Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales

Justicia en catalán
Setze jutjes d´un jutjat
José García Domínguez

“ Más de doce mil profesores castellanohablantes acabaron marchándose de Cataluña por la bromita del fetge del penjat. Se dice rápido, más de doce mil; el mayor éxodo forzado de profesionales cualificados en la Europa contemporánea. ”

Setze jutjes d´un jutjat mengen fetge d´un penjat (dieciséis jueces de un juzgado comen hígado de un ahorcado). Es una broma de niños, un antiguo trabalenguas vernáculo que los escolares de la región recitan en los patios de los colegios; un juego en el que, sin embargo, todos de los magistrados del Tribunal Supremo perderían. Porque ninguno de ellos sería capaz de recitar la letanía correctamente, sin trabucarse ni sucumbir en ese campo minado que para las laringes castellanas forman los sonidos intervocálicos del catalán. Setze jutjes, una gracia que, por el contrario, Pasqual Estivill sabe pronunciar con la mente en Suiza, la vista fija en un maletín y ocupando al tiempo ambas manos en extender sentencias al portador. Setze jutjes, la humorada que ahogaría en un océano de saliva el porvenir en Cataluña de los mejores juristas del país. Setze jutjes..., un inocuo chiste que, bien contado, habrá de demoler el tercer poder del Estado.

Más de doce mil profesores castellanohablantes acabaron marchándose de Cataluña por la bromita del fetge del penjat. Se dice rápido, más de doce mil; el mayor éxodo forzado de profesionales cualificados en la Europa contemporánea. Y ahora les ha llegado el turno a los jueces. Porque de eso es de lo que se trata: de que se vayan cuanto antes y dejen libres de una vez las preciadas sillas domésticas que hoy usurpan. He ahí el tinglado de la antigua farsa del patriotismo letraherido catalán: que absolutamente todos los resortes del poder civil, sin excluir el menor resquicio, recaigan en indígenas puros, con, eso sí, la minúscula cuota ornamental de rigor reservada a la mansa grey de los charnegos aculturizados. ¿O acaso algún ingenuo aún sigue creyendo que el furor gramatical que corroe las almas de nuestros nacionalistas nace de la prosa de Sagarra y la lírica de Foix?
Y para alcanzar esa gran conquista histórica de las fuerzas del progreso, ZP está decidido no sólo a demoler la Carta Magna de 1978. Pues, con efectos retroactivos, el Estatuto catalán derogará de paso la Constitución isabelina de 1837, aquélla en la que por primera vez se blindó el derecho de todos los españoles a acceder a cualquier cargo público. Al fin, los vástagos hispanos de la Ilustración, los orgullosos hijos legítimos de Rousseau, Hegel, Marx, Gramsci, Sartre, Habermas, Enric Sopena y Maria Antonia Iglesias se abrazan con las partidas carlistas del general Cabrera. "Dios, Patria y Rey", manifiesto programático del Tigre del Maestrazgo dirigido a todos los carpetovetónicos nostálgicos de la gleba y el Medioevo plural: "España, para ser libre, necesita primero de todo tener un gobierno descentralizador, es necesario dar a las provincias la libertad que han menester para administrarse a sí mismas. Es necesario devolverles sus fueros y franquicias". Pues eso, a cantar todos juntos y en unión: Setze jutjes d´un jutjat mengen fetge...

Eres un conspirador.....

... el Estatuto catalán derogará de paso la Constitución isabelina de 1837, aquélla en la que por primera vez se blindó el derecho de todos los españoles a acceder a cualquier cargo público.

¿Ah, sí? Además de inconstitucional y de constituir una "reforma ilegal de la constitucion" de 1978 (PP dixit, o mejor, no para de decir)... ¿también deroga la de 1837?

Además de la estupidez jurídica que supone el comentario (la Constitución de 1837 está derogada ya mil veces), es falso y tendencioso de raíz: ¿cómo puede el Estatut impedir que cualquier español acceda a cualquier cargo público?

¿O es que es legítimo exigir ciertos requisitos -formación, titulación, técnicos o de conocimientos- y en cambio requerir otros -como el conocimiento de la lengua- supone una vulneración de los principios de la Ilustración y los Derechos Humanos?

P.D.: Por cierto, se escribe "JUTGES", con "g". Mucho verbo florido, pero muy poca sustancia y menos aún, precisión.

