Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales

Los ingresos en las cuentas judiciales supusieron un montante cercano a los 7.000 millones de euros, que como otros activos, producen intereses.

Fuente: Expansión.

Esto si que es productividad.....

Pues... vaya caca de productividad, con perdón.

Disponer de 7.000 millones de loqueseas y obtener un rendimiento de 150 sólo habla de la negligente gestión financiera de sus responsables: un 2,14%. Entiendo que un particular no pueda obtener más de un 1,5% ó 1,8% con una imposición a plazo de sólo 20 o 30.000 euros, pero... con 7.000 millones?

El país se financiaba el año pasado con las emisiones de Deuda Pública (suscritas mayormente por la banca española) pagando el 6-7% y colocaba sus depósitos (estos, entre otros) en esa misma banca española para obtener rendimientos del 2% en el mejor caso.

¿Cuándo se ha visto que alguien sobreviva comprando a 6 y vendiendo a 2?

LA LEY 126038/2014
Diario de Noticias, 27 de Mayo de 2014, Editorial LA LEY

Los depósitos y consignaciones judiciales, como las fianzas, supusieron unos ingresos de cerca de 7.000 millones de euros que, al igual que otros activos, producen intereses financieros.

Almudena Vigil.- El Ministerio de Justicia ingresó el año pasado cerca de 150 millones de euros en concepto de intereses bancarios por la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, según han confirmado a EXPANSIÓN diversas fuentes de la Administración de Justicia.
Según las cifras del informe La Justicia dato a dato, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2013 se ingresó en esta cuenta cerca de 7.000 millones de euros, manteniendo un saldo medio durante el año de 3.420 millones de euros, una cifra, esta última, que ha aumentado notablemente respecto a 2012, que fue de 2.907 millones de euros.
Se trata de la cuenta común a la que van a parar los ingresos que se realizan en los juzgados de toda España en concepto de fianzas, embargos judiciales, garantías, cauciones o cualquier otro tipo de abono que ciudadanos o empresas realicen ante los órganos judiciales.
Buena parte de este dinero se devuelve a sus propietarios (pero sin intereses) o va a parar a la parte contraria cuando se resuelve el conflicto a su favor, lo que hace que haya un flujo constante de entradas y salidas de capital. También una parte de esos ingresos corresponde al Ministerio de Justicia, como los depósitos para la interposición de un recurso, cuyo fin es disuadir a quienes reclaman sin fundamento jurídico.
Intereses para el Tesoro
Sin embargo, aunque la gestión de la cuenta es competencia de Justicia, los intereses que se liquidan por la entidad de crédito que la gestiona, actualmente Banco Santander, no se abonan al departamento que dirige el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, sino al Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, pasando a engrosar los Presupuestos Generales del Estado.
A finales de los años 80, se suprimió la recepción material de dinero en los juzgados y tribunales, estableciendo la obligatoriedad de una única entidad de crédito para prestar el servicio, fijando determinados parámetros para homogeneizar la gestión de las cuentas que, hasta ese momento, no se encontraban centralizadas y había una gran dispersión en su gestión. Se hizo a través del Real Decreto 34/1988, actualizado casi dos décadas después por el Real Decreto 467/2006.
El objetivo era diseñar un sistema basado en la búsqueda de la mayor eficacia y control sobre las cantidades allí depositadas, suprimiendo la libertad de los órganos judiciales para elegir la entidad de crédito en la que abrir la cuenta. Se creó con ello un sistema sometido a mayores garantías, que permite que las cantidades ingresadas puedan permanecer largo tiempo depositadas en las entidades bancarias designadas.
Nuevo concurso para la gestión de la cuenta
Banco Santander es la entidad que gestiona actualmente la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, después de que Banesto –ahora integrado en Santander– ganara la adjudicación en 2009, en un concurso al que también se presentó BBVA, banco que se había encargado durante años de esta función.
La adjudicación se hizo por un período de cuatro años con posibilidad de dos de prórroga. Según fuentes de Justicia consultadas por este diario, es probable que a lo largo de este año, y de cara a 2015, se vuelva a sacar a concurso la adjudicación de esta cuenta. La regulación establece que el Ministerio de Justicia debe designar la entidad de crédito que preste el servicio de apertura y gestión de las cuentas y que el concurso debe tener en cuenta las mejores condiciones económicas y técnicas ofrecidas por los licitadores.
El TC impidió a Cataluña y Andalucía gestionar su parte
La gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales es competencia exclusiva del Estado, a pesar de que haya comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia. Así lo aclaró el Tribunal Constitucional cuando, en 2006, dio respuesta a la intención de dos comunidades autónomas –Andalucía y Cataluña– de exigir la parte que les correspondía de estos beneficios.
La sentencia del Tribunal Constitucional (50/2006), de 16 de febrero, resolvió a favor del Estado la competencia para fijar las condiciones y contratar el servicio de gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, así como para ingresar los intereses generados en dichas cuentas. El tribunal sostuvo que “los intereses generados por las cuentas bancarias son rendimientos desvinculados de la capacidad normativa de las comunidades autónomas”. La sentencia contó con el voto particular del entonces magistrado del TC, Pablo Pérez Tremps, al que se adhirió el magistrado Eugeni Gay Montalvo.

El tribunal sostuvo que “los intereses generados por las cuentas bancarias son rendimientos desvinculados de la capacidad normativa de las comunidades autónomas”. La sentencia contó con el voto particular del entonces magistrado del TC, Pablo Pérez Tremps, al que se adhirió el magistrado Eugeni Gay Montalvo.

Por supuesto, pura casualidad

En la Administración de Justicia, con lo recaudado por la tasa 696, depósitos para recurrir perdidos -ingreso ahora reducido por mor de la última Instrucción del SGAJ de no exigir (sic) depósito cuando se recurre en reposición las resoluciones del SJ- e intereses de la CDCJ, y gestionando bien la asistencia jurídica gratuita, pues hombre ... no es que pudiéramos vivir como reyes, ni como príncipes, pero a lo mejor podríamos dejar de de administrar la miseria. Digo yo.

Saludos

Pues no sé qué es peor, si el escaso rendimiento que los gestores de la cosa pública dan a esa millonada, si el hecho de que en Justicia ni nos enteremos de esas ganancias porque no repercuten en mejorar este servicio o la burla que supone lo que en concepto de productividad nos pagan a los SJ por mandamiento de devolución o transferencia emitidos ( entre 0,17 y 0,24 € en mi caso, dependiendo de parámetros tan misteriosos que ni Iker Jiménez podría descifrarlos).

No sé qué es peor, pero da auténtica verguenza. Este Ministerio no soporta una auditoría ni aunque se la hiciera la Virgen de Lourdes.