mano de la venta a la opinión pública de las maravillas de los avances tecnológicos, como si estos por si solos pudieran resolver todos los problemas anteriores, primero con la informatización de los Juzgados, después con el “expediente digital”, algo que no existe en ningún lugar del mundo porque no es práctico para trabajar, convierte los procedimientos en inmanejables, y al final obliga a imprimir todo para poder manejar los asuntos y a tener que “llevar el expediente” en formato virtual y real, y finalmente con las aplicaciones tipo “LEXNET” para notificar resoluciones judiciales y presentar escritos telemáticamente, que generan enormes quebraderos de cabeza a Abogados, Procuradores y Juzgados, obligan al Juzgado a imprimir todo los escritos con el gasto de papel que esto supone, y que antes asumían las partes, desaprovecha las posibilidades del Procurador para notificarse y presentar los escritos, cual se ha venido haciendo hasta ahora sin problemas, obliga a poner diligencias para acreditar cuando se han notificado las cosas en el expediente y poder así resolver, etc, o como sucede con las aplicaciones para remisión telemática de exhortos, que al carecerse de firma digital al final vienen sin firma alguna, u obligan a continuas pérdidas de tiempo con el escaneado, con el resultado final de que en lugar de ganarse tiempo y celeridad se pierde y además se genera mayor inseguridad jurídica.
SOLUCION: Abandono de la idea del expediente digital y revisión profunda de todas las aplicaciones informáticas impuestas a los Juzgados, suprimiendo todo lo que esta duplicado o es inútil y simplificando al máximo la labor de los órganos judiciales, adoptando avances informáticos solo cuando realmente generen un beneficio tangible y no sean contraproducentes por la inestabilidad que introducen en el sistema, y por su mayor complejidad, que buena parte de sus operadores llega un momento, no tienen capacidad suficiente para asumir.
APROVECHAMIENTO DE OTRAS POSIBILIDADES
38 No se está sacando todo el partido posible a la figura del Procurador.
Así como la posición del Letrado en el conjunto del sistema es clara y bien definida e incluso se ha encomendado a los Colegios de Abogados funciones públicas para organizar la justicia de oficio, en el caso de los Procuradores cuya situación resulta afectada por las nuevas tecnologías, al igual que sucede con los Secretarios, no se ha hecho un esfuerzo serio por reconsiderar esta figura y hallarle un mejor encaje en el sistema.
SOLUCION: Es preciso proceder a una revisión legal de su posición en el sistema, analizando todas las funciones de colaboración en el ámbito de la ejecución que razonablemente pueda asumir y someterlas al colectivo para su aceptación, en particular por ejemplo, en el ámbito de atribuirles las subastas.
39 No existe un Servicio Central de Comisiones Rogatorias.
Se pierden miles y miles de horas de trabajo en los juzgados intentando efectuar notificaciones y citaciones en el extranjero, y miles y miles de euros en traducir una y otra vez a otras lenguas las mismas cosas, cuando debería bastar la sencilla remisión de un formulario al Consejo para que este se encargara de completar la Comisión y remitirla a su destino.
SOLUCION: Crear en el C.G.P.J., dicho servicio.
40 No existe un Servicio central de resolución de consultas jurídicas, en especial urgentes.
En innumerables ocasiones, un Funcionario que queda el último en el Juzgado y llaman por teléfono, un Juez en un juzgado de guardia desbordado, un Secretario en un registro complicado, se encuentran con problemas prácticos y jurídicos que se salen de lo habitual y trillado y no tienen a donde acudir, más allá de encomendarse en la red al subforo de consultas del Foro de Unidad de Acción de los Secretarios, o a algún artículo de opinión.
SOLUCION: Crear un servicio en el Consejo a este fin, con dos secciones, consultas urgentes y normales, sirviendo este último para ir completando la base de consultas resueltas, al modo como lo hacía la Comisión de Tasas en el Ministerio de Justicia a finales de los años 50.
CONCLUSION:
La puesta en marcha de todas estas reformas produciría una tal agilización de la justicia que no solo se resolverían sus actuales problemas, sino que se generaría un excedente de personal y recursos que podría encontrar mejor destino dedicado a otros fines. Esto es de sobra conocido por todos los operadores de la justicia, pero no se dice.
A sensu contrario, la realización de reformas puramente cosméticas y nominales que no vayan al fondo de las cosas y atajen todos estos problemas, solo servirá para prolongar la actual situación de inoperancia y aun aumentar el retraso existente.
Esta es la realidad del caso y lo demás es tratar de engañar a la ciudadanía y barrer para los propios intereses de unos y de otros.
Explicado queda.