Comprendo lo que dice invitado, pero suponiendo que yo quiera que mi hijo estudie en catalan, ¿tengo derecho a ello?

Cogido por ahí:

"La Babel en la que estamos metidos lleva a sucesos chuscos como el que me cuenta María del Pilar... En la empresa donde trabaja se recibió una comunicación del Ayuntamiento de Castellgalí (Barcelona) pidiendo el embargo del salario de un empleado de la empresa. La comunicación iba escrita en catalán. El gerente de la empresa contestó en una especie de andaluz fonético. Por ejemplo, "Le huro por Dio qué hemo hesho to lo possible por aclará zi nosotro le debemo a ustedes argo o son ustede los que nos tienen que hasé argún pago". La eutrapelia sigue de esa manera jocosa. En serio, ¿tan difícil es que entre los españoles recurramos a la lengua común, la única que todos dominamos, para asuntos oficiales?"

Pues estamos en las de siempre, se mezclan los argumentos porque en realidad hay duplicidad de intenciones y no todas se pueden medir por el mismo rasero....de un lado están la cantidad bastante grande de ciudadanos catalanes que sencillamente quieren ser atendidos en su lengua -opción perfectamente respetable- y de otra están los politicos de turno, que aprovechando esa sana intención de parte del electorado, quieren a su vez utilizarla para sus propios fines: Hacer una buena limpieza de la judicatura "foránea" que les es teóricamente hostil, blindar la comunidad contra la entrada de extraños, y poner en su lugar a los afines.

Por cierto, y en línea con esto último, aprovecho para comentar a los que no se hayan leído la D.A. al proyecto de ley de justicia de proximidad, que hay una disposición que permite convertir juzgados de "la clase que sea" en juzgados de proximidad. En círculos judiciales se dá por hecho que eso va a ser una manera de hacer "limpieza étnica" de la siguiente manera: Creo 15 juzgados de proximidad en Barcelona, y como asumen competencias de los civiles, instrucciones y contenciosos, calculo cuantos asuntos les quitan. A continuación, "amortizo", es decir, elimino 4 civiles, 4 instrucción y 1 contencioso, -porque ahora sobran-, y los magistrados que están allí, a concurso forzoso en el próximo que se convoque, por supresión de la plaza. ¿Y adivináis qué Juzgados se eliminarán? Bingo...los de los jueces que no gusten, que no hablen catalán, etc...

Este tipo de cosas son las que crispan los ánimos y hacen que una reivindicación en principio sana -la de que se atienda en su idioma cooficial a muchos catalanes que así lo quieren- tenga una dimensión paralela añadida artificiosamente que escandaliza.

Y lo grave del asunto es que en efecto no hay ni de lejos jueces de carrera para cubrir las plazas de aquí, de manera que habrá que nombrar sustitutos locales a montones, todos dependientes de la renovación anual " a gusto" del criterio del Consejo de Justicia politizado que se va a crear -y no de la Sala de Gobnierno del TSJ como hasta ahora- y lo que es casi peor: Como la abogacía es una opción válida y que dá dinero en Cataluña (Por eso casi nadie oposita), los mejores licenciados ni de broma se van a dedicar a sustituír de Juez, sino que serán los peores, los menos cualificados y que no han podido encontrar otra cosa los que lo harán. O sea, que el nivel, si ya no es el mejor, se hundirá hasta extremos increíbles. Pero eso sí, nadie le va a dar al pueblo catalán una explicación seria y sosegada de este problema....ya se enterarán en los juzgados cuando tengan que acudir a ellos.

¿cómo puede el Estatut impedir que cualquier español acceda a cualquier cargo público?

