Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales

Y en ese monitorio cua seria la labor del defensor judicial?

crono, es tal como ha dicho procurador. Hemos tenido ya casos así, y en estos supuestos hay que parar ( suspender) el procedimiento, y nombrar un defensor judicial. Ya luego, alzas y sigues el monitorio.

Ojo Crono que es mi opinión eh, que a lo mejor algún compañero tuyo tiene alguna más fundada en derecho, pero, bueno, si te ha sirve o te da alguna pista, pues encantado de la vida.

No sabes como te agradezco la respuesta. A ti y a todos los que participáis en este foro. Un millón de gracias.

Artículos 8 y 9 de la LEC.
El tribunal puede apreciar de oficio la falta de capacidad procesal del demandado.
Del mismo modo el art. 8.1 dispone que el LAJ, mediante decreto, puede nombrar un defensor judicial para el demandado y, el apartado 2, dice que hasta ese momento dicha función la asumirá el Ministerio Fiscal.
Y entre tanto, el punto 2 in fine del referido artículo establece que mientras toda esta mandanga se dilucida se suspenderá el trámite del procedimiento.

Sin embargo, atendiendo a que al formularse el requerimiento las nulas condiciones mentales del demandado son evidentes, creéis que habría algún soporte para decretar la suspensión del procedimiento hasta tener un pronunciamiento en algún sentido de la Fiscalía.

Muchas gracias por tu opinión, Procurador. La verdad es que yo era la única salida que se me ocurría.

Si no está incapacitado judicialmente entiendo que ha de practicarse sin perjuicio de que, por parte del juzgado, se estime oportuno dar cuenta al Ministerio Fiscal a los oportunos efectos.
Es que ya no es que sea un monitorio, es que lo mismo podría pasar si se tratase de un emplazamiento en un verbal o en un ordinario.

Os planteo un supuesto con el que seguro os habéis topado los tengáis más recorrido que yo. No me extenderé. En el marco de un proceso monitorio el funcionario de Auxilio se persona en el domicilio indicado para la práctica del requerimiento. Tal domicilio resulta ser una residencia de la tercera edad y el demandado resulta ser una persona evidentemente enajenada, si bien por el personal del establecimiento se informa de que no tiene parientes conocidos y de que no está incapacitado judicialmente. El funcionario regresa al Juzgado y consigna tal circunstancia, que es comunicada al demandante y que insiste en que se practique el requerimiento en tanto no consta la incapacitación judicial. Creéis que tal requerimiento ha de practicarse inevitablemente?