Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales

Siendo un real decreto-ley, el Gobierno NO SOLO sustituye la voluntad parlamentaria, sino que, vea Vd. qué cómodo, ha prescindido de TODA la tramitación prelegislativa, y del control institucional y público que ello significa. Es decir, que se evita el Gobierno TODOS los sucesivos informes que en cualquier ley son precisos, según los casos. Y, claro, no solo se evita los sucesivos varapalos técnicos de forma y fondo del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de los Colegios profesionales, etc. en sucesivos informes jurídicos que son públicos y que se difunden, sino que se evita el control por la opinión pública, que se va soliviantando durante el par de años que puede tardar cualquier ley en tramitarse ante esos sucesivos informes que ponen de manifiesto las barbaridades que se pretenda aprobar. Y, claro, lo que se se aprueba en un real decreto-ley es EXACTAMENTE lo que quiere el Gobierno, puesto que se ha evitado ABSOLUTAMENTE TODOS LOS CONTROLES PRELEGISLATIVOS, y la presión de la opinión pública para cambiar lo que fuera inadmisible, sin molestia alguna. Vd. verá si sigue pensando que lo más grave de que se use la técnica legislativa del real decreto-ley es SOLO que teniendo mayoría absoluta se saltan la tramitación parlamentaria.