Realmente cuando se establecen requisitos para acceder a cualquier cargo público, con eso ya se está lógicamente excluyendo a los españoles que nos los cumplen. Por ejemplo, nadie puede acceder a Juez sin ser licenciado en derecho, de modo que todos los españoles que no son licenciados en derecho, quedan excluídos de acceder a ese cargo público. Hasta aquí llevas toda la razón Lo que pasa es que si el requisito que se exige -en este caso el conocimiento del catalán- no es es obtenible por igual en todas partes del territorio (Porque por ejemplo en Madrid o en Albacete o en Toledo no se puede pedir estudiar catalán en el colegio), de facto estás generando una discriminación en el sentido de que el acceso al cumplimiento del requisito en cuestión no es IGUAL para todos los españoles, a diferencia de la licenciatura, que se puede obtener en todas las Comunidades Autónomas, en una u otra ciudad. No obstante, hay que reconocer que por la misma regla de tres se estaría vetando el acceso de todos los españoles a la función pública ya existente en Cataluña -donde es requisito saber catalán para ser funcionario-, y nadie se ha planteado su inconstitucionalidad. Aquí volverías a tener la razón

En suma, al final volvemos a lo mismo: No es ya una cuestión de acceso a la judicatura o a la función pública, lo que preocupa y cabrea es el fin último no confesado de esa distinción. Porque, seamos sinceros, a mas de un madrileño, castellano, andaluz o valenciano le habrían hecho un favor si al acceder a Juez por oposición le dicen que nunca podrá ir destinado a Cataluña, País Vasco o Galicia, que están todas lejos de su familia y lugar de nacimiento. Por los compañeros que conozco, os aseguro que mas de la mitad de los que hay aquí, estamos contra nuestra voluntad, no por manía a los catalanes ni a nadie, sino porque esperamos ir a nuestra ciudad de vuelta tarde o temprano y no podemos aún.

Así que si quieren sacar de Cataluña a todos los jueces que no hablan catalán "por las buenas", nada mas fácil que preguntar entre la judicatura de aquí dónde quieren estar, y crear las plazas correspondientes, como Juzgados o como Audiencias. Y en un santiamén se vacía mas de la mitad de la judicatura de aquí sin una protesta ni un mal gesto, y con todos nosotros dando las gracias al "Estatut"

El PP dice que el Poder Judicial aprobado por la Ponencia del Estatut rompe el modelo constitucional


MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ponencia del Congreso y del Parlamento catalán encargada de redactar un informe sobre la reforma del Estatut dio hoy su visto bueno al Título III, relativo al Poder Judicial, que según el PP rompe "sin remedio" el modelo constitucional y que, a juicio de los socialistas, se ajusta estrictamente a su programa electoral y supone la primera aplicación en un texto legal del artículo 152 de la Constitución, que prevé la adaptación del Poder Judicial al Estado de las autonomías.

"Hoy hemos asistido a uno de los momentos más decisivos del Estatuto, en los que se produce una auténtica fractura del Estado constitucional de Derecho que nos dimos en 1978 al separar un Poder Judicial autónomo de Cataluña y en sus tres vertientes: función jurisdiccional, gobierno de los jueces y administración de Justicia.

Hemos dejado de tener un Poder Judicial único", proclamó el ex ministro Federico Trillo (en la imagen), ponente del PP, quien dijo que este cambio no se podría revertir ni siquiera con una nueva mayoría política en las Cortes.

En la Ponencia se fueron avalando los catorce artículos del Título definido como "del Poder Judicial de Cataluña", donde se regulan las funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), del nuevo fiscal superior de Cataluña, y del Consejo de Justicia autonómico, así como los medios y requisitos de la Administración de Justicia, en la que se ratifica la necesidad de tener un conocimiento "adecuado y suficiente" del catalán para ejercer en Cataluña.

El PSOE, junto con CiU y el resto de formaciones catalanas, incluyó en una decena de artículos menciones a la legislación estatal, fundamentalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero para el PP sólo son "maquillajes" y "brindis al sol". Por primera vez desde el inicio de los trabajos de la Ponencia, la práctica totalidad de lo aprobado contó con el aval de ERC, aunque los republicanos coincidieron en un par de ocasiones votando 'no' con el PP.

TRIBUNAL SUPRERIOR Y CONSEJO CATALANES

Con la reforma, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) será la última instancia jurisdiccional en todos los procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en la comunidad (cuyo alcance y contenido serán determinados por la LOPJ) y "sin prejuicio" de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. En la reunión de hoy suprimió la mención a la función de casación que se recogía el texto aprobado por el Parlament.

Para el PP el tribunal catalán será "prácticamente un Tribunal Supremo propio", con recurso de casación incluido, extremo negado por el PSOE. Por el contrario, el resto de grupos destacaron que al convertir al TSJC en la última instancia jurisdiccional, se contribuirá a "descolapsar" el Tribunal Supremo y se mejorará la eficacia y rapidez de la Justicia en Cataluña.

Se crea también la figura del fiscal superior de Cataluña --fiscal jefe del tribunal superior--, que será designado en los términos que establezca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y se abre la puerta a la que Generalitat pueda celebrar convenios con el Ministerio Fiscal. Para CiU y PSC, con esto se legaliza una situación que en realidad ya se vive en Cataluña, donde el fiscal jefe actúa en coordinación con los demás fiscales y comparece anualmente en el Parlament. Sin embargo, desde el PP, se interpreta como una "invasión" en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal e implica la creación de un "remedo" del fiscal general del Estado en Cataluña.

Asimismo, el Estatut dará luz verde a la creación del órgano de gobierno de los jueces en Cataluña, el Consejo de Justicia de Cataluña, que se concibe como un órgano "desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial, que podrá delegar funciones en el consejo catalán. El Parlament designará una parte de sus miembros que no se concreta en el Estatuto, sino que habrá de determinar la LOPJ. Esta norma estatal también establecerá los términos en los que el Consejo catalán podrá convocar concursos para cubrir plazas.

CATALÁN, "MERITO DETERMINANTE"

En el ámbito lingüístico, el artículo 102 establece que los magistrados, jueces o fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán "acreditar un conocimiento adecuado y suficiente" del catalán (así como del derecho propio de esta comunidad), según recalcaron CiU y PSC, para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

Este conocimiento suficiente de la lengua y el derecho "se valorará específica y singularmente" para obtener una plaza en los concursos de traslado. Esta valoración, que para el PP y CiU suponen en la práctica un "requisito", no lo es para el PSOE. ERC, que abogó sin éxito por suprimir ese párrafo, ya avanzó que durante la tramitación de la LOPJ defenderá que el conocimiento del catalán sea un requisito.

El ponente socialista Diego López Garrido avanzó que la LOPJ recogerá el término "mérito determinante", lo que, según recalcó, no "impedirá que jueces de no sepan ni un palabra de catalán tengan plaza en Cataluña", aunque admitió que si para un mismo puesto optan un candidato catalano hablante y otro que no lo es, lo obtendrá el primero.

De hecho los ponentes llegaron a votar incluso sobre el cambio del título del artículo 102, que menciona los "requisitos" del personal judicial. El PSOE propuso suprimir esa palabra, pero no lo logró porque se encontró con el voto en contra de ERC, CiU e ICV, además de la habitual oposición del PP, y el asunto quedó abierto para la discusión en comisión.

Lo mismo sucedió con el artículo sobre la creación de juzgados, ya que los partidos catalanes pretenden que la Generalitat tenga esta potestad, mientras que el PSOE sólo le concede la competencia de proponer su creación al Gobierno central. Por el contrario, sí corresponderán a la Generalitat los medios materiales de la Administración de Justicia así como la competencia normativa sobre personal no judicial.

ADVERTENCIAS DE LOS REPUBLICANOS

Todos los grupos, salvo el PP y ERC con matices, se congratularon de cómo ha quedado el Título III. De hecho los republicanos a través de su ponente, Joan Ridao, recordaron al PSOE que necesita mayoría absoluta para poder aprobar la reforma de la LOPJ y dejó claro que su grupo no la apoyará si no incluye sus reivindicaciones.

Desde CiU, la ponente de la delegación catalana Nuria de Gispert subrayó que se ha "ganado una carrera de obstáculos de 20 años", por su parte López Garrido se declaró "orgulloso" por haber podido plasmar "punto por punto" en el Estatut lo que el PSOE llevaba en su programa electoral y admitió que una vez más Cataluña se ha puesto "a la vanguardia" en el desarrollo del Estado de las Autonomías.

Los más gráficos en las críticas al PP fueron el ponente de CiU Francesc Homs, quien reclamó a los 'populares' que "por el amor de Dios, dejen de hacer demagogia" y López Garrido, quien comentó que al "jurista" Federico Trillo debería "caérsele la cara de vergüenza" por la falsedad de sus afirmaciones.

CAMBIO DE ACTITUD DE ERC

Desde CiU, Francesc Homs celebró el "cambio de actitud" de ERC y dijo tener la impresión de que al final los republicanos darán un 'sí' a la reforma. En términos similares se expresó el ponente de ICV, Jordi Boada, quien auguró que finalmente ERC pedirá el voto afirmativo en el referéndum. Por su parte, Manuela de Madre, del PSC, se mostró menos optimista, aunque señaló que ve "difícil" que ERC coincida en el 'no' con el PP.

El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, replicó a CiU que es "lógico" que quiera que los republicanos se sumen al consenso porque sólo así se podrá mejorar el acuerdo que los nacionalistas cerraron con el PSOE.

Magistrado Granollers escribió: ...... todos dependientes de la renovación anual " a gusto" del criterio del Consejo de Justicia politizado que se va a crear -y no de la Sala de Gobnierno del TSJ como hasta ahora-

Esto del Consejo de Justicia politizado si que es bueno. Con lo bien que estamos con un Consejo General del Poder Judicial totalmente apolítico e independiente. Hacía tiempo que no oía una cosa tan graciosa.

Y por cierto, los miles de ciudadanos de Cataluña que no saben hablar castellano (que los hay) ¿tienen o no tienen derecho a que el juez les entienda cuando prestan declaración, sin necesidad de intérpretes? ¿Que es más importante, el derecho de estos miles de ciudadanos españoles, o el de algunas decenas de jueces que a lo mejor quieren ir a cataluña (lo cual ya es raro porque siempre hay vacantes) y les "pisan la plaza" otros que sí que saben catalán)?
Si es cierto lo que dices de que la mitad de jueces se quieren ir de cataluña ¿donde está el problema? Siempre habrán plazas vacantes para los que no saben catalán. O es que el problema simplemente se la catalonofobia promovida por el PP.

Por último, vista la capacidad que tienes para adivinar el futuro (todo el rollo ese de que van a suprimir a los jueces que no hablan catalán) ¿nos podrias adelantar los resultados de la primitiva?

Soy el invitado del Jueves 16 a las 11:44 (en adelante Invitado1, si se tercia). Está jodidillo esto de identificar las intervenciones.

Agradecezco a Magistrado su respuesta, de la que extracto algunas de las ideas para mí interesantes. Me apoyo en ellas para desarrollar mi discurso, Magistrado, ni te las imputo ni las saco de contexto.

1.- Sin dudar de la perversidad de cuanto político se dedica a (o pretende) legislar, no creo que la "limpieza étnica" sea el fin último perseguido. En todo caso les presupongo deseos de un mayor control del poder judicial, lo cual presuntamente les resultaría más fácil por medio de una judicatura lingüísticamente afín. Presuntamente, que estaría por ver. Así pues, esa limpieza constituiría más un medio que no un fin.

No es un recurso retórico, es que la cosa tiene su enjundia. Acusar al Estatut, a sus promotores (políticos) y a sus representados (la población catalana) de pretender una limpieza étnica es algo muy fuerte. Ese sentimiento NO EXISTE en la población ni tampoco -me atrevo, sí- en la inmensa mayoría de la clase política. Sin embargo, lamentablemente la/s campaña/s anti-Estatut lo han inventado y propagado como cierto, creando una fractura que costará otra generación superar.

La clase política pretende el control del poder judicial, por supuesto, ahí está la gracia de la utópica división de poderes. Y eso pasa aquí y en Pekín. Como en Madrid a nivel del Estado. Y no entro en ejemplos, que ya se encargan ellos de dárnoslos a diario.

2. Los requisitos de cualquier oposición lógicamente filtran candidatos. La cuestión para mí esencial es si es o no legítimo un filtro basado en el conocimiento del idioma. Hay tela a cortar, por supuesto.

Cuanto más exigentes sean los filtros, menor cantidad de personas pueden acceder. Lo que teóricamente podría considerarse bueno (elección de la excelencia), en la práctica puede derivar en la creación de núcleos endogámicos que fácilmente se perpetúan y en la reducción que supone una diversidad escasa. Y no digamos ya si los filtros están sesgados en origen para promover determinadas candidaturas. Punto por lo tanto, a favor de eliminar filtros para aumentar la riqueza que da la diversidad.

Pero no estamos hablando de un investigador bioquímico o de un profesor de literatura, estamos hablando de quienes administran la Justicia en un país. En las democracias avanzadas está reconocido el derecho preferente de elección de idioma por parte de quien es sujeto de la acción de la Justicia, por lo que fríamente no parece demasiado extraño que se requiera un mínimo conocimiento del idioma para poder administrarla.

Eso levanta ampollas en el Cuerpo. Y en el alma, al parecer. Crea unas tensiones sobre las que se habla y se discute, se acusa de barbaridades y se crea un problema de orden nacional. Ese problema en Catalunya no existe. Castellano y catalán conviven en perfecta paz y armonía. Y eso es gracias a que quien viene sin conocerlo se esfuerza en integrarse, y quien lo recibe y acoge trata de hacerle la vida más fácil. Todos los ejemplos y anécdotas que poneis (y pondreis) no son más que eso: puras anécdotas fruto de la ignorancia e inexperiencia o bien casos descontextualizados a fin de calentar el ambiente.

En el fondo de las intervenciones, lo que detecto sistemáticamente es un rechazo a tener que "amoldarse a". Siempre se invocan derechos: "mi hijo no puede estudiar en castellano", "en Badajoz no puedo aprender catalán", etc... No estaría de más hacer un pequeño ejercicio de respeto a la diferencia. ¿Por qué no les damos la vuelta? ¿Puedo yo ir a Madrid -donde he vivido años- y ser atendido en catalán? ¿Pueden mis hijos en Sevilla estudiar en catalán?

No lo pretendo, no. Y no lo pretendo porque no es lógico. Está bien que hablemos de derechos individuales y de que como mi lengua materna es tal y cual... pero no saquemos las cosas de madre. En este sentido, tan absurdo me parece desplazarme a Jaén y pretender enseñanza en catalán como posturas imperialistas que esconden una lamentable incapacidad de adaptación.

¿Tanto cuesta admitir que España es un país diverso? ¿Tan difícil es vivir un "donde fueres haz lo que vieres"?

Saludos.

Mucha preocupación porque no sea "requisito imprescindible" para los jueces y fiscales que dominen el catalán y que quede sólo como "mérito determinante", pero de los secretarios judiciales no se acuerda nadie.

¿Se sabe como hemos quedado los Secretarios Judiciales después de pasar por el tamiz de la ponencia del Estatut? ¿Si ahora estamos transferidos de hecho a las CCAA en muchos aspectos, ya se han quitado la careta y han roto la unidad del cuerpo nacional?

Algo he leido sobre la capacidad normativa de Cataluña respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia. Aunque nos hayan dado un título distinto, estamos incluidos entre dicho personal.

Que haya o no haya que saber catalán en Cataluña es algo que carece de trascendencia. Lo preocupante es que los ciudadanos de Cataluña que desean ser profesores, funcionarios de justicia, secretarios o administración en general puedan conseguirlo sin ningún tipo de impedimento mientras que lo contrario se vuelve cada vez más difícil. Debería obstaculizarse el acceso de los catalanes a la administración andaluza, siguiendo su ejemplo, para mitigar el paro en nuestra comunidad (y para joderles sobre todo), exigiendo un profuso conocimiento de los distintos localismos y casticismos de la región o municipio. Desde luego al justiciable no le resulta grato ser atendido por un individuo que emite sonidos nasales y cuya lengua bailotea por el cielo de la boca, esto le produce gran inseguridad jurídica y el tener que acudir asustado al secretario para que le explique, en un lenguaje para el comprensible, por donde van los tiros.

Otro tanto es aplicable a los Vascos, si bien esta especie es poseedora de un mayor sentido de la dignidad y se queda en sus hermosas tierras para labrarlas y fecundarlas bajando al sur unicamente en Verano y para hacer gasto (lo cual es conforme al natural sentido de las cosas)

Esto del Consejo de Justicia politizado si que es bueno. Con lo bien que estamos con un Consejo General del Poder Judicial totalmente apolítico e independiente. Hacía tiempo que no oía una cosa tan graciosa.

Claro que el CGPJ está politizado en extremo, y eso me he cansado yo de denunciarlo con bastante asco en muchas ocasiones. ¿Es eso justificación para trasponer ese modelo a las CCAAs? ¿No sería mas lógico tratar de arreglar el problema del CGPJ en lugar de repetir el mismo error en las CCAAs?

Y por cierto, los miles de ciudadanos de Cataluña que no saben hablar castellano (que los hay) ¿tienen o no tienen derecho a que el juez les entienda cuando prestan declaración, sin necesidad de intérpretes? ¿Que es más importante, el derecho de estos miles de ciudadanos españoles, o el de algunas decenas de jueces que a lo mejor quieren ir a cataluña (lo cual ya es raro porque siempre hay vacantes) y les "pisan la plaza" otros que sí que saben catalán)?

Ya he dicho que eso me parece una reivindicación sana y perfectamente atendible. Me he preocupado bien de separar lo que es ese aspecto del otro relativo al control político, al que me opongo, y de dejar clara la confusión que creo que se produce intencionadamente por algunos entre las dos reivindicaciones. Si no te quieres leer lo que escribo me parece perfecto, pero al menos no trates de contraargumentarme contra algo que yo no he dicho.

Por último, vista la capacidad que tienes para adivinar el futuro (todo el rollo ese de que van a suprimir a los jueces que no hablan catalán) ¿nos podrias adelantar los resultados de la primitiva?

Me temo que al haber estudiado oposiciones de derecho mi capacidad de predicción se limita a aspectos relacionados con éste. Si hubiera estudiado oposiciones a movedor del bombo de la primitiva, te haría una predicción encantado

En todo caso, yo me he limitado a comentar lo que he oído, y eso no significa que esa sea mi opinión. Nuevamente te recomiendo que leas lo que escribo antes de poner en mi boca palabras que no he dicho.

Y por último, como muchos de aquí ya sabeis, yo hablo valenciano y tengo reconocidos los méritos de catalán y valenciano, de modo que a mí toda esta historia no me afecta personalmente. Quiero con ello decir que no me posiciono a favor ni en contra de la cuestión lingüistica, sino simplemente en contra de todo mangoneo del poder judicial. Ahí si que creo que se está tomando un camino equivocado y que irá a peor.

Saludos

Una cosa sí veo positiva en esta reforma: la supresión del órgano corporativo Sala de Gobierno y su sustitución por el órgano semicorporativo Consejo de Justicia Autonómico.
Antes los mismos de dentro se lo guisaban y se lo comían, y con el Consejo Autonómico puede que entre algún aire nuevo, que seguramente no podrá hacer nada por el peso de la mayoría, pero por lo menos aireará las tropelías y la gente se irá enterando poco a poco de lo malo que es que el vigilante se confunda con el vigilado por aquello de la identidad de intereses.
Seguro que el Magistrado Granollers no estará de acuerdo, pero en la discrepancia se va avanzando porque siempre la unanimidad es muy aburrida.

lo malo que es que el vigilante se confunda con el vigilado por aquello de la identidad de intereses

Ya, pero es que da la casualidad que el vigilado también es el político. Y si ahora pones al vigilado a controlar a los vigilantes, estás nuevamente ante el mismo problema que acabas de denunciar. Es decir, cambiarlo todo para que todo siga igual (Respecto al justiciable, no respecto a jueces y políticos), lo cual por cierto es una actitud muy española

Dijo alguien una vez que la democracia la única opción que te dá es la de elegir quien te oprime ...

En fin

Manifiesto por la unidad de España:
Por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Constitución española, Artículo 1.

Desde la Transición democrática los nacionalismos vasco y catalán han constituido la vanguardia de una ofensiva continuada y sistemática contra la unidad constitucional de España. Esos nacionalismos, lejos de aceptar la autonomía regional que en su día reclamaron, se han servido deslealmente del régimen autonómico diseñado en la Constitución de 1978 para romper el consenso y trabajar en la destrucción de España como ámbito político común de actuación, legalidad, historia y convivencia.

Desde finales de la década de los noventa esa ofensiva se ha radicalizado. El nacionalismo identitario en su conjunto, con ETA como punta del iceberg, viene coordinando sus estrategias para debilitar el Estado, romper las normas constitucionales y disolver la Nación española, tratando de imponer a sus ciudadanos un proyecto de raíz etnocultural y esencialista que sería la antepuerta de un nuevo totalitarismo. Así lo prueban el Pacto de Estella – Lizarra, el Pacto de Perpiñán o la antidemocrática Declaración de Barcelona. El Plan Ibarretxe y el acuerdo del Parlamento de Cataluña para impulsar un estatuto inconstitucional han sido sólo los primeros hitos de este proceso que tiene un calado que no nos podemos arriesgar a ignorar.

Por estos motivos, los firmantes de este manifiesto, como parte del movimiento cívico opuesto al nacionalismo identitario, queremos hacer llegar a todos los ciudadanos y a la clase política que:

1. Somos muchos los ciudadanos que creemos en España y que, en este momento histórico, nos vemos impelidos a reclamar una vez más el cumplimiento de la Constitución y la unidad de la nación española como garante de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles.

2. Sentimos como una inadmisible y delirante tergiversación que se identifique como reaccionaria la unidad de los españoles o la propia idea de España y se considere progresista la Cataluña o la Euskal Herria insolidarias e independientes con las que sueñan los nacionalistas.

La realidad es precisamente la contraria: la esencia del pensamiento reaccionario desde el Siglo XIX son esos sueños totalitarios que anteponen la supuesta patria a las personas y a sus libertades individuales; esos sueños que reclaman la limpieza etnocultural, el privilegio, la desigualdad ante la Ley; esos sueños que se fundamentan en un concepto de la Historia como fuente mítica e inapelable del derecho (los falseados y denominados "derechos históricos") oponiéndose así a los fundamentos democráticos de la sociedad moderna y de nuestro sistema constitucional.

3. La racional descentralización del Estado y el reconocimiento de las peculiaridades de todas sus comunidades autónomas –signo inequívoco de la voluntad integradora de todas las identidades en nuestra Constitución de 1978- no pueden ser confundidos con la glorificación del egoísmo, la insolidaridad y la mezquindad como valores legítimos sobre los que se pueda construir una sociedad democrática.

4. Creemos que existe un riesgo cierto de acostumbrarnos a debatir, como si fuera algo normal, proyectos que van contra la noción de España y en contra de la igualdad de todos los ciudadanos, que ponen en entredicho los pilares de nuestro sistema de libertades y que dinamitan el consenso constitucional básico. Por esto no aceptamos que el debate sobre la reforma del Estatuto catalán o cualesquiera otras propuestas semejantes se convierta en un tema exclusivo de juristas, en el que se oculte o minusvalore su gravedad intrínseca en cuanto al impacto que sobre la estructura política de España y la vida de los españoles tienen estos proyectos.

5. Consideramos que la reforma, en todo caso, razonable de los Estatutos sería la que se orientarse a que el sistema autonómico trate equitativamente a unas regiones con otras, eliminando las asimetrías competenciales. Asimismo, los gobernantes deben plantearse la reforma del sistema electoral para corregir la sobrerrepresentación que actualmente logran los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados y, de esta manera, evitar su excesiva influencia en la gobernación de España. Nos oponemos a que los debates sobre la estructura del Estado se planteen sólo en una dirección. No resulta razonable que se pueda estar constantemente poniendo en entredicho la nación española y no se pueda cuestionar el nivel de autogobierno de las Comunidades Autónomas en orden a asegurar el bienestar y la seguridad del conjunto de los españoles.

6. Esperamos y deseamos que el Partido Socialista, como responsable máximo del gobierno de España, sepa poner fin a los proyectos y a las actitudes que amenazan con romper la unidad nacional y que ya han causado alarma, desconfianza y dolor a tantos que deseamos seguir siendo españoles. Pedimos al Gobierno, a las Cortes Generales y a las fuerzas políticas constitucionalistas que se opongan frontalmente a cualquier proyecto que pretenda debilitar España como ámbito de decisión común, de convivencia, de igualdad y de solidaridad.

7. Nuestro futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. Es necesario comprender que el proyecto que el nacionalismo trata de llevar adelante es una agresión directa hacia la Constitución y hacia España como ámbito de solidaridad, igualdad de derechos y de acción común. El proyecto nacionalista es radicalmente hostil e incompatible con la idea de España que tenemos la inmensa mayoría de los españoles. Por todo esto hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que tome la iniciativa, no permanezca ajena a los acontecimientos y trabaje por defender, desde el respeto estricto a la legalidad, este proyecto común que es España.

VIVA LA REPÚBLICA! dejémonos de nacionismos y de nacionales y que venga la REPÚBLICA DE UNA VEZ, es estado FEDERAL.